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El beneficio de la duda

Martes, Abril 3rd, 2007

Aunque creo que la señora Adela Camacho de Torrebiarte no es la persona más idónea que hay en el país para desempeñar el difícil cargo de ministra de Gobernación, porque no ha tenido la preparación específica para ello, también creo que es injusto saltar a conclusiones prematuras sin darle oportunidad de demostrar su capacidad. A pesar de que ni siquiera es abogada conocedora de las leyes que tendrá que aplicar durante su gestión, creo que si está bien asesorada podrá desempeñarse con acierto y eficacia. Esta señora, como cualquier otra persona, merece que se le otorgue el beneficio de la duda y es injusto que se la critique cuando apenas está comenzando a conocer cuál es la situación que impera en las filas de las organizaciones que están bajo su mando, particularmente la Policía Nacional Civil (PNC) que, según ella ha declarado, no toda es corrupta, sino “sólo un diez por ciento”, mientras que el restante 90 por ciento está limpia. Lo fregado del caso es que ese diez por ciento que ella considera depurable puede causar mucho daño a la confiabilidad de la ciudadanía en la institución si comete actos reñidos con la ley y no genera la confianza del pueblo. Ayer mismo, en un programa de radio muy escuchado, uno de los interlocutores afirmó que a él le daría miedo ser parado por los agentes de la PNC, a lo que otro interlocutor respondió ?¡A mí también!?. Pues bien, no me lo están preguntando, pero a mí también me pasa lo mismo, como a muchas otras personas que conozco.
Como era de esperarse, lo primero que hizo la señora de Torrebiarte al estar al frente de ese ministerio fue ratificar en su cargo de asesor a su viejo amigo el cuestionado investigador de origen venezolano Víctor Rivera (nacionalizado guatemalteco) a quien en El Salvador se conocía con el nombre de Zacarías, y de quien la revista cibernética salvadoreña El Faro se refirió el 5 de marzo en un largo artículo que publicó con el titulo ?Cinco grupos clandestinos dominan el crimen organizado en Guatemala?, en el cual dice que ese investigador llegó a El Salvador en 1983 como parte de un acuerdo entre los gobiernos democratas cristianos del presidente salvadoreno José Napoleón Duarte y el mandatario venezolano Luis Herrera Campins, en una misión comandada por el Instituto Venezolano de Educación Popular (IVEPO), que se encargaba de labores propagandísticas para el gobierno del PDC. Según informes de inteligencia de la época, los venezolanos infiltraron técnicos policiales en las estructuras clave del gobierno del entonces presidente Duarte. Así comenzó a organizarse el aparato de inteligencia de la aplanadora verde. “IVEPO sólo ponía el dinero que venía de Venezuela para la unidad de Zacarías, pero él básicamente actuaba por cuenta propia”, dice una fuente que trabajó cerca de él en esa época.
Con el propósito de cooperar con la señora de Torrebiarte, como ella lo ha solicitado, reproduzco a continuación una parte de lo que publicó la revista cibernética El Faro sobre el señor Rivera o Zacarías: ?Segun otras fuentes, se liga a Zacarías con la CIA, en la Operación Irán-Contra que se administraba desde Ilopango, junto al cubano Luis Posada Carriles. “Él era un agente encubierto que tenían la CIA, cuando estaban entrenando a los escuadrones de la muerte, el señor Rivera, Félix Rodríguez y Posada Carriles”, cuenta ahora el ex agente de la DEA, Celerino Castillo?.
Después agrega: ?la época de oro de Celerino fue durante la administración del embajador Edwin Corr, de 1985 hasta 1988. Los compañeros del ex agente de la DEA eran Janis Elmore, agente de la CIA entre 1986 y 1989; Don Richardson, oficial de asuntos políticos; el agente Félix Vargas; los militares James Steel y Alberto Adame; y Félix Rodríguez, el agente de la CIA que capturó al “Ché” Guevara y fue quien que trajo a Posada Carriles a El Salvador. El supervisor era Jack McCavett, quien aparece en los archivos de Inteligencia como jefe de operaciones en El Salvador.
?Entre sus operativos más famosos de la época se cuentan las redadas contra secuestradores ligados a grupos de derecha, perpetradas en la colonia San Benito, y de las que ninguna autoridad tuvo conocimiento hasta que éstas concluyeron. “Ni siquiera el jefe de IVEPO, José Miguel Frittis, sabía de esos operativos”, dice una fuente que trabajó cerca del IVEPO en esa época.
?En la entrevista más larga concedida a un medio, Víctor Rivera confirmó sus labores en ambos países al periódico Siglo Veintiuno de Guatemala, en una publicación del 1 de agosto de 1997. “Trabajé de los años 1983 a 1987 en El Salvador, en el manejo de asesoría para las estructuras de seguridad pública, y a partir de 1992 regresé nuevamente a un programa de asesoría de las estructuras de seguridad”, dijo. La ubicación y trabajo de Rivera entre 1987 y 1992 se desconocen.
?Luego de la firma de los acuerdos de paz, Zacarías vuelve al país como asesor del Viceministerio de Seguridad Pública, para la construcción de la nueva PNC. Creó un grupo de inteligencia paralelo y sin reconocimiento formal, al servicio del Viceministro de Seguridad, Hugo Barrera. Tuvo su primera oficina en el Castillo de la Policía Nacional Civil.
?Rivera encabezaba la Unidad de Análisis Policial, una estructura no oficial y paralela a la PNC, desde donde entrenó agentes de la policía en operaciones de inteligencia policial hasta 1996. También entrenó y asesoró agentes en la investigación de secuestros. Esta unidad estaba compuesta por ex integrantes de la Unidad Especial Antidrogas (UEA) de la antigua Policía Nacional cuya incorporación oficial a la nueva PNC fue objetada por los organismos de derechos humanos.
?Desde esa Unidad nació un grupo paralelo a la institución que investigaba a los policías de alto rango que provenían de las filas guerrilleras y a otros funcionarios del gobierno. Sus hombres tenían placas, equipo (armas, transmisores y vehículos) y en algunos casos hasta uniformes de la Policía Nacional Civil. “Daban seguimiento a funcionarios, tomaban fotos, hacían operaciones y entrenaban mucho”, cuenta una fuente que conoció de cerca la estructura y que asegura que, entre los funcionarios investigados por Zacarías, estaba el propio director de la PNC, Rodrigo Ávila.
“Aquí funcionó como un asesor, no tenía funciones operativas. No sé si las tiene en Guatemala del ministro de Seguridad Pública”, dice Rodrigo Ávila, el director de la Policía Nacional Civil, que lo conoció durante su primera gestión (1994-1999). “No trabaja conmigo directamente, ni me asesora a mí”.

De Guatemala a El Salvador
El Faro continúa: ?El asesinato de Adriano Vilanova, cometido el 2 de septiembre de 1995 en Panchimalco, puso a Zacarías al frente de una investigación más. Pero sus operativos para resolver el caso sembraron dudas de tal magnitud que terminaron provocando su salida del país. El venezolano habría tratado de convencer a la familia Vilanova de que su hijo habría muerto en un accidente de tránsito, aunque las investigaciones señalaban que un grupo de policías estaba involucrado en el crimen.
?En la revista Proceso número 823, la madre de Vilanova, Rosalía Velver de Vilanova, dijo que Zacarías “quería información. Él estaba seguro de que yo sabía todo. Él lo que quería era conocer mi verdad, porque al principio dijo que sabía que la clave estaba en Panchimalco porque todo estaba tan claro como el agua. Posterior a eso hubo un cambio: empezó a coaccionar a la gente en el lugar de los hechos, donde apareció mi hijo muerto; empezó a coaccionar para que ellos cambiaran sus versiones, para que dijeran que no sabían que había un muerto cuando desde mucho antes ya lo habían detectado. Cuando yo me di cuenta de eso, consideré que no era confiable para nada; entonces yo le dije por teléfono que era un mentiroso y que no creía en sus patrañas”.
?En el proceso sobre el caso Vilanova, el entonces fiscal general de la República, Manuel Córdova Castellanos, pidió una orden de captura contra Rivera, pero el venezolano salió del país en ese momento.
?El escándalo llevó a desaparecer la cuestionada UAP y abrió una investigación que arrojó un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos en la gestión de Victoria Marina de Avilés.
“En la investigación se han constatado, por otro lado, graves violaciones al principio de legalidad, relacionadas con la existencia de estructuras irregulares dentro de la PNC. Las investigaciones de esta Procuraduría en el presente caso, permitieron establecer la existencia de una oficina situada en la tercera planta del edificio que alberga las oficinas del Automóvil Club de El Salvador (ACES), propiedad de Barrera, la cual dirige un asesor de nacionalidad extranjera conocido como ‘Zacarías’, de quien se tiene conocimiento laboraba con la extinta Unidad de Análisis de la Policía Nacional Civil. Tal persona, conocida como el ‘licenciado Zacarías’, por tanto fue quien dirigió operativamente las investigaciones de la muerte del joven Vilanova, lo cual constató nuestra institución”, dice el documento firmado por la ahora magistrada de la Corte Suprema, Victoria Marina de Avilés, en diciembre de 1996.
?El asesinato del joven Vilanova también desató presiones de la comunidad internacional para investigar el funcionamiento de grupos paralelos a la Policía Nacional Civil. La Embajada de Estados Unidos presionó a las autoridades de la presidencia de Armando Calderón Sol para integrar a Zacarías y sus agentes a la institución policial.
?El 8 de noviembre de 1997, el periódico Miami Herald publicó un artículo en el que narra el operativo para desmantelar la unidad de Zacarías: “Los inspectores enviados a cerrar la unidad encontraron 82 granadas y 40 detonadores de bomba en la oficina de un capitán. Él aseguró que las armas fueron capturadas en operativos, pero los inspectores dijeron que esos arsenales nunca fueron reportados oficialmente”, dice la nota. “Los periódicos salvadoreños reportaron después que la oficina estaba comandada de manera no oficial por el ex agente de la policía venezolana Víctor Rivera, conocido como un experto en prevención e investigación de secuestros”.
?Según declaraciones de Barrera a El Diario de Hoy del 17 de agosto de 1997, Rivera o Zacarías ayudó a esclarecer los secuestros de varios empresarios. Según informes de Inteligencia, señaló como parte de la red de secuestros a un grupo de dirigentes de las FAL, brazo armado del partido comunista.

Los medios cuestionaron a Rivera sobre el asesinato de Vilanova:
La Prensa Gráfica: señor Rivera ¿Usted llegó a investigar el supuesto favor que pidió el ministro de Seguridad, Hugo Barrera, para dar un susto a Vilanova?
Rivera: Jamás en la vida tuve conocimiento, no oí, no escuché, ni me enteré que este caso se planteara ninguna relación con el mayor D’Aubuisson, con su familia, ni nada de esa naturaleza. Es la primera noticia que tengo en ese sentido.
?Según la publicación del 19 de octubre de 1998 de La Prensa Gráfica, Hugo Barrera, entonces ministro de seguridad, le pidió a Rivera que asesorara las investigaciones sólo después de la inhumación del cuerpo.
?Luego del escándalo de Vilanova, Zacarías llegó a asesorar al gabinete de Seguridad del presidente guatemalteco Álvaro Arzú por recomendación de Hugo Barrera, según confirmó a El Faro un alto funcionario del gobierno salvadoreño de esa época. Pero se integró como asesor de la Cámara de Comercio.
?Entre 1997 y 2000 Rivera estuvo viajando entre ambos países. En Guatemala diseñó la estructura organizativa de Seguridad Pública y en El Salvador trabajó con empresarios salvadoreños afectados por secuestros, como asesor del entonces director de la PNC, Mauricio Sandoval.
?En Guatemala Rivera fue objeto de otro escándalo en 1997: un grupo de víctimas de secuestros lo acusó de mantener información sobre los plagios que no entregaba a las autoridades, lo que llevó a un cateo de sus oficinas en las que la Policía no encontró ningún documento.
?Durante el gobierno de Alfonso Portillo, Rivera siguió trabajando con empresarios en asesorías de seguridad. En esa época comenzó a acercarse a la PNC. “Con la llegada de Carlos Vielmann al ministerio de Gobernación encontró un espacio para hacer un personal de investigación y operativo bastante fuerte”, dice una fuente guatemalteca, que sirvió en el gabinete de Seguridad de Berger, consultada por El Faro.
?Se le vio públicamente durante la investigación del asalto al aeropuerto La Aurora, en octubre de 2006, en la que él mismo se encargó de dar a conocer el caso resuelto por los cuatro policías que murieron hace dos semanas en la cárcel conocida como El Boquerón, acusados de haber asesinado a los tres diputados salvadoreños y a su chofer.
?Según fuentes de seguridad consultadas en Guatemala, el grupo de Zacarías estaba compuesto por cuatro jefes y un número desconocido de operativos. Paralelamente, desde la PNC otro grupo operaba extrajudicialmente. Uno de los jefes de este último grupo era Luis Herrera López, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado hasta el día de su captura, acusado del homicidio de los diputados salvadoreños. Herrera murió el 25 de febrero con los otros policías, también de esa unidad, que estaban detenidos en la cárcel de El Boquerón.
?Víctor Rivera, el hombre que ha comandado estructuras paralelas en El Salvador y Guatemala, está ahora investigando el asesinato de los diputados salvadoreños, con el apoyo declarado públicamente del ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vielmann.
?La Cofradía?, ?El Sindicato?, El Estado Mayor Presidencial (EMP), las Patrullas de Autodefensa Civil y la ?Red Moreno y el Grupo Salvavidas?, son los cinco grupos armados clandestinos que dominan el crimen organizado en Guatemala, según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
?La ONG estadounidense sostiene que estos grupos están dirigidos, en su mayoría, por militares activos y retirados, inciden en el gobierno y actúan desde algunas estructuras estatales. Durante el conflicto armado (1960-1996) fueron elementos claves en la lucha contrainsurgente y en la postguerra se dedicaron al narcotráfico, comercio de armas y otros ilícitos.
?Según WOLA, estas organizaciones forman ?una red secreta y amorfa conocida como poderes ocultos, que ejercieron influencia en el gobierno de Alfonso Portillo y continúan operando durante la administración de Oscar Berger?.
?Y agrega: ?Sus actividades socavan el sistema judicial, valiéndose de sus conexiones políticas, la corrupción y la violencia?.
?En su investigación ?Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala postconflicto y las fuerzas detrás de ellos?, WOLA indica que estos grupos ?perpetúan el clima de inseguridad y socavan el estado de derecho?, por lo que demanda proceder a su desmantelamiento inmediato para rescatar las posibilidades democráticas en Guatemala.
?A continuación, la caracterización que hace WOLA de cada uno de los grupos ilegales referidos.

La Cofradía
?Es una camarilla de oficiales de inteligencia militar activos y retirados, una especie de fraternidad interna del Ejército. Los dirigentes se vincularon a la corrupción administrativa durante la dictadura de Lucas García (de julio de 1978 a marzo de 1982). Se dice que los principales jefes son los generales retirados Manuel Callejas y Callejas y Luis Francisco Ortega Menaldo.
?Durante la guerra civil formaban parte de un grupo de militares de línea dura conocido como ?los estratégicos?, que simpatizaba con los métodos de los militares taiwaneses. Adoptaron una línea de seguridad enmarcada en la polarización total del ?estás conmigo o contra mí? y consideraba a todos los civiles como potenciales opositores.

El Sindicato

?Surgió de la promoción 73 de la Escuela Politécnica, en 1969, y su red de lealtades ejemplifica el fenómeno de la ?tanda?. Su persistencia se atribuye al liderazgo del general Otto Pérez Molina, negociador gubernamental para los acuerdos de paz con la URNG, ex aliado del actual presidente Berger y ahora candidato presidencial del Partido Patriótico.
?Los miembros de ?El Sindicato?, a diferencia de ?La Cofradía?, eran considerados ?reformistas? dentro del Ejército. También se les llamó ?contrainsurgentes institucionalistas? porque preferían el ?esquema 30-70?: asesinar sólo al 30% de la población y ?rescatar? al restante 70% con ?proyectos de desarrollo?.

El Estado Mayor Presidencial (EMP)

?Este contingente tuvo una doble función: proporcionar protección, apoyo logístico y asesoría al presidente y actuar en inteligencia militar y actividades encubiertas. Sus actuaciones datan desde la época del general Efraín Ríos Montt, en el Archivo General y Servicios de Apoyo, que más tarde se llamó Departamento de Seguridad Presidencial.
?Cuando los gobiernos civiles tomaron el control, sirvió como vínculo entre las fuerzas armadas y la Presidencia de la República. Sus miembros están implicados en numerosos secuestros,
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de corrupción. Uno de sus principales dirigentes es el coronel retirado Juan Guillermo Oliva Carrera?.
He entrecomillado todo lo anterior porque es reproducción de lo que publicó la revista cibernética El Faro de El Salvador y no es de mi cosecha. Sin embargo, creo que debo hacerlo del conocimiento de mi amiga la señora Adela Camacho de Torrebiarte, nueva ministra de Gobernación, porque ella ha solicitado que todos colaboremos para que su gestión pueda tener éxito, lo cual le deseo sinceramente, de todo corazón, para bien de todos.