Dos grupos de exterminio
En caso de que la valiente u osada señora Adela Camacho de Torrebiarte, ministra de Gobernación, no haya tenido oportunidad de leer lo que publicó el 5 de marzo próximo pasado la revista cibernética salvadoreña El Faro, se lo voy a dar a conocer para que se entere de lo que se dice de Guatemala y sus autoridades en el vecino y hermano país. Y como estamos gozando del feriado de la llamada “Semana Santa” (que de “santa” no tiene más que el nombre) y el Presidente Berger se fue a cuidar sus cerdos de su finca, y el Vicepresidente Stein está en Panamá, donde su esposa tiene varios colegios y unas propiedades, probablemente la ministra tendrá el tiempo necesario disponible para poder leer esta larga información que puede interesarle. El título es: ?Dos grupos de exterminio operan en Guatemala. Desde la Policía Nacional Civil (PNC) y desde el Ministerio de Gobernación se organizaron dos grupos para “exterminar” a delincuentes y pandilleros. Pero las estructuras paralelas pronto se salieron de control?.
Y al entrar en materia afirma que en Guatemala funcionan dos grupos ?de exterminio? desde las estructuras formales del ministerio de Gobernación y de la PNC, éste último enraizado dentro de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC). Su misión original era realizar trabajos de limpieza social, asesinando a mareros y delincuentes vinculados a narcotraficantes, obedeciendo órdenes directas de altos mandos dentro de ambas instituciones. Pero pronto sus integrantes encontraron que tenían luz verde para hacer sus propios trabajos ?por encargo”. Uno de estos grupos, el de la PNC, fue el encargado de ejecutar el pasado 19 de febrero a tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su conductor.
Luego dice El Faro que, según varias fuentes consultadas en Guatemala, ambos grupos están integrados por 15 elementos, entre agentes en servicio de la PNC y ex kaibiles, comandos especiales del Ejército guatemalteco entrenados en “El Infierno”, la región norteña de El Petén, durante el pasado conflicto y sus órdenes serían dadas por cuatro jefes jerárquicamente establecidos. Su estructura de funcionamiento incluye casas de seguridad y de tortura, una de ellas ubicada en Villa Canales, a pocos kilómetros de donde fueron encontrados los cadáveres calcinados de los diputados salvadoreños Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y Ramón González, así como del agente del PPI Gerardo Ramírez.
¡Qué vergüenza! El Presidente de El Salvador, Antonio Saca, aseguró a la agencia de noticias ACAN-EFE el 1 de marzo pasado que “los diputados fueron secuestrados en la capital de Guatemala, llevados a una casa de seguridad, torturados y posteriormente asesinados y calcinados?. Y agregó indignado: ?¡Es una salvajada cometida por policías guatemaltecos, que luego fueron ejecutados precisamente para cerrar la investigación!”. Sin embargo, la declaración del mandatario salvadoreño no encontró eco entre las máximas autoridades de Seguridad de Guatemala. Pero entre periodistas, políticos y ciudadanos en general, la existencia de estos grupos armados paralelos es un secreto a voces.
Según varias de las fuentes consultadas, la “casa de seguridad” en la que habrían sido torturados los salvadoreños es en realidad un lugar en el cual la policía lleva a cabo “interrogatorios” que terminan, muchas veces, en el hallazgo del cadáver de las personas interrogadas.
Cuidado con la policía
Dice El Faro que “las recomendaciones que hacemos los guatemaltecos a los extranjeros que visitan nuestro país no difieren de las que podrían hacer los salvadoreños en su propia tierra: nada de abordar taxis ruteros, nada de joyas cuando se camina por el centro de la ciudad (zona uno) y evitar meterse en zonas peligrosas, como El Gallito, El Porvenir, las colonias Santa Fe y La Libertad, para citar algunos barrios o colonias parecidas a las salvadoreñas Las Palmas o La Iberia, donde las maras mantienen su dominio”. Nada inusual es hasta que recomiendan tomar precauciones extras con los agentes de la Policía Nacional Civil. “No está de más, ya ve lo que le pasó a los diputados salvadoreños”, remarca un dependiente de un Súper 24, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Para ilustrar su información, El Faro agrega que los mismos números de la PNC dan cuenta de ello: en 2006 la PNC contabilizó 1 mil 244 delitos y faltas graves de sus propios miembros. Si bien el dato arroja 152 casos menos que en 2005, en ellos se incluyen 30 casos de desaparición forzada, 50 detenciones ilegales, 55 agresiones, 30 allanamientos ilegales, 100 casos de cohecho, 50 extorsiones y 25 casos de complicidad con narcotraficantes. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) da más luces con las estadísticas de las 134 denuncias que recibieron el año pasado contra personal de la PNC: 55 casos de abuso de autoridad, 31 detenciones ilegales, 18 desapariciones forzadas y cuatro ejecuciones extrajudiciales.
Los datos podrían ser mayores toda vez que, según las estadísticas del Centro Internacional para la Investigación de Derechos Humanos (CIIDH) en su informe ?Violencia en Guatemala?, de junio de 2006, en Guatemala sólo el 45 por ciento de los delitos son denunciados. De ellos, solamente el 20 por ciento es investigado y un dos por ciento termina con una condena.
Guatemala sufrió cinco mil 338 asesinatos durante el 2005, con una tasa de 44 homicidios por cada cien mil habitantes y un costo social de 17.9 millardos de quetzales (2.4 mil millones de dólares), equivalentes al 7.32 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). El dato, según reporta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, coloca a Guatemala como el tercer país más violento del continente, sólo abajo de Venezuela y El Salvador. El año pasado el dato aumentó a 5 mil 885 asesinatos y, según datos de la PDH, unos mil 337 de ellos estuvieron relacionados de alguna manera con actividades delictivas.
“El dato de ejecuciones extrajudiciales es mucho mayor. Es producto de una limpieza social sistemática que se inició hace dos años”, dijo otro cuyo nombre no quiso dar por razones de seguridad, pero es un ex agente de la PNC, y tuerce la cara. Para hablar con los reporteros de El Faro impuso sus propias medidas de seguridad. “¡Nada de grabadoras!… me pueden matar sólo porque me vean con un periodista guatemalteco, ya no se diga si es un periodista salvadoreño. Miren “muchá” que yo no tengo dinero, soy uno más sin guardaespaldas, no soy el general Pérez Molina que puede decir lo que le dé la gana porque anda con cuatro tipos que lo cuidan”, dijo a El Faro en la primera reunión.
Dos días después, otro anónimo hablaba encendiendo un cigarrillo con la colilla del último que tenía entre sus labios. “Usted averígüe cuántos mareros y narcos se han matado entre ellos, si se los dan, tenga en cuenta que la mitad, si no más, podría ser cuenta de grupos armados que actúan con el permiso o la dejadez de la policía y el ministerio de Gobernación”. Y en seguida relata que hasta finales de agosto de 2006 se estimaba que entre 350 y 400 pandilleros habían muerto a manos de “escuadrones de la muerte”.
La mayoría de las personas accedieron a hablar bajo las mismas condiciones: “¡Nada de grabadoras o nombres propios! Así hablaron ex asesores del gobierno del presidente Berger, abogados de instituciones de Derechos Humanos -la gubernamental y otras no gubernamentales-, ex agentes, miembros activos de la PNC y políticos de diferentes partidos.
Un ex miembro de la PNC habló con voz entrecortada. Un trago le dio el valor que le faltaba para dibujar el panorama que ha visto dentro de la corporación en los últimos dos años. “Las cosas se salieron de control desde que llegó el director (Erwin) Sperisen”, dice. Hace una pausa larga y pone el vaso vacío en la mesa. “A cada rato tocaba ir a ver mareros que supuestamente se habían matado entre ellos, pero todos sabemos que desde el mismo gobierno se han hecho comandos para deshacerse de esos criminales, porque sí eran criminales, pues… y está bien que se maten entre ellos, pero no creo que tenga que hacerse así cuando uno es la autoridad”, resume.
Los relatos sueltos tomaron forma con la denuncia pública que hizo el general Otto Pérez Molina, candidato a la presidencia del Partido Patriota (PP), quien acusó al mandatario guatemalteco, Óscar Berger, y a su ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, de permitir “dos escuadrones de la muerte” con vínculos en la Policía y en Gobernación; segundo con la publicación de El Periódico en la que reveló una denuncia hecha en enero de 2006 contra Vielmann y el jefe de la División de Investigación Criminal (DINC), Víctor Soto, de manejar un escuadrón de exterminio. El gobierno saldó la primera tildándola de un acto de “politiquería” de Pérez Molina. La segunda, le valió el cargo a Soto y a su superior, el subdirector general de Investigación Criminal, Javier Figueroa, quién habría presentado su renuncia el 26 de febrero y viajó con su familia a Costa Rica “para tomar vacaciones”.
“Nosotros tenemos información de cómo están estructurados y cómo operan estos grupos”, dijo Pérez Molina. Y especificó: “Operan con la complacencia de las autoridades, bajo las órdenes de un subdirector de la Policía Nacional Civil y un alto asesor del ministro Vielmann. Pero agregó que no daba nombres por motivos de seguridad y para no entorpecer la investigación del caso”. Sin embargo, en el diario Siglo Veintiuno, el militar retirado y político hizo referencia directa a Figueroa como uno de los supuestos encargados de dirigir o permitir al grupo de exterminio desde la PNC. “Las destituciones se quedaron cortas, porque también Víctor Rivera, asesor del ministerio de Gobernación debería dejar el cargo”, sentenció Pérez Molina.
El amigo del director
El doctor Javier Figueroa, un ginecólogo de 35 años, llegó a la PNC ?de la mano del mismo director?. Amigo de Sperisen desde que eran niños, este médico de profesión, que hasta entonces trabajaba en el Centro Médico Militar y era dueño de la empresa Eco-Torner S.A., entró a la PNC como asesor ad honorem y a finales de 2005 fue recomendado para asumir la Subdirección General de Salud Policial (SISAP). El 13 de enero de 2006, “el doctor”, como se le conoce en los corrillos policiales, fue nombrado Comisario General y asumió la dirección de la SGIC, subdirección en la que se reúnen los departamentos de Inteligencia y Análisis policial (División de Investigación Criminal (DINC), División de Información Policial (DIP) y el Centro de Recopilación, Análisis y Gestión de Información Criminal (CRADIC), la División de Planificación contra el Crimen (DPC) y el Gabinete Criminalístico (GACRI)); el manejo de escenas del crimen (DIPEC), armas y explosivos (DIDAE); y las divisiones de Policía Cibernética (POLCIB) e Internacional (INTERPOL). Su nombramiento generó abundantes críticas. Primero, por la forma en que se cambió la ley para su contratación, al igual que la de otros 30 ex militares; segundo, por su inexperiencia en materia de seguridad.
La contratación de Figueroa se amparó en el Acuerdo Gubernativo 662-2005, del 9 de diciembre de 2005, en el que se promovió el acceso de civiles y militares a la PNC, permitiendo que personas sin experiencia en la carrera policial, o que no hayan pasado por la Academia de Seguridad Pública, contraviniendo los Acuerdos de Paz y las recomendaciones de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), puedan ocupar altos cargos en esa institución.
“Figueroa ya asesoraba a la antigua Subdirección de Investigación Criminal a finales de 2005. En una sóla semana nombraron ocho nuevos subdirectores como parte de la reestructuración de la PNC, crearon la nueva SGIC y lo pusieron a él a cargo el 13 de enero de 2006”, recuerda otro que no quiso que se le identificara por temor a las consecuencias. “El director de la PNC dijo que le otorgaba a él el cargo porque era “una persona de extrema confianza” que venía de afuera de los esquemas corrompidos de la PNC. Incluso dijo que su profesión de médico era importante porque iba a dar elementos de medicina forense a la investigación de delitos, ¡Si es un ginecólogo y no un experto forense!
La creación de la SGIC era parte de una reestructuración de la PNC que pretendía incluir una auto depuración, un proceso necesario después del “reciclaje” de elementos que se dio durante la creación de la Policía en 1997, que permitió que un 85 por ciento de los mandos medios y altos y un 50 por ciento de los agentes quedaran dentro de la nueva institución. “Pero Figueroa no hizo eso, al contrario, llevó a Soto como jefe de la nueva DINC después de que se tenían muchas dudas sobre él cuando había estado a cargo de la SIC. Le dio el mismo cargo sólo que cambiaron las siglas y le dio el mando de 350 investigadores”, dijo otra fuente.
El currículo de Víctor Hugo Soto Diéguez es amplio. Inició su carrera policíaca en 1986, cuando pasó del desaparecido Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) a la Brigada de Investigación Especial Narcótica (BIEN) de la antigua Policía Nacional. En 2002, como Jefe de Operaciones del Servicio de Investigación Criminal, saltó a la palestra pública luego de que elementos del Servicio se enfrentaron a balazos con unos soldados en la avenida Simeón Cañas, en la Zona 2, durante lo que oficialmente se dio a conocer como “el rescate de un secuestrado”, pero el dinero del rescate no apareció.
En 2004, cuando el Ministerio Público (MP) solicitó una investigación amplia sobre Soto y sus actividades, la dirección de la PNC lo condecoró “por su destacado trabajo en la corporación” a pesar de las dudas de diferentes organismos pro defensa de Derechos Humanos. El año pasado, Soto encabezó uno de los operativos en la toma de la cárcel de Pavón, donde la PDH señaló que se dio la ejecución extrajudicial de siete reos.
La presencia de Soto no era el único pero en la gestión de Figueroa al frente de la SGIC. El ginecólogo vio empañada su labor durante los últimos 14 meses en varias ocasiones, por diferentes situaciones. Primero, a finales de mayo de 2006, al ser denunciado por dos empleados del Aeroclub de Guatemala por abuso de autoridad, amenazas y maltrato verbal y físico. La segunda el 22 de junio de 2005, cuando fue mencionado por el coronel José Israel Palacios, ex subdirector del CMM, de estar vinculado en el secuestro y asesinato de su hija, según el expediente número 54955-05 de la Fiscalía de delitos contra la vida, dado a conocer públicamente en agosto de 2006.
Asesinatos extrajudiciales
De acuerdo a la investigación de la revista cibernética El Faro, Figueroa y Soto estarían involucrados en la organización del grupo de exterminio dentro de la PNC, que se encargó en un primer momento de “cazar” a los reos que se escaparon de la prisión de máxima seguridad de Escuintla, conocida como “El Infiernito”, el 22 de octubre de 2005.
Según las fuentes consultadas, las recapturas se convierten en verdaderas cacerías. La primera, el asesinato de de Edwin Estuardo Santa Cruz, preso por robo, asesinato y secuestro, que resulta muerto luego de enfrentarse en una supuesta balacera con la policía el 3 de noviembre de 2005.
“Otro caso es el de Humberto Ruiz Fuentes, muerto el 14 de noviembre, quien cayó abatido durante una balacera en Barberena cuando era perseguido por agentes policiales, según reportes de prensa publicados por El Periódico. La versión oficial fue que lo encontraron en Barberena, se resistió al arresto y murió en el enfrentamiento, pero Ruiz Fuentes presentaba signos de tortura, dijo una fuente.
Otros dos reos habrían muerto en una situación similar en la aldea Los Amates, en Pasaco, Jutiapa, el 1 de diciembre de 2005: José María Maldonado Sosa y Julián Morales Blanco, condenados a 50 años de prisión, se habrían refugiado en una cueva y abrieron fuego contra los agentes de la PNC que los perseguían. “Tenían armas y abrieron fuego contra los agentes, por lo que estos tuvieron que responder y, lamentablemente, los fugados murieron”, relató Sperisen. A los fallecidos se les encontró un revolver calibre 38 y un machete.
“Lo que se vio fue una cacería y no un proceso de recaptura. La consigna era que valían más muertos que vivos”, asegura una fuente consultada. “El grupo era manejado desde lo más alto y tenían conocimiento de ello hasta el mismo director de la PNC. Pero no había problema porque eran delincuentes y la gente y los medios de comunicación se prestaron al juego de que muertos estaban mejor”. En total, 10 de los 19 reos habrían muerto durante sus intentos de recaptura.
El mismo equipo habría participado entre agentes de la policía y militares en la recuperación de la granja cárcel de Pavón, el 25 de septiembre de 2006, donde Sergio Morales, Procurador de Derechos Humanos señaló la existencia de siete ejecuciones extrajudiciales. En la toma murieron los reclusos José Abraham Tiniguar Guevara, Mario Misael Castillo, Erick Estuardo Mayorga Guerra, Jorge Estuardo Batres Pinto, Carlos René Barrientos Vásquez, Gustavo Alonso Correa Sánchez y Luis Alfonso Zepeda González, quienes fueron separados del resto del grupo cuando ya estaban bajo control y después aparecieron asesinados. ¡Y pensar que por esta acción el presidente Berger felicitó públicamente -como si fuese un héroe nacional- al entonces director del sistema carcelario, doctor Alejandro Giammattei, y le nombró candidato presidencial del partido oficial GANA!
El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Rodrigo Ávila, reveló pocos días después del asesinato de los parlamentarios salvadoreños que sus victimarios tenían ya planificado simular un enfrentamiento con una banda de narcotraficantes cerca del lugar del crimen, asesinarlos y colocarles las armas con las que mataron a los parlamentarios salvadoreños, para responsabilizarlos del hecho.
Grupos al margen
Para el general Otto Pérez Molina, la impunidad en secuestros y asesinatos, junto a las investigaciones parcializadas que se realizan desde la DINC, es muestra de que “existen grupos armados que son protegidos por el Estado guatemalteco. “¡Esto es un secreto a voces!”, sentenció.
Pero Pérez Molina no es el único que piensa así. Iduvina Hernández, directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), cree que ya no se puede hablar de “organismos paralelos”, sino de “orgánicos” al gobierno, ya sea por renuencia a investigarlos o porque son organizados desde su interior. Para ella, el ejemplo claro se ve en los cuatro miembros de la DINC involucrados en la muerte de los diputados y su conductor. “En la División hay una línea de mando vertical en donde encontramos a personal de dos niveles diferentes vinculados en este crimen”, dice. “El mismo ministro Vielmann y el director Sperisen aseguraron al Congreso que los controles administrativos impuestos no permiten que ningún miembro se salte esta funcionalidad jerárquica. Entonces, no podemos decir que este grupo salió a cometer este ilícito en su hora de almuerzo. Su jefe tuvo que haberse dado cuenta de que no estaban cuando se ausentan por más de cuatro horas”. La señorita Hernández había reconocido a la revista puertorriqueña Albedrío, en marzo de 2006, la existencia de “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad semejantes a los escuadrones de la muerte” vinculados al crimen organizado y “a ciertas estructuras del Estado, que a su vez están vinculadas a estructuras de seguridad, o que como mínimo cuentan con su apoyo para funcionar”; además de grupos de “acciones de limpieza social que son fuerzas de policías involucradas en la ejecución selectiva de personas de quienes las autoridades tienen información o sospechan que están vinculadas a actividades delictivas”.
Otros son más cautos, como Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, porque dice: “Existen grupos en los que hay agentes del estado involucrados, pero no podríamos decir que responden a una política estatal. Podrían ser simplemente agentes que trabajan en solitario, o en pequeños grupos, alquilándose al mejor postor y utilizan los recursos estatales para cometer sus crímenes”.
Para los optimistas, la separación de Figueroa y Soto parece ser el primer paso en la tan anunciada “depuración” de la PNC por parte del presidente Berger. Un proceso que permita identificar estructuras de crimen organizado dentro de la PNC y terminar con ellas. Incluso, el mismo Sperisen anunció antes de que el presidente Berger aceptara su renuncia que existen otros altos mandos a los que se les podría remover previo análisis del mandatario guatemalteco.
Pero para otros sólo fue un acto de ?maquillaje político? estando a menos de siete meses de las elecciones generales, para evitar que se llegara a investigar a los más altos mandos del gabinete de Seguridad del gobierno. De ser así, la depuración de la PNC será una “papa caliente” que caerá en manos del nuevo gobierno que asumirá el poder el 14 de enero del año próximo.
También yo quiero descansar
Después de escribir devotamente para El Periódico una columna diaria, de lunes a sábado, y de preparar esta larguísima información para que tengan algo en que entretenerse en vez de disfrazarse de “cucuruchos” para ir a las procesiones, siento que es justo y necesario que yo también descanse unos días. No tengo la menor intención de dedicar mi tiempo a practicar la idolatría. A partir de mañana no voy a volver a escribir sino hasta el próximo lunes. Voy a descansar los días jueves, viernes, sábado y domingo. No me interesa ir a lugares que están repletos de gente que va a dedicar su tiempo a asolearse como garrobos, corriendo el riesgo de que eso les cause cáncer en la piel, o a comer hasta hartarse y enfermarse, o a emborracharse con el peligro de tener un accidente por manejar su automóvil en ese estado, sino voy a estar plácidamente, en un lugar tranquilo, sin bullicio, escuchando bella música y meditando sobre lo mal que las religiones interpretan las enseñanzas de Jesucristo. Y pensando en que ya estoy cerca del día que tendré que dejar de escribir para siempre porque en la siguiente etapa -esa que llamamos “más allá”- probablemente tendré que dedicarme a otra cosa. Y por eso es que ahora aprovecho para escribir tanto, como hoy.