No cabe duda que tienen razón el presidente de la República, licenciado Óscar Berger y la ministra de Educación, ingeniera María del Carmen Aceña, al afirmar que están cometiendo un delito los maestros que, bajo la dirección del fogoso líder magisterial, profesor Joviel Acevedo, han bloqueado las carreteras del país y las calles de la capital como medidas de hecho para que se les incrementen sus salarios en la proporción que ellos exigen y no en la que el gobierno dice que puede hacerlo. Pero también hay que ser conscientes y reconocer que la ministra Aceña no ha tenido la flexibilidad necesaria para que las discusiones pudiesen llevarles a un entendido que puedan aceptar ambas partes. Se la cataloga como una mujer inteligente y buena funcionaria, pero, en mi opinión, no lo ha demostrado.
Porque no se trata de ver quién puede más, si el gobierno de la República o los maestros que luchan por sus reivindicaciones, sino se debe tratar de resolver la crisis a través del diálogo y la negociación, con flexibilidad de ambas partes, sin perder de vista en ningún momento que los maestros han sido tradicionalmente muy mal pagados, desde tiempos ancestrales, y los gobiernos de turno están obligados a tratarles con el debido respeto y, de ser posible, hasta con cordialidad. Porque Guatemala no pertenece a quienes en la actualidad están desempeñando temporalmente ?sólo temporalmente, atención, no lo olviden- los más altos cargos en el gobierno de la República y, por consiguiente, son servidores públicos y no amos y señores de Guatemala.
No se puede culpar al insoportable lider magisterial Joviel Acevedo por ser tan persistente en su lucha por mejorar las condiciones de vida de los maestros, para que puedan vivir mejor, pero sí se le puede aconsejar que no sea intransigente, que también ceda un poco para que pueda ser posible que reinen la paz y la armonía después de las discusiones en las que participan ?a saber por qué fregados porque no se trata de ningún tema de su conocimiento e incumbencia- el arzobispo metropolitano, cardenal Rodolfo Quezada Toruño, y el Procurador de los Derechos Humanos, doctor Sergio Morales Alvarado, quien tampoco debe tener vela en este entierro, porque esa no es su función.
Tanto el gobierno de la República ?desde el presidente Berger para abajo- como los miembros del magisterio tienen que tratar de actuar con moderación, tendiente a llegar pronto a un acuerdo satisfactorio, porque no se puede seguir con esas manifestaciones y esos bloqueos que impiden al resto de los guatemaltecos la libre locomoción que garantiza la Constitución de la República. ¡Ya basta de bochinches callejeros que no conducen a nada bueno y asustan a los probables inversionistas que no van a venir a invertir su dinero en un país en el que todos los días hay bochinches! ¡Ya basta de abusos de poder como el que cometieron los agentes de la Policía Nacional Civil que lanzaron bombas lacrimógenas y apresaron por la fuerza a las maestras y los maestros que estaban bloqueando la ruta al Atlántico y fueron dispersados como si fueran vulgares delincuentes! Aunque, repito, concuerdo en que cometen un delito quienes bloquean las carreteras del país y las calles de la capital e impiden la libre locomoción al resto de la población, que no tiene por qué pagar las consecuencias del capricho y la intolerancia de ambas partes. ¡Ya dejen de joder!
El interminable caso Gerardi
Hoy se cumplen nueve años del brutal asesinato del obispo y presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, monseñor Juan José Gerardi Conedera, ocurrido el 26 de abril de 1998 en el garage de la Casa Parroquial de la Iglesia San Sebastián, sólo dos días después de que dio a conocer el ?Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica? (REMHI), Guatemala Nunca Más?, que contiene el resultado de una investigación de la Iglesia Católica en la cual se registran las supuestas violaciones a los Derechos Humanos y a las leyes, en su mayoría de parte del Ejército, durante los años del conflicto armado; y apenas ayer notificó la Corte de Constitucionalidad (CC) su resolución, por unanimidad de los magistrados, confirmando la condena a 20 años de prisión a los militares Byron Disrael Lima Estrada y Byron Lima Oliva, y al sacerdote Mario Orantes, por la presunta ?coautoría? en dicho crimen, resolución que cambia la acusación que anteriormente se les venía imputando, de ?ejecución extrajudicial?.
Este cambio es objetado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) porque considera que ambos militares participaron en el crimen de manera directa. Pero el caso es que hasta el momento esto no les ha sido probado sin duda razonable, como debería ser.
Tomó un año a los honorables magistrados de la CC analizar y resolver el amparo presentado por la Defensa de los militares Lima Estrada y Lima Oliva (padre e hijo) por el que solicitaron que se dejase sin efecto la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificando el fallo de la Sala Segunda de Apelaciones, que redujo la condena de 30 a 20 años de prisión; pero, finalmente, dieron a conocer su fallo denegando la solicitud de los acusados.
Mucho se ha venido discutiendo la justicia o injusticia que ha habido en este juicio, porque así como hay quienes creen que los militares Lima Estrada y Lima Oliva son los autores del crimen, también hay quienes creen que no lo son, aunque han estado guardando prisión mientras han sido juzgados y condenados, y el sacerdote Orantes, quien también ha permanecido en prisión a pesar de que no se ha demostrado que realmente participó en el crimen. A tal extremo que dos acuciosos investigadores europeos ?Mayté, una periodista española y Gerard, un periodista francés- publicaron un libro con el resultado de su investigación en el que concluyen que ni los militares Lima Oliva y Lima Estrada, ni el sacerdote Orantes, son los verdaderos culpables. ¡A saber! ¡Sólo Dios sabe! Y quienes realmente mataron a golpes al obispo Juan José Gerardi Conedera, naturalmente.