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Fallo salomónico de la CC

Jueves, Agosto 23rd, 2007

Felicito y aplaudo a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por haber resuelto, por unanimidad, en la forma que lo hicieron, la acción de inconstitucionalidad que les fue planteada por el Alcalde Metropolitano, Álvaro Arzú Irigoyen, en contra del Acuerdo 1339-2007 del ministerio de Gobernación, por el cual el gobierno de la República, que preside el licenciado Óscar Berger Perdomo, pretendió arbitrariamente -por sus pistolas- dejar sin efecto la disposición del Código Municipal que otorga a los municipios de la República la autoridad para reglamentar el tránsito de vehículos por los territorios bajo su jurisdicción y trasladó esa función al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), como era antes.
Es comprensible que este fallo temporal pueda ser insatisfactorio para algunas personas que hubiesen preferido que fuese más explícito, concreto y definitivo, pero hay que comprender que la más alta corte de justicia del país no puede permitirse echar combustible al fuego de la controversia. Sin embargo, aunque la resolución no dice de manera explícita que la Municipalidad capitalina está en lo correcto en su firme posición en este caso, sí lo dice de manera implícita, con lo cual queda descalificado lo actuado por el gobierno central porque violaba la autonomía municipal y la Constitución de la República. Esta resolución no podía haber sido de otra manera. En los fallos en casos como éste, lo importante es el contenido y no la forma. El hecho que debe interesar primordialmente es que no se vulnera la autonomía municipal, con lo cual se salvaguarda la Constitución de la República.
Considero que tanto el gobierno municipal como el ministerio de Gobernación han quedado satisfechos con esta por resolución. Aunque anoche todavía no se había notificado oficialmente a las dos partes, la Muni emitió un comunicado en el que subrayó que el fallo defiende la autonomía municipal y beneficia a 2 millones de vecinos, y retiró las dos banderas negras en señal de duelo que había colocado el 12 de agosto en las plazas Italia y Obelisco, y en las pantallas electrónicas callejeras anunció que tuvo éxito su posición. Por su parte, la señora Adela de Torrebiarte, ministra de Gobernación, se mostró cautelosa, pero celebró que el fallo provisional obligue a la municipalidad a respetar la coordinación con el Departamento de Tránsito de la PNC, pero recalcó que sigue vigente la regulación o restricción de horario impuesta por la Municipalidad.
Los magistrados de la CC resolvieron que el agravio que había en el Acuerdo 1339-2007 del ministerio de Gobernación consistía en la palabra ?favorable? en el Artículo 2, porque implicaba que para poder regular el tránsito, las municipalidades debían obtener la opinión favorable del Departamento de Tránsito de la PNC. En consecuencia, la CC eliminó la palabra “favorable” del Acuerdo de ministerio de Gobernación porque ésta establecía que si la opinión el Departamento de Tránsito no era favorable, las municipalidades no podían reglamentar el tránsito de vehículos.
A pesar de que la resolución fue unánime, todos los magistrados razonaron su voto. El magistrado presidente, licenciado Mario Pérez Guerra, expresó que considera que en el Artículo 2 del acuerdo podrían existir contradicciones a la jerarquía constitucional y que se debe esperar que se resuelva en definitiva la acción legal del Alcalde Arzú. La magistrada Gladys Chacón, de conocida inclinación a favor del gobierno central, dijo que es importante que las autoridades municipales discutan con las autoridades del Ejecutivo lo relacionado al tema de transporte, como lo establece el artículo 134 de la Constitución. El magistrado Roberto Molina Barreto, ex abogado del gobierno como Procurador General de la Nación, magistrado de la CC por designación del presidente de la República, opinó que el acuerdo ministerial pretende dar cumplimiento a la coordinación que debe existir entre el Estado y las entidades autónomas del mismo, conforme lo establece la Constitución. El magistrado Juan F. Flores opinó que se debió declarar la inconstitucionalidad total del acuerdo, porque el acuerdo gubernativo lesiona la supremacía constitucional y de jerarquía normativa y somete a las municipalidades a la Dirección General de Transporte. El magistrado Alejandro Maldonado Aguirre afirmó que la autonomía de las municipalidades está garantizada en el Código Municipal, pues en su Artículo 68 establece que las regulaciones del transporte de carga y pasajeros son normas del municipio que no dependen del Ejecutivo y agrega que se deberá esperar hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Por cierto que cuando en Prensa Libre se publicó la sospecha de que el licenciado Maldonado Aguirre podría ser parcial por el hecho de ser amigo del Alcalde Álvaro Arzú, y como diputado había sido miembro de la bancada del partido Unionista, éste declaró, parodiando a Sócrates, que es verdad que es amigo de Álvaro Arzú, pero es más amigo de la verdad. Lamentablemente, este alarde de erudición o conocimiento filosófico del ilustrado ex ministro de Educación y ex embajador de Guatemala en la ONU y en México fue como desperdiciar pólvora en sanates porque no creo que hubo muchas personas que supieran a qué se refería. Se refirió a que cuando al filósofo Sócrates se le acusó de que era amigo de Platón, declaró: “Amicus Plato sed magis amica veritas”, o sea: “soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad”.
En la resolución se indica que el Artículo 135 de la Constitución dispone como obligaciones mínimas del municipio la coordinación -no subordinación- a la política general de Estado. No obstante, el representante de los transportistas Victoriano Zacarías criticó la resolución, en la cual cree que se distingue un sesgo ?prounionista?, y que propicia un Estado dentro de otro Estado. Según su interpretación, el dictamen de la CC refuerza la posición del alcalde capitalino, Álvaro Arzú, ?que nunca se sentó a negociar?. Es evidente que no le pareció satisfactorio el fallo de los magistrados y se propone promover una actitud de rechazo. Hay personas que creen que “negociar” con las autoridades significa que éstas deben hacer solamente lo que ellos quieren.
El abogado Mario Fuentes Destarac, actual presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), que en una página de ?Campo pagado? publicada en días recién pasados se había manifestado a favor de la posición gubernamental, declaró que ?La CC manda el mensaje claro sobre una coordinación entre las políticas del Ejecutivo y de la Municipalidad que antes no existía. Para ello hacen referencia al Artículo 134 de la Constitución. Deberían dejar de lado las posiciones personales y sentarse a la mesa?.
Varias opiniones fueron expresadas a los medios de comunicación sobre el particular, el licenciado Arturo Sierra, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), declaró: ?No dieron una respuesta a la acción de inconstitucionalidad planteada en cuanto a su argumento sobre una violación de la autonomía municipal, ya que el alcalde señalaba que existía vulnerabilidad a la norma que regula la labor de las comunas?.
La licenciada Yolanda Pérez Ruiz, ex presidenta del CANG, declaró: ?La CC no le dio respuesta al alcalde acerca de si estaba de acuerdo o no con la inconstitucionalidad, planteada. Es un fallo más político que constitucional y deja en el limbo el problema (de los transportistas) porque refiere que deben ponerse de acuerdo, y a como están las cosas eso no va a suceder?.
El abogado Mario René Chávez, ex presidente del CANG y actual diputado al Congreso, declaró: ?Es un fallo salomónico pues no resuelve el recurso contra lo dispuesto por el Ejecutivo, porque deja vigente su decisión de que las municipalidades deben contar con la opinión de esta autoridad en el caso de los horarios de transporte; me queda la duda de cómo se va a resolver el problema actual del transporte?.
Es de esperar que como consecuencia de esta salomónica resolución de la CC los transportistas no vayan a adoptar otra actitud intransigente de rebeldía y decidan hacer un nuevo paro o huelga ilegal de sus actividades o algo parecido que provoque otra crisis nacional por el temor generalizado de que produzca escasez de combustible.