Archive for Febrero 17th, 2008

¿Volvemos a los tiempos de Nerón?

Domingo, Febrero 17th, 2008

El cardenal Rodolfo Quezada Toruño, arzobispo metropolitano de Guatemala, manifestó en una de sus recientes homilías que está en contra de la aplicación legal de la pena de muerte y del posterior ?recurso de gracia? que faculta al Presidente de la República para perdonar la vida a una persona que ha sido condenada a muerte en los tribunales de justicia después de no haber podido impedirla empleando todos los recursos legales que se tienen. Francamente, tampoco a mí me parece justo que después de haber tenido acceso a todos los recursos legales para defenderse y haber sido condenado a muerte por todos los jueces que le han juzgado, pueda ser perdonado por el gobernante de turno y sea conmutada la pena a la que fue sentenciado. En cuyo caso habría que preguntarse para qué diablos han servido los jueces si al final de cuentas es el presidente de la República quien decide la sentencia.
Por no estar de acuerdo con esto, el cardenal publicó ayer en el vespertino La Hora, en un recuadro en la página 8 con el título Volvemos a los tiempos de Nerón que, por tener un marco alrededor del texto, aparentemente es Campo Pagado, pero no se especifica que lo sea. Probablemente fue publicado de manera gratuita por una cortesia del director de ese medio, licenciado Óscar Clemente Marroquín Godoy, quien también se ha pronunciado reiteradamente en contra de la aplicación de la pena de muerte y es bien sabido que es católico practicante.
Por ser tan elaborado el comentario, es excesivamente largo, por lo cual no voy a tratar de reproducirlo en su totalidad, pero sí quiero publicar y comentar unos de sus párrafos. Con evidente conocimiento de la realidad nacional, comienza diciendo ?a guisa de prólogo? lo siguiente: ?Confieso que no resulta fácil ni mucho menos cómodo abordar el tema de la pena de muerte en estos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo en nuestro atormentado país. Es tanta y tan salvaje la violencia en que vivimos a diario que nuestra gente, sobrevivientes y víctimas, están exasperadas ante la ineficacia de las autoridades para dar seguridad a los ciudadanos. Y es comprensible su indignación,inclusive que llegue a pensarse que sólo la pena de muerte podría ser una solución. Algún comentarista se ha afirmado (sic) que el 90% de los guatemaltecos está de acuerdo con dicha pena. Pero, ¿hasta qué punto son fiables estas ?estadísticas?? ¿Hasta qué punto las personas no reaccionan con justa indignación ante tanta impunidad para asesinar??
Comento: Tiene razón el cardenal arzobispo. No es fácil ni mucho menos cómodo abordar este tema a cualquier persona con la sensibilidad que indudablemente tiene él, sobre todo cuando se tiene un techo de vidrio como el de la “santa” Iglesia Católica Romana. Y también tiene razón cuando agrega que ya es insoportable el grado de violencia que se está viviendo aquí a diario y que los guatemaltecos ya no la soportamos más y exigimos a las autoridades de policía y judiciales que le pongan un alto inmediatamente”.
Sigue diciendo: ?Como arzobispo y ciudadano, no puedo ni debo callar. No busco el aplauso de quienes tengan la paciencia de leer este comentario. Tampoco pido que estén de acuerdo conmigo en un cien por ciento. Otros obispos en la historia, como Atanasio de Alejandría o Juan Crisóstomo, tuvieron que sufrir mucho por externar su magisterio. Pero creo que tengo legítimo derecho a exponer lo que siento como intérprete de una institución imprtante como es la Iglesia Católica, en la cual soy uno de sus cuatro mil obispos?.
Comento: de nuevo creo que tiene razón y está en lo correcto el cardenal y arzobispo Quezada Toruño. Pero si menciona a esos dos obispos que, según dice, sufrieron por la aplicación de la pena de muerte, debe recordar también que con el reconocimiento por los emperadores romanos, cuando el cristianismo se convirtió en religión estatal en el siglo XII, la Iglesia Católica instituyó primero en el sur de Francia la Inquisición Medieval que estuvo a cargo de franciscanos y dominicos basados en los estatutos Excommunicamus del papa Gregorio IX contra los supuestos herejes que fueron tratados como enemigos del Estado, a quienes se aplicó muy severos castigos y suplicios, como haber quemado viva en la hoguera a la patriota francesa Juana de Arco. Durante los 12 primeros años de su pontificado las actividades de la Inquisición romana fueron modestas hasta cierto punto, reducidas a Italia casi por completo. Y que posteriormente uno de los que habían sido inquisidores fue el cardenal Juan Pedro Carafa, quien en 1555 se convirtió en papa Pablo IV y emprendió una persecución activa de sospechosos, incluidos obispos y cardenales, como el prelado inglés Reginald Pole. Encargó que se elaborara una lista de libros que atentaban contra la fe o la moral, y aprobó y publicó en 1559 el primer Índice de Libros Prohibidos que fueron quemados en las plazas públicas en enormes piras. Aunque papas posteriores trataron de atemperar el excesivo celo de la Inquisición Romana, comenzaron a considerarla como el instrumento consuetudinario del gobierno papal para regular el orden interno en la Iglesia y la ortodoxia doctrinal. Por ejemplo, en 1633 procesó y condenó al sabio Galileo por sus descubrimientos y fue condenado y excomulgado el sacerdote católico Martín Lutero, autor de la Reforma, debido a lo cual nació el Protestantismo.
En 1965, en vista de numerosas quejas, el papa Pablo VI reorganizó el ?Santo Oficio? y le puso el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe, de la cual fue prefecto el cardenal alemán Joseph Alois Ratzinger, el mismo que de joven fue miembro de las ?Juventudes Hitlerianas? y hoy es papa Benedicto XVI. También debería recordar el cardenal Quezada Toruño que en España los llamados “reyes católicos” Isabel de Castilla y Fernando de Aragón establecieron en 1478 su propia Inquisición que fue calificada de “santa”, al frente de la cual nombraron al confesor de la re¡na Isabel, el insaciable multiasesino fray Tomás de Torquemada, quien de existir el infierno -como cree el papa actual- indudablemente estará quemándose ahí a fuego lento, porque persiguió a los judíos como si fuesen delincuentes acusándoles de herejes, hasta expulsarles del territorio de España y ordenó el asesinato de muchas personas a quienes se acusó de cometer actos de herejía.
Debe recordar también que cuando se creó en España el tribunal de la “santa” Inquisición, los primeros inquisidores, Miguel de Morillo y Juan de San Martín, llegaron a Sevilla en setiembre de 1480. Sus pesquisas les llevaron a hallar un grupo de criptojudíos cuyo líder era Diego de Susán. Se les hizo la acusación de cometer actos de herejía y luego de un proceso, los principales autores son condenados a la hoguera en el primer “auto de fe” que tuvo lugar en Sevilla el 6 de febrero de 1481, en el “quemadero” de la Tablada.
A mediados del siglo XV encontramos en la península Ibérica varias clases sociales sumamente divididas: los reyes y la nobleza que ostentan el poder a su sabor y antojo, manejan las armas, hacen la guerra a los moros y son dueños de las tierras y de las vidas de sus súbditos, desprecian el trabajo manual; el pueblo, que es esclavo de la gleba, o sea que depende de los señores feudales y está formado por personas incultas e iletradas que cultivan la tierra; el clero que es privilegiado, está agrupado en conventos de diferentes órdenes, de las cuales las más importantes son los dominicos y los franciscanos, monjes mendicantes, que pregonan el ascetismo, la vida dedicada a la oración y dependen directamente de Roma, no del obispo local, dominan el saber, los libros y las bibliotecas, son los cristianos educados; las minorías son de otros credos: judíos y moros. Los moros son el pueblo vencido que retrocede a medida que los cristianos conquistan el territorio hasta concentrarse finalmente en la provincia de Granada, Andalucía. Los judíos, que habitaban la Península desde tiempos inmemoriales, eran habitantes urbanos que desemepeñaban toda clase de oficios, desde los más humildes hasta los más elevados, como consejeros de los reyes. Son letrados y conocen la contabilidad y la numeración decimal, pero fueron perseguidos, encarcelados y expulsados sin ninguna clemencia de la península Ibérica.
La Inquisición española se diferenciaba de la Inquisición pontificia en primer lugar en que a los Inquisidores los nombraba el rey, no el papa, o sea que pasaban a ser funcionarios de Estado y respondían a las políticas del reino; la segunda diferencia es que en que los procesos no eran apelables en Roma. El tribunal se organizó de tal manera que Torquemada fue nombrado Inquisidor Supremo para Castilla, Aragón y Sicilia, formando parte del tribunal el cardenal Mendoza, Miguel Morillo y Juan de San Martín. La sede primitiva estaba en Sevilla, trasladándose después a Toledo, porque allá vivían muchos judíos. La autoridad del Inquisidor Supremo era inapelable. El Inquisidor Supremo presidía un consejo llamado “supremo”, compuesto por cinco ministros. El papa Clemente VIII les otorgó facultades de revisar todo tipo de impresos y manuscritos y de prohibir la lectura y circulación de todos los libros y papeles que juzgasen “perjudiciales a la moral” o contrarios a los dogmas ritos y disciplina de la Iglesia. La jurisdicción del tribunal abarcaba todas las posesiones españolas, las sedes que se fueron creando a lo largo de su actuación fueron: Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Murcia, Valladolid, Santiago, Logroño, Granada, Llerena, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Baleares, Jaén, Canarias; y, en América, los territorios en virreynatos de México (incluyendo la capitanía general de Guatemala), y de Lima, así como Cartagena de Indias; en Italia, en Cerdeña y en Sicilia. El tribunal de Ciudad Real fue trasladado con el tiempo de Toledo a Madrid.
El Consejo Supremo nombraba a los miembros de los “Tribunales Subalternos” con jurisdicción sobre todo el territorio del reino en ultramar. Los procedimientos de la “santa” Inquisición española incluían hacer interrogatorios durante la tortura física, y el eufemismo de la relajación al brazo civil, donde sabían que por lo general la pena era la muerte en la hoguera.
El cardenal y arzobispo Quezada Toruño haría bien en recordar todos estos datos y episodios antes de ponerse a lanzar piedras sobre otros tejados y pensar que el tejado de la Iglesia Católica es de vidrio.
El siguiente párrafo del comentario o pronunciamiento del arzobispo se titula ?Regreso a los tiempos de Nerón? y se refiere particularmente al ?Recurso de Gracia? que hace que el gobernante pueda perdonar la vida a una persona después de que ha sido sentenciado a muerte por un juez y ha perdido todos los recursos legales que sus abogados defensores hayan presentado. Dice: ?Hace unos dos mil años el emperador Nerón inventó un signo con su mano imperial. Si la levantaba con el pulgar derecho hacia arriba el gladiador derrotado era perdonado y podía seguir viviendo. Si por el contrario ubicaba su dedo hacia abajo, el gladiador vencedor debía quitarle la vida al vencido. Lo triste de este caso es que la vida de un hombre no dependía tanto de ser el vencido en una lucha de gladiadores, sino que su vida o muerte dependiera de una persona, nada menos que la del ingrato y tristemente célebre emperador.
?Con el correr de los años, esta absurda facultad pasó a emperadores y reyes y, a pesar de vivir ya después de dos milenios, los diputados recién instalados se estrenan concediendo ahora tan neroniano encargo al C. Presidente, convertido inclusive por sus propios partidarios en un nuevo Nerón, en un nuevo circo romano.
Sigue diciendo el arzobispo: ?¡Qué vergüenza! Son increíbles los diabólicos inventos que el hombre ha producido a lo largo de los siglos para eliminar a otro ser humano. Mucha agua ha corrido bajo el puente de la historia desde aquella maldita quijada de burro, propiedad del primer Caín, hasta la ahora tristemente famosa inyección letal concebida ?humanitariamente? para que el ajusticiado no sufra tanto al morir. Todos estos inventos deshonran a las personas que las inventaron: quijadas de burro, espadas, hachas, horca, fusiles de todo tipo, la guillotina francesa, el garrote español, la cicuta griega, la silla eléctrica, la cámara de gas, la hoguera inquisitorial, el veneno florentino en una copa de vino, los métodos descritos en el libro ?Masacres de la Selva?, el rociar con gasolina gente humilde encerrada en una capilla del altiplano guatemalteco para prenderle fuego, el ?napalm? made in USA y tantos otros inventos que se ubican en la frontera de lo satánico y demencial. ¡Infame cadena de violencia! Y sin olvidar uno de los mayores tormentos inventads por el hombre para matar: la cruz. Como (sic) quisiera que algunos de nuestros diputados leyera siquiera una parte del discurso de Cicerón ante el senado romano, contra un mal funcionario, de nombre Verres, en el cual el famoso orador describe lo que era la crucifixión, las causas por las cuales moría el condenado y los dolores que sufría antes de expirar?.
Comento: otra vez concuerdo con lo que dice el cardenal Quezada Toruño, aunque dejó en el tintero los millones de judíos que mató el nazismo alemán por órdenes de uno de los más grandes asesinos en la historia, Adolfo Hitler. Y los otros muchos millones que mataron esos otros dos asesinos que fueron el comunista soviético José Stalin y el comunista chino Mao. Sin olvidar tampoco a los cientos de cubanos que fusiló en el paredón el comunista cubano Fidel Castro.
En cuando al llamado ?recurso de gracia? que los actuales diputados otorgaron al presidente de la República en turno, entiendo que se debe a que esa es la única forma como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica acepta la existencia de la pena de muerte en el Código Penal y su posible aplicación.
Debo reconocer que nunca he estado de acuerdo con la aplicación legal de la pena de muerte, pero tampoco apruebo las ?Ejecuciones extrajudiciales? o asesinatos que se cometen en la llamada ?limpieza social?. Jamás me ha parecido justo que, en nombre de la justicia, los jueces condenen a sufrir la pena de muerte a quienes sean declarados culpables de delitos que las leyes castigan con esa pena y aplican los gobiernos de diferentes maneras. Sin embargo, concuerdo con quienes sostienen que ya no es posible seguir soportando con los brazos cruzados, en nombre de los resobados ?derechos humanos?, este tsunami de criminalidad que asola a nuestro país desde hace algún tiempo sin recurrir a la aplicación de la pena capital. Es imprescindible y urgente que las autoridades judiciales pidan que se les aplique la pena de muerte a quienes se les compruebe que han cometido ciertos delitos.
El larguísimo pronunciamiento o comentario del arzobispo metropolitano, cardenal Quezada Toruño, concluye así:
?Siempre los obispos hemos condenado enérgicamente el asesinato alevoso de tantos guatemaltecos, millares, de toda condición social, inclusive en tiempos difíciles cuando otras instituciones callaban. Casi no hay familia guatemalteca, inclusive la mía, que no haya sido víctima de horribles asesinatos. No hemos dejado de condenar las ya casi olvidadas masacres de años anteriores. Hemos levantado nuestra voz de protesta por la muerte de vidas inocentes en el seno de sus madres gracias a leyes ambiguas. Condenamos la muerte de los mismos pilotos de buses. Siempre la Iglesia ha levantado su voz para protestar y solidarizarse con las víctimas. Debe castigarse al delincuente. Debe exigirse a la autoridad pública que cumpla con su misión constitucional. Pero, a pesar de todo, recordamos, para no seguir bañándonos en sangre: ?la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta ?la acción creadora de Dios? y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la Vida desde su comienzo hasta su término: nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho a matar de modo directo a un ser humano inocente. (Juan Pablo II, Enc. Evangelium Vitae, 53). Con estas palabras la instrucción Donum vitae expone el contenido central de la revelación de Dios sobre el carácter sagradoe inviolable de la vida humana?. (Fin del comentario del cardenal)
Relatividad general
Teoría de la Relatividad general de Albert Einstein: la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, que se denomina C: E=MC_.
La razón por la cual he traído a colación la Teoría de la Relatividad general de Einstein es porque creo que todo es relativo y no es lo mismo que un cardenal de la Iglesia Católica y arzobispo de Guatemala diga estas cosas humanitarias bajo su punto de vista, a lo que pueda pensar y desear una persona que llora sin consuelo la pérdida de un ser amado que fue asesinado para robarle un automóvil o un teléfono celular, o alguien que sufrió un secuestro y durante largo tiempo estuvo enterrado en un hoyo en la tierra sin poder mover ni una pierna. En general, quienes han sufrido las consecuencias de la descontrolada criminalidad no piensan exactamente como el cardenal arzobispo Quezada Toruño, ni tampoco como yo.
Las personas que han sido víctimas de la criminalidad y violencia quieren que los autores de esos crímenes sean juzgados sin demora y condenados a las penas más severas que hay en el Código Penal. Y quieren que quienes hayan sido culpables sean juzgados sin clemencia alguna y, si resultan condenados a muerte, que sean ejecutados cuanto antes para que desaparezcan del mundo y sirvan de lección a los demás delincuentes, preferentemete fusilados o, en su defecto, con la inyección letal, pero que mueran para que nunca más puedan volver a cometer los mismos delitos y los demás delincuentes comprueben que no puede haber impunidad ni “recurso de gracia” que les salve del castigo que merecen.
Aunque yo siempre he estado en contra de la aplicación de la pena de muerte, respeto su dolor y comprendo su deseo de ver muertos a quienes les hayan podido hacer daño. Y, francamente, ¡no los culpo!
Si es indispensable aplicar el “ojo por ojo y diente por diente”, que se aplique sin clemencia ni demora. La criminalidad no puede seguir así y algo tiene que hacer el gobierno de la República para que así sea. Y si la única forma que hay es aplicándoles la pena de muerte a los violadores y asesinos… ¡que los maten!
¡Ya basta de soportar tantos crímenes que después quedan impunes! Quienes no quieran vivir en paz y apegados a las leyes, no tienen nada qué hacer en una sociedad indefensa como la nuestra, dicen en coro quienes han sido víctimas de sus desmanes y quieren que tan pronto sean caturados, juzgados y sentenciados a muerte, los fusilen sin escuchar los lloriqueos de quienes piden que se respeten los “derechos humanos” de los criminales que no respetaron los derechos humanos de sus víctimas.
En cuanto al famoso “recurso de gracia” presidencial, que se tenga la dignidad soberana de eliminarlo totalmente aunque proteste y se rasgue las vestiduras la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo que se acate el “Pacto de Costa Rica” o tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que suscribió Guatemala. Y si acaso fuere indispensable, que nuestro país denuncie ese tratado para poder aplicar nuestras propias leyes según nuestras circunstancias. Pero es injusto que después de haber empleado todos los recursos legales a su alcance y de haber sido condenado a muerte, un delincuente pueda valerse de ese recurso para pedir clemencia o conmutación de la pena al presidente de la República y éste le perdone la vida magnánimemente, aunque sólolo haga para bien de su imagen política. Si así fuere, ¿para qué fregados sirven los tribunales de justicia?
Para terminar, aunque reitero que no es de mi agrado la aplicación de la pena de muerte y quisiera que no fuese necesaria en nuestro sufrido país, queya ha sufrido bastante con tanta criminalidad, tanta represión y tanta violencia en general, también me pronuncio en favor de que los condenados a muerte sean ajusticiados sin pérdida de tiempo, sin que haya un “recurso de gracia” posible que salve la vida a quienes se le haya comprobado su culpabilidad. Aunque Guatemala tenga que denunciar el tratado que firmó en San José de Costa Rica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en el inciso 6 del artículo 4 establece que toda persona que sea condenada a muerte puede solicitar amnistía, indulto o la conmutación de la pena y que no se puede aplicar la pena de muerte mientras esa solicitud esté pendiente de resolución. Y como en el período del nefasto Alfonso Portillo Cabrera fue abolido por el Congreso el recurso de gracia, los diputados actuales lo restituyeron para que sea posible aplicarlo a pesar de las solicitudes de clemencia, indulto o conmutación de pena. Las cuales tendrá que denegar el presidente de la República si es que sabe lo que conviene al país y no es un “blandeque” como algunos creen y tiene los pantalones bien puestos.