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El veto presidencial de ayer

Sábado, Marzo 15th, 2008


Momento en el que el presidente de la República Álvaro Colom pronunciaba su discurso de toma de posesión.
Tal como se veía venir –y yo lo había adelantado–, la tan anunciada conferencia de prensa que se produjo ayer por la tarde consistió concretamente en que el Presidente de la República, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, vetó el Decreto 6-2008 del Congreso de la República o Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena de Muerte, que permite a los condenados a la pena capital apelar al Recurso de Gracia presidencial para que éste les conceda el indulto y les condone esa pena por otra inferior, o se los niegue, con lo que se restituye al jefe del Ejecutivo el poder para concederlo o rechazarlo, el cual había sido anulado desde el año 2000 y creó un vacío que impidió la ejecución de la pena de muerte a la que ya habían sido condenados a a esa pena, porque Guatemala suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Derechos Humanos (llamado Pacto de San José) por el cual se comprometió a no ejecutar a ningún condenado a muerte mientras éste no haya apelado al Recurso de Gracia y el presidente de la República no lo hubiese resuelto.
El Presidente Colom había venido anunciando de diferentes maneras que esa iba a ser su respuesta al Decreto 6-2008, invocando para ello su apego a la ?cultura de vida? y su rechazo a la ?cultura de la muerte?, con lo cual no quedaba lugar a dudas. Era obvio que iba a vetarlo. Y está en su derecho a hacerlo, no cabe duda. Pero él sabe muy bien que hizo lo contrario de lo que quiere el pueblo de Guatemala que le llevó a la Presidencia, aunque complazca a la Comunidad Europea, a los mandatarios Centroamericanos, al cardenal Rodolfo Quezada Toruño y otros obispos de la Iglesia Católica; así como también a las organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras.
Lo único que habría que decir al respecto es que en esa forma ha salvado la vida a los criminales que ya han sido condenados a muerte y sólo esperaban la ejecución de la sentencia, y a los que en el futuro serán sentenciados a la pena capital. Pero expone a un mayor peligro mortal al resto del pueblo de Guatemala que ha venido sufriendo desde hace largo tiempo el imperio de la criminalidad común sin que las autoridades hayan tenido la capacidad para lograr ponerle un alto, para garantizar al pueblo la seguridad, como se lo ordena la Constitución de la República.
Pero no ha pasado nada definitivo. No hay que dar gritos al Cielo ni rasgarse las vestiduras. En política todo es posible y todo tiene una salida. Sólo hay que saber buscarla. Ahora corresponde a los otros organismos del Estado jugarle la vuelta.
En varias ocasiones anteriores he expresado mi opinión y sentimiento acerca de este delicado tema, y mi posición al respecto siempre ha sido que, por principio, no es de mi agrado que exista la Pena de Muerte en nuestra Constitución Política y en nuestro Código Penal y preferiría que no existiese, pero comprendo que en las actuales circunstancias por las que atraviesa nuestro país, frente a la delincuencia desenfrenada, esta pena debe aplicarse implacablemente, sobre todo en determinados casos de espantosos crímenes.
Ya no es posible seguir con los brazos cruzados ante tantos y constantes asesinatos que a diario se vienen cometiendo sin que los criminales paguen con su vida su delito y, en cambio, tengan confianza en que no sólo no van a pagar con su vida sus crímenes, sino es probable que estén relativamente corto tiempo en la cárcel.
Pero para poder ser gobernante de un país se requiere de ciertas características de las que –mucho me temo– carece el actual presidente de Guatemala. Como consecuencia, no debe extrañarnos que haya privado en su decisión de ayer su predisposición humanitaria a no verse en la necesidad de tener que tomar una decisión tan delicada en la disyuntiva de mandar a la muerte, o perdonar la vida, a un reo condenado a sufrir la pena capital.
Si el mandatario quería vetar el Decreto, pudo haberlo hecho diciendo que otorgar o negar el Recurso de Gracia (el perdón o conmutación de la pena) a los sentenciados a muerte por todos los tribunales del proceso Judicial no debe ser responsabilidad del Jefe del Poder Ejecutivo, porque corresponde al Poder Judicial, pero eso de alegar que contiene “inconstitucionalidades” es excesivamente vago y no creo que la Corte de Constitucionalidad vaya a opinar de igual manera.
En ese sentido lo comprendo, porque supongo que la decisión de ser quien decide matar o perdonar a otro ser humano ha de pesar demasiado en la conciencia de una persona por el resto de su vida. Con mayor razón cuando se tiene tanta sensibilidad como el ingeniero Colom, como cualquiera puede darse cuenta fácilmente con sólo oírle hablar.
Para ser mandatario de un país, repito, se requiere de determinadas características y una de ellas es tener la entereza para hacerle frente a una situación tan comprometedora como es la de indultar o condenar a muerte a otro ser humano. Y está visto que el ingeniero Colom no tiene esas características.
Alrededor de este peliagudo caso se han planteado algunas opiniones equivocadas, sin embargo, porque unas personas han creído que por el hecho de haber vetado la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena de Muerte se ha abolido ipso facto la Pena de Muerte, lo cual no es así. Porque la Pena de Muerte sigue vigente tanto en nuestra Constitución de la República como en el Código Penal.
Lo que realmente pasa es que, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se puede ejecutar a ningún reo sin que antes se ha respondido a su solictud de Recurso de Gracia. Y como la persona indicada por el Decreto 6-2008 ?el Presidente de la República, pues- no aceptó cumplir con esa responsabilidad, se ha creado un nuevo vacío y, por más que la Pena de Muerte siga vigente, no se podrá aplicar mientras no se pueda llenar el requisito establecido en el llamado Convenio de San José. Así de simple.
Eso es todo lo que ha podido lograr con su veto el presidente Álvaro Colom Caballeros. Y como ya dije antes, en política hay una salida para todo, sólo hay que buscarla. Ahora corresponde al Congreso de la República tomar la decisión de reunir el número indicado de diputados (que me parece que son 105) para revirar el veto y devolvérselo al presidente Colom. O bien aceptar tranquilamente su rechazo y jugarle la vuelta al designar a un organismo autónomo como la Corte de Constitucionalidad para sustituirle en esa responsabilidad, porque al estar ésta integrada por varios magistrados, sus decisiones siempre serán colegiadas y ninguno de los magistrados en particular tendrá que cargar por el resto de su vida con ese peso sobre su conciencia.
Pero de una manera, o de otra, se tiene que buscar la forma para dar su merecido a quienes han cometido o cometan en el futuro crímenes de tal naturaleza que merecen pagarlos con su vida. ¡No es posible seguir teniendo ningún tipo de contemplaciones con ellos!
Ha tenido razón el presidente Colom al decir que esta decisión le va a acarrear un costo político, porque puede estar seguro de que la mayoría del pueblo no lo eligió para que se rajara a la hora de tener que tomar decisiones difíciles, y se lo va a tomar muy en cuenta de ahora en adelante.
Agregó el mandatario que una persona no llega a ser presidente de la República para ganar votos, en lo que tiene razón, porque al fin y al cabo ya ganó los votos que necesitaba para llegar a la Presidencia y satisfacer así el sueño y la ambición más grandes de su vida y la de su esposa, Sandra Torres Casanova. Pero debió ser consecuente con quienes votaron por él y le sentaron en la silla presidencial, en vez de darles la espalda sólo porque ahora ya no los necesita.
P.S. de última hora
Cuando ya había sido publicado este blog, me enteré de que durante la mañana de ayer, en la jurisdicción de Livingston, departamento de Izabal, cuatro turistas belgas –Gabriel Vanovyffe y su esposa Marie Paul Doboi, Erick Ftofferif y su pareja Jenny Delain– con los guatemaltecos Mauricio Dubón, guía de la agencia de turismo Guayacan Tours y el lanchero Elder Estrada, fueron secuestrados por una turba que pertenece a la organización Encuentro Campesino, la misma que hace un mes secuestró a 29 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) para exigir al gobierno la liberación de su líder Ramiro Choc, quien tiene varias cuentas pendientes con las justicia.
Los secuestradores han mantenido de arriba para abajo a sus prisioneros tanto por tierra como por el agua, y se cree que durante la noche pernoctaron en la reserva forestal Chocón Machacas. Uno de los dirigentes de los campesinos dijo que están esperando una comunicación con un asesor del presidente Álvaro Colom, porque a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos les han ofrecido una reunión para mañana.
Durante las horas de la tarde, tres contingentes de la PNC arribaron a Izabal por la vía aérea, según informó el veterano reportero Ricardo Gatica, vocero del ministerio de Gobernación, mientras que unos 450 elementos, entre militares y policías, se preparaban en el Comando Naval del Atlántico para perseguir a los delincuentes con sus víctimas, a pesar de que los campesinos secuestradores amenazaron con que si las autoridades tratan de realizar una operación de rescate, “los extranjeros pagarán las consecuencias”. No miden las graves consecuencias de su delito para el desarrollo turístico del país.
Ronaldo Robles, el secretario de comunicación de la presidencia de la República, declaró que “no se trata simplemente de una retención ilegal, sino de un secuestro, un delito que debe tomarse como tal”, con lo cual tal vez creyó que estaba inventando el agua azucarada.
Es muy probable que los delincuentes secuestradores se hayan sentido envalentonados ante la actitud tan blandengue del presidente Álvaro Colom en relación a la aplicación de la Pena de Muerte a quienes hayan cometido graves delitos y algunos ya han sido juzgados y condenados por todas las instancias del largo proceso judicial.
Otro P.S. de último momento
Acabo de recibir por correo electrónico un supuesto artículo mío, publicado supuestamente en este blog, bajo el título La gran estafa de Colom, en el cual, supuestamente también, reproduzco un artículo titulado La gran estafa de Álvaro Colom, que se atribuye originalmente a mi estimado amigo y colega el columnista de Prensa Libre Mario Antonio Sandoval, pero él tampoco ha tenido nada que ver en esto. Ni él escribió ni publicó ese artículo en su leída columna Catalejo, ni yo la he transcrito en mi blog.
Se trata de otra de esas campañas negras que acostumbran hacer los cobardes políticos que por no tener los pantalones para firmar con su nombre lo que dicen de sus adversarios políticos, se valen de las columnas periodísticas más acreditadas para dar rienda suelta a sus diatribas y soltar su veneno para desprestigiar a sus adversarios. Harían bien en dedicar su tiempo y sus esfuerzos a trabajar por el bien común en el país en vez de dedicarlo a hacer campañas negras como ésta.
De los columnistas, como Mario Antonio y como yo, se podrá decir lo que quieran, pero de lo que jamás se nos puede acusar es de que no respaldamos con nuestro nombre lo que queremos decir y publicamos.
Prevengo a quienes puedan recibir este corre que se trata de una falsedad, de una campaña negra de cobardes anonimistas que, indudablemente, son contrarios al gobierno del actual Presidente de la República y usan nuestras columnas y nuestro prestigio profesional para vituperar y desprestigiar al mandatario y a su esposa.
Así que ya están advertidos.