* Nuevo embajador de EE.UU.
El 30 de junio del año en curso, Stephen G. McFarland fue juramentado como Embajador de los Estados Unidos de América asignado a la República de Guatemala, en sustitución del embajador James M. Derham. El 5 del mes en curso, el embajador McFarland arribó a nuestro país acompañado de su familia, compuesta por su esposa Karin y cuatro hijos; el 6 presentó las copias de sus Cartas Credenciales al Canciller de la República, licenciado Haroldo Rodas, y el 7 presentó sus Cartas Credenciales autógrafas al Presidente de la República, ingeniero Álvaro Colom Caballeros en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura.
Hijo de un diplomático, el embajador McFarland creció en Latinoamérica y en el Oriente Medio, así como también en Texas y los suburbios de Washington, D.C. En 1977 comenzó a trabajar en el Servicio Exterior de los Estados Unidos de América y fue destinado a la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Después ha trabajado en una serie de cargos en Latinoamérica, concentrándose en el apoyo de los Estados Unidos a las transiciones democráticas, los derechos humanos, y la seguridad. Ha desempeñado diferentes puestos que incluyen el de Oficial Político en Ecuador y Perú; Oficial Encargado en Nicaragua; y Consejero Político en El Salvador, Bolivia, y Perú. Fue el representante de Estados Unidos en el grupo interino que monitoreó el cese al fuego en la frontera Perú-Ecuador en 1995. Más tarde fungió como Ministro Consejero y Encargado de Negocios, tanto en Paraguay como en Guatemala, donde se desempeñó como tal durante los años comprendidos entre 2001 y el 2003, y después como Encargado de Negocios cuando se marchó el embajador John Hamilton, y de aquí fue trasladado a Venezuela también con el cargo de Ministro Consejero y después fue Encargado de Negocios. Asimismo, tuvo el cargo de Director de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado.
Antes ser nombrado embajador en Guatemala, el embajador McFarland fue Director de Entrenamiento de Estabilidad de Operaciones en el Instituto del Servicio Exterior del Departamento de Estado. Durante el año 2007 dirigió un equipo cívico-militar de reconstrucción departamental en el Equipo de Combate del Regimiento 2 de la Infantería de Marina, en Irak occidental.
El señor McFarland habla español con total fluidez y un poco de guaraní. Actualmente está estudia quiché. Se graduó en el Colegio Roosevelt de Lima, Perú; luego en la Universidad de Yale y en el ?Air War College? de los Estados Unidos. También asistió al Curso de Líderes de Pelotón de la Infantería de Marina. En su tiempo libre disfruta con el alpinismo y jugando fútbol.
Por su excepcional simpatía y sencillez, cuando McFarland estuvo la primera vez en Guatemala, durante el gobierno de Alfonso Portillo, hizo muchos buenos amigos, entre quienes tengo el honor de contarme, lo cual seguramente garantiza que su nueva gestión será grata y exitosa. Me complace expresarle mi más cordial saludo de bienvenida, que le pido compartir con su esposa Karin y sus cuatro hijos. Y le deseo una feliz y productiva permanencia en Guatemala.
* Divisiones en los tres poderes
El divisionismo que existe actualmente en Guatemala es tan grande que se manifiesta en los tres poderes del Estado: en el Ejecutivo, el Presidente de la República, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, anunció en una sorpresiva conferencia de prensa que tuvo lugar en Casa Presidencial que, aduciendo razones ?estrictamente personales?, el licenciado Juan Luis Florido le había presentado su renuncia al cargo de Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público (MP), y que él se la había aceptado; pero agregó que para resguardar su seguridad le había pedido incorporarse a la carrera diplomática, y se mencionó la posibilidad de que se fuese del país como embajador a Chile, a Uruguay, o a España… a pesar de que en este último país ya había presentado sus cartas credenciales al rey Juan Carlos I la señora Atalida Godínez Sazo, no obstante que es representante legal de la empresa Tiendas Libres de Guatemala, S.A. que pertenece a la empresa panameña Grupo Wisa que tiene la concesión para operar 10 establecimientos de ?duty free? en el aeropuerto La Aurora, lo cual está prohibido por la Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala que en el inciso v) del artículo 36, impide a los funcionarios y empleados del Servicio Diplomático aceptar representaciones individuales o colectivas, salvo cuando se trate de familiares en los grados de ley, sobre asuntos de interés privado, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, en todo caso, mandatos judiciales?. Sin embargo, esta prohibición les ha venido del Norte porque dicha persona es amiga personal de la señora Sandra Torres Casanova de Colom y, como dice la expresión popular, donde manda capitán no manda marinero. Como es bien sabido, la Constitución de la República dice en su artículo 251 que el MP es ?una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.? Y agrega ?Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica?, pero, como se ha demostrado tantas veces, esto es relativo porque por lo general el jefe del Ejecutivo es quien termina nombrándolo, y también destituyéndole, como acaba de suceder y se repite en los principales cargos en otras instituciones autónomas, tales como los de Procurador General de la Nación y de Presidente del Banco de Guatemala.
Pero hoy quiero referirme concretamente al hecho que no es verdad que el licenciado Florido haya presentado voluntariamente su renuncia al cargo de Fiscal General y Jefe del MP, sino que se la presentó porque se la exigió el presidente Colom por el hecho de no ser de su equipo político, y fue también el mandatario -y no Florido- el de la idea de que se incorporase como embajador al Servicio Diplomático.
Pero el licenciado Florido en ningún momento aceptó un cargo diplomático. Es más: al día siguiente de que se dio a conocer su “renuncia”, expresó ante un numeroso grupo de amigos que no tenía ningún deseo de aceptar el cargo de embajador que le propuso el presidente Colom. Pero en días recientes, primero fue el canciller Haroldo Rodas quien sorpresivamente declaró con muestras de disgusto no disimulado que no estaba informado de esa posibilidad, y después el propio presidente Colom dijo a los medios de comunicación que, ?lamentablemente, la lista de embajadores ya estaba completa y no había espacio para poder nombrar al licenciado Florido?. Lo cual evidencia, una vez más, la falta de sinceridad y seriedad del gobernante, porque el licenciado Florido nunca aceptó irse de embajador de este Gobierno a ningún país.
Por otra parte, el natural escándalo que se ha armado por la injustificada transferencia de Q640 mil que le hizo el alcalde de Sayaxché, Luis Alberto Navarijo, miembro del partido oficial UNE, a la señorita Christa Eugenia María Castañeda Torres, de 22 años de edad, hija menor de la señora Gloria Torres Casanova, cuñada del presidente Colom y hermana de la controversial señora Sandra Torres Casanova de Colom, denominada por tradición “primera dama de la Nación”.
Ya es bien sabido el relajo que se ha armado en el Congreso de la República por la marversación de Q82.8 millones que cometieron, supuestamente sin autorización, Byron Sánchez Corzo, secretario privado del doctor Eduardo Meyer Maldonado, presidente de la Junta Directiva, y el jefe de finanzas, José Conde, dos funcionarios de confianza, ya sea que él lo aprobó, lo consintió o lo toleró, al depositarlo a plazo fijo en la empresa de inversiones MDF, ganando un bajísimo interés.
Y en el poder Judicial, el clavo que hay porque el magistrado Rodolfo De León Molina, ex presidente del Organismo Judicial y la CSJ y actual vocal XII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se resiste a entregar el cargo al abogado Vladimir Aguilar, nombrado por el Congreso para sustituirle porque ya tiene más de 75 años de edad y el reglamento establece que todos los magistrados al cumplir esa edad deben presentar su renuncia.
Pero el veterano magistrado De León Molina se niega rotundamente a dejar el cargo y solicitó amparo a una Sala de Trabajo, al frente de la cual está un su pariente político y, naturalmente, lo obtuvo en pocos minutos. Hoy deberá resolver el caso en firme la Corte de Constitucionalidad. Pero ahora resulta que el magistrado De León Molina alega que hay una división política en ese organismo entre 7 magistrados que actualmente mantienen el control: los abogados Óscar Vásquez Oliva, Rubén Eliú Higueros, Beatriz De León Reyes, Gilberto Chacón, Leticia Secaira Pinto, Francisco De Mata Vela y De León Molina; y hay otros 7 que quieren sustituirles: los abogados Luis Fernando Fernández Molina, Eleázar López, Raúl Pacay Yalibat, Jorge Cabrera Hurtarte, Víctor Rivera Woltke, Carlos De León Córdova, y ahora se suma el licenciado Vladimir Aguilar, nombrado recientemente por el Congreso para sustituir al magistrado Deleón Molina.
¡Qué relajo de país!