¡Qué vergüenza para nuestra patria!

Traducción de un artículo publicado en un diario de los Estados Unidos
?Guatemalastan?: Cómo prevenir un Estado Fallido en nuestro medio
Cuando autoridades políticas de Washington calificaron a México como un estado “fallido?, las autoridades mexicanas se molestaron justamente con la calificación. De hecho, los expertos probablemente cometieron un tiro equivocado, porque la definición habría sido mejor utilizada para describir a la vecina Guatemala.
Desde hace mucho tiempo Guatemala ha sido un punto de transito de narcóticos hacia el norte. Tanto la geografía como la calidad institucional han ayudado en crear este rollo para el país. La densa selva de el Petén, en el norte de Guatemala, ofrece un buen asilo para actividades del tráfico de drogas, que a menudo ocurren bajo la mirada complaciente, si no la participación activa, de la única institución con presencia efectiva en todo el territorio de Guatemala: el establecimiento militar minado por la corrupción. De hecho, fuera del Ejército, el Estado de Guatemala es un ente muy débil según cualquier indicador que se aplique. Los ingresos al Estado por impuestos son el 12% de PIB, durante un tiempo entre las más bajas de América Latina.
Al principio del presente año, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, estimó en un entrevista con un periódico local que aproximadamente 300-400 toneladas de cocaína al año están pasando pasan por el país. Sin embargo, de acuerdo a estimaciones del gobierno estadounidense, en 2007 las capturas de cocaína en Guatemala llegaron a un miserable 730 kgs (comparado con las 13 y 27 toneladas métricas en Nicaragua y Costa Rica, respectivamente). Las pocas dudas que quedaban de la penetración de crimen organizado en las instituciones de Guatemala desaparecieron a principios de 2007 cuando 3 salvadoreños miembros del Parlamento Centroamericano fueron asesinados en camino a la ciudad de Guatemala, en lo que obviamente parece un crimen relacionado con drogas. Aún peor ocurrió un par de días después, cuando 4 policías de Guatemala, sospechosos de haber sido los autores del crimen, fueron asesinados en un cárcel de máxima seguridad en la cual estaban presos. En ese momento, enfrentado con un clamor internacional, el entonces Presidente Oscar Berger reconoció públicamente su incapacidad para garantizar la seguridad de los detenidos en una cárcel guatemalteca. Este reconocimiento de Berger implicó claramente que no se puede confiar en las instituciones de seguridad en Guatemala. De hecho, no se puede confiar en ellas. Según el Iberobarómetro 2008, un encuesta regional, solo un 25% de la población guatemalteca tiene alguna confianza en la Policía, mientras que solo un 15% confía en la Corte Constitucional y la Corte Suprema, en ambos casos entre las mas bajas de la región.
La penetración del crimen organizado en Guatemala agrega un combustible muy inestable a una mezcla que incluye niveles excepcionalmente altos de inequidad, oportunidades sumamente limitadas para la juventud, más la herencia perturbadora de una Guerra civil que duró cuatro décadas. Como es de esperar, Guatemala presenta algunos de los peores indicadores de violencia en el mundo. La tasa de homicidios se duplicó de 23 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 1999, a 45 en el 2006, alcanzando 108 en la ciudad de Guatemala, casi 3 veces más alto que actual la tasa de mortandad en Baghdad. Como punto comparativo, la tasa actual de homicidios en los Estados Unidos es 5.9 por 100,000 habitantes.
A pesar de los esfuerzos del actual Presidente Alvaro Colom ?él mismo actualmente bajo investigación por su supuesto papel en el asesinato de un empresario local?, Guatemala enfrenta un síndrome intratable de ilegalidad. La debilidad del Estado, la violencia extendida, la corrupción generalizada y la ubicación estratégica por el trafico de drogas, esta creando un cóctel muy peligroso. Es más, el pronóstico no es favorable. La situación en estos días en todos lados de Centroamérica tiende a empeorar si la ofensiva del gobierno mexicano contra los carteles de droga logra tomar control de nuevo sobre el territorio norteño de México. Evidencia de un aumento en actividad de los sindicatos del crimen mexicanos, incluyendo guerra por disputa de territorio entre ellos, es obvio por todo Centroamérica actualmente. La gran diferencia es, por supuesto, que la capacidad de los estados centroamericanos, y particularmente la del estado de Guatemala, para ejecutar la ley e imponer un control efectivo sobre su territorio es muy por debajo de Mexico y ciertamente por debajo de lo que necesita para enfrentar el horrendo reto a la seguridad que esta siendo encajado.
Guatemala esta experimentando un colapso institucional silencioso. En contraste con Afganistán o Somalia, sus instituciones parecen que están cayendo, lentamente, de una manera inconspícua, no percibida en las titulares de las noticias. Los Estados Unidos y sus países vecinos, que ciertamente van a estar afectados por la caida de valores en que Guatemala parece estar envuelta, se servirían mucho en prestar atención y comprometer recursos para prevenir tal resultado. Los aproximadamente $10-20 millones que han sido asignados a Guatemala por la Iniciativa Mérida para combatir el crimen organizado son exageradamente insuficientes para tener un impacto visible en el problema. Dado el alto nivel de corrupción en las instituciones que en Guatemala están encargadas de aplicar la ley, cualquier esfuerzo para reformarlos enfrenta difíciles posibilidades de éxito. Pero la alternativa es demasiado horrenda de contemplar.

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