Por disposición de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, el viernes pasado publicó el Diario de Centroamérica -órgano oficial del gobierno- la Resolución UIPSPPR 1-2009, por la cual se limita lo que ordena el artículo 30 de la Constitución de la República, Publicidad de los actos administrativos, que dice: ?Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos o de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia?, porque por un período de cinco años declara ?información reservada? las peticiones varias, solicitudes de audiencia, informes, correspondencia, invitaciones u otras gestiones dirigidas al Presidente de la República, al Secretario Privado de la Presidencia y a la Directora Ejecutiva de la Presidencia. Y, al mismo tiempo, con esto se viola el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que solamente la información relativa a asuntos militares o diplomáticos, relacionados con la seguridad nacional, pueden ser clasificados como reservada. Pero luego trascendió que éste no surgió propiamente del señor Gustavo Alejos Cámbara, sino fue un desafortunado parto leguleyesco del doctor Carlos Larios, secretario general de la Presidencia, indudablemente con el objetivo de obstaculizar que los medios de comunicación del país puedan publicar información que, por algunas razones, el gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres no desea que sea del conocimiento público.
Sin embargo, tal parece que se ha producido una rectificación, por la cual felicito al gobierno de Álvaro Colom en general y en particular al vicepresidente Rafael Espada.
*En Prensa Libre de ayer se publicó el siguiente reportaje:
Ejecutivo decidió crear consejo consultivo que evaluará solicitudes de información en asuntos de seguridad nacional.
Gobierno da marcha atrás en secretividad
Por Ricardo Quinto
Tras críticas de la sociedad, el Gobierno anunció ayer que dará marcha atrás en cuanto a la disposición de declarar secretos los archivos relacionados con algunas actividades del presidente Álvaro Colom.
“Yo no sé por qué se hacen bolas; si ellos leen la ley, y ahí todo está muy claro”. Rafael Espada, vicepresidente de la República.
El vicepresidente Rafael Espada reconoció ayer que fue un error la declaración de secretividad sobre la información del Ejecutivo, y culpó de ello al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y al secretario general, Carlos Larios.
El funcionario explicó que será creado un consejo consultivo que evaluará los casos en que los datos que se soliciten sean considerados de seguridad nacional, aunque adelantó que ?más del 90 por ciento de la información que llega a la Casa Presidencial es pública?.
Se complicaron
?Es una cosa fácil; yo no sé por qué se complicaron tanto. Lo hicieron directamente el secretario privado, Alejos, y el secretario general, Larios?, aseguró Espada.
Agregó que no entiende por qué esos dos funcionarios ?se hacen bolas. ?Ellos leen la ley, y ahí todo está muy claro?, manifestó.
?Ya hablamos con el presidente, y vamos a dejar sin efecto ese dictamen, y en su lugar vamos a crear un consejo consultivo?, comentó.
Este estaría integrado por el mismo Espada, abogados y constitucionalistas, agregó.
El viernes último, la Secretaría Privada de la Presidencia publicó en el Diario de Centro América la resolución UIPSPPR 1-2009, la cual declara como ?información reservada? peticiones varias, solicitudes de audiencia, informes, correspondencia, invitaciones y otras gestiones dirigidas a la Presidencia.
La iniciativa levantó voces críticas de quienes calificaron la medida de ilegal y mal ejemplo de la Presidencia para promover poca transparencia, y atropello a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Llamado
Espada exhortó a todas las dependencias del Estado a cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública.
?Hay que entender que la ley está sobre cualquier funcionario; nadie tiene que poner trabas, aunque creo que lo que pasa es que no tienen buenos asesores jurídicos?, comentó.
Varias entidades estatales y municipalidades han declarado en reserva información variada sobre su gestión.
ADEMÁS
Segundo tropezón
Esta es la segunda ocasión en que el Gobierno debe dar marcha atrás en un intento de querer ocultar información sin justificaciones ni base legal.
En abril último, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), publicó una resolución que clasificaba como secreto datos sobre el Fondo de Conservación Vial ?empresas contratistas del Estado?, de la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo de Telefonía.
Luego de las críticas que se levantaron por la clara violación a la Constitución y a la Ley de Acceso a la Información Pública, el CIV decidió dejar sin efecto la restricción, mediante la publicación de otra resolución. ?Ofrecemos disculpas a la población. Como humanos, aceptamos que cometimos un error?, expresó en esa época el ministro de Comunicaciones, Luis Alejos.
Opiniones
La ley es clara
La diputada Rosa María de Frade dijo que estará a la expectativa de la publicación de la derogatoria de la resolución. ?El presidente debe apegarse a lo que dice la Constitución y la ley de acceso. Si hay algún tema de seguridad nacional, se debe archivar el tema específico, pero no debe hacerlo de forma general?, advirtió.
Sin limitaciones
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, celebró el anuncio presidencial, pero advirtió que el consejo consultivo ?no debe ser limitación para entregar datos?.
?Me parece positivo que el Gobierno tenga un ente asesor para la ley de acceso, porque se nota que les hace falta?, puntualizó.
* Por otra parte, el Editorial de Prensa Libre de ayer dijo lo siguiente:
Abolición de una medida totalitaria
El desorden existente entre los altos círculos del Gobierno quedó evidenciado nuevamente este fin de semana, cuando primero fue publicada la decisión de considerar secretos por un período de cinco años los archivos de la correspondencia entre el presidente y sus secretarios, y el sábado el vicepresidente Rafael Espada se apresuró a informar que se dará marcha atrás hoy lunes, en evidente respuesta a las justificadas y numerosas críticas que provocó la decisión, tomada en secreto, por estar en abierta y clara oposición a la Ley de Acceso a la Información.
Pese a que semejante tontería será abolida, el hecho no se puede dejar de considerar como un ejemplo de las intenciones del actual gobierno para combatir hasta donde le sea posible el efecto positivo de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto se comprueba porque la decisión del gobierno presidido por Álvaro Colom fue tomada sin que se dijera una sola palabra, y solo se conoció cuando el tema fue publicado el viernes último en el Diario de Centro América.
El tema es preocupante, porque no se trata de un hecho aislado. Hace poco, ya el Ministerio de Comunicaciones había intentado declarar ?confidenciales? los datos sobre los contratos de esa cartera, en un verdadero y claro ejemplo del colmo del descaro. El Ministerio de la Defensa también ha actuado en esa línea de negar información, así como algunas comunas de la provincia. En el caso de la municipalidad capitalina, la forma para esconder la información y algunos de los requisitos legales ha sido a través de la integración de fideicomisos.
Se trata, entonces, de un verdadero contraataque de quienes sienten terror porque sean conocidas las interioridades del uso de los fondos públicos, así como de otro tipo de acciones y decisiones que, por haberlas tomado instituciones públicas, la población tiene todo el derecho de conocerlas y de exigir que la documentación respectiva le sea entregada sin ningún tipo de contratiempos, valladares ni pretextos.
Fueron risibles las declaraciones del ex financista electoral y ahora secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien aseguró que la Secretaría General ya había revisado el asunto y le dijo a él ?que no había problema?. Era imposible que el vicepresidente Rafael Espada estuviera enterado del tema, porque de lo contrario no se habría tomado la decisión que será abolida hoy. Es cuestión de elemental lógica y de darse cuenta de que tan enorme desatino solo incrementaría los motivos justificados de crítica y rechazo generalizados.
Los gobiernos de tendencias totalitarias se inclinan siempre por que no sea fácil conocer información de sus actividades. Esto facilita la corrupción, porque los candados dificultan que los funcionarios públicos puedan manejar a su antojo el dinero de los contribuyentes. A causa de medidas como esta, una de las tareas más importantes del Gobierno es demostrar que no pertenece al grupo de países latinoamericanos donde la democracia se encuentra moribunda a causa de las acciones presidenciales que llevan de hecho al regreso a la monarquía feudal.
* No obstante, el Editorial de hoy de elperiódico dice:
Gobierno limita información
“El viernes pasado fue publicada la resolución UIPSPPR 1-2009, dictada por el Secretario Privado de la Presidencia, por medio de la cual se declara como información reservada, por cinco años, las peticiones varias, solicitudes de audiencia, informes, correspondencia, invitaciones u otras gestiones dirigidas al Presidente, al Secretario Privado de la Presidencia, al Subsecretario Privado de la Presidencia y a la Directora Ejecutiva de la Presidencia.
De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la única información que puede clasificarse como reservada es la relativa a asuntos diplomáticos o militares relacionados con la seguridad nacional.
Asimismo, el Artículo 26 de dicha Ley dispone que para que una información pueda clasificarse como reservada debe indicarse que se encuentra dentro de los casos de excepción (asuntos diplomáticos o militares de seguridad nacional), que la liberación de la información pueda afectar el interés protegido por la ley y que se pruebe que el daño o perjuicio que pueda causar la liberación de información es mayor que el interés público por conocer la respectiva información. El Artículo 25 también establece que son nulas las resoluciones que clasifiquen como reservada una información sin que se ajuste a lo expresamente establecido en la misma y que, en todo caso, podrá interponerse el recurso de revisión contra la resolución que clasifique información como reservada, sin justificación ni fundamento legal.
En nuestra opinión, las peticiones varias, solicitudes de audiencia, informes, correspondencia, invitaciones u otras gestiones dirigidas a los cuatro funcionarios no son asuntos diplomáticos o militares de seguridad nacional, por lo que la referida resolución, además de nula, contraviene el Artículo 30 de la Constitución. Luego, el Secretario Privado de la Presidencia ha incurrido en el delito tipificado en el Artículo 423 del Código Penal, por virtud del cual se castiga con prisión de 1 a 2 años y multa de Q200 a Q 2 mil al funcionario o empleado público que dictare resoluciones contrarias a la Constitución.
De cualquier manera, esta no es la primera vez que el Gobierno intenta sustraerse del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. El programa gubernamental de transferencias condicionadas sigue manteniéndose bajo un absoluto secreto. Además, el oficialismo ha buscado afanosamente que la Corte de Constitucionalidad deje sin vigencia la indicada ley. ¡De dónde voluntad de transparencia!”
Pregunto: ¿Cuál de los dos medios de comunicación estará en lo cierto? ¡Pronto lo sabremos!
