* Estos errores se pagan caro
A raíz de la sustitución constitucional -porque no fue un golpe de Estado- del ingeniero Manuel Zelaya Rosales del cargo de Presidente de la hermana República de Honduras, por una orden escrita de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral de ese país, por lo que el Congreso Nacional tomó la decisión de que le sustituyese el presidente de ese organismo, Roberto Micheletti, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó de inmediato a una Asamblea de Cancilleres de los países del continente que, por unanimidad, decidieron expulsar a Honduras de la OEA y, por ende, desconocieron al gobierno de facto y reiteraron que el único gobierno hondureño que reconocían era el de Zelaya, por lo que, acto seguido, ordenaron a sus embajadores acreditados en Honduras que se retiraran, incluyendo al de los Estados Unidos de América.
Pero por lo menos uno de ellos, como el de Brasil, dejó un Encargado de Negocios a cargo de las instalaciones de su misión, que es donde actualmente Zelaya está refugiado en calidad de “invitado”, acompañado de más de medio centenar de sus seguidores; y desde allí, amparado en la inmunidad territorial de la que goza la sede de esa misión, se está dedicando a continuar actuando políticamente contra el gobierno que le defenestró, lo cual viola flagrantemente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Pero ahora, además, en sus reuniones en Nueva York con la Secretaria de Estado Hillary Clinton (quien, francamente, me está decepcionando porque la creí mucho más inteligente), estos países ahora se han percatado de que más que un error diplomático cometieron una pendejada al retirar a sus embajadores y declarar que no desean tener relación con el gobierno de Micheletti (quizás porque creían que no iba a resistir mucho tiempo la presión de la Comunidad Internacional), pero ahora han decidido que sus embajadores van a regresar a Tegucigalpa para tratar de mediar para que la crisis se resuelva diplomáticamente.
Mientras tanto, el pobre pueblo hondureño ha venido pagando demasiado caro la consecuencia de esos errores, porque les ha costado más de US$40 millones cada día que ese país ha pasado con toque de queda y demás problemas, además del riesgo que corren de que pueda desatarse en cualquier momento una confrontación violenta entre los partidarios de Zelaya y los de Micheletti. Dios quiera que la crisis se solucione pronto y pacíficamente para que los hondureños puedan volver a vivir en paz. Pero temo que Zelaya no va a dar su brazo a torcer en su obstinación por ser restituido en el poder… lo cual no van a aceptar de manera alguna quienes lo derrocaron.
* Price WaterHouse está en entredicho
Aunque pueda parecer extemporáneo hablar del caso del Banco del Café, S.A., empresa controladora y responsable de las demás empresas que conformaban el Grupo Financiero del País Bancafé, del cual era parte Bancafé International Bank, voy a referirme a ciertas irregularidades que ha habido en la denuncia que presentó la renombrada empresa de Auditoría norteamericana Price WaterHouse que, a solicitud del Ministerio Público, se tramita con el No. 1070-2009-00940 a cargo del Notificador 2o., en el Juzgado Décimo de lo Penal.
El motivo original del problema financiero del Bancafé International Bank fue la repentina y sorpresiva quiebra de Refco Inc., una empresa estadounidense que gozaba de prestigio bancario, en la cual Bancafé International Bank tenía en custodia valores que eran bonos soberanos de primer orden; y ante la cual era fiador y garante de un préstamo a Vipasa International. Aparentemente, eso fue lo que provocó que, inesperadamente, la Junta Monetaria haya dispuesto suspender las operaciones del Banco del Café Sociedad Anónima, por medio de la resolución JM-120-2006 de fecha 19 de octubre de 2006, a pesar de que todavía no había vencido el plazo del Plan de Regularización de la SuperIntendencia de Bancos,.
La denuncia se basa en operaciones financieras realizadas entre dicho banco y todas las demás empresas que se enuncian, entre la cuales aparece Vipasa International, las cuales sí eran personas jurídicas relacionadas o vinculadas aún cuando no formaban parte del Grupo Financiero. Consecuentemente, tales operaciones financieras no constituyen delito, según lo establecido en los artículos 3, 41 y 47 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros y en el Reglamento para Operaciones de Personas Vinculadas o Relacionadas, aprobado por la Junta Monetaria en la Resolución JM-107-2002. Además, debe tenerse presente que, de conformidad con las disposiciones legales citadas, los bancos están expresamente autorizados para realizar intermediación financiera bancaria, constituir depósitos, otorgar garantías, prestar avales, otorgar fianzas; asimismo, invertir en bonos y otorgar créditos.
Por los razonamientos antes resumidos, no constituyen delitos las operaciones financieras de Vipasa S.A. y otras empresas que se denunciaron ante el Juzgado 9o. de lo Penal (juicio No. 14291-2006 oficial 2o.). Es más, esta empresa no era administrada por un Consejo de Administración, por lo cual los miembros del Consejo de Administración del Banco del Café, S.A. no son responsables, ni penal ni civilmente, de las operaciones financieras objeto de la denuncia presentada ante dicho tribunal.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, en dos sentencias -una de las cuales ha sido confirmada por la Corte de Constitucionalidad (CC)-, ordena que los tribunales de Barbados son los competentes para todo lo relacionado con la suspensión de operaciones de Bancafé International Bank, por tratarse de una empresa Off Shore (“Fuera de Plaza”) que tiene su sede en ese país.
Finalmente, debe tenerse presente que los accionistas de Bancafé constituyeron el Fideicomiso FAS con las acciones de las empresas del Bancafé Grupo Financiero del País, y que de la liquidación de ese fideicomiso, al 20 de octubre de 2008 se habían pagado mas de Q.100 millones de quetzales, habiendo quedado pendiente de pago un saldo de Q.15 millones. Asimismo, cabe indicar que Bancafé International Bank tenía créditos otorgados y escriturados por un monto de mas o menos de US$32 millones, que al cobrarlos le permitiría disponer de mas fondos para pagar a sus depositantes e inversionistas, en adición a la suma que le asigno REFCO; y que CORFINA dispone de activos con los cuales también podrían hacerse pagos a clientes de Bancafé, Vipasa y Bancafé International.
Por consiguiente, Price WaterHouse debe continuar pagando lo que falta de los US$54 millones que REFCO dispuso devolver al Bancafé International Bank, y de los cuales, según tengo entendido por las publicaciones de prensa, solamente ha pagado alrededor de US$27.8 millones. Esto me hace plantear la pregunta: ¿Qué está esperando Price WaterHouse para terminar de pagar el resto de la cantidad de quetzales que se le confió en el fideicomiso para que los distribuya entre los depositarios del Bancafé, International Bank? Ya es hora de que lo haga en vez de seguir planteando demandas infundadas contra los accionistas y funcionarios de ese banco.
* Extraña lentitud en fallo de la CC
Y aprovechando que hablo de este tema, hay un caso relacionado con lo mismo que me llama poderosamente la atención. Cuando ocurrió el cierre de operaciones de Bancafé, S.A., por sorpresiva decisión de la Superintendencia de Bancos, éste solicitó a un tribunal que designara a un abogado para representar los intereses de los demandados, lo cual parece algo totalmente inaudito porque no es lógico que en un juicio la parte acusadora designe al abogado defensor de la parte acusada, lo cual es violatorio a la Constitución de la República. En esta situación, Bancafé, S.A. presentó un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto ante un juzgado rechazando la medida y el juez falló a favor de los recurrentes. Pero entonces la Superintendencia de Bancos apeló ante la Corte de Constitucionalidad, lo cual es otro caso inaudito, por cuanto se estaba negando el derecho constitucional de defensa contenido en el artículo 12 de la Carta Magna. No obstante, la CC recibió la solicitud para revocar el amparo otorgado por el juez a los representantes de Bancafé, S.A. Pero, aunque ni el propio Ripley lo podría creer, un caso que debió ser resuelto en dos o tres meses, a más tardar, los flamantes magistrados de la CC llevan más de un año sin resolverlo de una u otra manera.
*Diplomacia intervencionista y expansionista de Chávez
El denominado Grupo Ávila, de Venezuela, me ha enviado por correo electrónico el siguiente artículo que reproduzco porque lo considero de interés.
La auto proclamada ?Revolución Bolivariana? ha desmantelado el servicio exterior venezolano. La Cancillería ha sido poblada con funcionarios que no cuentan ni con la formación ni con las calificaciones necesarias para ejercer la función diplomática.
El objetivo cada día más nítido del intervencionismo chavista en la región es replicar el actual régimen venezolano que es supresor progresivo de libertades, de la vigencia y respeto de los derechos humanos, del valor del voto, de contrapesos, controles y de alternabilidad en el ejercicio del poder, usando simultánea y selectivamente como instrumentos las funciones legislativa y judicial, la promoción del resentimiento, la confrontación social, la represión, la violencia, el engaño, el miedo y la disposición perversa de los recursos de la nación. Por lo que respecta a políticas públicas, el chavismo experimenta con esquemas comprobadamente productores de miseria y castradores de iniciativa ciudadana. Al propio tiempo, el gobierno chavista gestiona la conformación de alianzas fuera de la región con gobiernos en los que descollen algunas de las anteriores características.
El desempeño internacional del régimen chavista es antítesis de los valores y principios que orientaron la actuación internacional de Venezuela a lo largo cuatro décadas. En efecto, entre los avances de la Venezuela democrática a partir de 1958 hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, hay que señalar la formación de un cuerpo de profesionales que integraron el Servicio Exterior bajo la ley de 1961, la cual reservó el 50% de los cargos de embajador para funcionarios de carrera. Estas normas fueron respetadas por los distintos gobiernos democráticos y para mediados de la década de los 90 el porcentaje de funcionarios de carrera superaba el 80% del total.
El 2001 fue promulgada una nueva la ley del servicio exterior que fue reformada en el 2005 y la cual, entre otras cosas, estableció que “el presidente designará los jefes de todas las misiones diplomáticas”. En el 2007 fue aprobada otra reforma según la cual “todos los cargos de la Cancillería, tanto del servicio interno como externo serán de libre nombramiento y remoción”. Está próxima a aprobarse una tercera reforma de la ley que dejará al arbitrio del presidente la designación de todos los jefes de misiones diplomáticas y consulares de la República. El proyecto en curso de aprobación, tiene netos vicios de inconstitucionalidad, es incompatible con el ordenamiento jurídico interno, contraviene varios instrumentos internacionales y carece de técnica legislativa, pero más allá de ello, está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013- y con el capítulo de la Política Internacional en la propuesta Reforma Constitucional -rechazada con votos pero igualmente en proceso de implantación paulatina- que planteaba ?socializar las relaciones internacionales e impulsar o difundir el proyecto socialista a nivel internacional?. (Se refiere, desde luego, a la versión propia que el régimen chavista denomina “Socialismo Siglo XXI”). El proyecto se apresta a legalizar dos connotaciones hoy presentes en la Cancillería venezolana, cuales son un funcionariado diplomático y consular adiestrado con absoluta prioridad, en “inocular” el ideario y procederes chavistas, cuyas posibilidades de efectividad son, desde luego, inversamente proporcionales a la fortaleza institucional y al equilibrio social del país receptor y constituye, también, un instrumento más de discriminación política porque se encamina a excluir a cuanto venezolano carezca de la disposición para propagar los postulados chavistas mal o bien disfrazados, aunque tenga óptima capacitación para la función diplomática.
Siendo la expansión del modelo chavista -arropado de falso bolivarianismo o presentado como Socialismo Siglo XXI-, más allá de nuestras fronteras, un objetivo prioritario de la actual política exterior, es previsible que con el funcionariado ocurriese algo similar a lo que el régimen hizo con los trabajadores de PDVSA, con el personal de las ?misiones? o programas sociales y está en camino de hacer con los profesores y estudiantes mediante la recién sancionada Ley de Educación.
Los valores de convivencia pacífica y de respeto mutuo se avizoran más y más ausentes en la gestión exterior de Venezuela con el presente gobierno, para pesar e inquietud de los venezolanos comprometidos con la democracia. Al mismo tiempo, la creciente presencia de factores provenientes de países como Irán en nuestro territorio así como la entrega de servicios de la administración venezolana al castrismo cubano, perturban nuestro espíritu libertario y venezolanista e igualmente nos plantean serias interrogantes sobre el posible uso de nuestro suelo patrio para actividades adversas a la paz y en contra de naciones amigas.
