* A las 8:45 de anoche
El programa periodístico de televisión titulado A las 8:45, que transmite el canal Antigua, ha cambiado su formato y ya no comienza como lo hacía antes, con el reportero Mario Rosales leyendo las noticias del día (sin ningún carisma, lamentablemente) y después presentaba al director, periodista Juan Luis Font, quien comentaba algún tema, pero aunque reconozco que mi amigo Font es buen director de elPeriódico y fue excelente su participación en el gustado programa de radio titulado A primera Hora, de la cadena Emisoras Unidas, le aconsejo cordialmente que vaya a tomar algún curso de cómo se debe comportar ante las cámaras de televisión, porque no luce todo lo bien que seguramente podría lucir con un poco más de estudio. Con el nuevo formato es al revés, Font comienza leyendo las noticias y luego presenta a Rosales, (como debe ser porque Font es la figura principal del programa). Por otra parte, está siendo anunciado que es diferente a los demás noticiarios “porque es presentado por periodistas y no por presentadores”, lo cual explica sus deficiencias y parece un innecesario menosprecio a la competencia. En el primer segmento presentaron anoche como invitados al coronel retirado y analista de seguridad, Mario Mérida, ex vice ministro de Gobernación y columnista de elPeriódico, y al diputado del Partido Patriota (PP) Gudy Rivera Estrada, quienes abordaron el tema de la invitación de la diputada Ingrid Roxana Baldetti Elías a la señora Sandra Torres Casanova de Colom para acudir al Congreso a responder unas cuantas preguntas sobre el programa de Cohesión Social, y la desafortunada respuesta de ésta por medio de la diputada del partido oficial Delia Emilda Bac Alvarado de Monte, la misma a quien hace algunos meses se obligó a devolver los viáticos que le habían dado para hacer un viaje a Francia al que supuestamente había sido invitada a una reunión, pero para sorpresa general se descubrió que no había tal reunión; y el diputado Rivera habló de “falta de moralidad”, lo cual suena un poco extraño viniendo de un político. Sinceramente, la diputada Bac demostró con su respuesta que es excesivamente agresiva y tiene poca clase. La otra comentarista con Font en esta oportunidad fue la conocida periodista Dina Fernández, también columnista de elPeriódico. En el siguiente segmento se habló de la discutida reanudación del contrato 285 para la explotación petrolera en el pozo Xan y los invitados fueron el dirigente sindical Luis Chávez, quien se manifestó totalmente en favor a la reanudación del contrato, y dio sus razones para ello, entre ellas que esas tierras están siendo invadidas por ganaderos; y el licenciado Ramón Cadena hijo, de la Corte Internacional de Juristas quien, como lo ha venido haciendo reiteradamente, se manifestó apasionadamente en contra de la reanudación del contrato por 15 años y adujo que sería una “competencia desleal”. Dijo también que hay que proteger los “humedales”, pero se le explicó que éstos ya están prácticamente destruídos, y entonces agregó que en general la actividad petrolera en la Laguna del Tigre es contraria a lo que establece el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y muy dañino para todos los guatemaltecos y para el resto del mundo, y comparó el caso con el Rabinal Achí. ¡Qué bárbaro! ¡Hasta dónde pueden llevarle los apasionamientos! Sinceramente, si no fuese porque creo que el licenciado Cadena es una persona honorable (digno hijo de su padre), podría sospechar que tiene algún interés particular inconfesado ($$$) en que no se prorrogue ese contrato. Francamente, a mí no me convenció con sus argumentos, ni creo que haya podido convencer a muchos de los televidentes. Me pareció que tanto Font como Dina quedaron convencidos de la conveniencia de reanudar el contrato… ¡y yo también! Ojalá que el presidente Colom no se deje convencer por opiniones interesadas en que no se reanude el contrato o por los fanáticos ambientalistas que se oponen irracionalmente a que sean explotados los recursos naturales del país para incrementar los ingresos. ¡Todos los países del mundo que tienen petróleo lo explotan! Nuestro vecino México está incrementando la exploración y la explotación petrolera y para ello están hablando de la posibilidad de transformar a Pemex en una empresa mixta, propiedad del Estado con inversionistas entrajeros. ¿Por qué nuestro país no puede explotar el petróleo que tiene?
* Invitación y contra-invitación
Diputada Roxana Baldetti, jefa de la bancada del Partido Patriota
La diputada Ingrid Roxana Baldetti Elías, jefa de la bancada del Partido Patriota (PP), extendió una invitación a la señora Sandra Torres Casanova de Colom -denominada tradicionalmente “primera dama de la Nación” por el hecho de ser la esposa del mandatario-, para acudir al Congreso de la República a explicar ciertos gastos millonarios del discutido programa denominado Cohesión Social que está bajo su coordinación; pero, a manera de respuesta, las diputadas de la bancada del partido oficial, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), respondieron en nombre de la señora de Colom, en forma altanera y a todas luces amenazante, acusándolas de que también ellas tienen “cola que les machuquen”. Otra cosa muy distinta habría sido que las hubiese invitado ella misma y de manera cordial y respetuosa. Por lo que la diputada Baldetti les respondió que ella no tiene por qué acudir a Casa Presidencial y, en cambio, la señora de Colom está obligada a acudir al Congreso de la República porque así lo establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto número 63-94 del Congreso de la República que dice en su artículo 4:
Declaración de Funcionarios Públicos. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste, sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones legislativas.
En caso de no hacerlo se formulará ante los órganos competentes la denuncia en su contra para que sean sancionados penalmente.
“Todas las declaraciones vertidas en este caso serán prestadas bajo juramento solemne de decir verdad y previa protesta que le tomará el presidente del Congreso, presidente de comisión o jefe de bloque legislativo, según se trate.
Independientemente de su participación directa, los funcionarios o empleados públicos deberán proporcionar por escrito la información solicitada”.
Empero, la abogada Lea Deleón afirma que la señora de Colom no está obligada a acudir a la invitación de las diputadas de oposición porque no es funcionaria pública. Sin embargo, esa misma ley agrega lo siguiente:
“Los particulares podrán ser citados a declarar ante el Congreso de la República mediante citación que exprese claramente el objeto de la misma y siempre que su presencia se requiera para tratar de asuntos relacionados con negocios con el Estado”. Sigue diciendo:
“En todos estos casos los declarantes tendrán derecho a hacerse asesorar por profesionales de su elección; pero, los asesores no podrán intervenir directamente ni contestar lo que se les hubiere preguntado a aquellos”.
Termina diciendo: “Todas las personas, individuales o jurídicas, que manejen, administren, custodien o reciban por cualquier medio recursos del Estado, están obligadas a acudir, cuando sean citadas, al Pleno del Congreso de la República”, concluye.
* Artículo de la reportera Kenia Reyes de elPeriódico:
Reunión sí, pero en Casa Presidencial
Sandra Torres invitó a diputadas de oposición. Congresistas del partido oficial hicieron el ofrecimiento, pero el llamado pasó de lo cordial a lo agresivo.
- Foto: José M. Lam
- Las diputadas oficialistas Dolores Beltrán, Thelma Ramírez y Mauri Estrada durante la conferencia de prensa. Falta Delia Emilda Bac.
- ¿Debe llegar o no Sandra Torres al Congreso?
- Sandra Torres Casanova, esposa del Presidente de la República.
- La abogada Lea de León explica que ella (la señora Sandra de Colom) no tiene la calidad de funcionario público aunque esté manejando fondos estatales en calidad de coordinadora.
“Creo que se debería hacer la consulta de este caso a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se pronuncien, pero mientras no tenga un nombramiento como funcionaria pública no está obligada a llegar”, indicó la susodicha abogada.
“Talvez no sea obligación legal presentarse al Congreso, pero llegar es una responsabilidad política, y la mejor manera de resolver el debate sobre este tema es sentarse y discutirlo, pues es la coordinadora del Consejo de Cohesión Social”, dijo por su parte Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
Sin sobre ni tarjeta fue presentada ayer la invitación de la esposa del Presidente, Sandra Torres, a tres diputadas de oposición para reunirse en Casa Presidencial donde puedan discutir el tema del Consejo de Cohesión Social (CCS).
Pero la cita a una reunión con Nineth Montenegro, Rosa María de Frade y Roxana Baldetti no la realizó Torres de manera directa. Fue a través de una llamada telefónica en la cual ordenó a las parlamentarias de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que convocaran a una conferencia de prensa para hacerlo saber.
“En la cita estarán presentes, junto a la Primera Dama, su grupo de asesores y personal del Consejo de Cohesión Social, para que ellas –las diputadas– hagan las preguntas que deseen sobre este proyecto de nación”, explicó Delia Back, legisladora de la UNE.
Montenegro, De Frade y Baldetti mantienen una férrea fiscalización a los programas sociales dirigidos por Torres. La esposa del Presidente, incluso, ya envió una misiva a la bancada patriota para excusarse de asistir a una invitación realizada antes de la Semana Santa para tratar el tema.
Cambia tono
Pero la invitación cordial de las congresistas a sus colegas se tornó agresiva cuando se les cuestionó: por qué la esposa del Presidente no acudía a las citaciones que se le han solicitado. En respuesta, indicaron que las diputadas de oposición no pueden hablar de transparencia o nepotismo pues tienen “la cola machucada”.
Back señaló que “en el caso de la jefa de bancada del Partido Patriota, tiene casas en el puerto y hasta un chalé en la zona 14, en el caso de De Frade, ella fue la vocera del ex presidente, Óscar Berger”. Y fue más allá: “¿cómo hablamos de nepotismo cuando Nineth –Montenegro– tenía a su hermano de asesor?, y agregó: “o quieren que les saquemos una lista. Lo que estamos haciendo es una invitación y pedimos que dejemos los shows políticos”, recalcó.
La respuesta
Diputada del partido Encuentro por Guatemala Nineth Montenegro
En respuesta, Montenegro refirió que ella no bajará el canasto como lo hicieron las congresistas de la UNE. “¿Cómo pretenden que nos reunamos con ellos si primero intimidan? preguntó. Además, yo no he recibido ninguna invitación de la Primera Dama”, agregó.
De Frade dijo no poder opinar al respecto de esta situación pues aún no cuenta con una invitación por parte de Torres. “Nadie puede hablar por otra persona, no tiene que hacerlo por terceras, si la Primera Dama está invitando pues que sea ella la que nos lo diga”, recalcó.
elPeriódico intentó obtener la versión de Baldetti, pero no atendió las llamadas. La congresista citó en marzo a Torres para que explique el trabajo de coordinación ante el Consejo, sin embargo, no llegó pues se excusó de no tener espacio en su agenda de trabajo para llegar al Congreso. (Fin del artículo)
* Editorial de Prensa Libre de hoy
Una defensa desafortunada
Desafortunada y contraproducente, por denotar desconocimientos básicos del papel de los parlamentarios, son dos términos que definen la defensa que ayer seis diputadas oficialistas hicieron de la esposa del presidente, Sandra Torres de Colom, en referencia al controversial programa Mi Familia Progresa, que al no haber permitido el Gobierno su fiscalización, se ha convertido en una fuente de justificadas críticas a la administración de Álvaro Colom.
Para las legisladoras uneístas constituye “una falta de respeto” que una representante de la oposición haya citado a la señora de Colom al Congreso de la República. Esto simplemente carece de sentido alguno. Una diputación es un puesto que se gana en las urnas, y por ello tiene mayor jerarquía política que uno como el desempeñado por la esposa del primer mandatario de la Nación, quien es nombrada.
El problema radica en que muchos miles de millones de quetzales pasan directa o indirectamente a través del también criticado Consejo de Cohesión Social, y debido a ello se justifican y tienen base tanto legal como de teoría política las acciones promovidas por las congresistas opositoras Roxana Baldetti, del Partido Patriota; Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y Rosa María de Frade, de la Bancada Guatemala.
Según las diputadas de la UNE, de parte de las opositoras existe la intención de hacer un show político. Puede ser y es parte del juego político. No se han salido de las posibilidades de acción que les permiten sus cargos. Y cuando señalan que las congresistas Baldetti, Montenegro y De Frade tienen actitudes supuestamente cuestionables en su haber, también el mismo juego político permite acciones de respuesta, que indudablemente las defensoras desconocen.
El argumento de que la señora de Colom no es sujeta a citación de los diputados resulta ser el peor de todos. Si esto es cierto, le quita la categoría de funcionaria, que encaja aun en el caso de no percibir salario. El punto clave es que maneja fondos. El Consejo de Cohesión Social se arriesga si se le quiere dar la misma categoría de los fideicomisos con fondos del Estado, como los de la municipalidad capitalina, como una manera de escapar de la fiscalización realizada por alguno de los entes estatales encargados.
Todas estas acciones de supuesta defensa a favor de la esposa del presidente, incluidas las intentonas de buscar subterfugios para no dar información y luego de entregarla como fue hecho, al ser conocidas por la ciudadanía guatemalteca gracias a las informaciones de la prensa independiente, provocan la merma de la confianza popular en las más altas esferas del actual gobierno, y entonces el efecto contraproducente se afianza como consecuencia de las constantes repeticiones de que este es “el gobierno de Álvaro Colom”.
Estas son las causas por las que la señora de Colom debería pedirles a las legisladoras uneístas mejor guardar silencio, y si en realidad desea que termine la justificada crítica opositora, actuar de acuerdo con la ley.
* Despilfarro populista
El gobierno de Álvaro Colom (y de su esposa Sandra) se permitió el abuso de derrochar Q11 millones durante los días de la llamada “semana santa” para pagar el transporte de numerosas personas a la playa del puerto San José. En ninguna parte de la Constitución de la República está establecido que ésta sea una de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Es indudable que fue otra de tantas medidas populistas para congraciarse con quienes fueron favorecidos para obtener sus votos en las próximas elecciones. Supongo que la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público tendrán algo que decir al respecto. Pero hasta el momento no han dicho ni siquiera “esta boca es mía”.
* Columna de Gustavo Berganza en elPeriódico
Doña Sandra quiere un museo
Sandra Torres, llamada “Primera Dama de la Nación”
Ultraje anunciado a un monumento.
Los programas de Cohesión Social son las joyas de la corona que un día, suponemos, quisiera ostentar doña Sandra Torres Casanova. A tal grado son valiosos para nuestra presidenta de facto, que por ellos no tiene empacho en violar la ley y hacer lucir como lambiscón a un prestigiado Ministro de Educación.
No es de extrañar entonces que “La Doña” haya ido de shopping a fines del año pasado para evaluar inmuebles propiedad del Estado, y escoger entre ellos una sede para instalar las oficinas de sus dependencias. A doña Sandra no le basta el edificio que ocupa Mi Familia Progresa en la vieja sede de la portuaria Santo Tomás de Castilla, ni el ex Banco del Ejército ni, tampoco, la inmensa planta alta del Econosuper aledaño al Parque Centenario. Por lo visto, a como va la burocratización de Cohesión Social y los ilimitados recursos con que opera –en una época de crisis presupuestaria, en vez de encogerse, engulle cada vez más transferencias– los inmuebles que ocupa ya le van quedando pequeños al personal y al ego de doña Sandra.
Por eso, doña Sandra ha ordenado a Jerónimo Lancerio –el ministro de Cultura que no entiende nada de Cultura– desalojar el Museo Nacional de Historia para instalar ahí sus oficinas. Para ello, van a arrumbar en el Palacio Nacional la valiosa colección del museo, y uno de los hermosos inmuebles que perduran del período de José María Reyna Barrios será sacrificado en honor de la vanidad y apetitos de nuestra presidenta de facto.
Imagínense ustedes, este valioso palacio, una afortunada interpretación local del Renacimiento francés, diseñado por José de Bustamante, ¡va a ser mancillado con tabiques de madera y tablayeso para hacerle cubículos a los sicofantes de “La Doña”! Cada mañana, sus señoriales escalinatas de hierro, magistralmente fundidas en los talleres de Ayau y Witting, sufrirán el paso de una horda de burócratas afanados en complacer los caprichos de la señora Torres.
Algo hay que hacer para evitar este ultraje que permite la ignorancia del Ministro de Cultura y la peligrosa pasividad de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. No puede ser que este edificio, que fuera declarado Monumento Nacional Categoría A y, en consecuencia, es un inmueble que no puede sufrir modificación alguna, vaya a ser desfigurado de esa manera. Eso sería echar por tierra 20 años de restauración sufrida y paciente, que lo llevó a recuperar el esplendor original con el que fuera inaugurado el 16 de septiembre de 1896.
Su uso actual como Museo Nacional de Historia ha permitido conservarlo y mostrar la belleza de sus ambientes. Es el escaparate perfecto para mostrar la colección que nos explica como sociedad y como Estado. En el Palacio, simplemente no hay espacio para exhibirla como se presenta ahora en su sede actual.
Recuerden ustedes de lo que ha sido capaz la señora Torres Casanova en su afán de imponer su voluntad. Por esa razón, hay que oponer toda la resistencia que la ley permite e impedir que “La Doña” ultraje este valioso monumento nacional.
* Editorial de elPeriódico de hoy
Reelección de Insulza
El chileno José Miguel Insulza fue reelecto, por aclamación, como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para un período de funciones de 5 años, ante la ausencia de candidatos alternativos. Insulza decidió postularse de nuevo después de que falló en su intento por ser ungido como candidato a la presidencia de Chile por los partidos de la Concertación.
Durante la gestión de Insulza la OEA se devaluó significativamente, al punto de ser considerada como un espacio intrascendente e ineficaz. Insulza pecó de inconsistencia. Por ejemplo, por un lado, fue muy severo de cara a la crisis hondureña, pero, por otro, extremadamente tolerante con el socavamiento de las instituciones democráticas desde dentro en los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Insulza tampoco ha sido suficientemente categórico con respecto a las violaciones de derechos humanos en algunos Estados miembros. El Gobierno venezolano, ante un reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), insultó al secretario de esta, Santiago Cantón, y amenazó con separar a Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). No hubo una riposta contundente de Insulza.
La prensa independiente se encuentra bajo ataque del oficialismo en Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Argentina y Venezuela. No obstante, Insulza se mantiene a distancia desde que fue insultado por el presidente Hugo Chávez en Venezuela, a raíz del hostigamiento contra Radio Caracas Venezuela (RCTV), en enero del año 2007.
En septiembre de 2008, el Gobierno venezolano expulsó a José Miguel Vivanco, director de Humans Rights Watch, después de que este presentó un informe sobre violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela. Insulza tampoco reaccionó como se esperaba. Insulza tiene por delante 4 grandes desafíos: a) la reforma de la Carta Democrática Interamericana, para que la OEA disponga de capacidad operativa para prevenir crisis e impedir la erosión de la democracia institucional en los países miembros; b) la posición de la OEA en relación al surgimiento de la denominada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como organización alternativa a la OEA; c) la posición de la OEA frente al deterioro de los derechos humanos en Cuba; y d) el apoyo de la OEA a la CIDH en la protección y defensa de los derechos humanos.” (Fin del Editorial de elPeriódico)