* Debe respetar la citación del Congreso
Señora Sandra Torres Casanova de Colom
Por segunda vez, la señora Sandra Torres Casanova, tradicionalmente denominada “primera dama de la nación” por el hecho de ser la esposa del Presidente de la República, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, no ha acudido a la citación que le ha hecho reiteradamente la bancada de diputados de oposición del Partido Patriota (PP) para que el proyecto denominado Cohesión Social, a su cargo, explique en qué se está gastando una respetable cantidad de millones de quetzales del presupuesto nacional desde el principio del actual gobierno, con lo que han venido empadronando a los beneficiados, por lo cual no es difícil sospechar que lo hacen con el objetivo político de enriquecer la lista de afiliados del partido oficial Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y ganar adeptos para que voten en las próximas elecciones generales por la candidatura presidencial de ella. Porque ya no cabe la menor duda de que esta señora está empecinada en ser la sucesora de su esposo, el actual mandatario, a pesar de las restricciones constitucionales que en años pasados fueron aplicadas por la Corte de Constitucionalidad (CC) tanto a la señora María Teresa Sosa de Ríos, esposa del general Efraín Ríos Montt, como también a la licenciada Raquel Blandón de Cerezo, esposa del licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo (19, ex presidente de la República. O sea que el susodicho Proyecto de Cohesión Social está gastando millones de quetzales del pueblo para promover la candidatura presidencial de la señora Torres Casanova de Colom. ¡Lo cual no se vale!
Esta actitud de intolerante soberbia, a todas luces prepotente, de parte de la llamada “primera dama de la nación” no favorece sus aspiraciones de ser electa Presidenta de la República, porque cabe preguntarse si así es ahora que solamente es la cónyuge del actual mandatario, ¿cómo podría ser en la Presidencia de la República? Asimismo, si se empecina en no acatar el llamado, se expone a que pueda ser llevada ante los tribunales acusada de desacato al Organismo Legislativo y que pueda ser “conducida” por las autoridades.
Diputada Roxana Baldetti, jefa de la bancada de oposición del PP
La diputada Ingrid Roxana Baldetti Elías, jefa de la bancada de diputados de oposición del Partido Patriota, que obviamente volverá a lanzar la candidatura del general Otto Pérez Molina, quien quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas y compitió en la Segunda Vuelta Electoral, ha venido insistiendo en que la señora Torres Casanova de Colom se presente a rendir cuentas, pero la primera vez que esta señora fue citada respondió en forma amenazante y con arrogancia por medio del bloque de diputadas del partido en el gobierno que si querían hablarle acudieran a Casa Presidencial “a tomar un cafecito” con ella, argumentando que no está obligada a comparecer ante las bancadas de diputados porque no es funcionaria pública, no obstante que, como es bien sabido, ha sido nombrada primero “Coordinadora” y después “Presidenta” del citado Proyecto de Cohesión Social. Por otra parte, la Constitución de la República establece en su artículo 168 la obligación de acatar las citaciones del Congreso y, además, el artículo 4o. de la Ley del Organismo Legislativo ratifica que aún las personas particulares están obligadas a acatar esas citaciones, como bien lo explicó el autorizado profesional constitucionalista licenciado Gabriel Orellana, ex Canciller de la República, quien en una entrevista que le hizo la periodista Lesly Véliz y fue publicada recientemente en el diario Siglo Veintiuno declaró categóricamente: “Sandra Torres tiene obligación de comparecer como persona particular. No tiene motivo legal justificado alguno que la exima de su obligación de presentarse al Congreso”. Sin embargo, tanto Sandra Torres como su marido, el presidente Colom, insisten en negar que sea su obligación acatar la citación de una bancada de diputados del Poder Legislativo.
* Según Serrano Elías él no hizo nada malo
Ingeniero Jorge Serrano Elías, 29 Presidente de la República.
El ingeniero Jorge Serrano Elías Serrano Jorge Serrano Elías es un ex-presidente de la República de Guatemala que gobernó consititucionalmente de 1991 a 1993 y presidió una corta dictadura de siete días al cabo de un autogolpe de estado. Debido a su fallido régimen de facto se le conoce como el “aprendiz de dictador”. Nació en la ciudad de Guatemala, hijo de Jorge Adán Serrano, destacado abogado y político guatemalteco que luchó contra el presidente Jorge Ubico en los años cuarenta y fue ministro de Gobernación con el gobierno de facto del coronel Carlos Castillo Armas) y de la libanesa Rosa Elías de Serrano.
Durante sus años de estudiante ocupó diferentes puestos como dirigente estudiantil y perteneció a la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU ) en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ganó en México y Panamá un concurso regional de Oratoria. Después de haber sido muchos años un fanático católico, finales de los años 70 se convirtió en evangélico pentecostal.
Antes de su llegada a la presidencia, participó en el año de 1982 en el Consejo de Estado, un parlamento de fachada creado durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt.
Posteriormente, fue miembro de la comisión de los partidos políticos de oposición de 1988 a 1990 durante el gobierno de Vinicio Cerezo. Participó en la Delegación Nacional de Reconciliación Nacional, acompañado del actual arzobispo y cardenal de Guatemala Rodolfo Quezada Toruño y de la señora Teresa Bolaños de Zarco, quienes juntos firmaron el acuerdo básico para la búsqueda de la paz con la guerrilla representada por la URNG, en Oslo (Noruega) en el mes de marzo de 1990.
Por esos años fundó el partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS) y fue candidato a la presidencia en 1990 postulado por el mismo partido, ganando las elecciones en segunda vuelta electoral al periodista Jorge Carpio Nicolle, asesinado en el año de 1994.
Durante su gobierno, Serrano Elías reconoció la independencia de Belice, territorio por el cual Guatemala sostuvo una larga e infructuosa lucha diplomática; desde entonces Guatemala carece de oportunidades de futuras negociaciones o reclamos; también en esa etapa se creó el llamado Bono 14, que es un sueldo adicional para todos los trabajadores. En su gobierno se continuaron las negociaciones de paz con la guerrila, las cuales culminaron en la firma de la paz firme y duradera a principios del posterior periodo presidencial presidido por Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000).
El fin de su gobierno lo selló un autogolpe de Estado conocido coloquialmente como el ” Serranazo ” el 25 de junio de 1993, imitando lo que había hecho tres meses antes en el Perú el presidente Alberto Fujimori. Esta medida, a todas luces inconstitucional, incluyó disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, entre otras instituciones. El 1 de junio la Corte de Constitucionalidad a cargo del licenciado Epaminondas González emitió un dictamen de inconstitucionalidad al autogolpe promovido por Serrano Elías, que de cara al abandono del respaldo del Ejército, lo obligó a huir primero a San Salvador y después a la ciudad de Panamá, donde se convirtió en un importante inversionista en bienas raíces.
La prensa de Guatemala ha sido incisiva y crítica con las finanzas del ex-presidente Serrano Elías, a lo que él ha argumentado sin pruebas que la misma es manejada por “poderes oscuros” de la cúpula empresarial. Sin embargo es innegable su “repentina y sorprendente” bonanza económica, ya que pasó de tener fuertes deudas personales, al inicio de su gestión como Presidente de la República, a ser un acaudalado inversionista en Panamá, donde actualmente radica y es propietario y accionista de varias empresas vinculadas al sector de la construcción y del entretenimiento.
En una reciente entrevista radiofónica, Serrano Elías puso en juego su comprobada capacidad de oratoria para tratar de defenderse de los cargos que se le hacen al volver a dar vigencia a la intención del Ministerio Público de pedir su extradición para juzgarle por los delitos de los que se le acusa. Pero él dice que no ha hecho nada delictivo, como si fuese un grave delito violar la Constitución de la República al tratar de cancelar los otros dos poderes del Estado cuando dio el llamado “Serranazo” y destituyó a los poderes Legislativo y Judicial. Además, insiste en que nunca se adueñó indebidamente de fondos del Estado, a pesar de que siempre reconocía a todos sus interlocutores que guardaba los fondos “confidenciales” que, según él, le pertenecían.