La triste historia de nuestra sufrida patria está llena de casos de individuos excesivamente intolerantes que satanizan a cualquier persona que no sea de su total agrado, simpatía o aprobación, por lo cual no debe sorprendernos en lo más mínimo que hoy haya unas “entidades” y personas individuales que se creen con capacidad y derecho para exigir ciertas condiciones especiales para aprobar las decisiones de la comisión de postulación que ha sido integrada para escoger a los 6 abogados entre los cuales el Presidente de la República deberá nombrar a quien habrá de desempeñar durante los próximos cuatro años el cargo de Fiscal General, y han dando a conocer que no están satisfechos ni contentos con lo actuado por dicha comisión, atreviénsose a poner en tela de juicio la honorabilidad e idoneidad del Presidente del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, de los Decanos de las Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de todas las Universidades del país, del Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios y del Presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. ¡Qué atrevimiento!
Entre las diferentes personas o representantes de ciertos grupos que no están contentos ni satisfechos con la lista enviada por la comisión de postulación destacan los que se autocalifican como “sociedad civil” (¿qué diablos es esto?), y algunos otros como el licenciado Marco Antonio Conteo, quien dice que representa a una organización que se identifica como Convergencia de Derechos Humanos (?); el señor Alejandro Quinteros, del llamado Movimiento Cívico (?); y la señorita Carmen Aída Ibarra, asistente, secretaria (o algo por el estilo) de la señorita Helen Mack, comisionada presidencial para la “reorganización” de la Policía Nacional Civil (PNC). Por las más variadas “razones” –no necesariamente comprobables–, estas personas ponen en entredicho la honorabilidad y capacidad de los distinguidos integrantes de la comisión de postulación y también de los seis abogados escogidos por ellos para que el Presidente escoja a quien va a nombrar Fiscal General. ¿Con qué derecho pretenden calificar la honorabilidad y la capacidad de los integrantes de la comisión de postulación y de los seis profesionales que estos han escogido? ¿Quiénes creen ellos que son ellos para constituirse en jueces implacables tanto de los destacados profesionales que por mandato constitucional integran la comisión de postulación como de los seis profesionales que ellos escogieron? ¿Qué se estarán creyendo?
El colmo es que un conocido abogado que dice representar a una organización jurídica internacional, solicite al presidente Colom que “devuelva la lista” que le propusieron para que vuelvan a escoger otros seis candidatos, porque los que escogieron no le gustan. Cabe suponer que, para quede él satisfecho, el mandatario tendría que seguir devolviendo todas las listas que le envíe la comisión de postulación hasta que haya una que satisfaga al susodicho abogado. ¡Qué de al pelo!
Si se han cumplido los requisitos estipulados en la Carta Magna, estas personas deberían darse por satisfechas, como bien les dijo recientemente en una entrevista en un noticiario el Comunicador Social de la Presidencia, Ronaldo Robles. En este caso, lo único que queda es que el Presidente de la República escoja entre la lista de seis profesionales a quien él desee nombrar Fiscal General para los próximos cuatro años. Y no tiene que hacerles ni el menor caso a quienes le exigen que no nombre a quien le sea conveniente, sino a una persona con determinadas características de independencia. El presidente tiene derecho a nombrar a quien mejor le parezca y no se le puede pedir que nombre a un enemigo o a quien no le sea grato. El Presidente de la República tiene derecho a nombrar a quien le caiga mejor y con quien espera que podrá trabajar en armonía. ¡Lo demás son tonterías!
Cualquiera diría que estas personas ignoran o rechazan lo que establece la Constitución de la República en su artículo 251 que dice textualmente lo siguiente: “El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica.
“El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio.
“Para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.
“En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.
“El Fiscal General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada, debidamente establecida”.
Esto es lo que dice la Constitución y sería deseable que quienes no están de acuerdo hagan lo que sea necesario para cambiarla, pero mientras no lo hagan deben respetar lo que hasta el momento dice.
Por consiguiente, si se ha cumplido con lo que ordena la Constitución de la República, quienes se oponen no tienen nada qué decir. ¡O que digan misa! Por mi parte, yo lamento que entre los 6 de la lista seleccionada no esté incluída la licenciada Gloria Porras porque es una persona muy capaz y sin tacha que, indudablemente, entre todos los candidatos es quien mejor conoce el teje y maneje del Ministerio Público. Se rumorea que se la rechazó porque tiene amistad con la señora Sandra Torres Casanova de Colom, pero a mí no me parece que ésta sea una razón valedera para satanizarla.
Pero lo que “no tiene ni madre” (como dicen los mexicanos) es que el doctor Rafael Espada –eminencia en cirugía cardiovascular, indudablemente, pero lamentable como vicepresidente de la República–, haya declarado en una entrevista en un noticiario de televisión que el presidente Colom debe “consultar a la sociedad civil (?) y al comisionado de la CICIG Carlos Castresana”. ¡Qué poca vergüenza! Si ese fuese el caso, mejor sería que el ingeniero Colom renuncie al cargo para el cual fue electo para desempeñarlo cuatro años… y que Castresana le sustituya.
Por otra parte, lamento decir que me fue sumamente desagradable escuchar de labios de mi amigo el embajador de los Estados Unidos de América, Steven McFarland, que del nombramiento del nuevo Fiscal General dependerá el grado de ayuda de parte de su gobierno a Guatemala.
Asimismo, me enterado de que, emulando al metiche embajador del imperio, las embajadoras de Francia y España también han estado tratando de meter sus delicadas naricitas en los asuntos internos de nuestro país al interrogar a algunos de los miembros de la comisión de postulación por qué hicieron esto o lo otro.
Cuando ya había terminado de escribir lo anterior, tuve oportunidad de leer el interesante artículo que publica hoy el periodista Juan Luis Font, co director de elPeriódico, el cual me premito reproducir:
Atrapados en nuestra propia red
Desconfiamos de todos por oficio, pero no nos percatamos de la mediocridad diaria.
Por: Juan Luis Font
“Vaya lío en el que nos hemos metido. De cabeza, decididamente, sin opción de escape. El procedimiento para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General merecía hasta el viernes último el aplauso si no de todos, de la mayoría de observadores y expertos y una vez que los postuladores entregaron el resultado de su trabajo, parece que quienes les elogiaban antes están ahora dispuestos a caerles a palos.
¿Habría habido manera de dejar contento a todo el mundo, o por lo menos a alguna mayoría considerable, con cualquier otra lista? ¿De haber quedado incluida en la nómina Gloria Porras, la actual secretaria General del MP, y la mejor expositora entre los aspirantes, no habría sido tachada por sus presuntos vínculos con la Presidencia de la República? ¿Se hubiera aceptado que los abogados que se copiaron entre sí la propuesta inicial quedaran incluidos? ¿Y por qué no se presentaron los mejores candidatos, los penalistas más hábiles o los abogados de mayor prestigio a la competencia? Me temo que hemos llegado como sociedad al punto de la esquizofrenia. Desconfiamos todos de todos por oficio, vemos agazapado al maligno detrás de cada acción del prójimo. Lo que no vemos, o preferimos atribuir al demonio, es la incompetencia, la chambonería que priva entre nosotros.
Los postuladores dejaron deliberadamente afuera y sin una sola discrepancia al actual fiscal Amílcar Velásquez Zárate. Estoy de acuerdo con ellos. Los guatemaltecos merecemos, necesitamos abrigar una esperanza. El señor Velásquez ha sido un operador moderadamente diligente de la acción pública penal, pero no ha sido ni con mucho el aguerrido perseguidor de criminales que nuestra sociedad demanda. ¿Por qué habríamos de reelegirlo? ¿Porque ya es viejo conocido y de resultas es medio confiable? Por favor. El país no está para paños tibios. A ese paso, vamos a llegar al 2025 suplicando a la ONU que renueve el mandato de la CICIG. El nuevo Fiscal debe ir adelante y no detrás de la CICIG. Me entusiasma la candidatura de María Eugenia Morales. Encuentro que Conrado Reyes Sagastume es un profesional con solidez académica. No comparto las objeciones que se tiene contra Julio Rivera Clavería. Dudo que exista moneditas de oro en el camino a la Fiscalía General y si los mejores abogados carecen de vocación de servicio público, pues hay que elegir de la nómina existente.
Digo esto a pesar que no puedo estar de acuerdo con la inclusión de Renato Durán en la lista. Él fue el fiscal del caso que se siguió tras la intervención de la fuerza pública en el Penal de Pavón. Como tal, jamás ordenó una prueba de absorción atómica a los reos que murieron en el sitio. Puesto que el Gobierno sostenía que ellos habían opuesto resistencia al ataque y otras versiones aseguraban que se trató de una ejecución extrajudicial, esa prueba resultaba esencial para determinar si los reos habían disparado. ¿O no? ¿Fue negligente, se le escapó el detalle o simplemente obedeció órdenes de obstruir la justicia? Tampoco me alienta la nominación de Leopoldo Liu. Recuerdo que renunció del cargo como Fiscal Especial para el Lavado de Dinero alegando presiones y amenazas. ¿No es previsible acaso que las vaya a tener –y mucho mayores– como Fiscal General?
De manera que aunque sólo sea por esos dos casos hay razones para creer que los postuladores hicieron un trabajo incompleto, poco satisfactorio, mediocre. Calificaron la superficie, pero no profundizaron lo suficiente en el perfil de cada aspirante. Y por estos días he pensado una y otra vez que ese es nuestro pecado capital. Somos una sociedad fallida en buena medida porque toleramos la mediocridad, porque nos falta determinación para cumplir con nuestra labores, las dejamos a medias.
Estamos atrapados en nuestras insuficiencias. Somos una calamidad.” (Fin del artículo)