SE ENTREGARON LOS HERMANOS VALDÉS PAIZ

* Los prófugos de la Justicia se entregaron a la CICIG ayer por la mañana

> Están acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de su ex hermano político, Rodrigo Rosenberg Marzano, aunque de acuerdo a las deducciones a las que llegó la investigación “científica” de la CICIG, el autor intelectual del asesinato fue el propio asesinado.

> Fueron enviados al Cuartel General de Matamoros como prisión preventiva.

Los hermanos Valdés Paiz en el momento de salir del juzgado Décimo de Primera Instancia Penal donde se presentaron acompañados del ex comisionado de la CICIG Carlos Castresana y de numerosos agentes de la misma, después de abstenerse a declarar. Un fuerte cordón de seguridad impidió a los periodistas que se acercaran a ellos.

Los hermanos Francisco José Ramón y José Estuardo Valdés Paiz, fueron señalados por Carlos Castresana, por ese entonces jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en una conferencia de prensa que tuvo lugar el 12 de enero del 2010, de haber sido los autores intelectuales del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, ocurrido la mañana del 10 de mayo del año 2009 en la avenida Las Américas, de la zona 14, y de haber contratado y pagado US$40 mil a los sicarios que le dieron muerte siguiendo sus instrucciones telefónicas, se entregaron a la CICIG ayer por la mañana tras haber permanecido durante seis meses prófugos de la justicia porque el 10 de diciembre del 2009 la jueza Verónica Galicia dictó una orden de captura en contra de ellos. Pero con esta teoría Castresana se contradice a sí mismo porque en su dramática conferencia de prensa del 12 de enero del 2010 afirmó que el propio Rosenberg fue quien planificó todo para que los sicarios le dieran muerte, para lo cual les informó por teléfono dónde exactamente iba a estar sentado después de que salió del edificio donde vivía para hacer ejercicio en bicicleta. De ser verídica la deducción telenovelesca a la que llegó la “investigación científica” de Castresana, los hermanos Valdés Paiz se metieron en este grave problema por tratar de ayudar a su ex primo político quien les pidió que le consiguieran unos guardaespaldas para protegerle de un supuesto extorsionador, pero, según la deducción de la investigación de la CICIG, todo fue una trama macabra preparada por el propio abogado para no tener que suicidarse pero antes dejó grabado un conmovedor videotape póstumo que hizo en las oficinas del conocido periodista Mario David García y del cual entregó buen número de copias a su amigo de la infancia Luis Mendizábal para que éste las distribuyese en caso de su muerte, en el que responsabiliza de su muerte al Presidente de la República, Álvaro Colom, a su esposa, Sandra Torres Casanova, al Secretario Privado de la Presidencia de la República, Gustavo Alejos, y al adinerado empresario Gregorio Valdés O’Donell, patrocinador de la campaña presidencial de Colom.

Las investigaciones “científicas” realizadas por la  CICIG establecieron que Rodrigo Rosenberg planeó cuidadosamente su propia muerte y para ello solicitó a sus ex primos políticos, los hermanos Valdés Paiz, que contrataran a unos guardaespaldas para que le protegieran de un supuesto extorsionador que le estaba amenazando, pero le asesinaron el 10 de mayo de 2009, aunque sin saber que se trataba de la misma persona que les había contratado supuestamente para protegerle. ¡Mayúscula sorpresa la que se llevaron los hermanos Valdés Paiz cuando se percataron de lo que había sucedido! ¡Qué lejos estaban de sospechar que se iban a meter en un grave problema por tratar de ayudar a su ex primo político! No conozco a ninguno de los hermanos Valdés Paiz, pero he oído buenas referencias de ellos y me produce compasión el problema en que les dejó metidos su querido ex primo político.

Carlos Castresana, ex titular de la CICIG, declaró que los hermanos Valdés Paiz se habían presentado sorpresivamente en la sede de esa CICIG en forma inesperada y voluntariamente, por lo que acompañó a los sindicados hasta la Torre de Tribunales y específicamente al juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal.

La diligencia de primera declaración de los hermanos Valdés Paiz fue suspendida debido “al volumen del expediente”, informó la jueza Verónica Galicia, contralora del proceso, pero les hizo saber el motivo de su detención y ordenó su traslado a una base militar, donde guardarán prisión preventiva. Se decía originalmente que serían enviados a otra base militar, pero finalmente fueron llevados al Cuartel General de Matamoros.  De acuerdo a lo que informó la jueza Galicia, los hermanos Valdés Paiz se presentaron al juzgado a las ocho de la mañana y tras coordinar los detalles de la diligencia, solicitaron tener acceso al expediente para poder preparar una primera declaración. A partir de hoy, tanto los abogados como los sindicados tienen acceso al expediente abierto por el asesinato de su ex cuñado Rodrigo Rosenberg Marzano, y será el próximo lunes cuando prestarán su primera declaración como supuestos involucrados en ese crimen. La juzgadora ordenó que los sindicados fuesen trasladados a una a una base militar, en vista de que se suscribió el acuerdo 126-2010 entre los ministerios de Defensa y Gobernación para la utilización de esas instalaciones castrenses como centros de detención preventiva.  A las once de la mañana se informó oficialmente la suspensión de la audiencia y los hermanos Valdés Paiz fueron trasladados, resguardados de un fuerte contingente de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la CICIG.  La orden de captura contra los sindicados fue emitida por el juzgado Décimo de Primera Instancia Penal por el delito de asesinato, el cual les será imputado el próximo lunes por la Fiscalía especial del Ministerio Público (MP) para la CICIG.

La entrega de los supuestos autores intelectuales del asesinato del licenciado Rosenberg Marzano coincidió con el inicio del juicio contra los presuntos autores materiales del asesinato. En la audiencia estuvo presente Jesús Manuel Cardona Medina, quien está pendiente de negociar un acuerdo para ser “colaborador eficaz” del caso, lo que le otorgará privilegios muy especiales. Declaró también Luis Eduardo López Florián, piloto de Rosenberg, a quien le encargó la compra de dos teléfonos celulares tarjeteros y le ordenó que no diera su nombre para la factura. Así mismo, dieron declaraciones los abogados María Mercedes y Pedro Marroquín Pérez, socios del bufete que presidía Rosenberg; Ana Guisela Castillo Aparicio, amiga de confianza de Marjorie Musa (con quien supuestamente Rosenberg sostenía un romance y quien había sido asesinada pocos días antes en compañía de su padre, Kalil Musa), y Juan Carlos Lejarraga Estrada, amigo del abogado. Durante su declaración ante el Tribunal Primero de Competencia Ampliada, Luis Alejos, ex ministro de Comunicaciones, uno de los testigos propuestos por la Fiscalía Especial de la CICIG, dijo que se enteró semanas después del asesinato de Rosenberg que éste giró un cheque por US$40 mil proveniente de una cuenta personal que Alejos tenía en Panamá y la cual era manejada por su amigo el abogado Rosenberg, con lo cual dio a entender que dicho cheque había sido librado sin su autorización. En enero, el entonces titular de la CICIG dijo que las investigaciones arrojaban que se extendió un cheque por US$40 mil provenientes de la cuenta a nombre de Luis Alejos, mismo que fue enviado a la oficina de Rosenberg donde la secretaria ya tenía instrucciones de trasladarlo a los laboratorios Lanquetín, uno de los negocios de los hermanos Valdés Paiz.
“Hasta semanas después del asesinato de Rosenberg me di cuenta, al momento que solicité asesoramiento jurídico del débito del cheque”, aseguró Alejos. El testigo indicó que el dinero proviene de la fundación creada para proteger el patrimonio de sus hijos, “yo confiaba plenamente en él y era casi el apoderado universal de la cuenta, él la manejaba y yo daba por bueno lo hecho”, testificó.
Otro de los testigos en el segundo día del juicio fue el licenciado Mario Fuentes Destarac, quien dijo que a solicitud de Rosenberg informó al vicepresidente Rafael Espada acerca de las investigaciones que el jurista realizaba sobre al asesinato de Marjorie y Kalil Musa.
Luis Mendizábal declaró a la Fiscalía Especial que ayudó a Rosenberg en la elaboración del videotape antes de su muerte, para lo cual puso en contacto a la víctima con Mario David Garcia para grabar  un video. Los tres testigos coincidieron en que Rosenberg se encontraba en mal estado anímico por el asesinato de los Musa. Además, señalaron que Rosenberg sostenía una relación sentimental clandestina con Marjorie Musa (porque ella era casada) y había quedado muy deprimido cuando ella fue asesinada.

Según las investigaciones la banda sindicada de ejecutar a Rosenberg está integrada por dos ex policías y dos agentes activos; además de un ex militar y cuatro particulares vinculados con sicariato, tráfico de drogas, entre otros hechos ilícitos.  La sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia fue utilizada por el Tribunal Primero de procesos de mayor riesgo, el cual presidió el juicio contra Edwin Idelmo López, Lucas Josué Santiago, William Gilberto Santos, Byron Santos, Balmore Guzmán, Miguel de Jesús Ordóñez, Samuel Girón Escobar y José Armando Ruano; sindicados de asesinato, asociación ilícita y portación ilegal de armas de fuego.

Según lo que se ha reportado en algunos medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, varios reporteros gráficos y camarógrafos fueron agredidos por los agentes de seguridad que custodiaron el traslado de los hermanos Valdés Paíz hacia la prisión que ordenó la jueza Verónica Galicia.  Se ha denunciado que la reportera gráfica Doriam Morales fue agredida físicamente por uno de los policías de la CICIG, mientras que otros reporteros también recibieron golpes y maltratos de parte de los agentes antimotines que se presentaron a la sede del juzgado Décimo de Primera Instancia.

Es de comprender que los hermanos Valdés Paiz hayan condicionado su entrega a las autoridades a no tener que ir a la carcel preventiva de la zona 18 porque, como es bien sabido, ésta no ofrece garantías para la seguridad y la vida de los detenidos. Hay personas (de esas que protestan contra todo y nunca faltan) que están protestando contra la medida y alegan que es ilegal emplear como cárceles las instalaciones castrenses, porque el artículo 10 de la Constitución Política de la República (Centro de detención legal) establece: “Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que están legalmente destinados al efecto”. Y agrega “los centros de detención, arresto o prisión provisional, serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas./ La autoridad y sus agentes, que violen lo dispuesto en el presente artículo, serán personalmente responsables”. Sin embargo, las autoridades superiores del Poder Ejecutivo suscribieron el acuerdo gubernativo 126-2010 entre los ministerios de Defensa y de Gobernación para emplear algunas instalaciones de los cuarteles militares como cárceles de máxima seguridad en ciertos casos. Por consiguiente, no se puede decir que esta medida sea ilegal. Sobre todo cuando hay justificados temores de que en la carcel preventiva de la zona 18 los detenidos podrían correr un serio peligro de muerte. No obstante, los opositores a esta medida alegan que el inciso b) del artículo 19 (Sistema Penitenciario) de la Constitución de la República ordena que los prisioneros “Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado”. Sin embargo, en el acuerdo que autoriza la medida se establece que en las instalaciones de los cuarteles que sean empleadas como carcel preventiva deben estar a cargo de personal civil, y en los cuarteles militares esas  instalaciones lo estarán… con lo cual no se viola el inciso b) del artículo constitucional antes mencionado.

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