Archive for Noviembre 17th, 2010

MISCELÁNEA DEL 17/11/10

Miércoles, Noviembre 17th, 2010

1.- Personaje del momento

La Fiscal costarricense Giselle Rivera tiene en ascuas a la Comisión de Investigación Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que la ha demandado.

Este artículo fue publicado ayer en el matutino Prensa Libre y lo reproduzco porque explica la crítica situación que se ha creado entre ella y el Jefe de Investigaciones de la CICIG, que, a las 11 de la noche, en pocos minutos logró que un juzgado emitiese una orden de captura contra ella sin haberse tomado el tiempo y los habituales pasos legales para lograrlo. No en vano ella dice que lo que buscan es silenciarla al impedir que pueda venir a Guatemala a dar su testimonio sobre sus investigaciones, que el nefasto Carlos Castresana (quien pomposamente se hace llamar “doctor”, aunque, aparentemente, no tiene ese grado académico sino solamente lo es “honoris causa“, como lo es también la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú) engavetó con la excusa de que “no es el momento político para darlo a conocer”, para acallar las pruebas que la fiscal Rivera había obtenido sobre la supuesta participación delictiva de altos funcionarios del gobierno del presidente Óscar Berger Perdomo y del vicepresidente Eduardo Stein Barillas en los crímenes de los diputados salvadoreños del Parlacén, Pavón y El Infiernillo. Por cierto que a estos funcionarios (Berger y Stein), ni siquiera se les ha citado para que den una explicación sobre esos hechos.

Aprovecho la oportunidad para felicitar al veterano periodista y doctor en Derecho Mario David García, director del  programa de radio Hablando Claro, que todas las tardes transmite Emisoras Unidas, por la excelente entrevista que le hizo por teléfono ayer a esta valiente fiscal costarricense, digna de todo mi respeto. A continuación reproduzco el mencionado artículo de Prensa Libre.

Fiscal costarricense asegura que aquí buscan que “no abra la boca”

La valiente fiscal costarricense Guiselle Rivera, ex investigadora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), afirma que la orden de captura girada en su contra en Guatemala persigue que “no abra la boca”.

Por Agencia EFE

SAN JOSÉ – “Lo hacen para que no abra la boca. No les conviene que se sepa que hay una estructura criminal que sigue operando en Guatemala”, afirmó Rivera en una entrevista que publica hoy en el portal de Internet del diario costarricense La Nación.

Acan-Efe intentó localizar a la fiscal pero se encuentra participando en un juicio.

La orden de captura contra la costarricense fue girada el lunes por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Guatemala, a petición del Ministerio Público, por los delitos de “patrocinio infiel, doble representación y encubrimiento”, que en ese país contemplan penas de cárcel y multas económicas.

Según Rivera, estas acusaciones se relacionan con contactos que mantuvo con un funcionario policial guatemalteco, en el marco de sus investigaciones en el seno de la CICIG sobre el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), perpetrado el 19 de febrero de 2007.

“Esta persona no era un testigo, era un partícipe y estaba dispuesto a colaborar a cambio de beneficios. Incluso, nos entrevistamos con él en Europa. El doctor (Carlos) Castresana (director de la CICIG hasta junio pasado) lo autorizó”, afirmo Rivera.

Según la fiscal costarricense, como parte de la “dinámica de investigación”, existieron reuniones con otros supuestos partícipes del crimen que querían colaborar y aseguró que todo consta en informes.

Rivera aseveró que nadie de su equipo hizo “algo indebido” y que “de todo tuvo conocimiento Castresana”.

“Se me denuncia para debilitar mi credibilidad y mi investigación. Le digo que, con eso, el crimen organizado se está saliendo con la suya”, expresó.

La ex investigadora costarricense ha sido propuesta como testigo en el juicio que celebra un tribunal guatemalteco de alto impacto en contra de nueve guatemaltecos, acusados de su participación en el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacen.

En el juicio “iba a manifestar cómo se gestó ese grupo, cómo ese cuerpo policial, con conocimiento del Ministro (de Gobernación, Carlos Vielmann), formó una estructura paralela y cómo es que solicitamos detener a esa gente”, dijo Rivera.

Los cuatro policías guatemaltecos capturados como autores materiales del asesinato de los diputados, fueron asesinados el 25 de febrero de 2007 en la prisión en la que fueron recluidos.

Sobre si asistirá al juicio, Rivera expresó: “Allá no solo son capaces de meterme a una cárcel, sino de desaparecerme”.

2.- Dall’ Anese “retiró la inmunidad” (?) a la fiscal Rivera

En elPeriódico de hoy se publicó el siguiente artículo:

Francisco Dall’Anese le retiró la inmunidad a Gisele Rivera
Fernando Linares, representante legal de la ex fiscal costarricense, pretende que ella venga a Guatemala y se presente ante un juez competente.
Gladys Galeano

¿Quién es Gisele Rivera?
Gisele Rivera, fiscal de Costa Rica, formó parte de CICIG desde 2008 a finales de 2009. Investigó casos como el  de Víctor Rivera, Pavón y el asesinato de los cuatro salvadoreños.
El 6 de agosto denunció que el ex titular de la CICIG, Carlos Castresana, no investigó ni desmanteló a grupos paralelos porque según él había momentos políticos para hacer las cosas.
El 11 de noviembre, la fiscal Eunice Mendizábal solicitó al jefe de la CICIG retirar la inmunidad a Rivera. Ese día fue resuelta la solicitud.
El 12 de noviembre, el juez de turno Víctor Hugo Herrera Ríos dictó captura contra Rivera.
El 19 de noviembre se programó la declaración de Rivera como testigo clave del Caso Parlacen.
A solicitud de la fiscal Eunice Mendizábal, el 11 de noviembre Francisco Dall’Anese Ruiz, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), le retiró la inmunidad a la ex fiscal costarricense Gisele Rivera, para que sea investigada por los delitos de doble representación, patrocinio infiel y encubrimiento propio; al igual que al policía de la Guardia Civil Española, Antonio Espigares Mira, acusado de encubrimiento propio.
“En mi calidad de Comisionado renuncio en lo que corresponde a Gisele Rivera y Antonio Espigares a su inmunidad por haber laborado para esta Comisión”, se consigna en el documento firmado por Dall’Anese.
El juez segundo del Ramo Penal, Carlos Aguilar, contralor del proceso contra Rivera, señaló que la solicitud de Mendizábal se basó en el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Guatemala, que se refiere a las prerrogativas de la inmunidad de la ONU.
Con base en esta resolución, el juez de turno Víctor Hugo Herrera Ríos explicó que ordenó la captura.
Fernando Linares Beltranena, quien se constituyó como abogado defensor de Rivera, expuso que no es el proceso correcto para quitarle la inmunidad, señaló que se trata de una violación a los procesos constitucionales y diplomáticos. “Es un acto abusivo de quien lo hizo y es impugnable. El proceso correcto es que la citaran y escucharan su explicación para vencerla en juicio. La inmunidad es un derecho laboral”, declaró.
El defensor añadió que se trata de una excusa burda con la que pretenden bloquear su declaración en el juicio para esclarecer el asesinato de los 3 diputados salvadoreños y su piloto ocurrido el 19 de febrero de 2007.
Linares refirió que buscan que la ex fiscal de la CICIG se presente al juzgado contralor del proceso para que explique sobre los hechos que la acusan, antes o después de su declaración testimonial en el caso Parlacen.
Según el Código Penal, el delito de doble representación contempla de 1 a 2 años de prisión; patrocinio infiel es penado de 1 a 3 años; y encubrimiento propio, de 2 meses a 3 años de cárcel. Por ser menores a 5 años gozan de medida sustitutiva. (Fin del artículo)

Pregunto: ¿con qué derecho el fiscal Francisco Dall’ Anese  “renunció” a la inmunidad de la fiscal Rivera?

3.- Artículo publicado hoy en Prensa Libre

Ex investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) descubrieron la existencia de cuatro grupos delictivos dentro del Ministerio de Gobernación; a dos se les responsabiliza del asesinato de los diputados salvadoreños y su piloto.

Por Coralia Orantes

Según el diario El Mundo, de El Salvador, el esquema no era difícil de entender, puesto que se actuaba según la jerarquía del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC).

Cada jefe tenía una estructura que, al igual que podía usarse para hacer respetar la ley, también se empleaba en tareas ilícitas como ejecuciones extrajudiciales.

Las pesquisas que efectuaron los 13 investigadores al mando de la fiscal costarricense Guiselle Rivera detectaron que el patrón de criminalidad se repetía en los casos Parlacen, Pavón e Infiernito.

Establecieron que los ex funcionarios Erwin Sperisen, director de la PNC; Javier Figueroa, el subdirector; y Víctor Hugo Soto, el director de Investigaciones Criminales, tenían, cada uno, su propio grupo que operaba al margen de la ley.

Además, Víctor Rivera, quien fue asesinado, tenía control sobre otro grupo conocido como “Los Riveritas”.

Estos hechos supuestamente fueron ocultados de manera deliberada por la CICIG.

Responsables del asesinato

Según los testimonios y otra serie de pruebas recolectadas por los ex investigadores de la CICIG, dos grupos pudieron haber actuado en el crimen contra los diputados salvadoreños.

Uno, pudo haber sido comandado por Soto, que incluía a los cuatro agentes policiales asesinados en la cárcel de El Boquerón, el 25 de febrero del 2007, en condiciones aún sin aclarar.

El otro grupo habría sido dirigido por Rivera, quien fue ultimado en abril del 2008.

Estas estructuras pudieron haberse quedado con US$5 millones que transportaban los diputados.

Las investigaciones revelan que los grupos de Soto y Rivera, amparados en su investidura policial, legitimaron sus actuaciones delictivas como ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y robo de cargamentos de droga.

Capturas engavetadas

La fiscal costarricense explica que elaboró los memoriales para solicitar las órdenes de captura de toda la cúpula del Ministerio de Gobernación del gobierno de Óscar Berger, pero Carlos Castresana, ex jefe de la CICIG, no las avaló, por lo que quedaron engavetadas.

Esas acciones constan en los informes de la CICIG; una fechada el 13 de febrero del 2009, que está en poder de Rivera, y que fue avalada por Castresana.

La fiscal tiene orden de detención en el país, y ayer en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal se presentó Fernando Linares Beltranena como defensor de Rivera. Este también es abogado de Manuel de Jesús Castillo, supuesto autor intelectual del crimen contra los salvadoreños.

3.- Castresana sigue despotricando contra Guatemala

El presidente Álvaro Colom otorgó a Carlos Castresana la Orden del Quetzal

Este otro artículo fue publicado hoy en Prensa Libre con declaraciones desde Madrid del infausto Carlos Castresana, ex jefe de la CICIG, que se pasó el tiempo acusando sin pruebas a todo el mundo, violando constantemente el principio de inocencia hasta no probar lo contrario que garantiza la Constitución de la República. Sin embargo, inexplicablemente no ha sido obligado a venir a Guatemala para ser procesado, como corresponde, por calumnia y difamación.

Castresana dice que el país necesita “reforma enorme” de su Justicia

El fiscal español Carlos Castresana dijo hoy que Guatemala necesita una “reforma enorme” de su sistema judicial para construir un “verdadero estado de derecho” y consolidar los “resultados espectaculares” obtenidos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Por Agencia EFE

MADRID – Castresana, que pronunció en Madrid la primera conferencia después de renunciar en junio pasado a dirigir la CICIG, explicó los pormenores de la creación de este tribunal independiente y cómo el trabajo de sus miembros demostró a los ciudadanos de Guatemala que “sí se puede” luchar contra la impunidad.

La CICIG es una instancia de la ONU que tiene como mandato colaborar con el país para investigar y desarticular a los grupos criminales infiltrados en el Estado.

Al describir la tarea que realizó la Cicig durante el tiempo que él estuvo en el país, el fiscal dijo que fue capaz de proceder penalmente contra un presidente de la República (Alfonso Portillo), un ministro de Defensa, uno de finanzas, cuatro de Gobernación, tres directores de la Policía, diputados, empresarios y profesionales de todas las ramas.

En la conferencia que pronunció en el Foro de Derechos Humanos de la Abogacía, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, Castresana destacó también como uno de los logros de la CICIG la resolución del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.

Sin embargo, Castresana considera que los problemas que genera un “sistema constitucional desquiciado” como el de Guatemala hace suponer que la Comisión “podrá seguir haciendo más de lo mismo, pero el país seguirá igual” si no se reforma el sistema judicial.

En opinión del fiscal español, la ciudadanía guatemalteca “debe apropiarse” de ese proceso de cambio de la Justicia y perseguir un avance hacia un “verdadero estado de derecho” en el que el “el sistema de justicia funcione al servicio de los ciudadanos” .

Para ilustrar su argumento de que el Estado guatemalteco “carece de las herramientas básicas” para la administración de justicia, Castresana explicó que una detención sólo puede durar seis horas y que los arrestos y registros policiales sólo pueden ser practicados entre las seis de la mañana y las seis de la tarde.

El ex comisionado en Guatemala destacó el hecho de que el trabajo “de un pequeño grupo de policías y fiscales” al servicio de la Cicig sirvió para producir en la población un “cambio sustancial” en la visión del sistema de seguridad y de justicia.

Carlos Castresana explicó que los Acuerdos de Paz de 1996 lograron lo que deseaban las partes, que era el fin del conflicto que les enfrentó desde 1960, aunque después “no hubo acuerdo para acabar con la impunidad”, para reparar a las víctimas y para el castigar a los culpables.

“No hubo acuerdo para construir un estado moderno que superase las desigualdades ancestrales”, dijo el fiscal, y destacó cómo ahora, catorce años después, “el país está incluso peor“.

El magistrado citó cifras del Ejército guatemalteco, según las cuales durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) hubo 12 mil asesinatos, que aumentaron a 16 mil durante el de Portillo (2000-2004) y a 21 mil durante el de Óscar Berger (2004-2008).

Según Castresana, si no varían las cifras actuales, al final del Gobierno del actual presidente, Álvaro Colom, podría haber un balance de entre 25 mil y 26 mil asesinatos.

Guatemala, dijo Castresana, es “un país armado” donde hay 300 mil armas sin control, y donde se registra la “desproporción enorme” de 20 mil policías del Estado frente a 100 mil guardias o vigilantes privados, un “ejército armado” que -dijo- “es responsable de buena parte de la violencia en el país”.

El ex director español de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reconoció que “a medida que recaudamos éxitos recaudamos también enemigos” y aseguró que la “revancha” se materializó en amenazas contra su vida y una campaña de desprestigio.

Castresana decidió renunciar ante el temor de que “tarde o temprano” pudieran asesinar a algún miembro de la CICIG y ante la falta de “apoyo político”.

“El propio presidente -dijo- llega a un momento en que es incapaz de manejar la situación”, dijo el magistrado al narrar los pormenores del nombramiento por Colon de un fiscal general (Conrado Reyes), acusado por Castresana de tener vínculos con el crimen organizado.

4.- Falsa acusación contra magistrado Pineda

Este artículo fue publicado esta mañana en el matutino Siglo Veintiuno, con lo que se demuestra una vez más que ese juez español acusaba a muchas personas sin tener las debidas pruebas

Pesquisidora: voz es del hijo de Pineda

Juzgador de la CC se quejó de daños a su honorabilidad

Diputado Chacón dice que la CICIG confirmó que en la llamada interceptada no participa el magistrado Roderico Pineda.

Suseth Casasola scasasola@sigloxxi.com

Esto declaró el magistrado suplente Roderico Pineda:

“Dañaron mi reputación, honorabilidad y credibilidad, fueron violentados mis derechos de defensa, presunción de inocencia, debido proceso”.

En un error, que según el diputado Byron Chacón fue “una payasada más” del ex jefe de la CICIG, Carlos Castresana, se resumen los señalamientos del comisionado contra Roderico Pineda, magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Esto porque, según el parlamentario, Francisco Dall’Anese, sucesor del jurista español, reconoció que la voz que se escucha en una conversación telefónica interceptada es la de Kenneth Pineda, hijo del juzgador.

Chacón señaló que Dall’Anese, actual titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), le indicó, la semana pasada, que quien conversó con Diego Moreno Botrán  “fue el hijo del magistrado, nos confirmó el doctor Dall’Anese”, enfatizó el congresista.

El parlamentario indicó que el número telefónico que utiliza Kenneth Pineda “está a nombre del magistrado, pero le pertenece a su hijo”. Castresana señaló al juzgador de ser parte de una campaña de desprestigio en su contra.

El magistrado Pineda se entrevistó ayer con los miembros de la pesquisidora. La cita tuvo una duración de dos horas; y el juzgador explicó que el teléfono celular aludido “se lo compré a mi hijo hace ocho años, la factura está a mi nombre, pero desde ese momento mi hijo lo tiene en uso”.

Pineda dijo que conoce a Moreno “desde su infancia; sin embargo, jamás mantuve dicha conversación telefónica como lo aseguró el señor Carlos Castresana”.

El juzgador también negó haber prestado asesoría legal a los hermanos Valdés Paiz, sindicados por la autoría intelectual de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg.

En sus declaraciones, Pineda se quejó por los señalamientos de Castresana: “Dañaron mi reputación, honorabilidad y credibilidad, fueron violentados mis derechos de defensa, presunción de inocencia, debido proceso, infracción de privilegios, así como las garantías plenas en la Constitución” .

CIERRE INMINENTE
La pesquisidora se reunirá la próxima semana para elaborar el informe final de su investigación, el cual será trasladado al pleno, “para que se tome la decisión de quitar o no el antejuicio”, indicó Rubén Mejía, secretario de dicho ente. “No hay fundamento en la acusación; desde un principio estuvo mal planteado, porque la acusación que se inicia la respaldan con recortes de prensa”, indicó el congresista. Se prevé que el pleno ordene el archivo del caso.