Archive for Noviembre, 2010

MISCELÁNEA DEL 29/11/10

Lunes, Noviembre 29th, 2010

Carta abierta al Comisionado Francisco Dall’Anese

Con el respeto que merece, me dirijo por este medio al doctor Francisco Dall’Anese, Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para informarle que desde un principio de opuse a que Edgar Gutiérrez, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Alfonso Portillo Cabrera, suscribiese un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 7 de enero de 2004 para la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos (CICIACS), el cual no fue aprobado ni por la Comisión de Derechos Humanos ni por la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, y fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC), y después me manifesté en contra de que Eduardo Stein Barillas, entonces vicepresidente del gobierno presidido por Óscar Berger Perdomo, suscribiese el acuerdo para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y no porque tenga alguna “gusanera” que ocultar –como  dijo entonces el susodicho vicepresidente Stein–, sino porque creo que en todo los países libres y soberanos es responsabilidad de las autoridades nacionales y me parece bochornoso que no la podamos asumir los guatemaltecos; pero aumentó mi rechazo cuando vimos el insoportable comportamiento del primer comisionado, el nefasto español Carlos Castresana. Asi mismo, para solicitarle que, si por algún motivo todavía no lo ha leído el interesante artículo que publica hoy elPeriódico en las páginas 2 y 3, que se entere por este medio.

Marzo 2010: Naciones Unidas recibió denuncia contra Castresana por incumplimiento de deberes y abuso de poder

Fotos de Archivo de Giselle Rivera y Carlos Castresana

Demanda presentada a la OSSI de Naciones Unidas en Nueva York asegura que Castresana ignoró por ocho meses denuncia remitida por ex director de la PNC, Paniagua, que detallaba aparatos clandestinos bajo el mando de la viceministra de Gobernación, Marlene Blanco Lapola.

Equipo de Investigación investigacion@elperiodico.com.gt

Nueva York, 6 de marzo de 2010. Gisele Rivera, entonces fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto con otros ex funcionarios de esta entidad, presentaron una denuncia ante la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de Naciones Unidas solicitando investigar al doctor Carlos Castresana bajo los señalamientos de incumplir su mandato como Comisionado. En la queja le acusan de omisión de denuncias, desvío de investigaciones y presiones sobre jueces y magistrados para dictaminar, entre otras.

De esta querella nada ha dicho Naciones Unidas, pero lo cierto del caso es que tres meses después de recibir esta denuncia, Castresana renuncia.

A continuación, elPeriódico presenta la primera parte de los principales extractos de esta denuncia.

Se consultó a Diego Alvarez, vocero de CICIG, quien dijo no tener conocimiento sobre esta denuncia, pero aseguró que ya han enviado una consulta a Naciones Unidas en Nueva York para conocer sobre este documento, del cual no han obtenido respuesta.

1.- MATUS: MANIPULÓ LA ESCENA, PLANTÓ PRUEBA FALSAS  Y EVITÓ PROCESOS LEGALES CONTRA FUNCIONARIOS

De acuerdo al documento presentado en Nueva York, según las potestades y competencias que corresponen a CICIG en el mandato firmado el 12 de diciembre de 2006, el órgano está limitado a investigar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos y no pueden intervenir en investigaciones de otros tipo.

Sin embargo, en la dirección de internet de CICIG señala que ha intervenido en el proceso penal del ex fiscal Álvaro Matus, acusado de abuso de autoridad  e incumplimiento de deberes por obstruir las investigaciones en el asesinato de Víctor Rivera, ex asesor del Ministro de Gobernacion, asesinado en abril de 2008. Como jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Publico (MP), Matus estaba a cargo de la investigación del caso. La CICIG fue admitida como querellante adhesiva en febrero de 2009.

De acuerdo a la denuncia, la investigación fue mal planteada por CICIG, ya que se presentó como obstrucción a la justicia en la investigación de Rivera, pero no se planteó como correspondía de acuerdo con lo que regula el mandato de CICIG, ya que Matus es parte de un aparato clandestino cuya estructura era dirigida por Carlos Vielmann Montes y Víctor Rivera Azujare.

Según el texto presentado en Nueva York, esta estructura era integrada por el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Sperisen; el subdirector de la PNC, Javier Figueroa Díaz, los comisarios Víctor Manuel Ruiz y Víctor Manuel Ramos; el jefe del DINC, Víctor Hugo Soto Diéguez con su equipo: Luis Arturo Herrera, José Adolfo Gutiérrez, Marvin Langen, Jose Korki y Milton Chidel; los miembros del equipo de Víctor Rivera: María del Rosario Melgar, Emanuel Rivera, Camilo Rivera, Pedro Roldán, Axel Martínez, Ronny Espinoza, Nery Ramos, Sushuraim Stiu, Ronny Torres y un civil de nombre Juan Carlos Díaz Maldonado; los hermanos José Luis y Henry Benítez; el fiscal Álvaro Matus y agentes fiscales y auxiliares fiscales que obedecían sus órdenes para el encubrimiento de su participación en hechos delictivos.

La denuncia ejemplifica que estos hechos delictivos son: ejecuciones extrajudiciales de fugados de la cárcel de El Infiernito en 2005, ejecuciones extrajudiciales en la cárcel de Pavon en 2006, ejecución extrajudicial del dueño de la empresa de transporte de valores Golden Express, asi como de sus 4 guardaespaldas en diciembre de 2006; ejecución extrajudicial de Sergio Arrivillaga Tánchez (dueño de la discoteca Agavero) y su guardaespaldas en diciembre de 2006; ejecución extrajudicial de 3 diputados salvadoreños del PARLACEN y su chofer en 2007.

Añade que, se determinó también a través de la investigación que los policías asesinados en El Boquerón tenían comunicación directa con Vielmann. Miembros de CICIG recuperaron agendas en los que establece esta relación.

Según la denuncia, lo relevante era que Castresana plantera la obstruccion y la concertación de Matus con los jefes de la estructura Vielmann y Rivera para encubrir todos esos hechos delictivos y procurar de esa forma su impunidad.  
Y cita que la tarea de CICIG es promover el proceso de acuerdo con lo que ordena el mandato para desarticular la estructura que se vale de agentes del Estado para procurar la impunidad.

Castresana, según denuncia, tiene conocimiento de los elementos de prueba evacuados y obtenidos contra esa estructura, tanto testimoniales como documentales, desde junio de 2009, por la investigación realizada por uno de sus equipos de investigación, sin embargo, no ha presentado los casos ante los tribunales.

Luego, sugiere que Vielmann, durante el período que ejerció como ministro de Gobernacion junto con las personas que aparecen en la estructura descrita anteriormente, prevaliéndose de sus investiduras oficiales realizaron una actividad criminal continuada que consistía en ejecuciones extrajudiciales (limpieza social); asesinatos; trafico de drogas, lavado de dinero; secuestros; extorsiones y robos de drogas entre otros.

También informa que en estos asuntos se tienen elementos de prueba, tales como testigos que vinculan a cada uno de los aquí nombrados como los responsables de esos hechos y quienes se apoyaban en el MP, en el fiscal Matus y sus subalternos para manipular la escena y plantar prueba falsas  y vincular a personas que no participaron en los hechos o bien que no se iniciara causa contra ninguno de los anteriormente mencionados, todo con la permisión de Florido.

Asimismo que, existen informes de investigadores de la CICIG  sobre quiénes son los testigos; quienes teniendo condición de partícipes de esos hechos están dispuestos a convertirse en colaboradores siempre y cuando se procure una normativa al efecto y no las reformas promovidas por la CICIG que por el contrario eliminan toda posibilidad de colaboración y ponen en riesgo su integridad física.

El documento cita a Vielmann junto a Rivera como autores intelectuales y con absoluto dominio de los hechos que provocaron la coerción y violencia para servir a sus propios intereses económicos y desplegaron una política de exterminio usando a los policías citados como un aparato clandestino de seguridad.

De la investigación efectuada en los asuntos de las cárceles de El Infiernito y Pavón, se extrae que Vielmann, Sperisen, Figueroa, Soto Diéguez y sus subalternos usaron la administración de la institución estatal para facilitar las operaciones de esa estructura.

Menciona el documento que, a partir del momento en que Castresana tuvo conocimiento de la conformación de esta estructura documentada y respaldada, era su obligación legal promover la acción penal contra quienes integraron este grupo.

2.- ENCUBRIMIENTO DEL ASESINATO DEL DUEÑO DE LA DISCOTECA AGAVERO

El ministro de Gobernación, Vielmann, según la denuncia, utilizó su posición para facilitar el asesinato de enemigos como lo es el caso del dueño de la Discoteca Agavero, Sergio Arrivillaga Sánchez.

Existe un testimonio documentado por la oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Félix Mendoza Monterroso, quien describe cómo operaba la estructura de Vielmann y cómo realizaba una política de limpieza social. Todo esto documentado por el relator de Naciones Unidas, Philipp Alston, y contenido en su informe sobre Guatemala en febrero de 2008.

3. JUECES Y MAGISTRADOS CONDICIONADOS A RESOLVER CONFORME A CICIG

Denuncia ante Naciones Unidas de Nueva York señala que jueces y magistrados del Poder Judicial guatemalteco han sido disuadidos y/o condicionados a resolver conforme a las peticiones de la CICIG, interrumpiendo así el debido proceso en la independencia de operadores de justicia.

Ocurrió en la Corte Suprema de Justicia que recién concluyó su período, y ocurre con la nueva Corte a través del magistrado César Barrientos Pellecer, señalado por varios jueces de instruirlos a fin de que toda petición de la CICIG sea resuelta de manera pronta y positiva, sin detenerse en la sustancia ni procedimientos.

4. ENCUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES DELICTIVAS DE LAPOLA BLANCO

Otra denuncia planteada ante Naciones Unidas indica  que en junio de 2009 a Castresana le fue remitido un juego de 12 files por parte del entonces director de la la PNC, Porfirio Paniagua. En esa denuncia se identificaban cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad operando dentro de la Policía, bajo el mando de la entonces viceministra de Gobernación, Marlene Blanco Lapola  (hermana del secretario de la Paz, Orlando Blanco Lapola).

Esas denuncias nunca fueron atendidas por la CICIG, pues semanas más tarde los integrantes de esos cuerpos ilegales fueron reconstruidos por órdenes de Blanco y uno de los señalados en la denuncia, el comisario Baltazar Gómez, fue nombrado director de la PNC. Consta que una orden de captura, con fecha 8 de junio de 2009, en contra de Gómez nunca fue librada por la CICIG.

Fue hasta que públicamente, el 1 de marzo de 2010, el viceministro de Gobernación, Francisco Cuevas, indicó que había presentado él también estas denuncias a Castresana, que el Comisionado admitió tener conocimiento, a partir de febrero de 2010. Omitió Castresana  haber tenido conocimiento de la misma 8 meses antes.

Las ejecutorias de Castresana, aquí desglosadas, sugieren una intervención de carácter político y no investigativo, como es su obligación, según el mandato que regula su gestión.

CURIOSO
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) establecido en julio de 1994 como una organización independiente que ayuda a la oficina operativa del Secretario General en el cumplimiento de supervisión interna con respecto a los recursos y el personal de la Organización mediante la auditoría interna, inspección, evaluación e investigación. La Oficina para garantizar el cumplimiento de las actividades del programa , supervisa  las resoluciones, reglamentos, normas y políticas, detección de fraudes, despilfarro, abuso, malversación o mala gestión de sus funcionarios. http://www.un.org/Depts/oios/
CURIOSO
Rivera y ex funcionarios de CICIG dicen en la demanda que, “Naciones Unidas tiene una obligación legal y ética con el pueblo de Guatemala para luchar contra la impunidad y sugiere poner en la dirección de dicha Comisión a un profesional impermeable a compromisos políticos, sociales o de otra índole”.

(Fin del reportaje de elPeriódico)

Comentario del autor de este blog:

Doctor Dall’Anese, perdone la pregunta: ¿por qué no permiten que la fiscal Giselle Rivera pueda venir al país a declarar sin correr el riesgo de ser aprehendida y encarcelada?

¿Viola el MP la Constitución Política de la República?

Varios columnistas de las secciones de opinión de diversos medios de comunicación han sido convocados por el Ministerio Público (MP) para explicar si están tomando parte en una campaña contra la CICIG y contra el ex comisionado Carlos Castresana, lo cual –en mi opinión– viola el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que en su primer párrafo dice: “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguno”. Y en un párrafo más adelante agrega: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. Y aunque ustedes no me lo están preguntando, en mi opinión el ex comisionado Carlos Castresana fue nefasto para Guatemala porque se creía un inquisidor superior a la Constitución de la República y demás leyes y a todos los altos funcionarios del país, comenzando por el presidente Álvaro Colom, a quien tuvo la osadía de decirle que debía destituir al Jefe del Ministerio Público y Fiscal general de la República que acababa de nombrar. Se dedicó a desprestigiar y calumniar a muchos guatemaltecos honorables a quienes acusó sin pruebas de estar ligados al crimen organizado. Y como es bien sabido, de las calumnias, aunque se compruebe su falsedad… algo queda.

Columna de hoy de Juan Luis Font en elPeriódico

En su habitual columna, el estimado amigo Juan Luis Font publica hoy el siguiente artículo:

Mudos, sometidos y sin coraje
Los líderes políticos están como ausentes.
Juan Luis Font
En estos alegres días en que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se ocupa de un asunto fundamentalmente guatemalteco, como procurar castigo para quienes en nuestro país son sospechosos de haber transgredido la ley, los líderes políticos están como ausentes. Ellos, que habitualmente gustan de hablar hasta provocarnos fatiga, se han quedado mudos. Ninguno, ni uno solo de los valientes candidatos que se exhiben descaradamente en vallas, mupis, anuncios de televisión y comerciales preelectorales encubiertos como noticias, se atreve a mencionar la urgencia de terminar con la impunidad, sobre todo porque ahora el asunto se ha vuelto algo menos vaporoso que un florido discurso. ¿Están los señores aspirantes a la Presidencia dispuestos a buscar justicia cuando los sospechosos son amigos de los dueños del capital y probablemente su encausamiento los comprometa? ¿Están dispuestos a arriesgar una parte de su caudal electoral para defender el principio básico de que es inaceptable la violencia extrajudicial como método para enfrentar la delincuencia?
¿Se comprometen con la democrática idea de la igualdad ante la ley?
No se oye la respuesta. El silencio es atronador.
Por supuesto que no quieren decir ni una palabra y prefieren que sean Francisco Dall’Anese y su equipo, los jueces y fiscales, quienes se batan en tales tareas. El propio Presidente se abstiene de obrar algún liderazgo, jugar algún papel que no sea el de atemorizado observador porque igual que el resto de sus compañeros políticos se siente espantado ante el riesgo de generar mayor animosidad de parte del poder económico.
La construcción de una democracia real requiere de mucho más valor que el que los líderes de partido nos muestran por estos días. Requiere de convicción y de esfuerzo. Lo habitual es que en Guatemala la justicia en pleno, empezando por el Fiscal General, carezcan del ánimo esencial para perseguir a los criminales en parte porque, igual que el liderazgo político, prefiere acomodarse a una realidad incontestable: el poder del dinero.
Los políticos están constreñidos y sobornados al mismo tiempo por un modelo electoral que les condiciona el financiamiento para sus campañas (y les facilita riqueza personal) a cambio de ser serviciales y no plantear desafío para sus patrocinadores. La única manera que tendríamos los ciudadanos –y los políticos honestos, donde quiera que se encuentren– de poner límite a ese poder es por medio del financiamiento público de las campañas, el establecimiento de techos de gasto y la edificación de un poder electoral verdaderamente autónomo y dispuesto a hacerse respetar. Nada de eso es sino una quimera en Guatemala porque los políticos, por medio de sus agentes representantes, los diputados al Congreso, tienen la llave de cualquier cambio al modelo electoral. ¿De dónde va a surgir la figura que se atreva a levantar la voz para exigir la transformación del sistema? Debería provenir de dentro del sistema mismo. Uno de ellos debería cobrar coraje y plantear el cambio para esta sociedad que vergonzosamente agacha la cabeza. (Fin de la columna de Font)
Comento: mientras todo esto sucede, los candidatos a la Presidencia de la República no han dicho absolutamente nada al respecto. Ni siquiera el general Otto Pérez Molina, candidato del partido denominado Patriota (PP), quien dice que habla claro y es “de mano dura”; ni tampoco el doctor Harold Caballeros candidato del partido Visión con Valores (VIVA), por más que repita en su propaganda que los guatemaltecos somos “chispudos”. ¡Pero a él no se le ha visto ninguna chispa! Ya no digamos a los demás candidatos que no dicen “esta boca es mía”.