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LA CICIG NO ES EL “SANTO OFICIO”

Jueves, Enero 20th, 2011

Dall'aneseDoctor Francisco Dall’ Anese Ruiz

Cuando se supo que el jurista costarricense Francisco Dall’ Anese vendría a sustituir al nefasto español Carlos Castresana en el cargo de jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), surgida de un convenio firmado entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el desafortunado gobierno de Óscar Berger Perdomo y Eduardo Stein Barillas, expresé mi satisfacción y alegría porque el comportamiento del mencionado hispano ya se había vuelto insoportable por su arrogancia y porque estaba actuando como si fuese un émulo del fraile dominico Tomás de Torquemada, Inquisidor General del mal llamado “Santo Oficio” implantado por los reyes “católicos” (?) Isabel de Castilla y Fernando de Aragón durante el siglo XV que expulsó de España a los judíos y ordenó que se quemara en hogueras los libros de los autores judíos, a quienes calificaban de “herejes”. Los historiadores han dicho que Torquemada hizo quemar vivos en hogueras a más de 10 mil personas y torturó a otras 27 mil.

El comisionado Castresana actuaba como si fuese un juez implacable e inapelable y acusaba de los más caprichosos delitos a personas de diestra y siniestra, aunque no respaldaba sus acusaciones con pruebas. Pero realmente no resolvió ningún caso de los que le habrían correspondido de acuerdo a los mandatos contenidos en el convenio. Sin embargo, es innegable que fueron sorprendentes sus investigaciones para desentrañar el macabro caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, con lo que favoreció al Presidente de la República, ingeniero Álvaro Colom Caballeros y a su esposa Sandra Torres Casanova de Colom. así como al Secretario Privado de la Presidencia de la República, Gustavo Alejos Cámbara, y al poderoso empresario Gregorio Valdés O’Conell, a quienes el occiso acusó en una carta póstuma de ser responsables de su muerte. Pero la CICIG nunca ha resuelto nada de lo relativo al doble asesinato anterior, del empresario Khalil Musa con su hija Marjorie (amante de Rosenberg) sobre lo cual no se ha averigüado nada hasta la fecha.

Sin embargo, trascendió a los medios de comunicacion que Castresana actuaba con una doble moral porque, aunque implacable con el comportamiento de los demás, estaba siendo demandado por divorcio por su esposa, una conocida periodista mexicana, quien le acusaba de haber traído contratada para trabajar en la CICIG a una ex alumna de él con quien supuestamente sostenía relaciones personales, a estudiante jamaiquina de raza negra de una universidad de Los Ángeles, California, y circuló una fotografía en la que estaban juntos en el comedor de un hotel de esta ciudad acompañados de la madre de la joven y atractiva jamaiquina. Y cuando esta indiscresión se dio a conocer y llegó al conocimiento del Secretario General de la ONU y éste le pidió que presentara su renuncia porque esas cosas son inexcusables en esa organización. Pero ahora resulta que se acusa a los periodistas que dimos a conocer esta información (y una foto de Castresana con su amiguita jamaiquina y la mamá de ésta) que eso es entrometerse en su “vida privada”. ¿Qué se podría haber dicho de cuando toda la prensa estadounidense dio a conocer que la joven becaria Monica Lewinsky practicaba el sexo oral al presidente William Clinton acurrucada debajo de su escritorio en la famosa Oficina Oval, lo cual estuvo a punto de costarle el cargo a dicho mandatario? ¡Jamás se habría podido publicar nada de esto! Ni tampoco se habría podido publicar que en ese mismo gran país a un gobernador del Estado de Nueva York le gustaba gastar dinero con las putas, ni tampoco que un gobernador de un estado del sur del mismo país solía viajar a Buenos Aires porque allá tenía una amante.

Como se esperaba, desde su llegada a nuestro país, el comportamiento tanto personal como oficial del comisionado Francisco Dalla’nese ha sido muy diferente al del mal recordado Carlos Castresana. Por eso me extrañó mucho que el conocido columnista de Siglo Veintiuno Estuardo Zapeta hubiese publicado el martes 18 del mes en curso esta columna:

Opinión | ERA LIBERTARIA

Fantasías animadas de la CICIG, TGW y Usac

Este documento es una joya digna de ser analizada en las escuelas de Periodismo, Lingüística, etc.

Estuardo Zapeta

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, como si no tuviera cosas realmente importantes y que sí están dentro de su mandato, se dedica entonces a fumarse unas supuestas conspiraciones y “complós”, principalmente contra periodistas y medios por presuntos e imaginados esquemas conspiracionales que sólo en las masturbaciones más freudianas de ese mamarracho internacional podrían existir.

Para esas frondosas y siderales imaginaciones ¡oh sorpresa! solicitó un “Dictamen Pericial” de comunicación, y el cual aparece en un informe con hojas y membrete de la “Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,” las cuales en la parte inferior    se lee “Tiempo de Solidaridad Gobierno de Álvaro Colom Guatemala,” y el cual es fechado 10 de enero del 2011, y va dirigido al “Licenciado José Domingo Santos Donis Auxiliar Fiscal Agencia 1 CICIG en el Ministerio Público Su Despacho. El susodicho “Dictamen Pericial” está firmado por el “Lic. Carlos Enrique Morales Monzón Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional y Radio Nacional TGW.” (¡Vaya uso de los impuestos de los guatemaltecos!).

El Lic. Morales Monzón, de veras, hace gala de su desconocimiento del campo de la comunicación, y más me parece –insisto en “me parece”— que pudo presuntamente haber escrito bajo presión de algún grupo político, o como queriendo quedar bien con algún grupo político, que en su papel solicitado de “académico”, y por lo cual “presuntamente” fue “consultado” por la CICIG.

Y somos Marta Yolanda Díaz-Durán, columnista de Siglo Veintiuno; Gabriel Orellana, también columnista de este diario; Pedro Trujillo, columnista de Prensa Libre, José Miguel Argueta, también de Prensa Libre, y el medio impreso Nuestro Diario —por lo que entiendo del “sesudo”, ja, ja, ja, “dictamen” es el medio completo—y Estuardo Zapeta, y entre quienes se incluyen también Haroldo Sánchez, de Guatevisión, una tal “Claudia” de Emisoras Unidas, y Francis Urbina, de Telediario, además de Rubén A. Velásquez, quienes, según la conclusión del mal elaborado “dictamen,” y lo cito “ha existido, por lo menos desde abril del 2010, una campaña    de desprestigio contra” Carlos Castresana ex Comisionado de la CICIG, la CICIG misma, la jueza Verónica Galicia Marroquín, el Ministerio Público, y el (¿ex?) “colaborador eficaz” Jesús Manuel Cardona Medina.

Este documento es una joya digna de ser analizada en las escuelas de Periodismo, Lingüística, Antropología, Criminología, Psicología, Psiquiatría, Pedagogía,  etc., pero por lo antiacadémico. Yo les puedo remitir copia si me escriben a zapeta@libertopolis.com y créame que la ficción ahí plasmada supera con creces a varios Nobeles.

“Basta con revisar el caso de Nuestro Diario”, dice el Dictaminador Lic. Morales Monzón –¿habrá siquiera él laborado él alguna vez en Nuestro Diario, pregunto, para afirmar eso?—y prosigue afirmando que ese medio es “una publicación técnicamente mal elaborada desde el punto de vista periodístico, pero con el mayor tiraje y la mayor circulación del país.”

Ah, pero el otro caso, el de la Usac, es igualmente interesante. Aquí es el MP el que llega al “Edificio M2”, a hacerle preguntas a un tal “Licenciado  Gustavo Adolfo Bracamonte Cerón” acerca de una entrevista realizada por Haroldo Sánchez, de Guatevisión.

Ese documento —se me terminó el espacio— también se los puedo enviar. Continuará . . . (Fin de la columna de Estuardo Zapeta)

ACLARACION DE CICIG

Sin embargo, en Siglo Veintiuno de esta mañana aparece en la sección BUZON (de Cartas de los lectores) una carta firmada por Francisco DallÀnese Ruiz, Comisionado de la CICIG con el título “LA CICIG “NO SOLICITÓ DICTAMEN PERICIAL” que literalmente dice:

En relación con la opinión de nuestro columnista Estuardo Zapeta, publicada en Siglo Veintiuno el martes 18 de enero, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) explica lo siguiente:

“Es totalmente falso que la CICIG haya solicitado un “Dictamen Pericial” de comunicación como se expresa (en la citada columna). En realidad, la defensa técnica del sindicado, Nicolaid Julio Rodolfo Ibarra Figueredo, solicitó la práctica de dicha diligencia, la cual fue aprobada por la Jueza contralora de la investigación dentro del expediente identificado con el número de causa 01070-2009-00883 del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, mediante la resolución con fecha 16 de septiembre de 2010.

Inclusive, fue la misma abogada defensora quien en su petición solicitó que en caso de que el Inacif no contara con un profesional para cumplir con ese dictamen requerido, éste fuera realizado por alguna entidad del Estado.

De igual forma, las citaciones a periodistas referidos en la columna en mención fueron solicitadas expresamente por la abogada Lea Marie De León Marroquín, defensora del sindicado”.

MI COMENTARIO

He leído con el debido detenimiento todo el supuesto “Dictamen Pericial” escrito y firmado por el Lic. Carlos Enrique Morales Monzón, Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional y Radio TGW, dirigido al licenciado José Domingo Santos Donis, Auxiliar Fiscal de la Agencia 1 de CICIG en el Ministerio Público, escrito en papel membretado oficial de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y al pie con el sello de “Tiempo de Solidaridad del Gobierno de Álvaro Colom”, con el escudo de armas. O sea que es evidente que se trata de un documento oficial del Gobierno de la República. Lo cual es indebido e ilegal porque se emplearon elementos oficiales pagados con dinero del Estado para algo que, evidentemente, es ajeno a las atribuciones de la Dirección General de la TGW.

Ignoro hasta que punto este señor esté debidamente preparado y capacitado como un experto para emitir esas opiniones personales sobre artículos La hipótesis y OK de Marta Yolanda Díaz-Durán; ¿Y la honorabilidadde la CICIG? y Castre-sarna” ¿Renunció o le pidieron la renuncia?, de Estuardo Zapeta; Blasfemia constitucional, de Gabriel Orellana; Baltazar Garzón y Carlos Castresana, dos émulos de Torquemada, de Rubén A. Velásquez; Calumnia, algo queda y ¡Traigan a Vielman! de Pedro Trujillo; Atole con el dedo, de José Miguel Argueta; y Ataques contra la CICIG de Nuestro Diario; y como veterano periodista con estudios en una de las mejores universidades especializadas de los Estados Unidos de América, con amplia experiencia en los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos del país y algún país del extranjero, con más de 63 años de práctica en este oficio opino que éstas son opiniones de sus lectores que deben ser respetadas de acuerdo a lo que se estitula en la Carta de los Derechos Humanos, en la Constitución de la República y en la Libertad de Emisión del Pensamiento. Y que en nada tiene por qué meterse a opinar en contra de ellos el Director General de la TGW aunque por más que se crea un experto en la materia por haber leído un par de textos sobre el tema como el que cita de Klaus Krippendorff que debe ser del conocimiento de cualquier aprendiz de analista y periodista.

Y en cuanto a la entrevista grabada que el veterano periodista Haroldo Sánchez, director de Guatevisión le hizo a Francisco José Ramón Valdés Paiz, también se debe respetar el estilo del entrevistador y el derecho a defenderse de los cargos que le hizo Castresana que tuvo el entrevistado. Quienes hemos visto y oído muchísimas entrevistas del colega Sánchez ya sabemos que no tiene un estilo contestatario, de confrontación con sus entrevistados, sino que simple y sencillamente escucha respetuosamente las respuestas que los entrevistados dan a sus preguntas, al estilo del famoso entrevistador estadounidense Larry King, y no buscando un lugar protagónico que compita con el del entrevistado, como solía hacerlo (indebidamente) el empresario Dionisio Gutiérrez en sus ya desaparecidos programas dominicales de televisión Libre Encuentro. Pero eso de ninguna manera significa que él haya estado “de acuerdo” con el prófugo de la justicia entrevistado, ni cosa por el estilo.

Ese señor Morales Monzón –a quien no conozco ni de oídas pero me informan como su único logro profesional que fue editor de Nuestro Diario cuando este medio todavía estaba bajo el control de la empresa de Prensa Libre, o sea antes de que se hicieran cargo de él sus actuales directores, por lo cual deberían descalificarse las opiniones parcializadas como la de este señor– se permite opinar que en Guatemala los periodistas “abusamos” de la libertad de expresión, pero, ya que él se cree tan erudito debería saber que el gran Thomas Jefferson dijo que es preferible que haya exceso de libertad de expresión a que ésta sea limitada arbitrariamente. Y a pesar de haber sido uno de los principales autores del Acta de Independencia de Estados Unidos de América y después fue presidente de esa gran nación, dijo también que si se tuviese que escoger entre un gobierno o la libertad de prensa sería preferible lo segundo. A mí me pareció que el colega Haroldo Sánchez hizo uso legítimo de su libertad de prensa y de expresión y obtuvo un éxito periodístico cuando entrevistó al señor Valdés Paiz, aunque éste haya estado considerado prófugo de la justicia.