Archive for Enero 22nd, 2011

LA CICIG Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Sábado, Enero 22nd, 2011

1. Cartas van y vienen

Con este mismo título de publicó ayer en la sección BUZÓN del matutino Siglo Veintiuno una carta de la abogada penalista Lea De León, defensora del señor Rodolfo Ibarra, dirigida al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), doctor Francisco Dall’ Anese, en respuesta a la que hace dos días se publicó en este mismo medio firmada por el mencionado fiscal costarricense. Dijo así:

Respuesta al Doctor Dall’Anese

“Apreciable doctor: Por alusión directa, respondo a lo publicado el 20 de enero en curso en el matutino Siglo Veintiuno: A usted alguien lo está engañando; es preocupante y me explico: efectivamente, en su momento solicité a la señora jueza que ordenara a la Fiscalía adscrita a la CICIG varios medios de prueba. La jurista los consideró válidos y, como usted bien dice, únicamente dí parámetros para que estos fueran recabados.

“Sin embargo, a mis espaldas e ilegalmente (por amparo definitivo concedido por la Corte de Constitucionalidad) y OBLIGANDO nuestra ley a que toda prueba sea en presencia de las partes, y más cuando es uno el que las pide, promueven un dizque peritaje de medios en base a ESCUCHAS TELEFÓNICAS y no a PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS y se fabrica un remedo de peritaje, adefesio grotesco que nunca he visto en 25 años de profesión.

“Usted y yo sabemos que el doctor Castresana no se fue de Guatemala por mala prensa. Más grave aún cuando afirma que ustedes no lo solicitaron. Si es así, explíqueme ¿por qué el peritaje está dirigido a la Fiscalía adscrita a la CICIG? Explíqueme ¿por qué forma parte de una acusación illegal promovida por la Fiscalía adscrita a la CICIG?

“Explíqueme ¿por qué los fiscales adscritos a la CICIG fueron, como consta en el mismo peritaje, los que ilegalmente facilitaron escuchas telefónicas al seudoperito? La respuesta es muy simple, alguien lo está mal informardo. Pida ver los resultados de las pruebas. Usted es un respetable fiscal de carrera, una eminencia en su campo y vea esos mamarrachos como corresponde: con ojos de fiscal. Ahora le hablo como ciudadana guatemalteca, no como abogada defensora: en Guatemala creemos en la CICIG, creemos en usted, no permita que personas tendenciosas continúen exponiendo la credibilidad de la institución que usted dignamente representa”. (Fin de la carta)

2. COLUMNA DE ZAPETA

También en Siglo Veintiuno se publicó ayer este artículo en la habitual columna de Estuardo Zapeta.

Opinión | ERA LIBERTARIA

CICIG vrs Zapeta


… usted dice que “CICIG” no solicitó esto, entonces está fuera del caso considerar semejantes “opiniones” como parte del proceso.

Estuardo Zapeta ezapeta@sigloxxi.com

Ayer fue publicada aquí en Siglo Veintiuno, en la sección de “Buzón”, una nota enviada por el “Comisionado CICIG,” en la cual, en respuesta a mi artículo del martes recién pasado, dice, “Es totalmente falso que la CICIG haya solicitado ‘un Dictamen Pericial’ de comunicación como se expresa.”

Pero, con copia del “Dictamen Pericial,” y otros documentos (puedo enviarles una copia si me envían un correo a zapeta@libertopolis.com) el, y cito del documento, “Perito de Medios Ordinario,” Lic. Carlos Enrique Morales  Monzón, Director General Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y Radio Nacional TGW, responde a la “solicitud para la práctica de un PERITAJE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN,” al Licenciado José Domingo Santos Donis, Auxiliar Fiscal Agencia 1 de CICIG Ministerio Público Su Despacho.

Sr. Comisionado, ¿por qué enviarle a “Agencia 1 de CICIG” algo que usted me aclara, CICIG no “solicitó”? (A propósito, me sigue cautivando por qué el Lic. “Carlitos” envió su “DICTAMEN PERICIAL” en papel membretado de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, y en cuyo borde inferior cada hoja tiene impreso “Tiempo de Solidaridad Gobierno de Álvaro Colom Guatemala”).

Pero creatividades desbordadas aparte, algunas curiosidades me han despertado sospechas acerca de la validez, legitimidad y, sobre todo, legalidad tanto de los “Dictámenes” como del o los “Peritos”.

Primero, la celeridad para las “pericias” del “perito” —porque hace el “peritaje de MEDIOS DE COMUNICACIÓN,” imagínese un “PERITAJE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN”, tamaña labor— entre el seis de enero, desde “las quince horas con quince minutos”, y lo entrega, según fecha del “Dictamen”, el 10 de enero. Lo hizo en tiempo record de 96 horas o menos.

Segundo, el “perito” Lic. Morales Monzón, ya había emitido opiniones acerca de su apoyo y respaldo a la CICIG, y por lo tanto, su independencia e imparcialidad son cuestionables, si no del todo inválidas, y en las cuales él concluye que “existen elementos convincentes para suponer que ha existido… una campaña de desprestigio” contra la CICIG.

Tercero, aparte de la celeridad y la credibilidad, quienes dimensionamos el tamaño de la tarea solicitada —un “peritaje de medios de comunicación”— no podríamos ver ni por asomo cómo el “perito” y el “Director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, Lic. Gustavo Adolfo Bracamonte Cerón, pudieron siquiera haber concluido de la manera que lo hicieron. Al Lic. Morales Monzón le dieron nueve artículos de “opinión”, (énfasis en “opinión” por favor), y una noticia de Nuestro Diario, para concluir con esos como “elementos convincentes”, y en el caso del Director de Ciencias de la Comunicación de la Usac, en su teoría de los “encadenamientos ideológicos” para diezmar a la CICIG “desprestigiándola.” Bracamonte, según leo, señala de “encadenamiento ideológico” a las imaginadas hordas de “Libertarios” que escribimos en los medios. (Para más inri y dato curioso mi columna se titula “Era Libertaria”).

Cuarto, otra curiosidad, en qué momento el “perito” de “medios de comunicación” se convierte en “perito”, o analista, de llamadas telefónicas. Vaya a saber Dios eso, pero hasta mis amadas “champurradas” se van horrible en el “peritaje”.

Pero igual, usted dice que “CICIG” no solicitó esto; entonces, está fuera del caso considerar semejantes “opiniones” como parte del proceso. (Fin del artículo de Zapeta)

Hoy se publica en ese mismo medio, en la acostumbrada columna Vox Signata del destacado y prestigiado abogado Gabriel Orellana un artículo titulado Campaña de desprestigio (I) que a manera de subtítulo dice: No son objeto de censura ni licencia previa.

Doctor Gabriel Orellana

Y opina textualmente: “ Nuestras palabras y pensamientos son libres. Absolutamente libres. No pueden, ni deben ser objeto de censura ni licencia previa. Se trata de un “derecho constitucional que —según el artículo 35 de nuestra Carta Fundamental— no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. Dice también —con claridad meridiana— que: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos efectuados en el ejercicio de sus cargos” y que éstos “podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación donde apareció la imputación”. Y dice también que: “Quien en uso de esta libertad” (nótese bien que la Constitución no utiliza el adjetivo “abuso”), faltare al respeto a la vida privada o a la moral, “será responsable conforme a la ley”.

A la luz de este artículo constitucional, pilar del derecho a la libre expresión en Guatemala y dentro de los límites que me impone este espacio, no puedo menos que criticar acre y severamente —por deleznable, desde el punto de vista constitucional—, el “dictamen pericial” rendido por el director general de Radiodifusión y Televisión Nacional al auxiliar fiscal de la Agencia 1 de la CICIG  el 10/01/11 (libertopolis.com/contravía), con el cual pretende demostrar: 1) que se realizó una campaña de desprestigio contra el ex Comisionado de CICIG, CICIG misma, la juez 10ª de Primera Instancia del Ramo Penal, del Ministerio Público y de un colaborador eficaz. (Continuará). (Final de la columna de hoy del doctor Orellana)

MI COMENTARIO:

En mi opinión, el denominado “peritaje” escrito por ese señor que actualmente trabaja como Director General de Radiodifusión y Televisión nacionales no tiene idoneidad ni competencia alguna para calificar lo que han escrito otros periodistas. Ninguno que sea respetuoso de la Libertad de Expresión puede permitirse semejante abuso. ¡Mucho menos debe hacerlo un periodista que respeta su profesión! No en vano la valiosa periodista Ana María Rodas, directora del órgano oficial Diario de Centro América no quiso hacerlo, por lo cual le endosó esa odiosa responsabilidad a su subalterno en la TGW, Carlos Enrique Morales Monzón, quien se atrevió a cometer ese abuso. Respetuosamente, sugiero al Comisionado de la CICIG que no trate de encajar responsabilidades de haber cometido supuestos delitos a los periodistas que que nos hemos valido de la libertad de expresión para expresar nuestras opiniones sobre las acciones y actitudes del tristemente recordado señor Castresana. En cuanto a que se le “desprestigió” al criticarle, como bien lo dice el doctor Orellana, la crítica periodística es algo que autoriza la Constitución de la República de Guatemala; y, finalmente, el haber dado a conocer que había traído de California a una joven y atractiva estudiante de raza negra nacida en Jamaica y de nombre Tomalja Audrey Harris, los medios y los periodistas que lo publicamos lo hicimos porque se trataba de funcionarios públicos que, como tales, están expuestos a ello. En síntesis, no es que se haya pretendido desprestigiar a Castresana al criticarle y dar a conocer su relación personal con la negrita jamaiquina. Si se le criticó fue porque se hizo acreedor a esas críticas y no por tratar de desprestigiarle. Además, de labrar su desprestigio se encargó él mismo. Y si Castresana se desprestigió por lo que informamos los periodistas y los medios acerca de su comportamiento personal, no fueron calumnias, sino que él mismo se desprestigió con su comportamiento indebido. Por último, sobre la entrevista periodística que hizo al señor Valdés Paiz el veterano periodista Haroldo Sánchez, director del noticiario de Guatevisión, el señor Morales Monzón –ni nadie– tiene derecho a censurar la intención del autor por su estilo para hacer las entrevistas. Lo que pasa es que Sánchez otorga el beneficio de la duda a los entrevistados y no les contradice después de que expresan sus puntos de vista. Ese es su estilo y punto. La CICIG ya debería dejar tranquilas esas cosas… a menos que pretenda actuar como lo hizo en el siglo XVI el abominable fraile dominico Tomás de Torquemada, fundador y primer presidente de la “Santa Inquisición” que invocando la defensa de la iglesia católica quemó vivas a más de 10,000 personas y causó graves daños a otras 25,000.