Ya se ha expresado suficientemente por todos los medios de comunicación del país el unánime shock y repudio que ha causado la espantosa masacre que tuvo lugar en la finca “Los Cocos”, ubicada en el municipio La Libertad del Departamento de el Petén, y no creo que sea necesario repetir los mismos calificativos que se le ha dado a los hechos, por justificados que estos sean. Pero es evidente que tienen que haberlos cometido sicarios desalmados de la organización de narcotraficantes de origen mexicano denominada Los Zetas. Por consiguiente, me voy a limitar a hacer algunos comentarios sobre algunas de las consecuencias que se han venido produciendo desde este inédito e incalificable hecho sangriento que ha horrorizado y enlutado al país. Contra criminales como estos no creo que pueda hacer nada la Policía Nacional Civil y será necesario que se encargue de ello el Ejército, aunque he sido informado que éste no tiene armas ni municiones suficientes para sostener una batalla por largo tiempo. Mientras que, como es bien sabido, los narcotraficantes tienen mucho dinero a su disposición y están equipados con las más sofisticadas armas modernas y todas las municiones que requieran. Ni siquiera las poderosas fuerzas combinadas del gobierno de México han podido dominarlas.
Para comenzar, justifico la reacción del gobierno al establecer el Estado de Sitio con el objetivo de restringir las garantías constitucionales en ese departamento, no obstante que el artículo 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos no permite que se decrete ninguna limitación de garantías constitucionales a partir de que haya sido convocado un proceso electoral. Y a pesar de que, aparentemente, no se produjo ningún logro significativo cuando se implantó el Estado de Sitio en Alta Verapaz, es imprescindible que se imponga también en el Petén. Pero de ninguna manera se puede descalificar que se haya implementado ese recurso constitucional que posibilita a las fuerzas de seguridad del Estado a actuar de acuerdo a las circunstancias durante cualquier hora del día o la noche.
Sin embargo, me parece una payasada desafortunada –para no calificarla peor– que el Presidente Constitucional de la República, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, haya creído necesario ir en helicóptero al Petén a preguntar personalmente cómo fue la masacre, porque no creo que tenga la capacidad indispensable para hacer una investigación y dictar las medidas que deben ser tomadas después de tan sanguinaria masacre. Es verdad que, de acuerdo a la Constitución, él es el “comandante supremo de las Fuerzas Armadas”, pero a estas alturas ya debería saber de sobra que dicha designación es puramente honorífica y no efectiva. Y si todavía no lo sabe es demasiado lento de entendederas. Y no contento con haber ido la primera vez, al día siguiente volvió a hacerlo, como si su presencia pudiese devolver la vida a los que fueron cruelmente masacrados, por lo cual los deudos de las víctimas podrían interpretarlo como una burla de su parte. En un caso como éste, habría bastado con la visita de los ministros de Gobernación y de Defensa. En realidad, las innecesarias visitas del presidente Colom fueron obviamente demagógicas, sin ningún valor, probablemente de carácter electorero, con el escondido propósito de hacer creer que él está presente en todas las tragedias que ocurren en el país, para que los sobrevivientes se decidan a van a votar para que la UNE continúe en el poder y su ex esposa “Sandrita” gane las próximas elecciones. Pero se equivoca –y pierde su tiempo– si cree que podrá vernos cara de babosos de nuevo porque si bien es verdad que engañó a los pendejos como yo, en particular, y los demás ingenuos que votaron por él, en general ya nos engañó una vez para ganar las elecciones anteriores que, para infortunio general, le sentaron en la silla presidencial durante cuatro años; pero puede estar seguro que no nos va a volver a engañar por segunda vez después de su desafortunada actuación presidencial porque el pueblo ya pudo percatarse de lo que realmente es y lo que vale como dirigente nacional.
Otra cosa que me parece totalmente estéril es que, a estas alturas del drama que ha venido sufriendo nuestro país, tanto por el narcotráfico y la creciente criminalidad común, como por el desatino del gobierno, el general retirado Otto Pérez Molina, candidato Presidencial ya inscrito del Partido Patriota (PP) y la licenciada en Ciencias de la Comunicación Sandra Torres Casanova (divorciada de Colón en un supuesto “divorcio de mutuo acuerdo” realizado como una evidente comisión de lo que se tipifica como Fraude de Ley), hasta este momento pre candidata del partido oficial, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien todavía no ha sido inscrita como tal, pero no dudo que la inscribirán, se hayan enfrascado en una agria y desafortunada discusión telefónica intrascendente que fue transmitida por Radio Sonora haciéndose señalamientos estériles que no conducen a nada positivo. Y se equivocan mucho Luis Rabbé y Radio Sonora cuando califican de “foro” esa discusión telefónica digna de las verduleras de los mercados, porque en un auténtico foro los contendientes están presentes y se ven mutuamente la cara. No se esconden tras una línea telefónica.
En dicha discusión la señora Torres echó la culpa al general Pérez Molina de haber sido el autor de las medidas que cerraron las bases militares cuando fue “Comisionado de Seguridad”, porque si bien es verdad que fracasó en modernizar al ejército durante el corto tiempo que desempeñó ese cargo anodino durante el nefasto período que lamentablemente gobernaron nuestro sufrido país el anodino abogado Óscar Berger Perdomo y el doctor en Ciencias de la Comunicación Eduardo Stein Barillas (en mi opinión una de las personas que más daño ha causado a Guatemala), fue bien sabido que la decisión de ordenar la clausura de las bases y de la desaparición de los destacamentos militares en todo el territorio nacional fue directamente de la Presidencia de la República, particularmente de Stein, porque Berger le hacía mucho caso y éste había participado en alguna forma con la subversión durante la guerra fratricida entre las fuerzas regulares del Estado contra las fuerzas irregulares de la subversión pro comunista. Y su ya conocida aversión enfermiza a los militares siempre ha sido conocida, pero en especial porque es uno de los no van a perdonar que los militares ganaran la guerra, aunque a partir de la solemne firma del llamado “Acuerdo de Paz Firme y Duradera” unos cuantos subversivos se han venido apoderando paulatinamente del mando del país. Y me atrevo a vaticinar que al paso que vamos van a implantar un gobierno similar al del nefasto gorila venezolano Hugo Rafael Chávez Frías. Y el cierre de las bases y los destacamentos militares causó que los narcotraficantes aprovecharan para imponer su presencia y su dominio en el corredor que actualmente dominan a través del territorio nacional.
Por otra parte, tampoco tiene razón el general y candidato presidencial Pérez Molina al culpar de la grave situación de inseguridad en que vivimos a la discutida “ex primera dama”, por más que es bien sabido que, efectivamente, durante más de tres años ella fue co gobernante, con mucho más poder que el Vicepresidente Rafael Espada, pero, a pesar de su tendencia disque “Social Demócrata”, es innegable que han rectificado esa medida, aunque sea un poco, han venido tomando medidas para rectificar los errores de los ex mandatarios Berger y Stein y para asegurar la presencia de los militares en esas zonas en las cuales su presencia es tan necesaria, porque, como es de sobra sabido, no se teme ni respeta a los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), pero sí se teme y respeta a los miembros del Ejército.
Para que este artículo sea ecuánime –una de cal y otra de arena–, debo terminar externando mi opinión favorable a la decisión de los magistrados de la de la Sala de Familia y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por no conceder el amparo que solicitó el abogado Mynor Berganza Betancourth para impedir que el RENAP registre el divorcio de la señora Sandra Torres Casanova con el Presidente Álvaro C0lom Caballeros, para ir retrasando el proceso todo lo que sea posible con el objeto de evitar que se pueda hacer a tiempo su inscripción de candidata presidencial por la coalición UNE-GANA. Según mi parecer, en la misma forma que un matrimonio debe ser una decisión privada, única y exclusivamente de las dos personas involucradas, igual debe ser un divorcio, aunque, en este caso, es obvio que lo hicieron para burlar el artículo 186 de la Constitución de la República. En todo caso, ese supuesto “divorcio” ya se consumó y tiene que ser inscrito en el RENAP aunque después se puedan interponer todos los recursos legales habidos y por haber para que no se consume el Fraude de Ley y ella no pueda ser inscrita como candidata presidencial. Pero “ese es otro par de zapatos”, como suele decir un mi estimado amigo que, por cierto, es partidario de esa señora tan controvertida. ¡Allá él! ¡No cabe duda de que es verdad que “cada cabeza es un mundo”!
Otros que están perdiendo su tiempo son los ex diputados constituyentes que encabeza el hábil político Alfonso Cabrera Hidalgo, ex diputado, ex presidente del Congreso Legislativo, ex Canciller de la República y ex candidato presidencial, porque pretenden que los actuales diputados al Congreso de la República desaforen al presidente Colom por estar apoyando actos que violan la Constitución de la República que juró respetar y defender en un acto solemne cuando fue juramentado. Deben recordar que su partido UNE cuenta en el Congreso con un número de votos suficiente para que no pueda ser aprobada una acción como esa, por lo cual, irremediablemente, lo que pretenden quedará en lo que se llama en inglés wishful thinking porque no prosperará. Pronto van a percatarse de que así como su matrimonio fue para los ex esposos Colom solamente un “papelito”, también lo es la Carta Magna que nos rige. Todo les viene del norte, como suele decir para todo la señora Torres Casanova.