Voy a permitirme interrumpir la serie de artículos que he comenzado a publicar sobre la reciente Exposición Colectiva Encuentros y Tendencias de artistas guatemaltecos que se está presentando en la Galería Tonalli del Centro Cultural Ollin Yoliztli de la Ciudad de México para poder referirme a otros temas que no puedo posponer. Les ruego que comprendan mis razones.
1) Injusticia histórica
En la primera plana del diario Prensa Libre de ayer se publicó lo siguiente:
Foto Prensa Libre: EFE
Mejía Víctores siendo introducido a la ambulancia con el rostro cubierto
Y en la página 8 se publicó este artículo:
Jueza ordena traslado a hospital
Espero que no moleste a Prensa Libre que reproduzca este artículo publicado ayer:
Médicos evalúan a Humberto Mejía Víctores, exjefe de Estado
Forenses del Inacif deben informar hoy sobre estado de salud de Mejía Víctores
Por Hugo Alvarado
“Óscar Humberto Mejía Víctores, exjefe de Estado, fue trasladado hoy al Centro Médico Militar para que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses evalúen sus capacidades mentales y físicas.
La jueza Carol Patricia Flores ordenó el traslado del general retirado para que se determine si sufre de algún padecimiento.
Flores se presentó ayer a un apartamento ubicado en la zona 15 para efectuar una audiencia en la que el Ministerio Público haría del conocimiento del militar los motivos por los cuales existen en su contra dos órdenes de captura. La primera es por la masacre de unas 264 personas en Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz (1982), y la otra por genocidio en el área Ixil, donde habrían ocurrido 11 masacres que dejaron más de mil muertos (entre 1982 y 1983).
Al verificar el estado de salud de Mejía Víctores, Flores resolvió que fuera trasladado al referido hospital y que médicos forenses le informen hoy sobre su condición.
Telésforo Guerra, abogado defensor del general retirado, afirmó que este sufrió un derrame cerebral parcial que le imposibilita presenciar la audiencia judicial.
El fiscal Manuel Vásquez, quien dirige la investigación en contra de Mejía Víctores, refirió que los médicos forenses deberán establecer la situación física y mental “real” del sindicado, para determinar los pasos por seguir en el proceso.
Desmejorado
El fiscal afirmó que el exmandatario se observa delgado, no escucha bien, su vista no está en buenas condiciones y que está bajo el cuidado de una de sus hijas.
Mejía Víctores, quien dirigió el país de 1983 a 1985, es sindicado de ser el autor intelectual de los planes militares constrainsurgentes ejecutados en el conflicto armado, en especial en el occidente del país”. (Fin del artículo)
Mi comentario: En la pequeña foto que tiene el pie Rumbo a Hospital puede verse con facilidad el lamentable estado en que se encuentra el general Óscar Humberto Mejía Víctores, ex Jefe de Estado de facto de 1983 a 1985, de 81 años de edad, quien hace varios meses sufrió un derrame cerebral que le paralizó la mitad del cuerpo y desde entonces le ha mantenido hospitalizado, sin poder hablar con claridad ni una palabra más que “¡A la puta!”. En esa foto puede verse cómo ha adelgazado, ya que después de haber sido un hombre robusto, ahora está pesando solamente 135 libras. El general Óscar Humberto Mejía Víctores fue ministro de la Defensa de 1982 a 1983 durante la presidencia de facto del general Efraín Ríos Montt, a raíz del golpe militar que unos cuantos oficiales jóvenes de la zona militar Mariscal Zavala le dieron al Presidente Constitucional legalmente establecido, general Fernando Romeo Lucas García, el 23 de marzo de 1982, dos semanas después de que el general Ángel Aníbal Guevara, ex ministro de la Defensa, había sido electo Presidente de la República, aunque la intención original de los alzados era impedir que éste asumiera el cargo a pesar de que había sido el legítimo ganador de las elecciones que se habían celebrado poco tiempo antes. Pero solo 16 meses después, el 8 de agosto de 1983, el general Efraín Ríos Montt fue destituído por la Institución Armada por haber cometido una serie de errores y extravagancias como sus insoportables prédicas evangélicas dominicales; y en su lugar fue designado Jefe de Estado de facto el general Óscar Humberto Mejía Víctores.
Quienes hemos tenido oportunidad de conocer las interioridades de la historia política nacional sabemos que el 23 de marzo de 1982, cuando se produjo el levantamiento de los jóvenes oficiales para exigir al presidente Lucas García que anulara las elecciones que creían que habían sido fraudulentas, y el mandatario se negó a obedecer la imposición por lo que fue derrocado, pero a quien los alzados llamaban por la radio nacional para asumir el mando era al “Camarón”, que era el apodo del general Mejía Víctores, pero éste no se presentó porque no quiso encabezar el movimiento, por lo cual los golpistas decidieron dar el mando del país al general Ríos Montt, y Mejía Víctores fue nombrado ministro de la Defensa y asumió el cargo de Jefe de Estado de facto por decisión de los comandantes de las zonas militares, cargo que desempeñó hasta el 15 de enero de 1986, después de haber propugnado por redactar una nueva Constitución de la República y entregar el mando a un civil que, a pesar de que había hecho una campaña electoral en la que criticó duramente a los regímenes militares, ganó las elecciones libres. Con lo cual abrió las puertas a la democracia y a que terminara la larga lista de presidentes militares en nuestra historia y comenzaron a sucederse los regímenes civiles que, por cierto, no han sido precisamente unas gangas. Porque desde el primero hasta al actual han sido una recua de mentirosos, incapaces y corruptos. O sea que las sucesivas generaciones de guatemaltecos hemos estado mal tanto con los gobiernos militares como con los gobiernos civiles. ¡Ha sido demasiado triste nuestra historia!
Quienes vivimos esa época recordamos que cuando el general Mejía Víctores era el Jefe de Estado de facto, se empeñó en que se reformara la Constitución de la República y urgió a los diputados constituyentes a que terminaran de redactarla pronto para poder celebrar elecciones libres que, después de tantos años de sucesivos regímenes militares autoritarios, un civil pudiese asumir la Presidencia de la República. Y gracias ello fue que el primer gobierno civil haya sido presidido por el binomio del partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) integrado por el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo y Roberto Carpio Nicolle, para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente. Y se debe reconocer que desde entonces todos los gobiernos sucesivos, sin excepción, han dejado mucho qué desear.
Por otra parte, en ese tiempo los guatemaltecos estábamos enfrentados en una guerra fratricida –¡en una guerra!– entre las fuerzas civiles y militares del Estado y las fuerzas subversivas guerrilleras que pretendían implantar en nuestro país un gobierno comunista al estilo de Cuba y Nicaragua. Por otra parte, el mundo estaba viviendo una “guerra fría” entre los dos imperios egemónicos, el de los Estados Unidos de América y el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Y Guatemala tenía que aceptar que –nos gustara o no nos gustara–, nuestro lugar en la geopolítica era del lado del poderío estadounidense, y no del soviético.
Finalmente, sea que nos haya gustado, o que nos pareciera absurdo, la Constitución de la República que estaba vigente prohibía la existencia de una tendencia ideología comunista, por lo cual las autoridades constituídas tuvieron que luchar contra quienes querían establecer un gobierno de ideología comunista. Por lo cual, creo sinceramente que no se justifica la persecución actual contra los generales Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores y otros que han venido siendo perseguidos sin tregua por Rigoberta Menchú Tum, a pesar de ser premio Nobel de la paz –¡Sí, aunque parezca mentira, premio Nobel de la paz!– y otros izquierdistas como los famosos jueces de la Audiencia Española que parece que no han comprendido que se estaba peleando una guerra fratricida contra una insurrección guerrillera de tendencia comunista. Aunque es evidente que en este momento la acusación de genocidio tiene una connotación política con el propósito de tratar de descalificar al general Otto Pérez Molina para llegar a la Presidencia de la República. Y ahora quieren aprovechar que el general Ríos Montt ya no es diputado y por ende no goza de inmunidad para que sea juzgado por ser acusado de genocidio que realmente no existió porque se comete genocidio cuando el propósito es exterminar una raza; y aquí todos los combatientes eran de raza indígena. Tanto los soldados del Ejército Nacional como los guerrilleros fueron indígenas de alguna de las denominaciones descendientes de los mayas. Pero hemos visto que la amnistía que se suponía que habría para unos y otros a raíz de que se firmó la paz supuestamente “firme y duradera” únicamente se ha aplicado para beneficio de los subversivos, pero no para los militares por igual. Y no hay que olvidar que si los militares fueron represivos y mataron a muchos insurgentes, también éstos hicieron lo mismo. Destruían la infraestructura y mataban a diestra y siniestra. Si no que lo digan el embajador de Estados Unidos de América John Gordon Mein, cobardemente asesinado a balazos por la espalda el 28 de agosto de 1968 por un comando de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) a una cuadra de las oficinas de la embajada de su país en la avenida Reforma de la Ciudad de Guatemala, o el periodista Isidoro (“Chilolo”) Zarco Alfasa, socio fundador y columnista del diario Prensa Libre, también asesinado a balazos el 15 de enero de 1986 o el Embajador de Alemania, conde Karl von Spreti, quien primero había sido secuestrado por un comando guerrillero y para dejarle en libertad exigían como rescate que el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro pusiera en libertad a muchos guerrilleros que ya no podían ser canjeados porque estaban muertos, y entonces fue vilmente asesinado el 5 de abril de 1970 por los subversivos guerrilleros.
Confieso que nunca creí que llegaría el día en que iba a presentárseme la oportunidad de defender al general Efraín Ríos Montt, pero considero que hoy debo hacerlo a pesar de que siempre me parecieron muy desagradables sus payasadas, especialmente sus ridículas prédicas evangélicas dominicales a través de las malditas cadenas de radio y televisión. Sin embargo, hoy debo reconocer que cumplió con su deber al combatir con todas las fuerzas del Estado a la subversión guerrillera y, aunque desapruebo su estrategia de “pueblos arrasados”, sobre todo si en verdad arrasó poblaciones enteras y mató a todos sus ocupantes, pero no se puede negar que fue exitosa su estrategia de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que finalmente lograron derrotar en el campo de batalla a los guerrilleros, pero es evidente que éstos ganaron realmente, porque mientras el gobierno está lleno de ex guerrilleros, a los militares se les persigue y encarcela por haber cumplido con su deber de combatir a la guerrilla pro comunista.
Lloriqueo nagüilón al “pedir perdón” a los deudos de Árbenz
No obstante ser embajador extraordinario y plenipotenciario de Guatemala ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, el licenciado Acisclo Valladares Molina es también columnista de elPeriódico y el 24 del mes en curso publicó esta columna:
Por algo se empieza
¿Quién le pedirá perdón a los deudos de Arana?
Acisclo Valladares Molina
El Estado ha pedido perdón a los familiares del expresidente Jacobo Árbenz por el golpe de Estado que se diera en su contra el 27 de junio de 1954 y por la confiscación que se hiciera de sus bienes, acto que constituye un importante paso en el camino de la reconciliación que debe darse entre nosotros pero que obliga, necesariamente, a pasos sucesivos. Así, por ejemplo, que la familia del malogrado gobernante, ya millonariamente indemnizada, indemnice, por su parte, a todas y cada una de sus víctimas.
Durante el gobierno de Árbenz fueron muchas las personas torturadas y muchos fueron los asesinatos cometidos, quedando aún presentes en el imaginario popular la ingratitud de sus esbirros, Jaime Rosenberg y Rogelio Cruz Wer, civil el primero y militar el segundo, esbirros ambos por igual.
Reconstruir la memoria histórica implica su reconstrucción completa y no solo en una de sus partes. Vendría bien, en consecuencia, que el Estado hiciera el mismo acto de contrición en lo que se refiere a Francisco Javier Arana, militar que fuera cobardemente asesinado, sus asesinos surgidos de las esferas del poder. En el caso de los deudos de Arana perdieron, además, algo bastante más que una finca ¿O acaso no es más valioso que una finca el ser humano?
Se ha dado un primer paso para que podamos reconciliarnos con la historia, pero se impone que también se pida perdón, por aquel asesinato que se perpetrara en el Puente de la Gloria y que se indemnice a los deudos de Arana con algo bastante más que lo indemnizado por la finca.
¿No le parece? Por lo demás, se habla de los tres iconos de la Revolución de Octubre, pero el caso es que en todos los actos conmemorativos celebrados, dos de los tres han brillado por su ausencia. ¿Dónde las fotos gigantescas, –a lo Árbenz– de Arana? ¿Y dónde las del líder y único miembro civil de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Jorge Toriello Garrido, el ciudadano?
Se ha dado un primer paso en el caso de Árbenz, pero se hacen precisos los pasos sucesivos. ¿Qué tal, insisto, si su familia destina un poco de su pisto para el resarcimiento de sus víctimas?
¿Qué tal unas cuantas fotos de Toriello y de Arana en todos los festejos? ¿Qué tal si se pide perdón por el asesinato de Francisco Javier Arana, tan líder de la Revolución como los otros?
¿Queremos un país unido? Se ha dado un paso importante, sí, pero tan solo un paso. ¡Conozcamos bien la historia y continuemos el camino!” (Fin de la columna de Acisclo Valladares)
Junta Revolucionaria de Gobierno, Arana, Toriello y Árbenz
Mi comentario: Básicamente no estoy de acuerdo con la tesis del excelentísimo embajador plenipotenciario y extraordinario de Guatemala ante el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña y brillante columnista de elPeriódico Acisclo Valladares Molina porque si se empieza a llorar y a pedir perdón a todos los deudos de quienes fueron víctimas en el pasado de alguna injusticia sería la de nunca terminar. Además, comete varios errores, como decir que Jaime Rosenberg, el jefe de la Policía Secreta del gobierno de Árbenz era civil, cuando era militar con el grado de coronel; y otro error que comete es que dice que el mayor Francisco Javier Arana fue “tan líder de la Revolución como los otros”, cuando la verdad es que el alzamiento de las tropas del cuartel Guardia de Honor no habría tenido éxito sin la participación del mayor Francisco Javier Arana, porque ésta fue esencial para derrocar a la incipiente dictadura del oprobioso dipsómano general Federico Ponce Vaides. De manera que la foto del mayor Francisco Javier Arana merece ser exhibida también en la fachada del Palacio Nacional de la Cultura, tanto o más que las de los otros dos integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno, capitán Jacobo Árbenz Guzmán y el comerciante Jorge Toriello Garrido. Por otra parte, si el Presidente de la República es un nagüilón que se pone a lloriquear en público al “pedir perdón” a quienes han sido víctimas de alguna injusticia, no le alcanzará el tiempo que le queda de su período para “pedir perdón” a tantos. Comenzando, por ejemplo, con los deudos del mayor Francisco Javier Arana, verdadero factótum del movimiento armado que tuvo lugar en el cuartel Guardia de Honor la noche del 19 y el 20 de octubre de 1944 y uno de los integrantes del triunvirato revolucionario, quien fue asesinado en el puente denominado “La Gloria” de Amatitlán, por elementos del llamado “Primer gobierno de la Revolución” encabezados por el capitán y diputado Alfonso Martínez Estévez, a la sazón presidente de la Comis¡ón de Defensa del Congreso de la República y uno de los más íntimos amigos del presidente Jacobo Árbenz Guzmán, quien se encontraba en la montaña de enfrente viendo con binoculares la acción. ¿Por qué Colom no le pide perdón a los deudos de Arana llorando? Pero de eso hablaremos en este mismo artículo, más adelante.
A continuación me voy a permitir reproducir este interesante artículo:
ECONOMÍA PARA TODOS
El Gobierno de EE.UU. apoyó a la Compañía Frutera y actuó en contra del Gobierno, lo cual ha sido ya desclasificado.
El cajón de Arbenz
El 20 de octubre del 2011 el Gobierno de Guatemala hizo un acto público de solidaridad con la familia Arbenz, e indicó: “El Estado de Guatemala ha reconocido la responsabilidad internacional que le corresponde en dichos hechos, especialmente por la confiscación de los bienes y el exilio forzado de la familia Arbenz Vilanova”.
Devolución de lo expropiado
La Corte de Constitucionalidad ya se había pronunciado hace varios años respecto de que debían ser devueltas las joyas de la señora de Arbenz. Estas joyas las custodiaba el Banco de Guatemala y se encontraban incorporadas como un Activo en el Balance General de la Nación.Ha sido una práctica seguida en algunos casos en Guatemala, que las expropiaciones hechas por un gobierno a su antecesor, se respeten y se devuelvan aquellos bienes, muebles e inmuebles, que adquirieron previo a ejercer el cargo presidencial.
Así se hizo con el general Jorge Ubico, a quien le expropiaron su casa de habitación en la 14 calle de la zona 1 —actual sede de la Asociación de Periodistas de Guatemala—, su Chalet “El Morlón” en Amatitlán —actual Club Militar Lacustre—, la Finca Santo Tomás en Escuintla —actual sede de uso presidencial— y la Finca San Agustín Las Minas, situada entre Boca del Monte y Villa Canales. Solo esta última propiedad le fue devuelta a la familia Ubico.
Recurso de Amparo en Materia Agraria
El proyecto social de mayor impacto promovido por Jacobo Arbenz fue la Ley de Reforma Agraria del 17 de junio de 1952, conocido popularmente como Decreto 900.
Ernesto Leal Pérez, en ese entonces un modesto empleado de la Litografía Byron Zadik, dueño de la finca denominada Las Conchas, localizada en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, solicitó a un abogado recién graduado, Ángel Valle Girón, su asesoría legal, debido a que esa finca fue denunciada para expropiación por el Comité Agrario Local. Se hicieron los trabajos de ingeniería y topografía por el Ing. Milton Zepeda Nuila, asistido por el Ing. Héctor Medrano B., quienes determinaron que la finca estaba constituida por terrenos con inclinación de 80 a 100%, y que los sectores donde el desnivel es inferior a un 30%, constituía la mínima parte de la misma cultivados con siembras permanentes de caña de azúcar, maíz, frijol, pastos y cafetal. También tenía sembrado árboles de pino. Con estos datos la finca no era afectable a la Reforma Agraria.
Se presentó un recurso de amparo, se dio audiencia al Presidente de la República quien no lo contestó, sino envió dicha audiencia al Congreso de la República. Este Organismo Legislativo lo que hizo fue destituir a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombrar nuevos. La Corte ya con los nuevos miembros, declaró que no era competente para conocer el recurso de amparo. De esta manera, se autorizó a que hubiera dos sistemas judiciales en el país, el del Organismo Judicial y el establecido por la Ley de Reforma Agraria.
Sugiero a los que quieran profundizar en este tema el libro siguiente: Ángel Valle Girón, El Presidente Arbenz y el recurso de amparo en materia agraria. Enfrentamiento de tres Organismos del Estado: El caso del Presidente Jacobo Arbenz, la honorable Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República. Editorial Serviprensa. Guatemala, 2010, 130 páginas.
El gobierno estadounidense apoyó a la Compañía Frutera y actuó en contra del Gobierno, lo cual ha sido ya desclasificado de los archivos de dicho Gobierno. No hizo falta esperar a WikiLeaks, en el 2010. Arbenz renunció al cargo de presidente.
Arbenz y sus colaboradores menospreciaron lo que ocurría en la Guerra Fría de aquella época. No está definido aún si el gobierno estadounidense actuó por cuestión política por la Guerra Fría, o bien para defender las finanzas de la Frutera.
La Finca El Cajón
La propiedad más importante de la familia Arbenz era la finca El Cajón, que la adquirió el expresidente cuando desempeñaba el cargo de Ministro de la Defensa durante el período gubernamental de Juan José Arévalo.
El Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, calificaba las fincas que podían ser expropiadas, y entre las cuales El Cajón encajaba perfectamente como propiedad expropiable. Sin embargo, los agraristas de esa época o tuvieron miedo de tocar la propiedad del Presidente o hubo alguna otra razón, pero lo que efectivamente pasó fue que no fue expropiada.
La finca El Cajón tenía una extensión de 48.7 caballerías equivalente a 2,193 hectáreas, o 3,139 manzanas. En el siguiente Gobierno fue expropiada, y se otorgaron títulos de propiedad a 108 beneficiarios, correspondiéndole a cada uno una extensión cercana a 20 hectáreas, equivalentes a 29 manzanas. El 20 de octubre del 2011 se zanjó este caso de común acuerdo entre la familia Arbenz y el Gobierno de Guatemala”. (Fin del artículo)
Mi comentario: Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del respetable Economista Molina Calderón, pero quiero agregar que las famosas joyas que la Corte de Constitucionalidad y el badulaque presidente Ramiro Deleón Carpio “devolvieron” a la viuda del ex presidente Árbenz, eran de ella porque fueron compradas con dinero del Estado en la Joyería Liscutín para que las luciera mientras era “primera dama” y cuando entró el gobierno de la “Liberación” fueron depositadas en las bóvedas del Banco de Guatemala. O sea que, como en tantas otras tonterías que cometió el llamado “huevos tibios”, éste se sumó a ellos. Pero lo hizo “embrujado” por la belleza y los encantos de una de las dos bellas nietas del ex presidente, una modelo residente en San José de Costa Rica, hija del señor Jacobo Árbenz Villanova, el único hijo varón de los esposos Árbenz, quien, creyendo que el simple hecho de llevar el mismo nombre que su padre bastaría para ganar las elecciones, hace algunos años fue candidato presidencial del ya desaparecido partido Democracia Cristiana Guatemalteca, y fue inscrito como tal en el Tribunal Supremo Electoral a pesar de la prohibición que hay en el inciso c) del artículo 186 de la Constitución de la República.Y ahora, en compañía de sus dos bellas hijas ha convencido al presidente Álvaro Colom Caballeros de que el Estado debe “pedirles perdón” y devolverles la finca “El Cajón”, o su actual equivalente en efectivo que, según me he enterado asciende a 25 millones de dólares. ¡Púchica! Y pensar que cuando se produjo la sublevación del cuartel Guardia de Honor la noche del 19 y el 20 de octubre de 1944, los esposo Árbenz no tenían ni petate en que caer muertos, porque la adinerada familia Villanova de El Salvador había deshederado a “la Maruca” por haberse casado contra la voluntad de ellos con un militar guatemalteco, y por ello ocupaban una modesta habitación en la casa de la señora Concha Marroquín viuda de Soto, madre de Francisco Soto Marroquín, esposo de mi hermana Graciela, situada en la 4a calle entre 9a y 10a avenidas de la zona 1, a la vuelta de la ancestral casa de la familia de Mario Sandoval Alarcón. ¡Pero en los diez años de la llamada “primavera democrática” Árbenz llegó a tener 25 millones de dólares que ahora les van a “devolver” a sus afortunados deudos! ¡Poca cosa para la crítica situación económica en que este malhadado gobierno dejará al país, endeudado como nunca en la historia y sin recursos no siquiera para hacerle frente a las catástrofes causadas por las constantes lluvias y los consecuentes deslaves y destrucciones de carreteras y puentes. A mí siempre me pareció indebido que tras los golpes de Estado los nuevos gobernantes les quitaran sus propiedades alos gobernantes depuestos, sin antes comprobar si habían sido mal habidas. ¡Pero exigir el pago de 25 millones de dólares por la finca El Cajón es un verdadero “cajonazo”! Además, como bien dice en su artículo el licenciado José Molina Calderón, esa finca habría sido afectable por el decreto 900 o Ley de Reforma Agraria.
Quienes conocimos de cerca los hechos durante el llamado “Segundo gobierno de la Revolución”, recordamos, entre otras cosas para nada democráticas, que el Presidente Jacobo Árbenz Guzmán se permitió el abuso de poder de destituir inconstitucionalmente de su cargo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, licenciado Arturo Herbruger, por haber fallado en favor de un amparo solicitado por un terrateniente contra la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en una de sus fincas. ¿Fue ese acaso un acto democrático y legal? ¿Se puede calificar, entre lloriqueos, de “soldado del pueblo” a un ex presidente militar que, manipulado por su esposa María Cristina, de tendencia comunista, y por José Manuel Fortuny, a la sazón Secretario General del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), comunista, y otros activistas comunistas actuaba como si fuera un provocador internacional que actuó en forma desatinada para provocar una intervención norteamericana y cuando ésta finalmente se produjo no tuvo la dignidad, ni mucho menos el coraje, de salir a enfrentarse a los invasores del mal llamado “Ejército de Liberación Nacional“, encabezando a los obreros y campesinos que le apoyaban, aunque le costara la vida? Poco tiempo antes, en una oportunidad el entonces embajador de la URSSS en Washington, D.C. donde yo estudiaba en la universidad Georgetown, me preguntó qué era lo que se proponían Árbenz y sus colaboradores comunistas con estar provocando en esa forma una intervención noreamericana, y me autorixó para que le transmitiera. Y cuando yo vine a decírselo, se sonrió con displicencia y me dijo: “Mirá patojo: ese embajador soviético que te dijo eso ya tiene mucho tiempo de vivir en los Estados Unidos y está muy influenciado por lo que dice el Departamento de Estado. Pero decile de mi parte a ese embajador que no se preocupe, porque la intervención no va a suceder. ¡Los gringos no se van a atrever!” Sin embargo, poco tiempo más tarde los gringos sí se atrevieron y ya sabemos el resultado. Pero además de todo eso, cuando envió al Inspector general del Ejército, coronel Anselmo Getellá, un hombre de toda su confianza, a consultar a sus conmilitones que estaban al frente de las zonas militares si estaban dispuestos a apoyarle si acasose producía una intervención armada, todos le respondiero que no, que no contara con ellos porque todos sin excepción rechazaban que los comunistas estaban tomando tanto poder en su gobierno. Y es a ese señor es a quien llaman “Soldado del Pueblo”? ¡No jodan!
Pero pasando a otra cosa, me pregunto si también van a lloriquear como nagüilones los futuros presidentes de la República, cualquiera que sea quien gane las próximas elecciones, para “pedir perdón” a los deudos de las numerosas víctimas del sanguinario coronel Rogelio Cruz Wer, director de la Policía Nacional y del coronel Jaime Rosenberg, jefe de la Policía Secreta? Y después vam a seguir a seguir “pidiendo perdón” a todos los deudos de las innumerables víctimas de las guerrillas subversivas que con el apoyo del gobierno de Fidel Castro pretendían imponer en Guatemala un régimen comunista? Por eso digo que el hecho de comenzar a “pedir perdón”, como dice en su artículo el inefable Acisclo Valladares Molina (probablemente para congraciarse aún más con el actual gobernante),va a ser la de no acabar. Pero antes de terminar quiero dejar muy claro que la llamada “Primavera democrática” terminó y abrió las puertas a la invasión del denominado “Ejército de Liberación Nacional” que fue organizado abiertamente en Tegucigalpa, Honduras, por el coronel exiliado Carlos Castillo Armas, con la complacencia del entonces presidente de Honduras, Juan Manuel Gálvez quien antes había sido el abogado de la Compañía Frutera por muchos años, y con el subsidio de la United Fruit Company y de la Central Intelligence Agency (CIA), al frente de la cual estaba el macabro Aññan Dulles, hermano del Secretario de Estado, Johm Foster Dulles, y la complicidad de los gobiernos dictadoriales de Nicaragua y El Salvador, porque el presidente Árbenz creyó que podría desafiar y provocar impunemente al poderío de los Estados Unidos de América. Y para ponerle la guinda al pastel de su insensata osadía, envió a la X Conferencia Panamericana de Caracas, Venezuela a su Canciller, licenciado Guillermo Toriello Garrido, a reiterar personalmente su absurdo desafío a John Foster Dulles, Secretario de Estado de EE.UU. quien también había sido antes abogado de las oficinas centrales de la poderosa compañía Frutera de Boston. Con lo cual se selló la decisisón de la intervención que puso punto final a la “Primavera Democrática” cuando renunció entre sollozos antes de ir a asilarse con su mujer y dos de sus hijos menores, Leonora y Jacobito, en la embajada de México, así como lo hicieron también en varias embajadas cientos de funcionarios del llamado “segundo gobierno de la Revolución” que también tuvieron que soportar un prolongado e incómodo asilo político refugiados en las embajadas porque el gobierno de Castillo Armas se negaba a concederles un salvoconducto para que pudiesen irse al exilio; y en Guatemala dejó en total abandono y desamparados a miles de humildes campesinos y obreros que habían creído en la “revolución” y en él y posteriormente fueron perseguidos por las implacables organizaciones represivas anticomunistas. El triste epílogo de esta dramática historia fue que el presidente Árbenz renunció inconstitucionalmente de la Presidencia con un discurso que le escribió Fortuny y leyó entre sollozos y familia y la mayoría de quienes habían altos funcionarios de su gobierno y habían creído en la “revolución de octubre”, salvaron el pellejo refugiándose en las embajadas acreditadas en Guatemala. ¡Qué irresponsabilidad tan cobarde del mal llamado “soldado del pueblo”! ¿Y por ese “soldado del pueblo” lloró el presidente Colom, olvidando que su padre, el licenciado Antonio Colom Argueta, fue un alto funcionario del gobierno del coronel Carlos Castillo Armas que derrocó al gobierno popularmente electo y legítimamente constituido del coronel Jacobo Árbenz Guzmán?
En la misma situación que Árbenz, el médico que llegó a ser el primer presidente socialista de Chile del 4 de noviembre de 1970 al 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende Gossens, prefirió quitarse la vida antes que renunciar al cargo para el que había sido electo por la mayoría del pueblo o ser capturado vivo cuando se produjo el golpe de Estado del general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, quien después encabezó una feroz dictadura militar durante 17 años.
He dicho. Pero estoy seguro que aún no he dicho todo lo que se debe decir sobre estos temas.