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MISCELÁNEA 23/05/12

Miércoles, Mayo 23rd, 2012

1.- Ganas de joder

Doctor Jorge Alejandro Villavicencio

El reciente nombramiento del doctor Jorge Alejandro Villavicencio para desempeñar el peliagudo cargo de ministro de Salud Pública, y su inmediata juramentación por el Presidente de la República, general Otto Pérez Molina, ocurrida el 2 de mayo en curso, antes de haberse percatado de que el designado carecía del finiquito de ley de la Contraloría General de Cuentas, por unos “reparos” que tenía pendientes de aclarar desde que dejó de ser director del hospital Roosevelt, lo cual fue una pifia de la Secretaría General de la Presidencia, que es a la dependencia a la que corresponde hacer esa revisión, pero no lo hizo probablemente por falta de experiencia, lo cual no va a causar ninguna consecuencia al titular de esa secretaría, licenciado Gustavo Martínez, porque me han dicho que es “el primer yerno del país” por el hecho de ser novio de la hija del mandatario.

He averigüado que el doctor Villavicencio ha tenido no solo una larga experiencia profesional, sino también en el servicio público, desde que fue director del hospital Roosevelt en tres oportunidades, durante los gobiernos de los presidentes Ramiro Deleón Carpio, Álvaro Arzú Irigoyen y Óscar Berger Perdomo, porque los tres le confiaron ese importante cargo, el cual desempeñó con satisfactoria eficiencia hasta que, según me han dicho, un día cometió el error o la imprudencia de declarar a un noticiario de televisión que los servicios hospitalarios son gratuitos y los aportes voluntarios que hacían algunos de los enfermos en condiciones económicas de hacerlo, se lo metían entre la bolsa los médicos, lo cual provocó que los señalados se sintieran ofendidos y le declararan “non grato”, y él se vio obligado a renunciar. Por cierto que esa famosa “gratuidad” no ha funcionado nunca en ese hospital, particularmente durante el tristemente recordado gobierno de Álvaro Colom y su “ex esposa” (?) Sandra Torres Casanova (que sigue empecinada en ser presidenta de la República), porque el presupuesto que tiene no es suficiente para comprar las medicinas; y, en cambio, los aportes voluntarios de los pacientes que están en condiciones de pagar algo por el servicio que reciben, contribuyen al sostenimiento del hospital. Así como también el Patronato que ha venido siendo como una bendición de Dios. Los “reparos” que se le hicieron al doctor Villavicencio fueron justificables dadas las circunstancias que existían en ese centro hospitalario.

Sin embargo, tengo entendido que el actual gobierno estudió cuidadosamente los currículos de varios profesionales de la medicina y llegó a la conclusión que el doctor Jorge Villavicencio satisface las expectativas para que logre sacar a ese ministerio del caos en el que actualmente se encuentra, con graves problemas de diversa índole, tales como que son insuficientes los recursos económicos que tiene asignado para poder proveer a los hospitales de todo lo que es indispensable para que funcionen adecuadamente, y el increíble hecho que hay 47 sindicatos de los empleados. El porcentaje del PIB que se ha dado a ese ministerio es tan bajo que cualquiera diría que no ha habido conocimiento de la situación, ni conciencia para remediarla. Cualquier guatemalteco con un poco de sensibilidad que conozca las pésimas condiciones en las que que ha venido funcionando ese ministerio debe avergonzarse. Por lo cual creo que al doctor Villavicencio debe dársele por lo menos el beneficio de la duda y prestarle toda la colaboración que requiera para poder desarrollar con éxito su labor. Es tan difícil ese ministerio que el primer ministro de Salud que nombró el actual gobierno, el estimable doctor Francisco Arredondo, prefirió renunciar al poco tiempo aduciendo motivos de salud. Y ahora se le está acusando en algunos medios de comunicación de haber sido cómplice en los sobreprecios de las medicinas que compró ese ministerio. ¡Como si él tuviese necesidad de caer en esa tentación ilegal siendo, como es, una persona con una respetable fortuna, que ha hecho con sus laboratorios y otros negocios! Es por eso que es difícil que algunas personas acepten colaborar con los gobiernos, por el temor de ser calumniados y desprestigiados por los medios de comunicación.

Acto de juramentación del Dr. Villavicencio por el presidente Pérez Molina

Al trascender que se había nombrado a una persona que no tenía el finiquito reglamentario, y que ya había sido juramentado por el presidente de la República (ver foto arriba) se desató una catarata de críticas mediáticas, contra el mandatario, en particular, y contra el gobierno, en general, porque antes de dar a haber dado a conocer el nombramiento y de ser juramentado, se debió llenar ese requisto que está establecido por la ley. Los medios de comunicación, que se mantienen atentos día y noche para descubrir algún motivo para criticar al gobierno –porque eso vende periódicos–  se lanzaron con toda su artillería pesada contra el gobierno por haber cometido ese descuido y contra el doctor Villavicencio por haber recibido esos “reparos” que, según él ha declarado, ha venido tratando de aclarar desde hace varios años para obtener su finiquito, pero aún no lo había logrado y él no se había preocupado porque tiene muchos pacientes y no tenía intención de volver a aceptar un cargo público. Pero los medios de comunicación, y sobre todo algunos columnistas, le atacaron sin compasión, dando por hecho que todos los reparos de la Contraloría General de Cuentas eran justificados; y, por ende, que él es una especie de delincuente que no merece ser nombrado para desempeñar tan importante cargo de la administración pública. Pero de un tiempo a esta parte ese principio constitucional les viene del norte a los medios de comunicación y a algunos columnistas de opinión que desde el momento en que una persona es acusada de haber cometido un delito, es ipso facto declarada culpable, a pesar de que la Constitución Política de la República establece que nadie es culpable hasta no haber sido oído, juzgado y condenado. En esas circunstancias, el presidente Pérez Molina trató de pasarse de listo y de justificar ante la opinión pública el error de no haber comprobado que el doctor Villavicencio no tenía finiquito antes de dar a conocer su nombramiento y aún más, de haberlo juramentado, y alegó que la Constitución no especifica que los nombramientos a los funcionarios públicos únicamente pueden hacerse cuando éstos tienen finiquito. Por lo cual cualquier comentarista que sea un tanto atrevido le podría responder sin ánimo de ser irrespetuoso: “usted perdone, señor presidente, ¡pero no joda! ¿A quién quiere babosear?”.  Todo lo que establecen las leyes tiene que observarse, aunque no esté en la Carta Magna. Porque “la ley es la ley”, como dice constantemente el licenciado Acisclo Valladares Molina, de quien no se sabe si es embajador de Guatemala en la Gran Bretaña o embajador de la Gran Bretaña en Guatemala, porque se mantiene aquí, donde es brillante columnista de elPeriódico y escribe justificaciones por todo lo que hace o dice el gobierno. Es evidente que el general Pérez Molina no tuvo el cuidado de consultar a un abogado antes de atreverse a decir semejante cosa. En tales circunstancias, optó por dar un plazo perentorio de una semana al doctor Villavicencio para obtener su finiquito, advirtiéndole que, de lo contrario, quedaría sin efecto su nombramiento. Naturalmente, esto hizo que el susodicho doctor moviese cielo y tierra para que las dependencias involucradas revisaran de inmediato su expediente y le otorgasen el mentado finiquito. Sin duda recurrió a todos los medios a su alcance para convencer a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público que era urgente que sin demora revisaran su expediente y aclarasen su situación para concederle el deseado documento. Y no sería de extrañar que hasta el propio presidente Pérez Molina o la vicepresidenta Roxana Baldetti le hayan dado “una manita” para que su situación fuese aclarada pronto. Lo cual no significa que hayan ordenado al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas que le diesen el finiquito “a huevo” (perdóneseme la expresión si les parece escatológica). Sin embargo, no sería de extrañar –porque no es un delito, ni tiene nada de malo– que hayan pedido a la Contraloría y al Ministerio Público que determinaran lo más pronto posible si el doctor Villavicencio es o no es culpable de alguno de los “reparos” que se le imputan o es posible que le otorguen el finiquito antes del fin de semana para que pueda asumir el cargo de ministro de Salud Pública. ¿Qué tendría esto de malo? ¿Acaso no puede haber una colaboración tanto de parte de una como del otro?  Lo cual no significa que hayan cometido el delito que se conoce como “tráfico de influencias”. El caso es que como consecuencia de sus diligencias, el doctor Villavicencio obtuvo el deseado finiquito antes de que venciera el plazo señalado y ya ha asumido el cargo de ministro de Salud Pública. Hay que desearle que Dios le de mucha sabiduría, mucha paciencia y buena suerte, porque seguramente las va a necesitar. Pero algunos de los doctos editorialistas y columnistas de los medios de comunicación nuevamente pegaron el grito en el cielo diciendo que le dieron un “finiquito express” y que eso no se vale porque lo usual es que todas las personas que tratan de obtener su finiquito tengan que esperar largo tiempo para obtenerlo. Dicho en otras palabras, primero dijeron que era malo que no hubiese tenido el finiquito antes de ser nombrado y juramentado, y ahora dicen que no se vale que haya logrado conseguirlo en corto tiempo para satisfacer el plazo fijado por el mandatario. Lo cual –perdónenme la la expresión– creo que es gana de joder.

Este es un facsímil de la Constancia Transitoria de Reclamación de Cargos que otorgó la Contraloría General de Cuentas al doctor Jorge Alejandro Villavicencio, con fecha 17 de los corrientes:

Pero no satisfechos con que haya obtenido el finiquito otorgado por la Contraloría General de Cuentas, que “HACE CONSTAR que el titular del presente documento, a la presente fecha (17 de mayo) no tiene reclamaciones o juicios pendientes como consecuencia del cargo o los cargos desempeñados anteriormente”, los medios de comunicación del país –y en particular algunos de los doctos columnistas– en vez de darse por satisfechos, ahora alegan que el doctor Villavicencio obtuvo su finiquito demasiado pronto en comparación con otras personas que tardan mucho tiempo en obtenerlo. ¡Ah, qué la chingada! Criticaron, protestaron, chillaron y se rasgaron las vestiduras porque el doctor Villavicencio no tenía el finiquito, y ahora lo siguen haciendo porque lo consiguió demasiado pronto. ¡Con esos criterios no se puede quedar bien nunca!

Todo esto sucede porque, en cumplimiento de la libertad de expresión –que es un derecho constitucional para todos los habitantes del país y no solo para los periodistas–, cualquier badulaque que pueda tener acceso a un espacio en algún medio de comunicación escrito, puede darse la satisfacción de joder a cualquier persona que quiera. Así es este juego de la democracia, y, ni modo, hay que aceptarlo aunque se tenga que soportar que se digan muchas pendejadas.

Nota: Antes de terminar, quiero referirme brevemente a la entrevista que le hizo esta noche la periodista Sylvia Gereda al doctor Jorge Villavicencio en el programa A las 8:45 que transmite el Canal Antigua. En primer lugar, la señora Gereda anunció que iba a entrevistar al “doctor Villanueva”, en vez de decir doctor Villavicencio. Luego, le dijo varias veces que han habido críticas, en vez de decir que ha habido críticas, como es lo correcto. Y finalmente, como la guinda en el pastel, le preguntó al entrevistado por qué no preveyó que debía tener el finiquito, en vez de decir por qué no previó, del verbo prever. Sin ánimo de ofender a la susodicha periodista, lamento decirle también que su voz no es muy apropiada que digamos para la televisión; y le sugiero que en adelante sea más cuidadosa al hablar para no cometer errores garrafales como esos. Pero en fin, la señora Gereda trató de poner en duros aprietos al doctor Villavicencio, pero éste supo hacerse los quites como buen torero y habló y habló todo el tiempo que pudo sobre la situación del ministerio y sus planes para remediar la crisis, para evitar que la entrevistadora le siguiese haciendo preguntas difíciles de responder. Y al final de cuentas, el resultado del encuentro fue favorable para el nuevo ministro de Salud Pública.

2.- Reproduzco un excelente artículo de hoy

En la sección de opinión del matutino Prensa Libre se publicó hoy este artículo que creo necesario compartir con los lectores de este blog.

MIRADOR
Tachador tachado

Por Pedro Trujillo

“Aunque la noticia apareció hace un mes en medios costarricenses, aquí no ha tenido eco o intencionadamente fue silenciada, algo que cada vez me convence más. El antaño fiscal general tico -ahora comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)- deberá enfrentar un proceso por un “error” judicial que mantuvo en prisión a un ciudadano durante cuatro años y ahora es absuelto por certeza -primera vez que ocurre en la historia reciente del país-. Comparte denuncia con la escritora-fiscal la controversial Guiselle Rivera, conocida por sus pleitos con Castresana durante su permanencia en la Cicig y la negativa a que declarara en un caso nacional. No pensaba don Francisco que su novela Sin cuerpo sí hay delito, iba a ser superada. Ahora tiene tema para otra más esotérica: ¿Qué hacer cuando aparece el cuerpo?
No se ven a las histéricas habituales —acostumbradas a exigirles a los demás— escribir sobre la necesidad de cambiar al comisionado porque está en duda, precisamente, su buen hacer. Tampoco a la Comisión Internacional de Juristas —en plural, aunque sea una sola persona— denunciar ruidosamente que deje el cargo por estar señalado de graves delitos. No es trivial la observación porque la Cicig fiscaliza procesos de elección de autoridades nacionales y escudriña la vida de candidatos, pero parece ser incapaz de ver la viga en el ojo propio. ¿Con qué autoridad moral podrá pronunciarse sobre la honorabilidad de ciertos aspirantes? ¿Cómo recusar a un juez, si el propio jefe del organismo internacional está cuestionado?
El denunciante tico fue indebidamente condenado con pruebas que se presuponen falseadas —habrá que analizarlas para ver qué convicción mostraban— y permaneció años en prisión, lo que cuestiona esa táctica de encarcelar por tiempo prolongado que parece ser utilizada por la Cicig para “ablandar” a los detenidos. Casos sobran.
El más notorio es el de los hermanos Paiz Valdés, entregados hace dos años y aún sin juicio. ¿Hay o no pruebas?, porque no se puede recluir en prisión indefinidamente a las personas. El desestimado de juzgar a Carlos Vielmann es otra de las renuncias a pesar de mantenerlo exiliado por casi tres años; el nulo avance en el caso Portillo, después de la absolución por falta de pruebas, es otra muestra de la “eficiencia” del ente y la liberación de algunos detenidos por meses, la guinda de este ilegal proceder.
Corresponde de inmediato que el tachado don Francisco haga sus maletas y se centre en su caso. Es un funcionario altamente contaminado, como los que él mismo cuestiona, denuncia y aparta, aunque difícilmente tomará la decisión de irse, a fin de cuentas los jueces con intereses, ideologías o compromisos terminan enseñando el trasero y dejando al descubierto su particular hacer: Castresana, Garzón, etcétera. A esta vergüenza deben sumarse los parásitos-aduladores de la Cicig que viven de consultorías para tal ente y se muestran incapaces de reconocer esta situación, permaneciendo callados y calladas como cobardes, a pesar de explotar, promover denuncias y escribir artículos amañados cada vez que quieren destruir a alguien.
Tocaron al “jefe” —nombrado por ellos mismos en pactado consenso— y se desnudó otra historia de complot, de mafias, de poderes paralelos, de vividores comprados y de ideólogos que impregnan de basura el acontecer nacional. Ya tiene el cuerpo del delito señor juez, ahora hay que ver si tendrá los bemoles de asumir su responsabilidad y de excusarse. Por cierto, ¿quién dijo que los ticos lo hacían todo bien? ¡Y un carajo!” (Fin del artículo)

Mi comentario: independientemente de lo que estrictamente se refiere al actual jefe de la Comisión General Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo cual, desde luego, merece nuestra atención, aunque como seres humanos podamos ser capaces de cometer errores, como el que parece que cometió cuando era Fiscal General de Costa Rica con un señor que fue condenado a la cárcel y purgó una condena durante cuatro años y después fue absuelto del delito del cual se le acusaba, que era el asesinato a un periodista, pero ese juicio y condena le costó su desprestigio y su fortuna, creo que este artículo es un llamado de atención para que se analice hasta qué punto se le está otorgando tanta confianza a la persona que cometió el error de condenar a cuatro años de cárcel en Costa Rica a un hombre inocente, a tal grado que se permite juzgar a cualquiera y tacharle de supuestos delitos o defectos. Lo cual no está contemplado en el convenio suscrito entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU). El colmo ha sido que hasta los diputados del Congreso de la República le hayan consultado sobre el “punteo” que se debe conceder a los candidatos a desempeñar el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. ¡Qué poca vergüenza! Como bien dice el columnista Trujillo: “¿Con qué autoridad moral podrá pronunciarse sobre la honorabilidad de ciertos aspirantes? ¿Cómo recusar a un juez, si el propio jefe del organismo internacional está cuestionado?” Además, tiene razón el columnista al señalar que aquí hay personas guardando prisión desde hace largo tiempo sin que hayan sido oídos y juzgados y condenados, como es el caso de los hermanos Paiz Valdez. Y ni qué decir del vergozoso caso del ex Presidente de la República, Alfonso Portillo, quien sigue en prisión desde que fue extraditado de México y, a pesar de haber sido absuelto del delito de peculado, ahora está esperando ser extraditado a Estados Unidos de América para ser juzgado por “lavado de dinero”. Aunque ese ex presidente de la República no es santo de mi devoción, creo que se debe respetar el hecho que durante cuatro años ocupó la más alta magistratura del país, cargo para el cual fue electo por el pueblo. Y, en mi opinión, ese hecho merece respeto. Ya sería hora de que se revise y se enmiende lo que sea necesario para que los tribunales de Guatemala resuelvan lo que se debe hacer en su caso, y no sencillamente tenerle en prisión sin ninguna condena en espera de que pueda ser extraditado a Estados Unidos de América. Hay personas que han estado en prisión más tiempo del que son condenados después de ser juzgados, pero el tiempo es irreversible.  Así como se dicta sentencia de arraigo a una persona por tiempo indefinido, porque el Ministerio Público (MP) no logra encontrar pruebas en su contra para que los condenen los tribunales. Como si la función del MP fuese condenar a todos los acusados y mantenerles en las cárceles aunque no sean juzgados y condenados. En los países más civilizados, los arraigos son por tiempo definido y si en ese tiempo el MP no ha encontrado pruebas de su culpabilidad, los jueces les dejan en libertad. Hace pocos días, tres generales del Ejército mexicano fueron detenidos y acusados de haber colaborado con los narcotraficantes, y el juez les impuso un arraigo por cuarenta días. Cuarenta días. Y aquí hay gentes que están arraigadas desde hace cinco años o más, y solamente se les permite viajar al extranjero si demuestran que les es absolutamente necesario. Lo cual es a todas luces injusto y ya es hora de que se enmiende ese proceder.

3.- No hubo tal genocidio

General (retirado) Efraín Ríos Montt

Tampoco el general Efraín Ríos Montt ha sido “santo de mi devoción” (aunque no creo en los tales “santos” ni tampoco en las once mil vírgenes de la corte celestial), pero ya lo he dicho varias veces y debo insistir en que no ha habido ningún genocidio en Guatemala. Lo que hubo fue una confrontación armada entre las fuerzas regulares del Estado y las fuerzas irregulares subversivas de tendencia comunista, inspiradas y amamantadas por el dictador comunista de Cuba, Fidel Castro. Y quienes tuvieron bajo su mando al Ejército Nacional durante esa confrontación no hicieron más que cumplir con su deber al defender la institucionalidad del Estado, pues la Constitución Política de la República que estaba vigente, emitida el 15 de septiembre de 1965,  en su Capítulo V Artículo 27  establecía lo siguiente: “Es prohibida la formación o funcionamiento de partidos o entidades que propugnen la ideología comunista o que por su tendencia doctrinaria, medios de acción o vinculaciones internacionales atente contra la soberanía del Estado o los fundamentos de la organización democrática de Guatemala”. Más claro no canta un gallo. Por otra parte, las tropas del Estado estaban integradas mayoritariamente por soldados indígenas, y estos  se enfrentaron a los indígenas que conformaban las fuerzas guerrilleras. De modo que no es que hubo la predeterminada intención de eliminar a ninguna de las etnias de la raza indígena, como han venido diciendo quienes fueron o aún son partidarios de esa lamentable e inútil subversión. Por consiguiente, considero que es injusto que se esté juzgando a los generales que comandaban al Ejército en aquellos días.

En cuanto al general Ríos Montt, ya lo conté hace algunos años pero no tengo inconveniente en repetir que una vez que hubo una elección de diputados y el partido del general Ríos Montt obtuvo mayoría de votos en el departamento de el Quiché, donde se supone que el susodicho general cometió el supuesto genocidio, vino a visitarme un viejo amigo que había sido dirigente del partido de la Revolución en Sololá, durante la época del gobierno del coronel Jacobo Árbenz, y no pude aguantarme las ganas de reclamárselo: “¿Cómo es posible que en el Quiché hayan votado tantas personas por el partido del general Ríos Montt a pesar de que se dice que las tropas bajo su mando mataron a tantas gentes?” Y él, viéndome fijamente a los ojos me contestó: “Es porque quienes votaron por él no fueron los que murieron, sino quienes quedaron vivos gracias a que el Ejército mató a los guerrilleros que mataban a quienes no colaboraban con ellos”. Punto final.

Twitter: @jorgepalmieri