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NO ES LA CONSTITUCIÓN LO QUE DEBEMOS CAMBIAR

Miércoles, Junio 6th, 2012

General Otto Pérez Molina, Presidente Constitucional de la República

Todos los candidatos que participaron en la última elección presidencial que tuvo lugar en nuestro país el año pasado –entre ellos el general Otto Pérez Molina, actual Presidente Constitucional de la República– sabían cuáles eran las “reglas del juego” a las que tendrían que someterse si llegaban a desempeñar ese cargo durante cuatro años. Y en sus respectivas campañas electorales nunca dijeron que iban a reformar la Constitución que está vigente desde 1985. Pero el ganador, ya en el poder, ahora quiere cambiar esas reglas y se propone que se haga otra Constitución “ad hoc”, hecha a la medida, para cumplir con su mandato. Para lo cual se propone convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y, para asegurarse de que la mayoría de los diputados constituyentes vayan a ser de su partido político, aparentemente continúa en campaña electoral regalando láminas de cinc y repartiendo “bolsas seguras” de alimentos entre los pobladores más necesitados, que realmente no son otra cosa que las “bolsas solidarias” que repartió en sus tiempos Sandra Torres Casanova, cuando era la todopoderosa esposa del presidente Álvaro Colom y estaba empeñada en sucederle, aunque para ello tuviese que divorciarse y exponerse a cometer lo que se llama “fraude de ley”.

Es evidente que ahora, cuando ya está en el ejercicio de la Presidencia de la República, el general Pérez Molina ha llegado a la conclusión de que Guatemala será ingobernable mientras no se haga una “profunda reforma constitucional” y para ello propone que se convoque a una ANC. Con lo cual nos exponemos a que se abra una caja de pandora incontrolable, porque los numerosos diferentes sectores de la población tratarán de imponer artículos que les beneficien y la Constitución sería como un largo rompecabezas. Al extremo que no sería de extrañar que alguna etnia indígena exija que se le permita gobernar a su manera ancestral y no de acuerdo con lo que estipule la Constitución y las leyes derivadas para toda la población.

Creo no es necesario que la Carta Magna tenga que ser reformada, sino que, cumpliendo con el juramento que hizo cuando asumió el cargo, con la mano sobre la Biblia (a pesar de ser un país laico), el Presidente de la República debe cumplirla y velar por que se cumpla. No en vano tiene colgada del cuello, con una cadenita de plata, la llavecita de la urna en la que se conserva el original de la Constitución de 1985 que hoy se quiere reformar.

En mi opinion, más que la Constitución, lo que debemos reformar es el comportamiento de los guatemaltecos para que cumplamos lo que ordenan la Constitución de la República y las leyes. ¡Tanto gobernados como gobernantes! ¡Todos sin excepción! Es indudable que otro gallo cantaría a nuestro país si los gobernantes y los gobernados por igual cumpliésemos fielmente los mandatos constitucionales y las leyes que de ella se derivan.

Me llama la atención que el general Otto Pérez Molina pretenda emular a su viejo amigo personal y ex compañero en la escuela de Kaibiles Hugo Chávez, quien hizo lo mismo en Venezuela para tratar de perpetuarse en el poder. O tamnién podría ser otra cortina de humo para sustituir a la que se creó con la “despenalización de las drogas”, que ya parece que se está esfumando.

En una entrevista que la periodista Annelise Blanco le hizo al licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y aún magistrado de la misma, en la edición 69 de la revista Avant, acerca de la planeada Reforma Constitucional, éste declaró que “si se realiza una reforma constitucional, hay que hacerlo de manera consciente, pensando en los supremos valores del país y entendiendo que no es con leyes como se conforma una sociedad”. También indicó que “no hay que  realizarla de manera precipitada, ni mucho menos sectarizada”. Y agregó que “la Constitución perfecta no existe. Si se tuviera la vocación de respetarla, la reforma constitucional no sería necesaria”.

Por su parte, el periodista y abogado Óscar Clemente Marroquín Milla, propietario y Presidente del vespertino La Hora, escribió lo siguiente ayer en su acostumbrada columna: “La reforma constitucional realizada en tiempo de Ramiro de León Carpio demostró lo fácil que es usar ese recurso para asegurar ventajas y privilegios a sectores poderosos. La prohibición para que el Banco de Guatemala, como cualquier banco central del mundo, pudiera financiar al Estado, perseguía concentrar en la banca privada el lucrativo negocio”.

Le faltó agregar –seguramente por ser bien sabido– que esta medida ha dado como resultado que los fondos del Estado son depositados en los bancos privados a muy bajo interés y cuando el Estado necesita de algún financiamiento, en vista de que el Banco de Guatemala tiene prohibición de financiar al Estado, –¡como lo hacen en todos los países del mundo!–  tiene que solicitarlo a la banca privada pagando elevados intereses con sus propios fondos. ¡Vean ustedes qué negocio para la banca privada con el dinero de los contribuyentes!

Hay motivos para sospechar que las mismas personas que en esa oportunidad aconsejaron al presidente provisorio Ramiro Deleón Carpio hacer semejante tontería , de nuevo están tratando de influír en el actual gobernante para que se haga otra reforma a nuestra Carta Magna. No se han puesto a pensar en lo peligroso que podría ser que en un país tan segmentado como Guatemala se abra la puerta a la posibilidad de que cada uno de los múltiples sectores exijan un trato especial, como los pobladores de municipios en el interior de la República que pretenden impedir la construcción de represas hidroeléctricas para generar electricidad y la explotación de los recursos naturales, y los indígenas que quieren que se les permita ejercer su “justicia ancestral” a espaldas de las leyes que rigen a todos los guatemaltecos, o quienes propugnan porque los gobernadores de los departamentos sean electos en vez de nombrados, sin ponerse a pensar en el grave peligro que entraña que poderes paralelos, o el narcotráfico, impongan a los gobernadores que convengan a sus intereses económicos y políticos. Todo lo cual convertiría a la Constitución de la República en una peligrosa merienda de negros.

Por otra parte, aunque al principio el Presidente Pérez Molina habló de la necesidad de hacer reformas constitucionales, sin determinar a cuáles serían éstas, se entendía que no necesariamente se quería convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque no se trataba de reformar los artículos “petreos”, como el de la no reeleción presidencial, o los concernientes a los derechos humanos, como la libertad de expresión, y, por lo tanto, sería el Congreso Legislativo el encargado de hacer las reformas de acuerdo a lo que estipula la propia Constitución. Pero posteriormente ha surgido la voz del doctor Manuel Baldizón, máximo dirigente del partido LIDER, solicitando que se haga la convocatoria a una ANC y, como es bien sabido, hay motivos para desconfiar de las fuentes de financiamiento de este controvertido ex candidato presidencial que participó en la segunda vuelta electoral gracias al apoyo de los votos de la UNE y de Sandra Torres Casanova.

Eminentes constitucionalistas internacionales han expresado sus opiniones acerca de las reformas: Alejandro M. Garro, en su obra Reforma Constitucional en América Latina (Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 1989) cita opiniones de las cuales es oportuno y pertinente repetir ahora algunas: Bidart Campos: “El problema no radica, entonces, en la ‘pieza de teatro’, sino en los actores que la han representado con disturbios”/ “Los que tenemos que cambiar somos nosotros, nuestros hábitos, nuestras conductas”. Linares Quintana: “No creemos en el cambio por el cambio mismo. Hoy, lo indispensable no es la reforma a la Constitución, sino su plena vigencia y leal cumplimiento”. Natale: “La reforma de la Constitución más que el derecho de cambiarla, la obligación de cumplirla”. En conclusión: el asunto clave a definir es si la reforma constitucional es realmente un correctivo suficiente para construir un Estado fuerte y eficaz, o solo resultaría un intento para desplazar o debilitar un centro de poder para introducir nuevos actores que, por tendencia narural, “arrimen su sardina al fuego” con los intereses corporativos que representan.” Sobre lo cual el magistrado Maldonado Aguirre escribió en ese mismo boletín: “Es de suponer que la verdadera reforma tendría que fortalecer la democracia pluralista que significa una Constitución que garantice las alternativas políticas. Dicho con pragmatismo, que permita el efectivo funcionamiento de los reemplazos de orientación ideológica democrática en el ejercicio del poder y no continuar por la senda de las obstrucciones sistemáticas a la realización de programas elegidos libremente por el pueblo”. [Ver Ignacio de Otto y Pardo, Obras Completas, U. de Oviedo-CEPC, 2010 pgs. 1533]

En el boletín INFOCC de la Corte de Constitucionalidad de noviembre de 2011, año 1, No. 7,  se publicó esta opinión de J. B. Alberdi: “Conservar la Constitución es el secreto de tener Constitución. ¿Tiene defectos, es incompleta? No la reemplacéis por otra nueva. La novedad de la ley es una falta que no se compensa por ninguna perfección; porque la novedad excluye el respeto y la costumbre y una ley sin estas bases es un pedazo de papel, un trozo literario” (Juan Bautista Alberdi).

Twitter: @jorgepalmieri