1.- Antejuicios contra 13 jueces
Los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están reunidos en sesión permanente bajo la presidencia del magistrado Gabriel Medrano, para decidir si procede o no acceder a la solicitud de antejuicio a 13 jueces denunciados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de supuestamente “favorecer a estructuras del crímen organizado”, de acuerdo a la solicitud presentada por el Ministerio Público (MP). Concretamente, las acusaciones de la CICIG son contra los siguientes jueces: 1) Silvia Morales, “por dejar a la CICIG fuera del proceso RENAP”; 2) Rossana Mena, “por emitir resoluciones en contra de las adopciones en detrimento de los menores”; 3) Mario Peralta, “porque facilitó y favoreció trámites de adopciones ilegales”; 4) José Eduardo Cojulum, “por mantener en prisión a un sindicado a pesar de que la CICIG pidió su libertad al comprobarse que no tenía participación en el caso”; 5) Sergio Castro “por desestimar un proceso a favor del ex Fiscal General Carlos de León“; 6) Carlos Aguilar, “por dejar fuera a la CICIG en el Caso Rosenberg, fallo que fue apelado”; 7) Silvia Violeta de León, “por favorecer al ex fiscal Carlos De León Argueta en el Caso ASODEGUA y favorecer al militar Enrique Ríos Sosa”; 8) Fausto Corado 9) Artemio Sánchez 10) Héctor Echeverría y 11) Byron de la Cruz “por confirmar resolución dejando a la CICIG fuera del caso RENAP”; 12) Verónica Galicia, “por actuaciones irregulares en los procesos Fraijanes II y Maskana”; y 13) Julio Xitumul, “porque benefició al ex presidente Alfonso Portillo con medidas sustitutivas”. En mi opinión, la CSJ no concederá lo que le ha solicitado el MP a instancias de la CICIG. De hecho, ya ha habido algunos casos como estos que ya han sido juzgados y desechados por el OJ. Es indudable que la CICIG está abusando de sus funciones y con su actitud perjudica la credibilidad del sistema judicial de nuestro país.
En mi opinión, repito, la CICIG ha venido poniendo en entredicho la honorabilidad y credibilidad de los jueces que han dedicado muchos años de su vida a la carrera judicial, con lo cual está menoscabando el prestigio de los jueces que se dedican a impartir la justicia en nuestro país. Señala y condena sin haber sido juzgados a los jueces que se han atrevido a dictar sentencias que no han sido del agrado de la CICIG, como que si fuese indispensable para los jueces contar con su aprobación para dictar sentencia. Además, el señor Dall’Anese actúa como si fuese la máxima autoridad judicial del país, el único con derecho a señalar y condenar a cualquiera. Y no hay ningún organismo que se atreva a ponerle un hasta aquí, porque el MP pareciera que es subalterno de la CICIG porque hace todo lo que esta entidad desea. Y no hay Dios que pueda amparar a una persona de las acusaciones de la CICIG porque no existe ninguna entidad superior ante la cual se pueda apelar.
2.- El Ministerio Público trasladó el caso
El Ministerio Público (MP), a cargo de la licenciada Claudia Paz y Paz, trasladó al Organismo Judicial (OJ) la denuncia de la CICIG para que esa institución “establezca si procede o no el antejuicio”, según explicó el asesor del MP Javier Monterroso. Y agregó que no se hizo investigaciones sino simplemente se remitió el informe. Por su parte, el presidente de la CSJ, licenciado Gabriel Medrano, prometió “un proceso transparente apegado a la ley, el derecho de defensa y el debido proceso” y agregó que las solicitudes de antejuicios serán trasladadas al pleno para conocerlas y resolverlas, con los documentos que adjuntó la CICIG sobre las sentencias emitidas.
3.- Eran 18 jueces
Originalmente fueron 18 los jueces que la CICIG denunció como supuestamente vinculados a redes criminales. A finales del mes de noviembre del año 2012, el jefe de la CICIG, doctor Francisco Dall’Anese, presentó una denuncia penal contra 18 jueces que, según él, “favorecieron a redes criminales” por medio de sus resoluciones. El informe denominado “Los Jueces de la Impunidad” , nombra a jueces de Primera Instancia Penal de la capital y algunos departamentos de la República, o que integran Tribunales de Sentencia, y algunos magistrados de salas de Apelaciones del ramo Penal. Al presentar el informe, el doctor Dall’Anesse expresó: “Los jueces de la impunidad incurrieron en la violación de la ley en sus resoluciones al dictar fallos contrarios a Derecho, violaron la ley y favorecieron redes criminales”. Agrega que los jueces no actuaron solos y en algunos casos se involucra a fiscales y policías, aunque no se presentó ninguna denuncia contra otros funcionarios.
5.- Queja ante la ONU
Tres de los jueces mencionados han presentado una denuncia contra el jefe de la CICIG Francisco Dall’ Anese ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), para lo cual viajaron a Nueva York, donde fueron recibidos y escuchados durante varias horas. Ellos son Verónica Galicia, el año pasado; y la semana anterior acudieron a la sede de la ONU los jueces Dina Ochoa, y Amílcar Enrique Colindres. Ambos emprendieron viaje a Nueva York cpn el propósito de entrevistarse con personeros de la ONU para informarle del comportamiento del jefe de la CICIG, y fueron escuchados en dos oportunidades por altos funcionarios de la ONU, la primera vez durante cinco horas y la segunda durante tres o cuatro horas.
6– Entrevista en el programa “A las 8 y 45”
Anoche fueron entrevistados en el programa periodístico titulado “A las 8 y 45”, de canal Antigua, por los conductores Pedro Trujillo y Sylvia Gereda, los jueces Dina Ochoa, jueza del Tribunal de Feminicidios, con 30 años dedicados a la carrera judicial, y Amílcar Colindres, juez primero de Instancia Penal, que recientemente viajaron a Nueva York para exponer sus casos ante autoridades de la ONU y regresaron satisfechos y confiados de haber sido recibidos y escuchados durante siete horas por dos representantes de esa entidad mundial convencidos de que valió la pena hacer ese viaje a Nueva York para exponer su queja ante personeros de la ONU. Y en mi opinión fue una entrevista sumamente interesante que puso de manifiesto el abuso de autoridad del juez Francisco Dall’Anese, quien, dicho sea de paso, recalcó el periodista Pedro Trujillo que tiene un caso pendiente en su contra en su natal Costa Rica.
7.- Suspenden audiencia de hermanos Valdés Paiz
Los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz tenían programada una audiencia en el Juzgado Segundo Penal, en la cual pretendían hacer una solicitud para recobrar su libertad, pero ésta fue cancelada a petición de la CICIG por haber recusado al juez que iba a conocer el caso. Los hermanos han permanecido en prisión desde hace dos años, son sindicados de haber participado en la muerte de su primo, el abogado Rodrigo Rosenberg, quien antes de morir grabó un video en el cual declaró que el culpable de su muerte eran el presidente Álvaro Colom y su esposa Sandra Torres Casanova de Colom, y los empresarios Gustavo Alejos y Gregorio Valdés, no obstante, a base de investigaciones se determinó que él planificó su propia muerte. Los sindicados solicitaron revisión de la medida, la cual consiste en convencer al juez, Carlos Aguilar, para que les brinde cualquier medida sustitutiva que les permita dejar la cárcel militar Mariscal Zavala, lugar donde están recluidos. La Fiscalía Especial para la CICIG y el MP, acusó a los hermanos Valdés Paiz de haber sido cómplices en el asesinato. La acusación se fundamenta en que detectaron que uno de los automotores utilizados en el asesinato del abogado, en la zona 14, pertenece a los hermanos. Rodrigo Rosenberg fue ultimado por un sicario el 10 de mayo del 2009 en un homicidio que, según el ex jefe de la CICG, Carlos Castresana, fue planificado por él mismo para quitarse la vida por estar sufriendo de una depresión que le causó la inesperada muerte accidental de su amante, Marjorie Musa, hija del empresario Mihail Musa. Los hermanos Valdes Paiz, se entregaron a la justicia en el 2010 y una serie de acciones leglaes tanto de la denfensa de los sindicados, como de la CICIG y MP, no ha permitido que el proceso avance para determinar si los sindicados deben enfrentar juicio. El juez Carlos Aguilar argumentó que deberá esperar la resolución de la Cámara de Amparos y Antejuicios, por un amparo planteada en su contra por la CICIG para que sea separado del caso, ya que dudan de su imparcialidad. Desde hace dos años y medio se han mantenido en prisión “preventiva” a los susodichos hermanos sin haber sido juzgados y sentenciados.