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LA GRAN CONTROVERSIA NACIONAL

Lunes, Abril 22nd, 2013

Impresionante close-up del general José Efraín Ríos Montt captado por el reportero gráfico Herlindo Zet de Siglo.21 que publicó ese medio en la portada de su edición del viernes 19 de de abril en curso. El juicio por el delito de genocidio contra él y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Militar (D-2) durante el año 1980, le ha convertido en un símbolo, en el militar emblemático de Guatemala por excelencia. Es evidente que sus acusadores y sus patrocinadores nacionales e internacionales solamente le están utilizando como una especie de “cabeza de turco” o “punta del Iceberg”, indudablemente con la mira de que él sea el primero, pero no será el último de los militares que tuvieron una posición de mando durante las tres décadas de duración del estéril y sanguinario conflicto armado interno entre los ejércitos irregulares subversivos, de tendencia marxista-leninista, y las fuerzas del Ejército regular del Estado. Por lo cual me he permitido, con el debido respeto, aconsejar por medio de este blog al general de división Otto Fernando Pérez Molina, actual Presidente Constitucional de la República, que más le vale poner sus barbas en remojo. Porque todavía está activa la abogada estadounidense Jennifer Harbury, la ex conviviente del desaparecido y difunto comandante Ismael Bámaca, quien ha jurado que no descansará hasta que no sea enjuiciado el “comandante Tito”, nombre con el que era conocido el entonces mayor Otto Pérez Molina en el llamado Triángulo Ixil del departamento del Quiché, a quien ha acusado directamente en las cortes internacionales y ante los medios de comunicación estadounidenses de haber sido el responsable de la captura, tortura, asesinato y desaparición del “comandante” guerrillero Efraín Bámaca Velásquez.

Hay personas que sospechan que lo que pretenden los izquierdistas que perdieron la guerra en el campo de batalla es ganarla por medio de una conspiración judicial aprovechando que desde que se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996, han logrado colocar en posiciones estratégicas de diferentes organismos del Estado, principalmente en el Organismo Judicial, a ex guerrilleros y otros elementos afines a ellos. Entre quienes se asegura que se cuenta el licenciado César Barrientos, presidente de la Rama Penal de la CSJ. Porque si bien se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, la guerra ha continuado en otra forma, como lo estamos viendo. Para lo cual es evidente que los partidarios de los ex guerrilleros han integrado varias ONGs que reciben fuertes cantidades de dinero de varios países, entre ellos Canadá, Dinamarca, Holanda y Suecia, principalmente, para desarrollar sus nocivas actividades desestabilizadoras. Con ese dinero constantemente movilizan a la capital a muchas personas sin recursos que viven en el interior de la república, a quienes les pagan una mínima suma y les dan alimentos y hospedaje cuando sea necesario; y con ese dinero se pagan los numerosos “campos pagados” en los diferentes medios de comunicación; y con ese dinero se trae a distinguidos abogados izquierdistas de diferentes países de América del Sur y de España que son supuestos “expertos” en genocidio para que ofrezcan su opinión en el debate contra los dos generales guatemaltecos que están siendo juzgados por ese delito. ¿Si ese dinero no es de sus patrocinadores extranjeros, de dónde creen que sale lo necesario para pagar todos esos elevados gastos? No creo que sea de los bolsillos de los líderes de las diferentes organizaciones, ni de los campesinos miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC) ni, mucho menos, de la bolsa de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, a pesar de ser millonaria desde que recibió cerca de un millón de dólares junto con su inmerecido premio Nobel de la Paz.

Los últimos acontecimientos que se han venido sucediendo en el debate oral y contradictorio que se está siguiendo en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia contra los generales retirados José Efraín Ríos Montt (presidente de facto de la República del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983) y Francisco Rodríguez Sánchez (jefe de Inteligencia militar en 1982), acusados por el Ministerio Público (MP) de haber cometido el delito de genocidio y deberes contra la humanidad, han hecho perder totalmente la ecuanimidad y hasta la compostura que corresponde a su cargo a la jueza Iris Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “B”, encargado de juzgar el caso y rendir su veredicto, y la han sacado de sus casillas hasta llevarla al más patético histerismo indigno de su cargo. El espectáculo que ofreció es indigno de una jueza de Guatemala o de cualquier otro país del mundo. Con jueces como ella, que además de haber demostrado estar parcializada actúa en esa forma, ¡aliviados estamos! Con un sistema judicial cooptado por izquierdistas revanchistas, encabezados nada menos que por el presidente de la Cámara Penal, licenciado Barrientos, y un MP que actúa en esa forma por las tendencias ideológicas de sus dirigentes, más nos valdría apagar la luz y marcharnos fuera del país.

Se exaltó fuera de toda proporción cuando los abogados defensores de los acusados decidieron abandonar la sala de audiencias como protesta por la negativa del tribunal de suspender la diligencia en vista de la evidente parcialidad de la jueza Barrios al negarse a escuchar los testimonios de los testigos de sus defendidos. Tan pronto los abogados defensores se pusieron de pie y caminaron hacia las puertas de la sala, la jueza se puso a gritar visiblemente fuera de sus casillas ordenando a los elementos de seguridad primero para que no permitieran salir a los abogados defensores y, después, para que fuesen a traerles de regreso. ¡Aquel espectáculo fue digno de un circo de barriada, y no precisamente del nivel del Cirq du Soleil! ¡Fue sumamente bochornoso! El comportamiento histérico de la jueza causó extrañeza y compasión. Puso en evidencia que estaba muy exaltada por no poder llevar a cabo lo que tenía programado. No obstante, la susodicha jueza –que, dicho sea de paso, actúa como si fuese la única que toma decisiones en el tribunal que preside–, probablemente para no quedar en ridículo ante sus parciales nacionales e internacionales, ordenó al Instituto de la Defensa Pública Penal que asigne defensores públicos de oficio a los dos generales retirados y convocó a otra sesión para el día siguiente.

Naturalmente, los abogados defensores no llegaron a la sala la mañana siguiente, ni tampoco los abogados de oficio que hubiese designado el Instituto de Defensa Pública Penal. De manera que los acusados estaban carentes de defensa, lo cual es inconstitucional. Fue obvio que esto disgustó aún más a la jueza Barrios porque, según sospechan los abogados defensores, estaba preparada para emitir su fallo final durante esa sesión. Según los abogados defensores, ese fallo estaba preparado desde antes de que se abriera el debate. Por lo cual los acusados quedaron totalmente indefensos, lo cual está terminantemente prohibido tanto en la Constitución Política de la República como en el Código Procesal Penal.

Pero lo que acabó de descomponer a la jueza Iris Jazmín Barrios fue sorpresiva sentencia de la jueza del juzgado de Mayor Riesgo “A”, Carol Patricia Flores Polanco, para que se anule todo lo actuado hasta el momento en ese debate oral y regrese el juicio a su juzgado, lo cual no quiere decir que pretenda anular el juicio, sino solamente retroceder el proceso a la etapa intermedia (que está a su cargo), en base a resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC). Los dos militares enfrentan un juicio como supuestos responsables de haberle ordenado al Ejército la comisión de 17 masacres en el área del llamado Triángulo Ixil del departamento del Quiché.

La jueza Flores Polanco determinó que el proceso por las matanzas de pobladores ixiles debe regresar al punto en que se encontraba el 23 noviembre del 2011, momento el que ella dejó de conocer el caso debido a que fue separada del proceso por una recusación presentada por la defensa del general retirado Héctor Mario López Fuentes, quien fue jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de facto que Ríos Montt dirigió entre 1982 y 1983 y también está ligado al caso, pero actualmente se encuentra en el hospital militar sufriendo un derrame cerebral y cancer. Después de su captura e indagatoria ante la jueza Flores Polanco se abrió un proceso penal en su contra. La jueza declaró que “tarde o temprano la justicia llega y se deben juzgar las acciones ilícitas del pasado”, lo que el abogado defensor del militar interpretó que ya existía una opinión formada del caso y accionó legalmente contra la funcionaria.

El general López Fuentes presentó una recusación con la cual buscaba separar a la jueza del proceso. La acción fue conocida por la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, la cual determinó que existían indicios para dudar de la imparcialidad de la jueza Carol Patricia Flores Polanco. Y el 23 de noviembre del 2011, el proceso pasó al Juzgado Primero “B” de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, por lo cual el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos impugnó la resolución aduciendo que Carol Patricia Flores Polanco debía continuar con el proceso. El general retirado Efraín Ríos Montt aún era diputado por el partido Frente Republicano Guatemalteco cuando se emitió ese fallo. Fue hasta el 15 de diciembre cuando él se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP).

La jueza Carol Patricia Flores explicó: “Se anula y se deja sin efecto lo actuado por disposición de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, y no lo resuelvo yo”. Lo cual no significa que se anula por completo el juicio y que “Ríos Montt quedará en libertad”, como el periódico Siglo.21 tituló en su primera plana del viernes 19 de abril en curso tendenciosamente. Y agregó en letras grandes y de color café “MP: ES ILEGAL” con la foto de la Fiscal General de la República, doctora Claudia Paz y Paz, junto al Secretario General del MP Mynor Melgar, de quien se dice que fue guerrillero y ahora es sumamente influyente en las actividades del MP. Titulares falsos, como estos, desorientan aún más a la población y provocan más controversia y enfrentamiento entre los guatemaltecos. Los encargados de titular las noticias y los reportajes harían bien en ser más cuidadosas de que los titulares reflejan la verdad y el contenido.

Durante una conferencia de prensa, la controvertida Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público (MP), doctora Claudia Paz y Paz –de quien se dice que es parcial a los izquierdistas ex guerrilleros y que algunos de sus parientes fueron guerrilleros– de inmediato calificó de “ilegal” la sorpresiva resolución de la jueza de Mayor Riesgo “A” Carol Patricia Flores Polanco, por considerar que “está completamente alejada del cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC)”. Con actitudes y comentarios como estos la doctora Paz y Paz pone de manifiesto que además de sus atribuciones judiciales se deja llevar por sus ancestrales y propias inclinaciones políticas. Por lo cual me parece difícil que sea reelegida, pero se dice que se le está abriendo un campo de carácter internacional para cuando termine el actual período, lo cual me parece muy bien y creo que beneficiará a Guatemala,
La Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó en forma definitiva al general retirado José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado de facto entre 1982 y 1983, quien pidió acogerse a la amnistía de las acciones por las cuales se le sindica. El militar aduce que el decreto 8-86, emitido en 1986, durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien sustituyó a Ríos Montt por el mandato de la Institución Armada, confiere el perdón de los delitos cometidos por soldados y guerrilleros, comprendidos en el período del 23 de marzo de 1982 al 4 de enero de 1986.

El ex jefe de Estado de facto recibió dos respuestas en las que se rechazó su petición, en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo y la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, respectivamente, por lo que acudió a la CSJ. Y ésta ordenó emitir una nueva resolución. El Ministerio Público impugnó el fallo en la Corte de Constitucionalidad, argumentando que la normativa a la cual se acoge Ríos Mont perdió vigencia con la creación de la Ley de Reconciliación Nacional, después de la firma de los acuerdos de paz, en 1996. Sin embargo, el segundo cuerpo legal no manifiesta en forma expresa que el decreto 8-86 haya sido derogado al entrar en vigencia la Ley.
La persecución penal contra el anciano y enfermo general retirado Héctor Mario López Fuentes fue suspendida de manera provisional, debido a que ha sufrido un derrame cerebral y se le ha detectado cáncer. El 28 de enero último, el juez Gálvez ordenó abrir juicio contra los generales retirados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. El 19 de marzo, los dos militares se sentaron en el banquillo de los acusados ante un Tribunal de Sentencia. Durante 19 jornadas se vio desfilar en la sala a más de 120 personas, entre testigos y peritos, quienes integraban la prueba de acusación y de descargo. Se esperaba que durante la audiencia número 20 la defensa presentaría a un grupo de cinco testigos. La diligencia estuvo marcada por una serie de alegatos entre los abogados de los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez contra la presidenta del Tribunal, a quien en ningún momento se la vio consultar a sus dos compañeros en el tribunal. Los defensores solicitaron que se suspendiera la audiencia, mientras se escuchaba la decisión de Flores Polanco sobre el futuro del proceso, para lo cual se había programado una audiencia a las 14 horas. “No sabemos qué va a explicar la jueza Flores Polanco”, expuso César Calderón, representante del general Rodríguez Sánchez. Ante la postura de los jueces del Tribunal, los defensores optaron por abandonar la sala de audiencias, como medida de protesta. “Consideramos que este juicio es ilegal y por eso nos retiramos de la sala”, dijo Calderón.No obstante la decisión de la jueza Flores Polanco, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal, indicó en la sala de vistas que “lastimosamente no es posible remitir la pieza de prueba del proceso que se sigue contra los acusados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez. La ley indica que no se podrá retrotraer el proceso a fases ya desarrolladas”.Pero hay opiniones contrarias a las suyas. Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, indicó que “el trámite de las acciones se realizó fuera de los tiempos que la ley indica, por lo cual se creó una incertidumbre”. El licenciado Francisco García Gudiel, quien integra el equipo de abogados defensores del general Ríos Montt, calificó el fallo de la jueza Carol Patricia Flores como “una decisión valiente, que respeta el debido proceso”. Sin embargo, el licenciado Édgar Pérez, abogado de la Asociación Justicia y Reconciliación, aseguró que el fallo emitido por Flores causa “un grave agravio a las víctimas porque se impide el acceso a la justicia”.
¡No hay que llamarse a engaño! El juicio que se sigue por genocidio y otros delitos contra los generales retirados Efraín Ríos Montt y José Francisco Rodríguez Suárez, está diseñado para que sirva de antecedente a lo que tienen tramado los izquierdistas locales y sus patrocinadores internacionales. ¡No hay vuelta de hoja! Y en Guatemala hay varios medios de comunicación y ciertos comentaristas que es evidente que están comprometidos en ello, aunque puede ser que lo hagan sinceramente e inconscientes de que están siendo utilizados como tontos útiles. Sobre todo en ciertos programas periodísticos de televisión, donde para “lucir bien” ante la teleaudiencia algunos de los protagonistas se manifiestan radicalmente en contra de los acusados y en favor de la trama. O sencillamente porque son antimilitaristas, en general, y en lo personal Ríos Montt les es antipático. Sin olvidar a esas que se dicen “sociedad civil” y a cierto abogado que en vano ha tratado de ser electo primero Procurador de Derechos Humanos y después Fiscal General de la República y se califica como presidente de una supuesta organización internacional de juristas. Finalmente, no sé que tiene que ver en este caso el jurista costarricense Francisco Dall’Anese Ruiz, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), porque esa atribución no está comprendida en el convenio suscrito entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Guatemala. En otras palabras, el juez Dall’Anese “no tiene vela en este entierro”. Y al convertirse en acusador adhesivo sobrepasa su función. Como tampoco la tienen los embajadores acreditados en el país que asisten a las audiencias y denotan sus simpatías y antipatías con su comportamiento. De lo contrario se inmiscuyen en asuntos que no son de su incumbencia ni están en su derecho. Si no pueden comportarse como corresponde a su función estrictamente diplomática no deberían asistir a las audiencias que conciernen a los guatemaltecos. Es lamentable tener que reconocer que primero la CICIACS y ahora la CICIG no han servido para nada positivo a Guatemala. Particularmente en lo que se refiere al sistema judicial. Con lo que han probado que hubiese sido mejor que no vinieran.

No me canso de decir que nunca he sido amigo personal del general José Efraín Ríos Montt, ni mucho menos su partidario político, pero no por ello voy a valerme de este medio para prestarme a ser caja de resonancia de la evidente injusticia que se está cometiendo en el juicio en su contra por el supuesto delito de genocidio y otros, a pesar de que quienes sabemos lo que significa genocidio sabemos que aquí nunca hubo genocidio porque jamás se tuvo la predeterminada intención de aniquilar a una raza, sino de combatir a los subversivos guerrilleros marxistas leninistas, porque en ese tiempo la Constitución de la República prohibía las actividades con esa tendencia, siguiendo la política de “seguridad nacional” durante en enfrentamiento mundial entre las dos hegemonías mundiales: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los Estados Unidos de América (EE.UU). Insisto una vez más que en que en Guatemala no hubo genocidio, sino una confrontación armada o una guerra entre los guerrilleros subversivos marxistas-leninistas patrocinados por el gobierno comunista cubano de Fidel Castro y otros países comunistas, como Viet Nam, y las fuerzas represivas del Estado.

Pero no porque no me sea simpático el general retirado Ríos Montt, dejo de reconocer que ha tenido una larga y muy destacada participación en la historia contemporánea de nuestro país. Ha tenido un largo y destacado historial en los acontecimientos nacionales. Comenzó su carrera como un simple Policía Militar en un cuartel, y después de haber hecho sus estudios en la Escuela Politécnica, ha llegado a ser Jefe del Estado Mayor del Ejército, Director de la Escuela Politécnica, candidato a la Presidencia de la República por una coalición de partidos de centro izquierda, Agregado militar en España; presidente de la República de facto por un año, diputado al Congreso y presidente del Organismo Legislativo y Congreso de la República durante cuatro años consecutivos. Creo que algún respeto debe merecer su trayectoria. Pero ya es cosa probada que los guatemaltecos no sólo no reconocemos los méritos de los demás, sino usualmente les desacreditamos porque les tenemos envidia debido a que nuestra autoestima es muy baja y no nos agrada que otros sobresalgan de la mediocridad nacional. Y como ya he dicho muchas veces, mal paga Guatemala a quienes le sirven.

Además, es evidente que algunas de las acusaciones que se le han hecho son a todas luces infundadas, como el haber tratado de acusarle de haber sido el responsable de la lamentable masacre que tuvo lugar en las oficinas de la embajada de España causada por los estallidos de las bombas molotov que llevaban consigo unos campesinos del Triángulo Ixil y miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), brazo armado de la guerrilla, que estaban encabezados por el dirigente campesino Vicente Menchú, tata de la premio Nobel Rigoberta Menchú, que invadieron esas oficinas con la autorización previa acordada durante una reunión en el Quiché del nunca lo suficientemente despreciado y maldecido embajador español Máximo Cajal y López, y dirigidos por la cabecilla de una célula compuesta por una decena de guerrilleros estudiantes de la Facultad de Derecho de la USAC. Pero es tanta la ceguera del odio que se le tiene al general Ríos Montt que no se han percatado de que cuando ocurrió esa tragedia él ni siquiera estaba de alta en el Ejército, ni mucho menos tenía una posición de mando. Y por lo tanto es totalmente ajeno a ese doloroso acontecimiento. Pero sus detractores le están acusando hasta de las supuestas violaciones masivas a las campesinas por los soldados y –algo que me parece a todas luces una villanía increíble– de que supuestamente él también tuvo responsabilidad en que los soldados del ejército no solo asesinaron a campesinas embarazadas sino posteriormente les abrían el vientre con las bayonetas para sacarles los fetos que luego golpeaban contra los árboles. ¡Eso no lo creo ni aunque me lo juren por todos los santos de la “corte celestial”.

Ya he publicado varias veces que cuando yo era embajador de Guatemala en México (del 1 de diciembre de 1978 al 23 de marzo de 1982), muchos miles de campesinos del occidente de nuestro país llegaron a pedir refugio a Chiapas, yo viajé hasta donde se encontraba la mayoría de ellos y les pregunté si ellos habían huido del Ejército, me contestaron que habían huido del terror de la guerra, y de las acciones tanto de los guerrilleros como de los soldados del Ejército. Porque cuando ellos hacían lo que les ordenaba una de las facciones, cuando llegaba la otra les castigaba. De hecho, muchos de ellos se quejaron de que los guerrilleros entrenaban para hacerse guerrilleros a numerosos menores de edad, y eso les daba mucho miedo porque creían que iban a morir peleando contra el Ejército. Me contaron también que les desconcertaba mucho ve que entre los guerrilleros habían varios sacerdotes católicos guatemaltecos y extranjeros. Me mencionaron algunos nombres de esos curas metidos a guerrilleros pero ya los he olvidado.

Finalmente, aunque en lo personal Ríos Montt no es una persona de mi simpatía, y en lo personal me perjudicó cuando “canceló” mi nombramiento de embajador en México (aunque yo presenté mi renuncia al enterarme que le habían dado un golpe Estado a mi amigo el general Romeo Lucas García, quien me había nombrado), como viejo periodista que soy, con más de 66 años en el ejercicio de ese oficio, debo expresar lo que creo. Sin pretender con ello descalificar las resoluciones de los miembros del Organismo Judicial (OJ) que al final de cuentas serán quienes deberán dictar la sentencia que corresponda de acuerdo con la Constitución de la República y todas las demás leyes y el Código Procesal Penal. Sobre sus conciencias caerá el peso de sus remordimientos si no actúan estrictamente apegados a la Constitución Política de la República y demás leyes del país. Quiera Dios que así sea.

Twitter: @jorgepalmieri