Archive for Abril 25th, 2013

MISCELANEA DEL 25/04/13

Jueves, Abril 25th, 2013

1.- La esperada resolución de la CC

Jueza Iris Yazmín Barrios, presidenta del Tribunal

Sin ánimo de ser irrespetuoso con la jueza Iris Yazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero “A” de Alto Riesgo, que tuvo a su cargo el debate oral y contradictorio en el juicio por genocidio y delitos deberes contra la humanidad contra los generales retirados José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, opino que su comportamiento como jueza fue a todas luces parcial y arbitrario. Por su procedimiento, no parecía que estaba juzgando a los acusados, sino uniéndose al Ministerio Público (MP) y demás la parte acusadora. Por su forma de tratar a los acusados se evidenciaba que su actuación era de “compadre hablado” y desde antes de que comenzara el debate ella ya tenía su veredicto.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió anteayer por la tarde la primera de 12 recursos que se le presentaron sobre el sonado “juicio del siglo” por la acusación del Ministerio Público (MP) contra los generales retirados José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de Inteligencia Militar entre 1982 y 1983, de haber cometido el delito de genocidio en el llamado “Triángulo Ixil” del departamento del Quiché, durante el tiempo que el primero fungió como presidente de facto posterior al golpe de Estado contra el entonces Presidente Constitucional de la República, general de división Fernando Romeo Lucas García.

En el primero de los fallos, la CC resolvió por el voto de la mayoría de los magistrados ordenar con apercibimiento a la presidenta del Tribunal Primero “A” de Alto Riesgo, licenciada Iris Yazmín Barrios, que devuelva inmediatamente –“en el plazo de dos horas después de haberle sido notificada la resolución”– el expediente del caso a la jueza de la fase intermedia de Mayor Riesgo licenciada Carol Patricia Flores, para que ésta reciba las pruebas ofrecidas en favor de los militares acusados, las cuales fueron rechazadas por el juez Miguel Ángel Gálvez durante la primera fase del proceso. Con lo cual queda anulado todo lo actuado durante el debate oral y contradictorio que se venía desarrollando en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ya llevaba tres días suspendido el 18 de abril en curso por disposición de la Jueza Primera de Mayor Riesgo Carol Patricia Flores. Pero el Tribunal Primero “A” de Mayor Riesgo envió a la CC un fax en el que rechazó ese fallo por considerarlo ilegal. Por lo cual los magistrados constitucionales podrían pronunciarse sobre este fallo en el transcurso de la próxima semana. El apercibimiento consiste en que si no lo hace podría ser detenida y destituída del cargo. Por lo cual la jueza Iris Yazmín Barrios remitió el expediente a la jueza Clara  Patricia Flores, pero esta instancia ya había concluído su horario hábil, por lo que los documentos fueron entregados en un Juzgado de Primera Instancia Penal de turno, y hasta hoy los recibirá la jueza Flores para que a su vez de cumplimiento a lo ordenado por la CC. Lo resuelto ayer por la CC se refiere a formulismos dentro del proceso por genocidio y los demás recursos serán conocidos en el transcurso de la próxima semana cuando las partes remitan los antecedentes de cada uno de los recursos planteados.

Asimismo, la CC decidió amparar al general Ríos Montt y al abogado Moisés Galindo en el recurso del primero solicitando protección legal por haber quedado indefenso desde el 19 de marzo pasado, cuando la jueza Barrios ordenó arbitrariamente a su abogado defensor, licenciado Francisco García Gudiel, que abandona la Sala de Audiencias; y, extremando su arbitrariedad, la presidenta del tribunal ordenó al licenciado Moisés Galindo que él se hiciera cargo de esa defensa, como si fuese un abogado público, por lo cual éste rehusó.

2.- Jueza devuelve el expediente a la CC 

Jueza Carol Patricia Flores con incertidumbre

Aunque la jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero “A” de Mayor Riesgo, recibió el expediente del debate oral de acuerdo a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) para que procediera a conocer las pruebas de descargo de los acusados, argumentando que no pudo recibirlas “porque el Tribunal Primero “A” de Mayor Riesgo presidido por Yazmín Barrios, no le envió el expediente como lo ordenó la CC”. Los jueces argumentaron que se cumplió con esa orden el 19 de marzo, durante el inicio del debate oral contra los generales. Y devolvió el expediente a la CC solicitándole “disolver esa duda e incertidumbre”, (ha de haber querido decir resolver) lo cual es un pleonasmo porque si hay incertidumbre quiere decir que hay duda. Decir que tiene incertidumbre y duda es redundancia, de acuerdo al Diccionario Ideológico de la Lengua Española de J. Casares.

3.- Tres interesantes artículos  

En elPeriódico de ayer se publicó este artículo del columnista Acisclo Valladares Molina:

¿Se trata de los mismos?
Los que antes la alababan, ahora la denigran…

Cuando la Jueza Carol Patricia Flores fue recusada por la defensa de Héctor Mario López Fuentes y la honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones, en 2011, declaró con lugar la recusación que se planteara en su contra, saltaron, en su defensa, los mismos que hoy, ¡aunque usted no lo crea!, la denigran.

Estas son las palabras que entonces, en aquella ocasión, fueron dichas por los mismos con respecto a la misma juzgadora: “La Jueza Flores es parte de las juzgadoras imparciales que se atienen a las pruebas que arroja la investigación criminal y son quienes honran al sistema de Justicia”.
Estos, los mismos, no solo se expresaron así, sino incluso, uno de ellos, accionó en amparo para que esta jueza siguiera conociendo: “Recurrimos a los Magistrados de la Cámara de Amparos y Antejuicios (sic) de la Corte Suprema de Justicia para que la jueza Carol Patricia Flores, continúe conociendo este histórico proceso de búsqueda de justicia y verdad”.
Y esos mismos, decía, los de entonces –curioso, no?– son los que, ahora, la rechazan. Estas son las contradicciones en que incurren, necesariamente, todos aquellos que reniegan del silogismo jurídico para la aplicación del Derecho y estiman que este se debe aplicar atendiendo a las circunstancias del momento en que se aplica. En otras palabras, a la oportunidad y conveniencia.
CALDH y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, entre otros, la consideraron buena, entonces, pero mala, ahora ¿En qué quedamos?
Los hay que no creen en el Derecho y, antes bien, lo niegan, reduciéndolo a criterios políticos: lo que les resulte oportuno y conveniente.
Derecho, en dos platos –tesis, por cierto, totalitaria, por excelencia– lo saben los iniciados, pero no los tontos útiles –es lo que conviene a la revolución y punto– y, a contrario sensu, lo que no le conviene, no es Derecho.
¿Deificar a la jueza, entonces, y demonizarla ahora? ¿No les da vergüenza?
¿En qué quedamos? ¿Buena o mala? ¡Por favor!
La CICIG es otra que bien baila y, así, encubre su propia ineficiencia, politizándose, y arremetiendo en contra de los jueces.
Qué pasó, CICIG, con el asesinato de Lea Marie de León? ¿El acto espontáneo, acaso, de un charamilero?
Ese estar pendientes de agendas y guiones ¡Luz, cámara, acción! hace que muchas entidades, pretendiendo hacer el bien, terminen haciendo el mal, relativizando el Derecho y pretendiendo, así, el sometimiento de los jueces a sus pasiones y caprichos.
Cuando fallan a su gusto, ángeles, pero si su fallo no les gusta, demonios.
¿Cómo creer a quienes, ahora, la denigran, pero, antes, la alababan? (Fin del artículo del licenciado Acisclo Valladares Molina)

 3.- Artículo de Pedro Trujillo en Prensa Libre

Made in Guatemala
Ciertos parlanchines arengan que no se trata de si hubo o no genocidio. Dicen que es preciso enfrentar el pasado, reconocer la historia y similares insinuaciones. Se trata, sin embargo, de genocidio. No les sirve simplemente juzgar a alguien o analizar un momento histórico. Una condena por delito distinto al de genocidio, no satisfaría a determinada jauría hambrienta de venganza histórica que necesita una victoria jurídica que los revalide y les permita seguir recibiendo dinero por subvertir cualquier orden establecido, a pesar de que ciertas embajadas

Pedro Trujillo

 

 

PEDRO TRUJILLO

 

 

lo desmientan en un campo pagado. Utilizan el principio goebbeliano de la repetición mentirosa sistemática y la táctica de la saturación mediática. Viven del conflicto —como siempre— y necesitan violencia para subsistir. Su norte y admirados: la Venezuela maduro-chavista, la Cuba castrista o la Nicaragua del violador Ortega, ¡pero con ellos en el poder!, para continuar con lo único que saben hacer: asesinar, físicamente —antes— o mentalmente —ahora— a jóvenes a quienes procuran llenar la cabeza de lo que les sobra: odio. Maquiavélico proyecto que afanosamente busca una sentencia condenatoria rápida y que sirva de jurisprudencia en otros lugares. Justicia es solo lo que ellos dicen que es, de lo contrario azuzan a la Cicig/MP —habitualmente prepotentes e incapaces— para perseguir e intimidar, con apoyo de pagadas organizaciones, a fiscales, abogados y jueces no alineados.

El motivo político del genocidio no figura en la Convención, aunque sí en el diccionario de la Lengua Española, y es el argumento favorito de quienes intervienen en ese monólogo judicial. Sin embargo, es ilegal el empleo del diccionario porque hay una precisa definición en el Tratado que se redactó en varios idiomas. Jurídicamente hablando —tal y como adelantó la CEH— es imposible justificar aquí el genocidio, razón de la “coincidencia” y retorcimiento de ciertos argumentos de analistas y peritos seleccionados. Necesitan validar la causa política porque de lo contrario será difícil la condena.

Trama con implicaciones internacionales no dimensionadas totalmente. El propósito que persiguen obedece a una vasta estrategia más allá del horizonte visible y perceptible. Si en Guatemala condenan por genocidio, alentarán otros procesamientos: a propietarios de fincas en las que supuestamente se cometió —Argentina lo hizo—, emprenderán la lucha por la expoliación de tierras, estigmatizarán al país por décadas y será el punto de partida para proyectarse al exterior. Una sentencia de esa clase sería extrapolada inmediatamente, por ejemplo, a Israel. Se pediría una condena por los años de “opresión y abuso” contra el pueblo palestino cuando no delitos más graves, sin cuestionar ni condenar el terrorismo interno, como aquí. ¿Quiénes financian todo esto?, porque cuesta cientos de millones en abogados, personajes que difunden su fabricada historia y montajes publicitarios, además de falsas historias —Rigoberta Menchú, entre otras—. Será casualidad, pero en pleno juicio, el canciller guatemalteco anunció el reconocimiento del “estado” de Palestina a pesar de no cambiar nada desde que Guatemala se abstuviera en la ONU a fines del año pasado. ¡Vaya política de Estado! Coincidencia que invita a reflexionar, analizar y valorar las presiones de Irán. ¿Cómo denominarán —si hay condena— el bombardeo de Dresde, Hiroshima y Nagasaki, Vietnam, los 30 millones asesinados por Stalin y Lenin o la exterminación indígena durante la conquista de los Estados Unidos? Del Ku Klux Klan, mejor ni hablar. Por aquellos lugares, todo eso ya fue “resuelto”, “solucionado” u olvidado. Aquí siguen pagando para que continuemos matándonos. (Fin del artículo de Pedro Trujillo)

4.- Artículo de Alfred Kaltschmitt 

Flores para la Flores
Hasta el jueves pasado la jueza Carol Patricia Flores era una heroína para las organizaciones de derechos humanos que hoy la acusan de arbitraria, malintencionada y sujeta a acciones de desaforo. Mas en el campo pagado de fecha 11 de noviembre del año pasado, la describen como una jueza “imparcial que honra al sistema de justicia….”(¿?) El campo pagado de marras comprueba la doble moral, “si estás conmigo te apoyo, si estás en contra te destruyo”, de los conglomerados que hoy se le han tirado encima con una saña inaudita.

 

ALFRED KALTSCHMITT

 

El campo pagado de marras comprueba la doble moral, “si estás conmigo te apoyo, si estás en contra te destruyo”, de los conglomerados que hoy se le han tirado encima con una saña inaudita.

Los dos párrafos de ese comunicado firmado por una gran cantidad de organizaciones, incluyendo a CALDH y fundación Menchú, comprueban claramente tal extremo. Pero los vientos cambian de acuerdo con los intereses. Vean lo que hace unos meses declaraban públicamente de la jueza Flores:

“Las organizaciones abajo firmantes, respaldamos lo actuado por la Jueza Carol Patricia Flores, quien con irrestricto apego a la ley y a la derecho, (sic) ha permitido, que por primera vez en la historia de Guatemala, se desarrolle una investigación y se pueda sindicar a responsables y dar la orden para la comisión de genocidio y delitos deberes contra la Humanidad, en contra de población civil no combatiente del pueblo Maya Ixil. La jueza Flores es parte de los juzgadores imparciales (sic) que se atienen a las pruebas que arroja la investigación criminal y son quienes honran al sistema de justicia. (sic) El énfasis es mío. Y justamente por eso, la ambigüedad de la resolución de la Sala Primera de Apelaciones, coloca en tela de juicio su propia imparcialidad.

“Queda escrito en la historia de Guatemala esta confusa resolución y la sombra de la sospecha de impunidad ha quedado en los magistrados que sin fundamentos aceptaron el tramite de la recusación contra la jueza Flores”.

Obsérvese el descrédito a la integridad de los jueces cuando no fallan a su favor, como lo ha hecho la Cicig sistemáticamente colocando a jueces en una lista negra sin que se les comprueben las sindicaciones y sin presentar una sola prueba, únicamente sus fallos.

En este juicio hay mucha información que se ha deliberadamente ocultado para impedir el conocimiento de la verdad histórica. Y como lo han señalado académicos, testigos históricos como yo, víctimas del conflicto, e investigadores independientes, el Informe de Comisión de Esclarecimiento nació con un lamentable y comprobado ADN de izquierda. Sus miembros eran de izquierda, una considerable cantidad de testigos fueron seleccionados de las filas militantes, y lo peor, no se integró deliberadamente por una terna equilibrada con miembros de ambos lados. Este error, presionado especialmente por el representante de la ONU Christian Tomuschat, es la causa principal de las divergencias y la única plataforma documental desde la cual se parapetan los acusadores de la guerrilla. Es la biblia, dogma histórico, y contra ella no cabe argumento alguno.

Al amparo del insomnio de la inquietud que me causaba el despertar del Leviatán escribí: “No se puede dignificar a las víctimas de la guerra si solo se toman las versiones de un lado como si sus tumbas no existieran. Invisibilizándolas de la guerra, como si una página entera de la guerra hubiese sido arrancada de la historia. Eso no es justo, ni equitativo, ni moralmente aceptable. Aquí hubo responsables de crímenes horrendos de civiles inocentes y miles de militares de parte de la guerrilla. Pedir justicia para ellos también es un deber”.

Y lo que muchos conocemos a sotto voce: “Se oculta el gran pecado de la guerrilla de haber reclutado a ixiles para utilizarlos como combatientes y escudos humanos. ¿¿Por qué???

Heme aquí con mi testimonio de los años que estuve asistiendo en los centros de refugiados de la región ixil. Hoy estaría testificando contra Ríos Montt si me hubiese enterado de genocidio.

Y aquí estoy, de frente con mi conciencia en alto, pidiendo justicia también para la jueza Flores. (Fin del artículo de Alfred Kaltschmitt)

6.- Artículo de Raúl González Merlo

Tribunales canguros
Wikipedia define la expresión estadounidense “tribunal canguro” (kangaroo court) como “un tribunal en el que los principios de la ley y la justicia han sido pervertidos… donde, el defendido ya ha sido encontrado culpable”. La reciente queja de la Cicig ante las expresiones públicas contra el delito de genocidio demuestra, nuevamente, que la “comunidad internacional” favorece, cuando le conviene, los “tribunales canguros”. La Cicig se queja de “campañas” de publicaciones “cuya única finalidad es incidir” en los jueces responsables del juicio por genocidio.

 

 

JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO

 

 

¡Qué hipocresía! ¿De qué se quejan? Si la Cicig ha recurrido y recurre a la intimidación de columnistas, ciudadanos, abogados, fiscales y jueces para “incidir” en la condena de sus acusados. No extraña tampoco que cuando la Cicig hace un “llamado a la mesura”, este se aplica solo a las expresiones críticas del supuesto delito de genocidio. Sobre las expresiones de apoyo, incluyendo “manifestaciones pacíficas” no dicen nada…

En particular, la Cicig ataca directamente a los ciudadanos que firmaron un pronunciamiento público titulado “Traicionar la Paz y Dividir a Guatemala” y recurre a la velada amenaza de que sus autores habrían perdido la “confianza de la comunidad internacional”. ¡Qué ganga! Yo, que no firmé dicho documento, pero lo comparto, prefiero gozar de la confianza de mis conciudadanos antes que de la “confianza” de burócratas internacionales que nos usan para sus fracasados experimentos de nation building. Al fin y al cabo ellos vienen y van; pero nosotros nos quedamos a vivir con las consecuencias de sus barrabasadas.

Para desgracia de los chapines, Guatemala es el país de la “eterna intervención extranjera”. Acá, cualquier embajador o funcionario se mete a cuanto juicio le da la gana. Pero, de acuerdo con los “estándares” de la Cicig, eso no constituye una medida de presión para los jueces. La ONU puede hacer sus propias publicaciones y eso tampoco constituye una medida de presión. Es solamente cuando ciudadanos, conscientes de las consecuencias de una injusta condena al país por genocidio, expresamos pacíficamente, nuestra oposición, que se nos amenaza veladamente.

Pobre Guatemala. Nuestra falta de carácter a nivel gubernamental y a nivel ciudadano, ha permitido que, frente a nuestras narices, la “comunidad internacional” viole el principio de no intervención en los asuntos internos del país. Si ingenuamente creemos que el sistema de justicia saldrá“fortalecido” con tanto manoseo extranjero, los hechos nos demuestran lo contrario. El espacio que ocupa la odiada “impunidad” está cediendo su lugar a los “tribunales canguros”.

Lo anterior le dará a los manoseadores sus “trofeos judiciales” con los que tendrán ascensos y fama. Y cuando se vayan, si es que algún día se van, los guatemaltecos nos habremos dado cuenta, tarde, que las naciones no se construyen desde afuera, a pura intervención extranjera, sino desde adentro con ciudadanos dignos. La pregunta es si ¿usted está dispuesto a continuar tolerando esto o, por lo menos, tratará de recuperar la dignidad a la que ha abdicado? (Fin del artículo de José Raúl González Merlo)

Corrección a José Raúl González Merlo: aclaro a mi estimado amigo el licenciado González Merlo lo que dijo anoche erróneamente durante el programa periodístico de Canal Antigua A las 8 y 45, sobre la “Doctrina Estrada” de México, cuando estaba siendo entrevistado por los periodistas Martha Yolanda Díaz-Durán y Jorge Jacobs. Se equivocó al decir que el gobierno mexicano se basa en la “Doctrina Estrada” para expulsar del país a los extranjeros que se inmiscuyen en los asuntos internos de México. Porque “Doctrina Estrada” es el nombre de la Política Exterior de México que se deriva del Secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada, durante la Presidencia del ingeniero Pascual Ortiz Rubio. El Secretario Estrada anunció esta doctrina mediante un documento enviado a los representantes de México en el extranjero, con fecha 27 de septiembre de 1930. Se refiere a la antigua costumbre de otorgar el reconocimiento a un Gobierno. Dicha práctica era habitual hasta que fue considerada como “un uso denigrante, en virtud de que cada país tiene su propio derecho de autodeterminación”. México sufrió a causa de esta práctica ya que al inicio de su vida independiente, le fue difícil obtener los reconocimientos para los diferentes gobiernos que se sucedían. Su uso más extendido se dio en la década de 1970 donde México no otorgó reconocimiento de Estado a los países sudamericanos que sufrieron golpes de estado. Porque México sostiene relaciones permanentes con los países, y se limita a mantener o retirar su misión diplomática. La Doctrina Estrada favorece una visión cerrada de soberanía. Afirma que gobiernos extranjeros no deben juzgar (para bien o para mal), a los gobiernos o a los cambios de gobiernos en otras naciones ya que implicaría una violación a su soberanía. Lo que José Raúl quiso decir es que el Gobierno de México expulsa inmediatamente del país a cualquier extranjero que se permita inmiscuirse en los asuntos internos de ese país.

Twitter: @jorgepalmieri