Portada del número 35 con fecha de hoy de la revista ContraPoder
La revista semanal ContraPoder eligió como “La mujer del año” a la doctora Claudia Paz y Paz, fiscal general de la nación, y el director de dicha publicación, periodista Juan Luis Font, dedica siete (7) páginas a un largo artículo en letra miniatura, cuya parte editorial justificando el por qué de la elección fue escrita por él, pero el artículo, titulado “Avance real en la justicia penal”, es una elaboración conjunta con la periodista Marta Sandoval, graduada en la universidad Landivar con un master en periodismo en el diario español El País y un doctorado en Sociología en la Universidad de Salamanca, del cual voy a tratar de comentar algunos de sus párrafos, a pesar de lo difícil que es para mis cansados ojos leer esa letra tan minúscula que me parece que es tipo 8, por lo que les aconsejo que aumenten el tamaño porque para poder leer esta letra se necesita una lupa.
Comienza diciendo: “ContraPoder elige a Claudia Paz y Paz, fiscal general de la nación, Mujer del Año 2013 y lo hace con plena convicción de la animosidad y las críticas que su figura inspira en el país. Estas críticas pueden resumirse en cuatro puntos.
“El primero se levanta a raíz del juicio por el delito de genocidio seguido en contra del general Efraín Ríos Montt y el exjefe de inteligencia José Rodríguez Sánchez. La acusación por ese tipo penal y no otro coloca al Ministerio Público (MP), pero a Paz y Paz sobre todo, en el centro de la polémica”
Comento: Es evidente que la revista ContraPoder y Juan Luis Font están empecinados en apoyar la eventual reelección de la doctora Claudia Paz y Paz cuando concluya el período de cuatro años para el cual fue nombrada por el entonces presidente Álvaro Colon. Por eso es que no señalan las razones que se dan para rechazar que hoy esté y pretenda continuar en ese cargo, porque se cree que actúa como juez y parte por la creencia que ella es militante de la izquierda y fue guerrillera, o que, por lo menos, simpatizó con la subversión y tuvo parientes que fueron guerrilleros. Ignoro cuánta verdad haya en esta acusación, pero no se puede negar que ella es izquierdista ni que tuvo nexos con la subversión. Lo que justifica que quienes se oponen a esa ideología y se enfrentaron a la subversión, crean que su comportamiento no es imparcial sino parcializado a la izquierda, lo cual la convierte en juez y parte. Y su empeño en tratar de convencer al mundo de que durante el conflicto armado interno en Guatemala se cometió el delito de genocidio y que el principal culpable fue el ex presidente de facto general Efraín Ríos Montt, negándose a otorgarle el derecho de defensa y conocer las razones que el propio acusado esgrimió en su defensa cuando explicó que él se desempeñó como jefe de Estado en el Palacio Nacional y que, en todo caso, los culpables de las acciones represivas del Ejército contra las poblaciones comprometidas en la subversión fueron responsabilidad de los comandantes a cargo de dichas acciones. Lo cual es a todas luces razonable. Además, las fuerzas del Estado cumplieron con su deber constitucional de defender al país del peligro de una subversión armada patrocinada y entrenada en Cuba y en Vietnam, lo cual constituyó una flagrante agresión a la soberanía nacional que el Ejército tenía el deber de repeler. Porque, en primer lugar, la Constitución de la República prohibía la existencia de actividades con tendencia marxista leninista y, en segundo lugar, las fuerzas del Estado tenían la obligación de defender la institucionalidad. Sin embargo, es comprensible que en una democracia basada en el estado de derecho –bajo cuyo sistema pretendemos vivir– tiene que permitirse la existencia de una variedad de ideologías. Debemos recordar que esa fue una de las principales razones por las cuales se produjo la subversión armada, porque la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de la República que entonces estaba vigente estableció la absurda prohibición de las ideas consideradas totalitarias, y señaló entre ellas al comunismo. Y quienes eran afines a esa ideología comprendieron que ante el hecho que no podrían actuar políticamente para tratar de alcanzar el poder, tuvieron que empuñar las armas durante más de tres décadas para sostener una estéril guerra fratricida contra las fuerzas civiles y militares de los gobiernos de turno. Es verdad que en cualquier país democrático se permiten o se toleran todas las ideologías, pero para que pueda haber un auténtico estado de derecho es indispensable que las autoridades judiciales actúen imparcialmente con estricto apego a las leyes.
Sigue diciendo la revista ContraPoder: “El segundo punto consiste en un reclamo de acción contundente y una crítica porque esta no se produce en contra los grupos que realizan protestas por operaciones de minería, hidroeléctricas y numerosos asuntos que incluyen hasta rechazo contra las tarifas de la energía eléctrica. Estas acciones afectan a terceras personas y en no pocas ocasiones han provocado daños a empleados y bienes de las empresas y agentes del Estado. Peor aún, ha habido víctimas mortales. El MP ha actuado con firmeza que han provocado muertes y en cambio con menos severidad en aquellos en los cuales ha habido daños a propiedad y lesiones a personas”.
Comento: ni el MP, ni la fiscal general, ni la revista ContraPoder pueden negar que ha habido casos en los que se ha actuado en contra de empresas autorizadas por el ministerio de Energía y Minas para la exploración y la explotación de los recursos naturales y en contra de las empresas constructoras de hidroeléctricas. Es un contrasentido que por una parte protestan contra los precios de la energía eléctrica y por la otra se oponen a que se construyan hidroeléctricas por las cuales se podría obtener energía eléctrica más barata y sin la contaminación del carbón. Y en el caso particular de la hidroeléctrica de Barillas, la empresa constructora está cumpliendo un contrato contraído con el Estado, y si éste no vela porque se cumpla lo establecido, se expone a que la constructora le entable una demanda millonaria. Por otra parte, por órdenes directas de la doctora Paz y Paz, el MP ordenó a la fiscal de la zona retirar la orden de captura que había girado en contra de miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), brazo armado de la guerrilla, que fueron los responsables del ataque a las instalaciones de la construcción de la hidroeléctrica y de la muerte de un miembro del Ejército. Llegó al extremo de negar la debida protección a la fiscal de la zona y ordenó su posterior destitución del cargo.
Sigue diciendo el director de la revista ContraPoder: “El tercer punto de crítica se refiere a la escasa acción del Ministerio Público (MP) en tiempos de Paz y Paz, en contra de la corrupción en el Ejecutivo y el Legislativo. Esta crítica no admite más que el reconocimiento de la lentitud y la indolencia con la cual se persigue a quienes roban fondos públicos y hacen negocios al amparo del Estado. Solo cabe señalar la existencia por encima de la propia Fiscalía de intereses políticos, por ejemplo la imposibilidad de depurar al MP por la omisión deliberada de los diputados de nombrar al Consejo del MP lo cual permitiría despedir a fiscales corruptos”.
Comento: No comprendo cómo es posible que Font y la revista que dirige no comprenden que esta es una buena razón para descalificar el desempeño de la actual fiscal general y no querer que pueda reelegirse para otro período de cuatro años.
Siguen diciendo Juan Luis Font y su revista ContraPoder: “El cuarto punto de crítica es el más amplio. Miles de ciudadanos se sienten frustrados por la gran cantidad de personas que son víctimas de delitos y no encuentran justicia pronta y cumplida. Desde ineficiencia de los fiscales a la hora de buscar pruebas contra los presuntos criminales, hasta lenidad en la construcción de los casos, cuando no indiferencia ante los números que abruman.”
Comento: ¿le parece al director de la revista ContraPoder que no tiene importancia este cuarto punto para afirmar que la doctora Paz y Paz no ha sido eficaz e imparcial en su cargo y oponerse a su pretendida reelección?
En el siguiente párrafo, ContraPoder trata de justificar lo injust¡ficable y sigue diciendo: “Pero a Paz y Paz ha correspondido afrontar una presa histórica gigantesca de casos sin atender y debe hacerlo con un presupuesto magro y con un equipo que requiere de mayor fortalecimiento”.
Y sigue diciendo: “Es precisamente de este cuarto punto de donde surge la convicción de ContraPoder de que Paz y Paz es la Mujer del 2013. La evidencia señala que bajo el liderazgo de Paz y Paz, el Ministerio Público ha logrado avanzar más de lo que se había logrado nunca en procurar justicia para los ciudadanos. La institución a su cargo es la única que puede mostrar al día de hoy un avance concreto, incontrovertible y verificable en la materia que corresponde administrar. Y esta es la demanda nacional de la ciudadanía y es la respuesta, lenta perso firme, que el MP ofrece hoy mejor que nunca”.
Comento: como diría Shakespeare: “palabras, palabras”. Insisto en que no es válida ninguna pretendida justificación para calificar la la falta de eficiencia en sus labores de la fiscal general Claudia Paz y Paz, por más que los izquierdosos ex guerrilleros y demás militantes marxistas y los consabidos tontos útiles se empeñen en tratar de justificarla para que pueda ser reelegida para un nuevo período de cuatro años. Lo cual a muchos otros guatemaltecos con los mismos derechos que los izquierdistas parece improcedente porque es obvio que en el proceso contra el general Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio ella ha sido juez y parte y esconde el propósito posterior de enjuiciar también a los comandantes de las zonas en las que el Ejército combatió a los guerrilleros subversivos que pretendían establecer en el país un régimen satélite de la dictadura comunista de Fidel Castro en la isla de Cuba, similar al Hugo Chávez en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Por cierto que entre los militares a quienes se pretende juzgar y condenar posteriormente por el supuesto delito de genocidio se encuentra el “comandante Tito”, como era conocido entonces en el departamento del Quiché el actual Presidente Constitucional de la República, general Otto Pérez Molina. (Continuará)
Twitter: @jorgepalmieri