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TORPEZA JURÍDICA Y CAMINO EQUIVOCADO

Viernes, Enero 10th, 2014

En el desagradable caso surgido entre el Presidente y la Vicepresidenta de la República, general Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, respectivamente, contra el presidente de elPeriódico, ingeniero José Rubén Zamora, los primeros han vuelto a poner de manifiesto que están mal asesorados o no escuchan consejos, porque recurrieron a un camino equivocado al demandarle por la vía Penal lo cual, lejos de perjudicar a Zamora, como era el propósito de los mandatarios, hizo que le pongan medallas en el pecho la opinión pública internacional y poco falta para que se integre un partido político que lance su candidatura presidencial para los próximos comicios porque le ha situado en una posición de víctima de la arbitrariedad de los gobernantes y en valiente defensor de la libertad de emisión del pensamiento. El método que han tratado de implementar Pérez y Baldetti para causar perjuicio a Zamora no solo es muy torpe, sino emplea el camino equivocado de acuerdo a la Constitución de la República.

La primera reacción de Zamora fue publicar este artículo:

Preso de conciencia, antes que tolerar la prostitución de la ley

Jose Rubén Zamora Marroquín

La jueza Karen Chinchilla desestimó todos mis argumentos jurídicos, y, según ella, mi derecho a la crítica pública, garantizada por la Constitución de la República, ante los desmanes, corruptelas, tráfico de influencias y presuntas asociaciones ilícitas de la señora vicepresidenta Roxana Baldetti, sí tipifica en la Ley de Femicidio. Supuestamente, en cualquier momento, la jueza me notificará una citación, ó, simplemente, la Policía, sin mayores miramientos, me conducirá ante la autoridad judicial correspondiente, por desobediencia y me impondrán una multa de Q 500, so pena de ir a parar a la cárcel.

Estoy dispuesto a ir a la cárcel, antes que pagar esta multa de Q 500, que tienen su origen espurio en una estúpida aberración jurídica. Pagar, sería avalar una decisión judicial a todas luces antojadiza, ilegal e injusta, dictada por la jueza Chinchilla sólo con el ánimo de quedar bien con la todopoderosa Vicepresidenta.

Sinceramente, lamento y me avergüenza que nuestro sistema de justicia exhiba estas acciones tan grotescas e indignas, típicas, eso sí, de los regímenes más corruptos, del período de las sofocantes dictaduras de los siglos XIX y XX, y de gobiernos totalitarios, irrespetuosos de la independencia de poderes.

También es triste constatar que una norma indispensable, hecha para contener y sancionar la violencia intrafamiliar y abusos contra las mujeres en el ámbito privado –lamentablemente tan frecuentes en nuestra sociedad- se desnaturalice y manipule a favor de gobernantes manoslargas, asaltantes y ladrones, que, una vez más, han traicionado la confianza del pueblo, y no conformes con garantizarse la impunidad penal por sus delitos y fechorías, pretenden además asfixiar la libertad de expresión.

Primero preso por convicción, que libre por mera comodidad. Gente de más estatura intelectual y política he enfrentado en las últimas dos décadas. Mientras ellos han terminado en la cárcel, extraditados, en el ostracismo o viviendo en el exilio, dorado, es cierto, yo sigo aquí, defendiendo mi derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento y a rechazar resoluciones judiciales inconstitucionales y absolutamente fuera de Ley. Dos años –uno de ellos con poder- hacen falta para que veamos caminar hacia la cárcel a Pérez y a Baldetti.

De cualquier forma, le recuerdo a estos miembros prominentes de la cleptocracia, que el articulo 45, de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su parte conducente establece de manera categórica: que es legitima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. (Fin del artículo)

Como era de esperarse, elPeriódico ha enfocado todas sus baterías en contra de los gobernantes, y ayer publicó el siguiente artículo:

Pérez arraiga a Zamora

El Presidente interpuso una querella penal contra Zamora por cinco supuestos delitos, para que deje de publicar críticas en su contra.

Redacción > elPeriódico

 El mandatario  presentó una querella penal el 21 de noviembre pasado en contra del periodista Zamora.

 El juez Décimo Penal José Luis Patán Piche firmó una resolución donde decreta el arraigo del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, a pedido del mandatario Otto Pérez Molina, quien presentó una querella en su contra el 21 de noviembre pasado.

En la querella, Perez Molina acusa a Zamora de cinco supuestos delitos: “coacción, extorsión, chantaje, violación a la Constitución y desacato a los presidentes de los organismos de Estado”.

La medida, decretada el 18 de diciembre, fue notificada ayer.

Pérez Molina formuló la querella por medio de su abogado Julio Mario Echeverría González, quien actuó como su mandatario judicial y será quien lo represente en el proceso.

El 26 de diciembre, antes de que el periodista fuera notificado del arraigo, Echeverría solicitó que se embargaran las cuentas bancarias y los bienes de Zamora, así como una medida de urgencia ordenando al periodista “el cese inmediato de toda acción que conlleve amenaza, intimidación, coacción, en contra de la integridad, seguridad, imagen y libertad del agraviado y víctima, que pudiera dirigirle de cualquier forma, sea verbal o por escrito”.

Estas medidas fueron solicitadas por seis meses. Según la moción, se pretendía que terminaran las denuncias escritas vertidas contra el mandatario en elPeriódico por ser “sediciosamente perturbadoras”.

Estas peticiones no fueron concedidas por el juez, quien fijó el 7 de febrero para que se realice una audiencia, pero sí decretó el arraigo.

En su escrito, Pérez  aduce que cuando Zamora lo señala como integrante de grupos delincuenciales, se “desestimula la inversión en el país y llama al irrespeto a las autoridades que gobiernan la Nación”.

El mandatario (militar retirado) cree que “esta conducta en tiempos de guerra se asemejaría a la de traición a la patria”.

En el memorial judicial, se afirma que “si estuviéramos en una cleptodictadura, como Zamora afirma, las respuestas (de los gobernantes y funcionarios) hubieran sido groseras y directas, lo que no ocurre en un país democrático”.

Estas acciones se producen luego que elPeriódico ha realizado críticas contra el mandatario, la Vicepresidenta y otros funcionarios de su gobierno, por diferentes casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

 El Juez Décimo de Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente José Luis Patán Piche fue investigado por supuestas anomalías cuando dirigía el Juzgado Segundo Civil. Estaba incluido en una lista de 48 jueces que la Corte Suprema de Justicia investigaba y a quien se analizaba retirarle la inmunidad. Su apellido le identifica. Aunque es probable que a su segundo apellido le falte una n.

Alguno de los asesores legales del Poder Ejecutivo debió informar al Presidente Pérez y a la Vicepresidenta Baldetti que el artículo IV de las Disposiciones Generales del Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas), que dice: “Lo previsto en este Código no afecta materias comprendidas en leyes constitucionales o en fueros especiales Y agregar que la Ley de Emisión del Pensamiento es una de las cuatro leyes constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, el Código Penal descalifica todos esos supuestos delitos que se le achacan a José Rubén Zamora y lo remite a los Tribunales de Imprenta. Además, debieron decirle que no existe el delito de desacato. como bien dice hoy el Editorial de elPeriódico, que reproduzco a continuación:

Inexistencia del delito de Desacato

El presidente de la República, Otto Pérez, en la querella presentada contra Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, lo sindica de la comisión del delito de Desacato contra los Presidentes de los Organismos del Estado, presuntamente contenido en el Artículo 411 del Código Penal. El presidente Pérez actúa bajo el auxilio del abogado Julio Mario Echeverría González, quien, además, es su mandatario judicial.

Lo anterior a pesar que la Corte de Constitucionalidad (CC), en sentencia de fecha 1 de febrero del 2006, dictada dentro del expediente número 1122-2005, declaró inconstitucional (incompatible con la Constitución) y sin vigencia el Artículo 411 del Código Penal, que tipificaba el delito de Desacato contra los Presidentes de los Organismos del Estado, cuyo texto decía: “Quien ofendiere en su dignidad o decoro, o amenazare, injuriare o calumniare a cualquiera de los Presidentes de los Organismos del Estado, será sancionado con prisión de uno a tres años”, por contravenir el Artículo 35, párrafo segundo, de la Constitución. Por tanto, la querella presentada por el presidente Pérez contra Zamora es notoriamente improcedente y debió haber sido rechazada de plano por el respectivo juzgador.

El delito de desacato, llamado antiguamente de deshonra, tuvo su origen en Roma y penalizaba el agravio infligido a la persona del Emperador; y, posteriormente, bajo dicha figura delictiva, se criminalizaba al que ofendía la dignidad o el decoro, faltaba el respeto, intimidaba, amenazaba, injuriaba o calumniaba a un gobernante, en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, ya sea de palabra o de hecho, en su presencia, por escrito o a través de un medio de comunicación. Sin embargo, en el marco de una democracia institucional, la honra del funcionario cedió ante la libertad de expresión de ideas y ante el interés general o público, por lo que el delito de desacato, como protección para los funcionarios, perdió fuerza, sentido y vigencia, extremo que fue avalado por la CC en el fallo relacionado.

El principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DD.HH. justifica la devaluación del delito de desacato al señalar: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

La CC, en su sentencia, también expresa: “(…) debe precisarse que la responsabilidad que pudiera imputarse a una persona por haber realizado una crítica, señalamiento o imputación que pueda ser considerada como infamante por parte de un funcionario público, debe ser de tipo civil (…)”. (Fin del Editorial)

Entrevista de anoche en A las 8:45

En el programa periodístico “A las 8:45” de canal Antigua, el presidente Pérez Molina fue entrevistado anoche por Juan Luis Font, Quique Godoy García-Granados y Claudia Méndez Arriaza y, entre varios temas, se abordó la demanda penal contra el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora. A pesar de que dieron todo el tiempo del segmento de entrevistas, en el que usualmente hacen dos entrevistas, si se calificara de 1 a 10, yo le daría un 4. El general Pérez Molina se desenvolvió con su usual compostura, frío, con su característica “pocker-face”, como le llaman a una persona que no se inmuta por lo que le dicen, pero me pareció que ni Manolete, ni Silverio Pérez, ni El Juli habrían podido hacer tan bien los quites toreros a las preguntas que le plantearon para evadir las respuestas. Sin embargo, insistió en plantear la demanda penal contra José Rubén Zamora, la cual, en mi opinión, debería de retirar antes de que se entrampe aún más de lo que está. Afortunadamente, durante los dos años que lleva en la Presidencia de la República, el general Pérez Molina ha demostrado en diferentes casos que tiene un retroceso automático que le permite echar marcha atrás rápidamente. Y asunto concluido. 

La presencia del general Pérez Molina y la no comparecencia de la Vicepresidenta Roxana Baldetti, a pesar de que había confirmado su participación, hace sospechar que ella le reclamó que no saliera en su defensa y por eso le dejó solo. Pero sinceramente no creo que haya convencido a muchos de que no sabe si la casa en la que vive la Vicepresidenta en un exclusivo condominio es de ella o la alquila, como la que él ocupa en la zona 10. Tampoco es creíble que él no sepa a ciencia cierta si es de ella la casa en la playa en el proyecto Juan Gaviota en el Pacífico, o si es propiedad de ella la “finquita” con caballos de pura raza que se dice que compró al empresario de productos farmacéuticos Fernando Jarquín en las cercanías de Tecpán. ¿Como no va a saberlo si es bien sabido que han sido íntimos amigos desde hace mucho tiempo? No cabe duda de que este general retirado, especializado en Inteligencia Militar, nos engaño durante la campaña cuando hizo las promesas que jura que son “compromisos” para él y nos sigue viendo cara de babosos. Pero no creo que haya convencido a muchos cuando evadió la pregunta directa y clara y pelada que le hizo sobre el rápido enriquecimiento de la Vicepresidenta Baldetti la excelente periodista Claudia Méndez Arriaza, graduada con estudios superiores en la famosa Universidad de Harvard. Porque su respuesta fue la usual: “¡Demuéstrelo!”. Como si el gobierno no tuviera a su disposición mejores elementos para investigarlo que lo que ha dicho sobre ese tema José Rubén Zamora. Sinceramente, esa torpe “zafada” no fue un buen pase torero. Y se le notó. Lamento decirlo aún corriendo el riesgo de que también me acuse de ser conspirador y de cometer el delito de desacato.

Para terminar, aconsejo al Presidente de la República general Otto Pérez Molina y a la Vicepresidenta de la República Roxana Baldetti Elías que desistan de plantear esa absurda demanda penal contra el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, porque no lo van a ganar y tarde o temprano se les va a revertir. Más les vale.

Guinda del pastel

Por último, reproduzco un artículo del diario Prensa Libre del 9 de agosto del año pasado con una declaración del abogado Frank LaRue, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la libertad de Opinión y de Expresión

Twitter: @jorgepalmieri