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CONFLICTO PEREZ-BALDETTI VERSUS ZAMORA

Martes, Enero 14th, 2014

Creo que amerita hacer unas reflexiones sobre el innecesario y desagradable conflicto (para llamarle alguna manera) que surgió primero de parte de la Vicepresidenta de la República, licenciada en Ciencias de la Comunicación Ingrid Roxana Baldetti Elías, que, auxiliada por la abogada Amarilis Ondina Navas Portillo, presentó una querella contra el ingeniero José Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, ante la jueza de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formad de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas del Departamento de Guatemala, Karen Jeanette Chinchilla Menéndez, por la presunta comisión del delito de Misoginia (que significa que odia a las mujeres), tipificado en el Artículo 7, literal e), de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, quien decretó las siguientes medidas de seguridad contra Zamora: “(i) Se prohíbe al presunto agresor (…), que perturbe o intimide a (Baldetti) y a cualquier integrante del grupo familiar; y (ii) Se prohíbe el acceso del presunto agresor (…) al domicilio permanente o temporal de (Baldetti) y a su lugar de trabajo o estudio”, con base en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Lo cual pone de manifiesto el abuso que se puede cometer de las citadas leyes porque pueden dar lugar a flagrantes violaciones a los derechos constitucionales de presunción de inocencia y de igualdad de derechos, y prestarse a arbitrariedades e injusticias sin medida. La jueza acordó también arraigar al acusado, aunque no se atrevió a llegar tan lejos de congelar sus cuentas bancarias, como se le había solicitado. Pocos días más tarde, el general (retirado) Otto Pérez Molina, Presidente Constitucional de la República, planteó una demanda por la vía Penal contra el mismo ingeniero José Rubén Zamora, acusándole de cometer graves delitos como conspiración, traición a la patria, chantaje y hasta el de desacato, que ya no existe por haber sido derogado. Sin embargo, ni lento ni perezoso, el Juez Décimo de Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente José Luis Patán Piche lo arraigó por tiempo indefinido. Pero en una nota titulada “Al oído del Juez Patán”, Zamora publicó ayer una nota en la que dice que está invitado a ir a Washington para asistir a un desayuno con el presidente Obama y otros líderes, y, como es lógico suponer, si no asiste y explica a qué se debe su ausencia va a causar aún más daño innecesario a la imagen de este gobierno.

Sugiero que hagamos algunas reflexiones porque, de hecho, durante su participación en el programa periodístico titulado “A las 8:45”, transmitido por canal Antigua, donde los periodistas Juan Luis Font, Claudia Méndez Arriaza y Quique Godoy García-Granados, sostuvieron una charla respetuosa y cordial con el general Pérez Molina, en la que éste, con su rostro impávido, sin mover en ningún momento ni un músculo ni nervio facial –digno en toda persona especializada en Inteligencia Militar–, como los que son llamados en inglés “pocker-face” (cara de póker) porque jamás denotan las cartas que tienen, les hizo quites toreros a las preguntas que le plantearon, para evadir tener que responder hasta las más directas y puntuales preguntas que le hizo la periodista Méndez Arriaza sobre el presunto inexplicable enriquecimiento en corto tiempo de la Vicepresidenta Baldetti, por la mansión que habita en un exclusivo condominio de la zona 10 y un predio aledaño que se ha dicho que compró, por su casa en el proyecto Gaviota en las playas del Pacífico y por su “finquita” por los dominios del empresario farmacéutico Fernando Jarquín, en las cercanías de Tecpán. En el transcurso de la entrevista, el mandatario expresó que es bueno que haya surgido “este debate” para aclarar algunos puntos sobre la libertad de emisión del pensamiento y la libertad de prensa. Y al día siguiente parece que por fin leyó o escuchó los numerosos comentarios que se han hecho al respecto, y probablemente convencido de que la tenía perdida, decidió retirar la demanda que había planteado por la vía penal, con el propósito de plantearla por la vía que señala la Constitución de la República, o sea para que un Tribunal de Honor convoque a un Juicio de Imprenta.

Habrán notado que arriba escribí “el debate” entre comillas y me apresuro a explicar que lo hice, porque en este caso no cabe debate alguno. Lo que ha provocado dicha situación es que la señora Baldetti ya no soporta más que en la sección “El Peladero” de elPeriódico sigan diciendo tantas cosas desagradables de ella; y, por su parte, el general Pérez Molina desea que dejen de llamarle “negoción” (insinuando que es corrupto) y calificando a su gobierno de “la cleptocracia” (o sea ladrón). Y por eso trata de ver la forma de silenciar y castigar a Zamora y vengarse de tanto que le ha venido molestando con esos epítetos irrespetuosos, por lo cual quiso ponerle un “hasta aquí”. Pero, obviamente mal aconsejado por sus asesores (se dice que uno es mexicano y otro colombiano, pero quién sabe), que es obvio que no se tomaron el cuidado de consultar a un buen abogado guatemalteco, cometieron el error de plantear la demanda por la vía penal, sin saber que esa vía es equivocada y de entrada está perdida. O sea que el general Pérez de nuevo estuvo mal aconsejado y por eso se le obligó a “retirar” (a echar marcha atrás) la demanda planteada por la vía penal para hacerlo por la vía conducente.

Sobre este particular ya se han publicado opiniones autorizadas que sustentan lo que digo, pero el domingo publicó su opinión, en su habitual columna de Prensa Libre, mi estimado viejo amigo y colega periodista licenciado Luis Morales Chúa, quien tiene muchos de experiencia. La cual reproduzco textualmente a continuación. Con la advertencia previa de que al final agregaré mi comentario.

 TIEMPO Y DESTINO

Supremacía de la Constitución

 

Luis Morales Chúa

 

La obligatoriedad de las instituciones públicas y de la sociedad en general de promover la plena vigencia de los derechos humanos, dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho, debe ser la permanente divisa de los líderes nacionales, sea cual fuere el ámbito de sus actividades. La libertad de expresión es uno de esos derechos humanos. Con el propósito de colocar a la poderosa función pública dentro de sus límites naturales y deseables,  a fin de que ningún funcionario por alto que sea su rango rebase su esfera de competencia, en daño directo o indirecto de los gobernados, el Estado se organiza mediante una pirámide de leyes en cuya cúspide está la Constitución.

Hans Kelsen estructuró esa teoría piramidal y categorizó las diferentes clases de normas para que gobernantes y gobernados puedan distinguir con facilidad cuál predomina sobre las demás, pues de lo contrario se produciría una anarquía legal que haría la convivencia social insostenible y se abrirían cauces peligrosos a la ingobernabilidad.

Todas las normas —según Kelsen— se relacionan entre sí, por una parte, y con la Constitución, por la otra, lo cual hace necesario definir un sistema jerárquico de normas.

El Estado guatemalteco ha hecho suya esa teoría y ha incorporado —para citar un ejemplo— en la Ley del Organismo Judicial el principio de supremacía de la Constitución y jerarquía normativa, y lo hace en los siguientes términos: “Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior”.

Viene esto a propósito de dos acciones emprendidas contra Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente y columnista de elPeriódico por sus señalamientos contra el presidente y la vicepresidenta de la República de Guatemala. El primero interpuso una querella contra Zamora bajo las normas del Código Penal y la segunda formuló una denuncia en el Ministerio Público, fundamentada en la Ley contra el femicidio.

Pero, los derechos a la libertad de expresión, de opinión y de información, están garantizados en la Constitución Política de la República, en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento, y en los pactos y convenciones internacionales sobre la materia, firmados por Guatemala. Todos tienen jerarquía superior a las dos leyes invocadas por los gobernantes. Y siendo así las cosas resulta inexplicable que, en cuanto a la querella, un juez le haya dado curso y decretado el arraigo del periodista. Inexplicable, porque la Constitución expresa con claridad que todo lo concerniente a la libertad de expresión “se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento”, por lo que es inconcebible que un juez se resista a acatar las normas de la Constitución, la Ley del Organismo Judicial y el decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente.

La Corte de Constitucionalidad ha expresado reiteradamente que la disposición constitucional que garantiza la libertad de expresión “no puede ser objeto de ninguna matización que implique limitarla, por cuanto cualquier habitante tiene derecho a exteriorizar su pensamiento de la misma manera que otro tiene de recibirlo libremente”.

El presidente y la vicepresidenta, ante las protestas nacionales e internacionales, han reconocido el error de sus abogados, y optado por pedir la convocatoria de un tribunal de honor, que es la vía correspondiente. Sin embargo, en función de los intereses nacionales, de la cultura jurídica, del mismo Gobierno y de la imagen mundial de Guatemala, lo que deberían hacer es desistir por completo del hostigamiento a Zamora porque esa actitud no puede ser interpretada más que como un intento de infundir miedo a los periodistas. (Fin de la columna)

Mi comentario: estoy totalmente de acuerdo con el periodista y abogado Luis Morales Chúa. Creo que si acaso recurren a un Tribunal de Honor para hacer a Zamora un Juicio de Imprenta, en primer lugar les va a llevar demasiado tiempo y lo más seguro es que no verán el resultado en el tiempo que le falta a su gobierno. Lo más sensato es que tanto el Presidente Pérez Molina como la Vicepresidenta Baldetti desistan de plantear un juicio y que se den por satisfechos con el polvo que hasta la fecha se ha levantado por este caso.

Hay algunas personas que, para condenar a Zamora por lo que publica en su popular sección dominical denominada “El Peladero”, aducen que su contenido ya no es libertad, sino es libertinaje. Al respecto, el diccionario de la DRAE dice en su acepción número 1) “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”; 2) Estado o condición de quien no es esclavo; 3) Estado de alguien que no está preso; 4) Falta de sujeción o subordinación; 5) Facultad de que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer o decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres; 6) Prerrogativa, privilegio, licencia; 7) Condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes; 8) Contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres; 9) Licencia u osada familiaridad; 10) Exención de etiquetas;  11) Desembarazo, franqueza: 12) Facilidad, soltura, disposición natural para hacer las cosas, para hacer algo con destreza. Y de la palabra libertinaje dice el DRAE: “desenfreno en las obras o en la palabras; 2) falta de respeto a la religión”.

En mi opinión, libertad no es solo tener condición de libre. Creo que no debe haber límite de nada para la libertad, salvo en la ética y en aquello que es contrario a la ley. Y en lo que se refiere a la libertad de prensa, el único límite que es deseable es el de la ética y el respeto a la calidad humana. Creo que los seres humanos debemos observar estrictamente lo ético en todo lo que hagamos o digamos. Y ético significa ser recto, conforme a la moral; parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre; conjunto de normas morales que rigen la conducta humana”

Sin embargo, ejercer la libertad en general puede tener consecuencias morales y legales. En nombre de la libertad no se puede andar por el mundo diciendo y haciendo lo que a uno se le dé la gana contra las otras personas, porque puede causar consecuencias de diversos tipos. Una de ellas puede ser legal si la personas de quienes se habla mal se sienten calumniadas y pueden probar ante la justicia que así es y exigir una rectificación de acuerdo con las especificaciones legales. Aunque de sobra se ha comprobado que los medios de comunicación en nuestro país muy pocas veces han cumplido estrictamente con esa condición, porque cuando se publican las aclaraciones se hace en espacios pequeños y a veces medio escondidos, en tanto que lo que se desea aclarar fue publicado con llamativos titulares. Otra reacción puede ser de las personas que son ofendidas y se sienten difamadas, pero no obtienen una satisfacción de parte de los ofensores. A pesar de que en el Código Penal se establece que al acusado de difamación no se le aceptarán pruebas. Pero, como se debe comprender, estas reacciones no son de tipo legal ni moral, aunque a través de la vida han demostrado ser humanas.

Hoy mismo publica el destacado columnista de Prensa Libre Pedro Trujillo un excelente artículo que, en mi opinión, establece lo justo sobre este particular. Por lo cual voy a permitirme reproducirlo:

MIRADOR

Política y periodismo

Imprescindible escuchar al gran Paco Pérez de Antón explicar por qué el periodismo no debe denominarse el cuarto poder, más bien ser el contrapoder. Cuando el ejercicio periodístico se hace desde tribuna privilegiada, con fuero especial e ínfulas de soberbia, se distancia de la crítica, del comentario, del análisis y hasta de la racionalidad, y se convierte en un vehículo para enfrentar otras formas de poder, generalmente el político. La deontología profesional desaparece y lo importante es el fin, justificándose indebidamente el uso del medio

 

 

PEDRO TRUJILLO

 

 

Del otro lado, el político también puede ver al periodista como un poder en competencia y normalmente no gusta de las evidencias que presenta de su labor, ignorando opiniones, reproches y comentarios o intentando silenciar a quienes constatan corrupción, malas prácticas o ineficiente gestión.

Cuando el objetivo de ambos es el poder, se genera confrontación artificialmente justificada en múltiples aspectos que maquilla el auténtico fondo del problema: el dominio. Florece el maquiavelismo y el fin pretende justificar los medios. De la parte mediática se agudizan rumores y mentiras; se promueven insultos e injurias; se utilizan anónimos y se magnifican actuaciones. Pocas veces se aportan pruebas y la “credibilidad” de la que goza el medio o la persona —o el corporativismo— es suficiente para generar una ola (una bola) que termina siendo creída por muchos. La ética y la deontología se obvian y la libertad de expresión es esgrimida como justificante de cualquier barbaridad.

La parte política no es ajena a todo esto. Promueve normas (Argentina, Ecuador, Cuba, Venezuela…) limitantes de la propiedad de medios o censuradoras de información. Cierra televisiones y periódicos o persigue a periodistas hasta imponerles multas desorbitadas o despojarlos de sus propiedades o empresas. También manipula a jueces o fiscales para que las sentencias sean ad hoc y en nombre del respeto, la intimidad o la esfera privada, justifica atrocidades jurídicas insostenibles en un Estado de Derecho.

En el fondo sobresale una rama filosófica esgrimida por ambos y olvidada a la vez: la ética. Ni político ni periodista la practican. No es ético determinado comportamiento cuando obedece a intereses personales o de terceros o se deja llevar por la pasión. Tampoco lo es pretender justificar actuaciones sobre la base de principios caducados, marcos legales inconsistentes o presión a terceras personas desde el poder. Si ambos fuesen éticos, correctos y ajustados a principios nobles, la discusión se centraría en comprobar, demostrar o desmentir las irregularidades denunciadas en lugar de pretender eliminar al mensajero. Falta mucho para llegar a comprender ese simple postulado.

Los medios de comunicación deben ser el contrapoder y evidenciar con racionalidad, veracidad y consistencia los excesos del poder político. El trabajo, sin pretender que sea objetivo, tiene que ser profesional, imparcial, ajustado a parámetros deontológicos y alejado de intereses personales. No se trata de apostar por uno u otro, sino de practicar valores y buscar el necesario equilibrio de interés en beneficio de todos. Los derechos individuales no pueden priorizarse (error frecuentemente cometido).

Todos tienen el mismo estatus y hablar de libertad de expresión significa respetar con la misma fuerza y energía el resto de derechos. Sin embargo y lamentablemente, estamos alejados de ese punto de equilibrio y cada quien tira para el lado que más mueve su conciencia, sus intereses o sus particulares objetivos. La emotividad se impone a la racionalidad y no avanzamos mucho ni en la dirección correcta. (Fin de la columna de Pedro Trujillo)

http://miradorprensa.blogspot.com

Mi comentario: estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el estimado colega Pedro Trujillo. En las publicaciones periodísticas, es imprescindible que lo que se dice siempre esté apegado estrictamente a la ética y a las buenas costumbres, sin ánimo de calumniar ni de difamar ni ofender a otras personas, ni siquiera a los funcionarios públicos que, de acuerdo a la Ley de Emisión del Pensamiento, están expuestas a que se las critique por su actuación en el cargo que desempeñen durante el tiempo que lo desempeñen; o aún más tarde si se trata de lo que hicieron o dejaron de hacer. Sin embargo, esto no autoriza a un periodista a difamar o a burlarse constantemente de un funcionario público. Y en los casos concretos del Presidente Constitucional de la República, general retirado Otto Pérez Molina, y de la Vicepresidenta, licenciada en Ciencias de la Comunicación Ingrid Roxana Baldetti Elías, no me parece aceptable que en una sección anónima, sin firma de un autor responsable, se les acuse de cometer delitos sin aportar pruebas y se les difame constantemente. Y que se falte al respeto a su alta investidura. Eso está mal hecho, no solo por el respeto que merecen como personas, sino también por el respeto que debe merecer su elevada jerarquía. Ellos no están en esos cargos por un golpe de Estado, ni cosa parecida, sino por haber sido electos en dos vueltas electorales para un período de cuatro años. Lo cual merece respeto. Si los periodistas no tenemos respeto por los más altos dignatarios del país, estamos dando un mal ejemplo que redunda en un mal para el país. Bastante baja tenemos ya los guatemaltecos nuestra auto estima como para golpearla aún más.

No pretendo erigirme en defensor de oficio, ni mucho menos, del Presidente y la Vicepresidenta de la República, general Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, respectivamente; ni pretendo limitar, en lo más mínimo, la libertad de expresión de nadie. Pero no estoy de acuerdo con que en una sección anónima de chismes de un medio de comunicación, como lo es “El Peladero” de elPeriódico, constantemente se publiquen con pretendida impunidad graves acusaciones, insultos, difamaciones, burlas e insolentes faltas de respeto contra las personas por el simple hecho de ser funcionarios públicos, atenidos a que la Ley de Emisión del Pensamiento supuestamente lo autoriza, y protege a quien lo haga. Insisto en que la libertad de emisión del pensamiento tiene los límites que la ética le imponen. No por el hecho de que hay libertad de prensa se debe permitir que se falte al respeto, se calumnie y se difame impunemente a las personas. Insisto en que eso no es periodismo. Con la cordialidad y el respeto que me merece, sugiero a mi estimado amigo el ingeniero José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, que en adelante procure que su popular sección dominical denominada “El Peladero” no abuse de la libertad de emisión del pensamiento por el hecho de estar compuesta de notas anónimas. Porque la responsabilidad de lo que se diga en ellas recaerá sobre el medio de comunicación y la empresa.

Twitter: @jorgepalmieri