El presidente del Organismo Judicial y Congreso de la República, diputado Arístides Crespo, del Partido Patriota, declaró hace algunas semanas en un mitin político que es deseable que se prorrogue a seis años el período presidencial y agregó que sería bueno que pudiesen continuar a cargo de la Presidencia y Vicepresidencia de la República dos años más el general retirado Otto Pérez Molina y la licenciada en Ciencias de la Comunicación Roxana Baldetti Elías, respectivamente, del Partido Patriota (PP) (naturalmente). Muchas personas lo interpretaron como un simple acto de servilismo, o por agradecimiento a que ellos le llevaron a ese importante cargo. Pero, en mi opinión, están tomando el rábano por las hojas. No veo que haya intento de golpe de Estado constitucional por el hecho de proponer que se analice la conveniencia o inconveniencia de la idea. Proponer analizar no es lo mismo que imponer.
En ocasión de la celebración (a destiempo, porque lo hicieron varios días antes de la fecha) en el Pleno del Congreso del XXIX aniversario de la promulgación de la Constitución de la República, el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad, licenciado Roberto Molina Barreto, también habló lo mismo sobre el tema en su discurso.
General (retirado) Otto Pérez Molina ostentando la banda presidencial y la cadenita con la llavecita de la urna en la que se conserva la Constitución Política de la República, como símbolo de la inviolabilidad de la Carta Magna.
Famosa foto de Roxana Baldetti, Vicepresidenta de la República, en ocasión de que le lanzaron a la cara un polvo blanco cuando salía del Teatro Nacional Efraín Recinos. Pero ya no se volvió a decir si fue cal o si fueron polvos de talco ni se sabe nada de la suerte de las autoras de la agresión. De lo que sí podemos estar seguros es que si en verdad hubiese sido cal, otro gallo le cantaría a la Vicepresidenta.
Sin embargo, en un caso como el suyo esto no solo es descabellado sino constituye un delito, de acuerdo al Artículo 382 del Código Penal (de discutible constitucionalidad, en mi opinión), que literalmente dice: “Quien hiciere propaganda pública o realizaré otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerza la Presidencia de la República, o a cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o a aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la República, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientos a dos mil quetzales.” Sin embargo, no produjo ninguna consecuencia legal la idea expresada por el diputado por el departamento de Escuintla, salvo por el hecho que muchas personas se han pronunciado oponiéndose rotundamente a que dicha pareja continúe ejerciendo esos cargos durante dos años más debido no solo a la prohibición constitucional, sino también a que su gobierno ha dejado mucho qué desear y durante este período ha imperado la corrupción en las altas esferas.
Pero en el transcurso de los días hemos visto que la ponencia ha venido tomando cierto incremento, comenzando con que el propio mandatario se ha unido a la idea. Aunque, hay que reconocerlo, no ha dicho que desea que su propio período se prolongue, sino que considera que es una buena idea poner el tema en discusión. En efecto, en una declaración oficial contundente declaró: “No tengo intención de quedarme un día más en el Gobierno”. Pero ha agregado que, amparados en el artículo 35 constitucional, todos los guatemaltecos gozamos de la libertad de expresión y, por lo tanto, él está en su derecho, como cualquier ciudadano a expresar su pensamiento. En lo cual tiene toda la razón. No obstante, en vista de que se trata de un general (aunque retirado) del Ejército, hay suspicacias porque en el transcurso de la aciaga historia patria los militares han tenido una actuación autoritaria con tendencia a las reelecciones y a las dictaduras, como en el tristemente recordado caso del supuesto “general de división” Jorge Ubico Castañeda, quien fue electo en 1931 y asumió el cargo el 14 de febrero de 1931 para un período de seis años, pero hizo derogar el artículo 66 de la Constitución de la República que prohibía la reelección y se mantuvo dictatorialmente en la Presidencia hasta el 1 de julio de 1944, cuando renunció porque el pueblo había venido manifestando su descontento.
Jorge Ubico Castañeda fue electo para 6 años pero se quedó 13.
El Presidente Otto Pérez Molina ha propuesto que se discuta y se analice el tema y que si se llegase a reformar la Constitución en ese aspecto –a pesar de que por de pronto lo prohiben los artículos llamados “pétreos”– que la reforma entre en vigor después de que termine su período, aduciendo para ello que cuatro años no son suficientes para realizar obras. Lo cual significa que no está proponiendo que se prorrogue dos años más su propio período. Por lo cual creo que no hay razón para pegar un grito en el cielo y rasgarse las vestiduras. Lo que significa que no pretende seguir los malos ejemplos de Danilo Ortega Saavedra, de Nicaragua; de Nicolás Maduro, de Venezuela; de Rafael Correa, de Ecuador; de Cristina Fernández, de Argentina y de Evo Morales, de Bolivia.
Artículo 187. Prohibición de reelección. “La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien la haya ejercido por más de dos años en situación de titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del período presidencial por cualquier medio, son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo”.
El artículo 281 se refiere a los artículos no reformables de la Constitución: “En ningún caso podrán reformarse los artículo 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido”.
En una página de elPeriódico de hoy, la licenciada en Ciencias de la Comunicación Sandra Torres Casanova (ex esposa del ex presidente Álvaro Colon) publicó lo siguiente en campo pagado, pero yo lo reproduzco gratuitamente:
NO A LA EXTENSIÓN DEL MANDATO
Mensaje de Sandra Torres al Presidente de la República
“Señor Presidente, me dirijo a usted para manifestarle mi preocupación ante el intento de ampliar el período de su mandato presidencia.
Una Reforma Constitucional debe de ser producto de un gran acuerdo nacional y no del interés de un mandatario, funcionarios y políticos para perpetuarse en ejercicio del poder.
Sus intenciones socavan la democracia del país y constituyen delito penal, por lo que usted y sus partidarios deben dar marcha atrás en este intento de violación a la Constitución.
Guatemala tiene muchos problemas, que necesitan de su plena atención.
Por el bien de Guatemala, lo invito a dejar de perder el tiempo y trabajar para tratar de concluir lo mejor posible su Gobierno, respetanto la misma Constitución”.
Sandra Torres
Secretaria General
Unidad Nacional de la Esperanza.
Mi comentario: este me parece un mensaje que, aunque eminentemente político, es insólitamente sensato y mesurado, sobre todo viniendo de una candidata presidencial. Felicito por ello a los asesores de campaña de la candidata Sandra Torres Casanova (ex de Colón). Pero insisto en que el presidente Pérez Molina simplemente opinó que se debe analizar ese punto, no está haciéndolo. Algo así como cuando, comenzando su mandato, declaró su propósito de analizar la posibilidad de despenalizar las drogas. Pero en eso quedó todo porque no bien lo había dicho comenzaron a venir a Centroamérica altos funcionarios del Departamento de Estado y de la DEA que le convencieron que de eso mejor ni hablar. Primero lo hizo el “mafufo” ex guerrillero y actual presidente de Uruguay al autorizar el consumo de mariguana.
Sin embargo, elPeriódico de hoy destaca esta información:
Piden antejuicio contra Otto Pérez por intentar prolongar su mandato
“El Presidente calificó como “una payasada” la denuncia, y dijo que solo representará gastos y retrasos para la justicia.
M. Silva/R. Estrada – elPeriódico
El presidente Otto Pérez Molina restó importancia a la denuncia interpuesta en su contra por violación a la Constitución.
El coordinador de Plataforma Ciudadana, Álvaro Velásquez, interpuso ayer una denuncia penal y una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, por “atentar flagrantemente contra la Constitución Política de la República y leyes del Estado”, esto luego de que el mandatario promoviera un debate sobre la ampliación del mandato constitucional y alentara a diferentes sectores a debatir sobre la posibilidad de hacer una reforma a la Carta Magna.
Los demandantes también solicitaron que se iniciara un proceso de antejuicio contra Arístides Crespo, presidente del Congreso; Roberto Molina Barreto, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC); José Arturo Sierra, presidente del Organismo Judicial; y Valentín Gramajo, diputado del Partido Patriota.
La denuncia fue interpuesta contra varios funcionarios, debido a que estos pudieron “también haber participado en los actos de promoción a la reelección y a la ampliación del periodo presidencial”, apuntó Mynor Berganza, abogado de la Plataforma.
La parte acusadora se escudó en que la Constitución es “muy clara” al hablar de que un Presidente o sus funcionarios no pueden promover la prolongación de su mandato ni excusarse en la libertad de expresión, y aseguraron que la opinión de un mandatario sobre ese tema constituye “una situación flagrantemente ilegal.
Fiscalizarán
Velásquez comentó que darán seguimiento a las denuncias para que no se queden archivadas, y llamó a la opinión pública a presionar para que no se olvide el tema. También solicitó a la fiscal general, Thelma Aldana, “que proceda a hacer la pesquisa”.
En esta misma línea, Berganza añadió que “es una prueba de fuego para la fiscal general, ya que tiene en sus manos la alta responsabilidad de hacer que se cumplan las leyes y la Constitución”. La organización también accionó la vía judicial para que sea un Juzgado el encargado de “analizar la evidencia e inicie un proceso de antejuicio”, dijo el abogado.
Diferentes medios que acompañaron a Pérez Molina en su visita a El Salvador para la investidura de su homólogo, Salvador Sánchez Cerén, informaron por medio de redes sociales que el mandatario guatemalteco calificó como una “payasada” la denuncia y refirió que esta solo representará gastos y distracciones para la justicia.
Hecho debatido
Diversas fuentes han asegurado que el plan para modificar la Constitución habría iniciado hace dos meses, cuando Arístides Crespo, presidente del Congreso y denunciado por Plataforma Ciudadana, habló en un mitin con beneficiarios de programas sociales de la importancia de que en el país hubiera reelección. “Ya Guatemala necesitaría la reelección para que Otto Pérez y Roxana Baldetti volvieran a ser presidente y vicepresidente”, manifestó el congresista en esa ocasión.
Meses más tarde, el presidente Pérez Molina declaró: “En Guatemala tenemos el peor de los sistemas. Nosotros tenemos cuatro años (de periodo presidencial) sin reelección, en los países donde tienen cuatro años, todos tienen reelección. Los que no, tienen periodos de cinco o de seis años, en donde se pueden concretar los planes”, aunque negó que fuera a presentar una propuesta de reforma
Se preguntó su opinión a dos destacados abogados constitucionalistas, Rodolfo Rohrmoser, es magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y el doctor Gabriel Orellana, y esto fue lo que respondieron:
Rohrmoser: “En el momento en el que la Fiscal General declaró que no actuaría de oficio para investigar un posible delito en las actuaciones del Presidente y otros funcionarios, hay indicios para decir que se cometió un delito en las declaraciones de Otto Pérez Molina, dada la redacción del precepto legal al que hizo referencia, pero debe ser un juez quien lo determine”.
Orellana: “No hay duda de que la solicitud hecha por Plataforma Ciudadana es procedente.La Constitución lo prohibe directamente y no hay excepción alguna. Además, esta será una prueba definitiva para el Estado. Lo interesante es ver el grado de tolerancia que pueda tener la fiscalía. Es una prueba muy dura para ver si de verdad funcionan nuestras instituciones”.
En la sección de Opinión del mismo medio, el licenciado Mario Fuentes Destarac publica en su habitual columna semanal lo siguiente:
¿Otro Golpe de Estado Constitucional?
La prórroga también lesiona el principio de alternancia.
Mario Fuentes Destarac
El Golpe de Estado Constitucional consiste en la forma ilegítima del poder desde el mismo grupo político gobernante, con el propósito de perpetuarse en el poder público, o sea permanecer en el desempeño de los cargos, en fraude de la Constitución y del espíritu democrático republicano.
Las principales modalidades de Golpe de Estado Constitucional que se han utilizado en Guatemala son: La reelección presidencial, la prolongación del vigente periodo presidencial, el autogolpe, la sucesión de parientes y el fraude electoral.
La reelección presidencial garantiza al gobernante competir electoralmente en condiciones ventajistas (uso de recursos estatales, elecciones amañadas). La prolongación del vigente periodo de funciones evita que el gobernante en ejercicio se someta a elecciones, en tanto que el autogolpe le garantiza una inmediata concentración del poder y legislar por medio de decretos presidenciales. Por su parte, la sucesión de parientes es la imposición dinástica, en tanto que el fraude electoral se traduce en celebrar elecciones injustas.
La reelección presidencial fue utilizada por el exgobernante Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), la prolongación del vigente periodo presidencial fue utilizada por los exgobernantes José María Reyna Barrios (1892-8) y Jorge Ubico Castañeda (1931-44), el autogolpe por el expresidente Jorge Serrano Elías (1991-3), la sucesión de parientes fue intentada por el expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-12), a través de un divorcio con fines electoreros, aunque durante el periodo de este también se dio una suerte de sustitución en el cargo y funciones del Presidente por la esposa del gobernante, y el fraude electoral se utilizó durante los regímenes militaristas (1970-86)
Específicamente, la prolongación del vigente periodo presidencial, además de estar prohibida por el Artículo 187 constitucional, supone una burla a los derechos de elegir y al sufragio, ya que supone el irrespeto del periodo para el cual fue electo el respectivo gobernante y, por ende, el incumplimiento del mandato popular surgido de las elecciones. Dicha prórroga también lesiona el principio de alternancia, que se traduce en la posibilidad real y efectiva de que quienes ocupen cargos de elección popular cambien periódicamente.
En todo caso, el Tratado General de Paz y Amistad (Convenciones de Washington), suscrito el 12 de marzo de 1923 por los gobiernos de EE. UU. y de los países centroamericanos, la Carta Democrática Interamericana (OEA) y la Declaración de Mar del Plata de la XX Cumbre Iberoamericana (diciembre 2010) incorporan cláusulas que impiden el reconocimiento de gobiernos surgidos de Golpes de Estado (incluido el constitucional) y demandan la suspensión de los Estados en que se altere o rompa el orden constitucional o el Estado de Derecho.” (Fin de la columna)
Y el presidente de elPeriódico, ingeniero José Rubén Zamora, publica lo siguiente:
Golpe de Estado velado
Jose Rubén Zamora
La extensión del mandato de Pérez y Baldetti, impulsada por ellos mismos y por un grupo privado multimillonario del país, representa ni más ni menos que un vulgar Golpe de Estado y responde a un plan bien articulado. La iniciativa de reforma la tiene lista Valentín Gramajo en el Congreso. La cleptocracia enquistada en todos los poderes del Estado apoya el proyecto, pues sus mandatos también se extenderían sin costos de ninguna naturaleza y seguirían ordeñando al Estado por un tiempo más prolongado. Los financistas están listos para cubrir los costos enormes de una campaña de publicidad para persuadir a los guatemaltecos de las grandes bondades del proyecto de extensión de los mandatos de todos: Presidente, Vicepresidente, diputados y alcaldes por tiempo indefinido. Obviamente, recuperarían su inversión con sus privilegios y protecciones de siempre.
El epicentro de todo el asunto es que cuando finalmente termine su periodo Pérez, quien lo sustituya sea Baldetti, quien no quiere soltar la macoya a nadie, menos aún, a Alejandro Sinibaldi, a quien mastica, pero no traga.
En todo caso, Pérez y Baldetti, la cleptocracia en su conjunto y todos aquellos que apoyan la extensión del mandato del PP, están traicionando y violando la Constitución de la República, impulsando una dictadura velada y el Ministerio Público debería de perseguirlos de oficio.” (Fin de la opinión de José Rubén Zamora)
En la columna Catalejo de Prensa Libre, Mario Antonio Sandoval publica lo siguiente:
CATALEJO
Intento de golpe a la Constitución
GUATEMALA ES UNA TIErra de realismo irreal. Al analizar lo ocurrido en los últimos días con respecto a la ampliación del período presidencial, surge la evidencia de un golpe de Estado contra la Constitución.
Lo encabezan los tres poderes estatales: el ejecutivo, por su insistencia en hablar del tema; el legislativo, por las acciones entre bambalinas encabezadas por los diputados patriotistas, y el judicial, por su silencio, en una culpabilidad compartida con la Corte de Constitucionalidad, llamada —por elemental lógica— a salir en defensa del documento base del Estado aun antes de una solicitud formal, en vista de la inminencia de un ataque cuyas consecuencias serán nefastas hasta para la mencionada entidad nacida con esta Constitución.
PARA LOGRAR esos cambios constitucionales, a pesar de ser espurios, hay necesidad de pisotear otros temas no solo jurídicos, sino sobre todo éticos: la Constitución marca el período presidencial para un lapso improrrogable de cuatro años. Además, quien realice algún intento de cambiar la sucesión del presidente de la república, y quien haga propaganda pública o realice actividades con el fin de aumentar el término fijado constitucionalmente, será castigado con cárcel de dos a seis años. Queda abierta cómo se interpretan esas actividades, y entonces toda persona cuyas actitudes y declaraciones no sean radicalmente contrarias a estos cambios, puede caer en la definición del delito señalado con tal claridad en el texto constitucional.
QUIENES HAN CONVENcido al mandatario de intentar este alargamiento del período olvidaron el tema de la consulta popular para pedir a los guatemaltecos votar por el Sí o por el No. También habría necesidad de eliminarla, porque existe un alto riesgo del triunfo del No, a pesar del acarreo de votantes y de la participación mínima —un 15% o menos de los ciudadanos inscritos. En resumen, con un 7.5% de los ciudadanos derrumbarían estas pretensiones y la derrota política sería total. Si no se hace la consulta, se debería colocar una lápida a la Corte de Constitucionalidad. Si gana el No y de todos modos se hace, la principal crítica nacional y foránea sería la de haber comenzado de manera abierta y clara una dictadura o al menos un gobierno totalitario.
NO TERMINA TODO ALLÍ. El desprestigio también será sólido, al colocar al presidente Pérez Molina junto a políticos latinoamericanos como Daniel Ortega, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Evo Morales y Cristina Krischner. La más elemental prudencia aconseja dar marcha atrás a una aventura sin razón alguna. Se debe pensar también en la división en la cual caerían los ciudadanos: unos, en defensa de la Constitución: personas individuales, grupos gremiales, periodistas y comentaristas, sin distinción de edad, sexo o criterio ideológico. Los otros, destazadores del texto constitucional, en un grupo al cual pertenecerán el presidente, los diputados, los magistrados. Parece un panorama dantesco y no es exagerado: así es. Y no puede ser de otra forma.
ES NECESARIO RECORDAR el juramento de quien llega a la presidencia: defender la Constitución, cumplir y hacer que se cumplan las leyes. Estas palabras no dejan lugar a interpretación alguna. Son conceptos claros. Insistir en el tema de reformas constitucionales, en este momento y en cualquier otro, no es posible justificarlo, explicarlo ni mucho menos imponerlo. Por aparte, sería suicida políticamente un posible plan de hacer estos cambios como una forma de asegurarse una victoria electoral el año entrante, o intentar comprar tiempo para aprovecharse del evidente desprestigio de quienes se lanzaron, también ilegalmente, a la cacería de votos favorables. En suma, lo ocurrido es una verdadera e innegable caja de Pandora.” (Fin de la columna Catalejo de Mario Antonio Sandoval)
Finalmente, el Editorial de Prensa Libre dice lo siguiente:
Cuando una opinión equivale a contumacia
“Las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina respecto de su cada vez más evidente plan de alargar el período para el cual fue electo constituyen un ejemplo de contumacia, es decir, de la tenacidad de mantener un error, con rebeldía.
Ciertamente se trata de una opinión, pero esta libertad en la práctica debe ser utilizada con tino, aunque no desaparece con el ejercicio de cargos de mucha importancia, por motivo de las consecuencias que conlleva y que son insoslayables.
Los ciudadanos comunes y corrientes no tienen problema alguno en ejercer ese derecho, siempre que se mantenga dentro de los cánones de la legalidad. Es un avance político y social de primer orden. Pero cuando se ejerce un alto cargo, sobre todo en la política de Estado, es prudente abstenerse de utilizarlo para cualquier tema, porque siempre tendrá consecuencias, por lo que no es políticamente aconsejable.
Resulta ser una ironía, en realidad: el funcionario tiene mando e influencia, pero precisamente por ello muchas veces callar es conveniente y necesario. Cuando un jefe opina, de hecho está expresando algo muy parecido a una orden, o estableciendo criterios que pronto son considerados o se convierten en oficiales. Los políticos deben voluntariamente abstenerse lo más posible de expresar juicios de valor sobre temas controversiales, porque todo gobierno alcanza a la totalidad de los ciudadanos, no solamente a unos pocos.
El presidente Pérez Molina, al señalar su intención de mantenerse en el Ejecutivo 24 meses más, y hacerlo de inmediato, en directo beneficio personal, comete un error de bulto, porque decidió no pensar lo suficiente en su enorme capacidad de influencia. Y cuando lo repite, cae en la contumacia, voluntaria o involuntaria, lo que hace aumentar el número de votantes decepcionados.
La expresión de estas opiniones también trae problemas en el campo industrial y empresarial. Si un mandatario opina que un refresco, un determinado vehículo, o cualquier otro producto, es el mejor o el peor, recibirá la justificada protesta de los competidores y colocará al Gobierno en una posición en la que deberá echar mano de explicaciones. Y esa reacción adversa está justificada, porque la provocó una reprochable falta de análisis.
Ya suficientes sectores sociales, expertos y comentaristas de prensa se han referido a las consecuencias de la intentona, solo posible con el vergonzoso auxilio de otros poderes del Estado y el retorcimiento contextual antojadizo de textos cuya diáfana claridad destierra la posibilidad de una interpretación. Ya ha llegado el momento de cerrar el tema y de, una vez más, luchar en el interior del Gobierno porque las expresiones de estos juicios de valor solo ocurran cuando haya consenso y análisis.
Las opiniones, siempre personales, serán subjetivas y respecto de ellas no cabe la aclaración. Se puede sostenerlas aunque se haya demostrado que son erróneas, inconvenientes o tienen efectos negativos graves en corto, mediano o largo tiempo. Caer en la contumacia deja a quien la comete hundido en el desprestigio.” (Fin del Editorial de Prensa Libre)
Twitter@jorgepalmieri