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REPRODUCCIÓN DE INTERESANTE ARTÍCULO

Martes, Junio 24th, 2014

Hace muchos días recibí por correo electrónico, por cortesía de mi admirado amogo el doctor Armando de la Torre, la versión original en inglés de este largo artículo que escribieron él y Steve Hecht para una publicación estadounidense. Por considerarlo muy interesante, pensé en la posibilidad de reproducirlo tal cual, en su versión original en inglés, pero comprendiendo que no todos los lectores internacionales de este blog comprenden ese idioma, pedí al doctor de la Torre que ellos lo tradujesen al español. Y al cabo de varios días de espera recibí lo solicitado, que reprodujo elPeriódico el domingo pasado. Comprendo que es muy largo, por lo que posiblemente algunos no tendrán deseos de leerlo, pero les aseguro que así también es interesante. Este es el artículo

Obama ante su espejo: Guatemala

 

Por Armando de la Torre  &  Steve Hecht –

Si usted rebusca en la diplomacia de los Estados Unidos, a la búsqueda de lo curioso o de lo insólito, y además decide volver sus oídos a una de las regiones más remotas y menos visitadas del planeta, se mudaría a la república centroamericana de Guatemala, y descubriría, entonces, desde allí algo verdaderamente asombroso sobre la clase de hombre que Barack Obama es.

Esto no sería un ejercicio de los que uno hace distraído al tiempo que bebe una taza de café. Identificar la verdadera intención política de los Estados Unidos hacia Guatemala hoy viene a ser casi lo mismo que desnudar al verdadero Obama de siempre. Por medio de sus reiteradas acciones, mucho más que en los casos de Benghazi, Ucrania y del Cercano Oriente, o en cualquier otro lugar, Obama se muestra en Guatemala tal como de veras es: un solapado radical de la izquierda ideológica.

Si lo que ocurre en cualquiera de esos rincones sucediese en los Estados Unidos, o en cualquier otra región con mayor cobertura por los medios masivos de comunicación, usted muy probablemente se quedaría perplejo a la luz contrastante de la gigantesca maquinaria propagandística que él podría montar en contra de Guatemala, pues lo definitivo para él es que el pueblo norteamericano nunca sepa cómo ha llevado su política exterior hasta ahora con nosotros.

Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurre, dado que Obama en nada se siente apremiado para rendir cuentas a nadie de lo que con Guatemala hace, y se siente por ello libre de caer bajo la crítica ante la opinión pública de su país.

Bueno, por casi nadie, excepto por este medio, que se edita en California.

En Guatemala, las maquinaciones de Obama se han transparentado para todo aquel que se tome el trabajo de seguir atentamente sus pasos en ese país. El intervencionismo de la Administración de Obama a través de su embajada ha sido, imprudentemente, demasiado descarado. Para ocultar su parcialidad a los ojos de sus propios conciudadanos, esa embajada ha publicado comunicados muy agresivos únicamente en castellano y, por consiguiente, quedan inmunes para la mayoría de los norteamericanos de toda crítica. Tampoco para la misma comunidad de los medios masivos de publicación de los EE. UU. se siente apenas motivación alguna para suplir ese vacío para sus lectores.

El 22 de Abril, la embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que criticaba severamente al Colegio de Abogados de Guatemala por haber sancionado a la juez Yassmin Barrios, con la suspensión durante todo un año en el ejercicio de sus labores profesionales. La pregunta al respecto se insinúa inmediatamente: ¿es eso, acaso, de la incumbencia de alguna embajada en el resto del mundo? Casi al mismo tiempo, la juez Barrios era agraciada en Washington, D.C. con el reconocimiento de “Mujeres Internacionales de Valor”, de la mano de nadie menos que de la propia Primera Dama, Michelle Obama.

¿A razón de qué?

Por haber intentado la juez Barrios dictar una condena, en un juicio atropellado, y sin el respeto al debido proceso, en contra del General Ríos Montt, por el crimen nada menos que de lesa humanidad de… ¡genocidio!

Sin poner mientes, además, que en su prisa por alcanzar tal veredicto, la juez Barrios se había valido, entre otros artificios ilegales e inmorales, de la medida de privar al acusado, Ríos Montt de su defensor legal, y de haber ordenado subsiguientemente a otros dos abogados que se hicieran cargo de la defensa, sin haberlo consultado siquiera, o sin haber tenido autorización expresa por parte del inculpado. Y semejante intromisión, “enteramente fuera de lugar”, de la Embajada norteamericana al Colegio de Abogados de Guatemala en sus asuntos internos, se hizo público sólo en español, sin traducción adjunta al inglés.

Lo más irónico es que la tal embajada arremetía contra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Guatemala cuando actuaba plenamente en el ejercicio legítimo de sus atribuciones constitucionales, y lo acusaba de “interferir en la libertad del poder judicial”.

En realidad, lo que sucedía era enteramente lo contrario: quien atropellaba abiertamente la libertad del poder judicial en Guatemala era Barack Obama. El mentado Tribunal de Honor del Colegio de Abogados no había hecho otra cosa que cumplir con sus deberes hacia uno de sus miembros asociados, no en cuanto a su condición de juez, sino en cuanto a su condición de abogada. Para nosotros, la Embajada norteamericana se permitió así intervenir flagrantemente en un proceso jurídico perfectamente ajustado a la ley, y el Embajador había arremetido contra un proceso sin tachas dentro de otro Estado soberano, enteramente en contradicción con las prescripciones de la Convención de Viena y con los principios generales del Derecho Internacional.

Esa torpe acción en los asuntos internos de otro país le rindió, sin embargo, algún fruto dentro de Guatemala. Días después, la asamblea de presidentes de las asociaciones profesionales de la República de Guatemala enmendó la sentencia de su propio Tribunal de Honor al reducir las penas impuestas a la juez Barrios, aunque asentía en lo profesionalmente nada ético en todo lo actuado por ella.

Inconsistente verbalmente con la medida en contra del Colegio de Abogados de Guatemala, la Embajada ya se había revelado en otra interferencia indebida, en julio del 2012. La juez Silvia de León, del distrito metropolitano, anotó en el registro de su juzgado una referencia a una reunión de algunos jueces a la que la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, se tomó la libertad de asistir, sin haber sido invitada formalmente a la misma. En una palabra, su sola presencia constituía una acción ilegal, pero simplemente, según su estilo habitual, se impuso a los jueces, en violación de lo preceptuado por el Artículo 203 de la Constitución vigente y por el Artículo 10 del Código Procesal Penal.

El embajador norteamericano por esos días había tenido conocimiento de todo esto, amén de otras ilegalidades del Ministerio Público entrañadas en la política de la Fiscal General, porque nosotros, los aquí firmantes, se lo habíamos hecho ver en una conversación que tuvimos con él y otros funcionarios de la embajada el 24 de septiembre del 2012.

Desde aquella ocasión, empero, el embajador Chacón se abstuvo de referirse en público a las acciones por nosotros denunciadas, lo que hasta cierto punto comprendíamos, dada la abierta preferencia de su superior jerárquico en el Departamento de Estado, Hillary Clinton, hacia la persona de la Fiscal General guatemalteca, Claudia Paz y Paz.

Esa fidelidad obsequiosa le hubo de valer al Embajador el ser promovido más tarde a Director General del Servicio Exterior del Departamento de Estado, cargo en el que permanece. Todo eso se hace retroactivamente más inteligible al revisitar por Internet la entusiasta proclamación del Embajador Chacón al pueblo guatemalteco –pero únicamente en español–, en la que afirmó: “Es un privilegio para mi gobierno contar con un socio como la Doctora Paz y Paz”.

Lo que nos recordó de momento aquel delicioso verso musical de Gilbert & Sullivan: “I always voted at my party’s call/and I never thought of thinking for myself at all”, lo que traducido libremente significa: “Siempre voté según el partido me lo ordenaba, y jamás pensé por mi cuenta para nada”.

La farsa por “genocidio” endilgada al General Ríos Montt se constituyó así en el nuevo eje de la agenda política de Obama hacia Guatemala. A lo largo de esa parodia de proceso, el departamento de Estado publicó un comunicado en el que casi demandaba la condena de Ríos Montt. Así echaba la administración de Obama leña al fuego en torno a Ríos Montt, desde el comienzo una comedia bufa ya intensamente polarizada en favor de uno de los extremos de política partidista entre las izquierdas y las derechas del país.

Por otra parte, si en ocasiones durante el proceso se llegó a tocar puntos de legalidad o de constitucionalidad, fue de manera esporádica, y más por mera coincidencia de circunstancias que de principios.

Porque ocurre que en la Guatemala de hoy el poder fáctico se halla de hecho repartido entre sólo dos bandos políticos en pugna: aquel obediente por tradición a los mercaderes de la política, y el otro, el de los violentos exguerrilleros marxistas. Este sorprendente equilibrio entre los extremos se fraguó durante el largo proceso de casi diez años de gestación de unos acuerdos de paz firme y duradera, culminado el 29 de diciembre de 1996 bajo la presidencia de Álvaro Arzú.

Para el 2011, con la operadora máxima de la izquierda, Claudia Paz y Paz, a su servicio en el cargo casi omnipotente de Fiscal General –a la cual hubo de hacer eco también la juez Yassmin Barrios– así como con otras “filtraciones” de la misma tendencia en puestos públicos claves bajo los gobiernos sucesivos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, los izquierdistas creyeron que las condiciones “objetivas” ya se habían dado y, envalentonados lanzaron su campaña de desprestigio en contra de Ríos Montt, con argumentos que hubieran sido rechazados ab limine en cualquier tribunal de un genuino Estado de Derecho.

Por su parte, la facción mercantilista del sector privado, al principio toleró el proceso contra Ríos Montt para no romper demasiado pronto con aquel entendimiento implícito en los Acuerdos de Paz de 1996, que les había permitido retener sus posiciones privilegiadas a cambio de no devolverle a la izquierda extrema, con la ley en la mano, los golpes recibidos de parte de ella durante tres largas décadas de conflicto.

Pero cuando el proceso contra Ríos Montt se les volvió insoportable (recuerden el “Comandante Tito”), promovieron que por disposición de la Corte de Constitucionalidad se resolvía regresar a los inicios. La izquierda, empero, cada vez más segura de sí y siempre impaciente, decidió ignorar tal cambio en el calendario del proceso –les urgían nuevos euros y dólares más de sus compañeros de ruta desde latitudes nórdicas– y presionó para que se llegara a como diera lugar a un veredicto de culpabilidad de Ríos Montt.

Fue en ese preciso momento cuando la juez Barrios, una de los más vociferantes, se decidió a emitir su impropia e inmoral disposición sobre los defensores legales de Ríos Montt antes mencionada.

En circunstancias tan anormales, Yassmin Barrios y sus dos sumisos colegas a su diestra y a su siniestra, se precipitaron en declarar “culpable” al octogenario Ríos Montt por el delito de genocidio, sin que se hubiese agotado la discusión jurídica ni siquiera se hubiese convocado al total de los testigos en espera de su turno para testimoniar a favor de la defensa, entre los cuales se encontraba uno de los aquí firmantes. Al ritmo de los aplausos de las turbas acarreadas para la ocasión, la juez Barrios creyó haber cumplido con su parte en la misión de poner de rodillas a Guatemala ante la izquierda internacional.

Pero tan precipitado final del supuesto juicio fue posteriormente anulado por la Corte de Constitucionalidad. Y ahí se halla, entrampado hasta su reiniciación para principios del 2015.

La falta de solidez de este caso emblemático queda aún más clara para cualquiera si se aplican a los hechos históricos conocidos la definición generalmente aceptada de “genocidio”. Unos siete ganadores del Premio Nobel de la Paz que agitaron públicamente en pro de una condena de Ríos Montt, sobre el supuesto de haber dado éste órdenes para una campaña táctica de “tierra arrasada” en el triángulo Ixil con 1,711 fallecidos, y eliminar así de raíz todo sustento posible a la guerrilla en las áreas rurales, se mostraron ipso facto más guerreristas imaginativos que pacifistas, pues jamás hallaron instrucción alguna escrita y firmada por Ríos Montt en tal sentido.

En realidad, siempre estuvieron muy mal informados acerca de los hechos sobre lo que, sin embargo se permitieron emitir opinión con ligereza imperdonable. A lo máximo, “una campaña diseñada para eliminar el apoyo a la guerrilla” puede ser considerada un esfuerzo militar por destruir un movimiento guerrillero, pero nunca un genocidio.

Pues, por “genocidio” se entiende “la deliberada y sistemática destrucción, en todo o en parte, de un grupo, ya sea racial, étnico, religioso, o nacional, por razones meramente políticas o ideológicas”.

Aunque segmentos de esta definición pudieran abrirse como pequeña ventana para iniciar un debate, los hechos históricos del caso no substancian en absoluto tal cargo de genocidio. Durante el conflicto armado guatemalteco lucharon entre si los mismos grupos étnicos y religiosos en ambos bandos, mientras otros de esos mismos grupos se abstenían. Barbaridades se cometieron, como suele suceder, en algunos rincones del país, por actores individuales de los dos bandos, pero esos crímenes comunes-conexos –con los crímenes políticos de sedición– fueron, a su turno, explícitamente incluidos en la amnistía general, por consenso mutuo de las partes, que puso fin formalmente al conflicto armado el 29 de diciembre de 1996.

Durante aquellos 36 años de conflicto intermitente, nadie hizo uso del término de “genocidio”. Semejante monstruosidad sólo fue añadida años después de la firma de la paz, la primera vez por boca de Rigoberta Menchú, y desde entonces coreada crecientemente por los grupos contestatarios más extremos.

Entonces, ¿por qué de nuevo ahora?

Es otra historia de ambivalencia internacional: desde la firma de los estatutos en Roma (1999), que sirvieron jurisdiccionalmente para la creación de la Corte Internacional Penal, el “delito” de “genocidio” fue incluido entre los máximos crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, y que obligan a la posible indemnización de quienes hubieren sido sus víctimas por parte de sus perpetradores. Instantáneamente, ha sido aprovechado a escala internacional como herramienta de lucha partidista por quienes se dedican a lucrar políticamente con la desgracia ajena.

Factibilidad latente, al extremo de que todavía hoy los sucesivos gobiernos en Washington, D.C. no han querido adherirse oficialmente al tratado que hizo posible la Corte Internacional Penal. Temen que pudiera ser utilizado en su contra por lo ocurrido en Afganistán e Irak, bajo la administración del presidente George Bush, hijo, lo que, sea dicho de paso, en absoluto desagradaría a Barack Obama, quien siempre piensa y actúa a lo largo de líneas partidistas.

Pero suscribir el Tratado de Roma necesita del apoyo de dos tercios de los senadores, mayoría calificada de la que no ha podido disponer Obama en todos estos años de su presidencia.

La prueba de este último aserto se refleja de nuevo, con claridad meridiana, en la política exterior de su gobierno hacia Guatemala.

A Obama no parece interesarle el futuro de Guatemala, país en el que jamás ha puesto pie. Pero su conducción de la política exterior norteamericana parece sugerir que tampoco le preocupan mucho los intereses a largo plazo de su propio país. Ejemplo al canto: su apoyo abierto y vigoroso a quienes siempre se han mostrado hostiles a los EE. UU., tal en el caso de Guatemala.

Las evidencias hechas públicas hasta el momento lo que sí demuestran que Ríos Montt puede ser declarado culpable de un solo crimen: el de haber derrotado militarmente a los guerrilleros, que optaron en primer lugar por la lucha armada, con una estrategia de guerra de guerrillas a la Fidel Castro.

Su eficaz derrota de los alzados en armas jamás podría ser catalogada en ninguna parte de “genocidio”.

Los marxistas insurgentes, al decidirse por las armas, supusieron equivocadamente que los campesinos empobrecidos se pondrían rápidamente de su lado. Pero se equivocaron del todo, porque los campesinos, en su ancestral desconfianza hacia el ladino, y, además, por no coincidir con los mismos en su rechazo ideológico al derecho de propiedad sobre la tierra, más bien se volcaron masivamente hacia el ejército, 900 mil de ellos integrados a las patrullas de autodefensa civil, lo que de veras significó el jaque mate definitivo a las guerrillas. Hecho que la izquierda internacional aún procura esconder o desvirtuar.

Los guerrilleros marxistas firmaron los acuerdos de paz de 1996 porque para aquel entonces se sabían derrotados sin alternativas. Sobre todo en el mundo cambiante que siguió al derrumbe del bloque soviético (1991). También porque otros de sus inquietos “donantes” se mostraban hastiados ante la falta de resultados definitivos de la guerrilla. El caso más elocuente lo constituyó el PRI de México, que por años les había otorgado santuario en su territorio.

En tales circunstancias, se vieron obligados a continuar su lucha de siempre por el poder, pero por otros medios. Al igual que los demás firmantes por parte del Estado, los representantes de las guerrillas se comprometieron a un “cese” al fuego y a una “reconciliación” que implicaría, ante todo, proceder de entonces en adelante de acuerdo a las normas constitucionales del país.

Lo que tampoco les fue muy propicio. Su apoyo entre los electores jamás les ha supuesto más del cinco por ciento del total del electorado. De ahí, su desquite con la vehemente cacería de brujas contra militares y expatrulleros civiles, de la que la Dra. Claudia Paz y Paz fue su estrella. A tal reacomodo le llegó su máxima eficacia con el advenimiento de la administración de Obama en Washington, D.C.

La administración Obama se ha manifestado del lado de la izquierda en el contexto guatemalteco porque en el político de los EE. UU. también se siente uno de ellos: el método común a ambos allá y acá es “el divide y vencerás”, tanto referido a las razas como a los géneros, y/o las clases sociales.

Nota adicional: en Guatemala, los grupos autodenominados defensores “de los derechos humanos” han sido mayormente cooptados por los izquierdistas de esa etapa posterior a la firma de los acuerdos de paz. Es más, los guerrilleros han mostrado una y otra vez su fuerte interés en que haya pobres y marginados, pues de esa triste realidad siempre han subsistido, también muchas de las numerosas ONGs activas en Guatemala.

Nunca han prosperado entre aquellos guatemaltecos que se mantienen independientes por sus propios esfuerzos, sino sólo entre quienes aceptan, agradecidos, su dependencia de los políticos o del Estado. Y hasta algunos de los europeos y norteamericanos que los aúpan parecen gustar de esa estrategia. Pero, en verdad, a lo último que aspiran es al desarrollo universal y al progreso de los ciudadanos; cuanto menos, a un Estado de derecho, pues, de lo contrario, ¿cómo justificar su “modus vivendi”?

Los mercaderes de la política, por su parte, también se prestan al juego que les garantiza el disfrute exclusivo de sus privilegios ilegales, y así se mantienen la mayor parte del tiempo impunes por la ley. Mientras esos dos grupos cogobiernen sin mayores riesgos, el resto de la sociedad sufrirá sin distinción alguna de etnia, religión o clase social indefinidamente.

En los Estados Unidos, Obama se presenta como el defensor altruista del hombre común, mientras tacha a sus opositores de estar egoístamente motivados y permanecer indiferentes al dolor de los pobres. Haciendo uso de esa triste tendencia humana a culpar a los otros por los errores propios, Obama y sus más ruidosos seguidores procuran despertar el miedo y la cólera entre la población menos informada y desviarlos hacia sus oponentes. Hasta han llegado al colmo de valerse de la falacia de que sus fracasos en política social comprueban la urgencia de hacer a todos más dependientes de los recursos del Estado. Incluso los Republicanos, también medran del mismo sistema alternativamente cierta cuota de poder e innumerables privilegios, como para dejar de cooperar con el juego político que en los últimos años ha sido identificado como el “big government system”.

Los dos partidos rivales perseveran, por inercia, en el diseño de otorgar más recursos y poderes para sí mismos, a expensas del excluido ciudadano común y corriente. Sólo en los últimos años tanto malestar ciudadano ha salido a la superficie política en el sorprendente “tea party”, que aboga por el regreso de los Estados Unidos a los principios fundantes de esa gran democracia republicana de sus primeros lustros, a lo largo del último tercio del siglo XVIII.

El inusitadamente abierto apoyo de la administración de Obama hacia las tácticas actuales de la exguerrilla en Guatemala deja transparentar elocuentemente la agenda oculta del mismo Obama para su propio país. Su embajada en Guatemala, y su red de amigos locales, han adversado a aquellas autoridades e instituciones que entre nosotros, guatemaltecos, se limitan a cumplir simplemente con sus deberes, como en el caso de la juez de León o el de los juristas miembros del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Evidentemente, el Estado de derecho se les antoja a Obama y a sus más íntimos partidarios como un obstáculo último para sus planes de conquista electoral y expoliación de los ignorantes allá, dentro de sus propias fronteras.

La intromisión de Obama en nuestros asuntos ha llegado tarde; Árbenz le fue problema a un lejano antecesor suyo de apellido Eisenhower. Pero de eso hace ya muchos; el mundo hoy es uno muy otro. El problema no es Guatemala; el problema es Washington, D.C.

Para concluir, Obama y los suyos son lobos de la misma manada que los guerrilleros y sus simpatizantes; sus aullidos resuenan al unísono con las mismas vibraciones. Por eso todos ellos procuran sacudirse de los principios y los valores genuinamente republicanos que se les antojan tan desagradables. Con una diferencia: aquí todo es violento y grosero. Allá, todavía solapado. Pero en ambos, el margen de respeto para lo que los demás opinamos se estrecha cada vez más.

Para nosotros, una guerra simultánea en dos frentes: en el de los EE. UU. y en el de Guatemala. La única diferencia entre ambos frentes es que el enemigo aquí se ha quitado la máscara; allá, en cambio, todavía se mantiene de incógnito, porque aquí entendemos claramente el español, y allá sólo a golpes de diccionario.

¿Caeremos en la cuenta, aquí y allá, todavía suficientemente a tiempo para revertirlo? No es lo más probable para los próximos dos años.

Nota: esta columna es la versión en español de lo publicado por nosotros en inglés el 21 mayo en el “frontpage mag”. Los textos difieren entre sí por razones que esperamos les resulten obvias. Quien se interese podrá verificar esas diferencias con una consulta al texto en inglés, en el enlace:http://goo.gl/UxjO2 E

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