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UN ÉXITO DE LA CICIG Y EL ASESINATO DE GERARDI

Miércoles, Septiembre 10th, 2014

Un éxito de la CICIG en siete años

El colombiano Iván Velásquez Gómez,  jefe de la CICIG

Después de una larga estancia en nuestro país de la controvertida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), catalogada casi de manera unánime como estéril, y de los desmanes y abusos de poder del tristemente recordado fiscal español Carlos Castresana Fernández y los desaciertos e intromisiones del fiscal costarricence Francisco Javier Dal’Anese Ruiz, sin que lograran identificar y llevar a proceso judicial a algún poder paralelo delictivo,para lo cual fue creada esa entidad, el actual jefe de esa comisión, apadrinada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez, de 57 años de edad, ha obtenido un éxito al investigar con la estrecha colaboración del Ministerio Público (MP) –como debe ser– a una presunta organización clandestina que operaba en la cárcel preventiva denominada “Pavoncito”, dirigida por el capitán Byron Lima Oliva, de 44 años de edad, condenado a 20 años de cárcel por el delito de “complicidad” en el asesinato del obispo auxiliar de la diócesis de Guatemala Juan José Gerardi Conedera, ocurrido el 26 de abril de 1998. “Lima representa para muchos de los reos la verdadera autoridad y, por lo tanto, a él recurren para solicitar traslados, favores y derechos. Lima Oliva ejerce indudable influencia en el sistema penitenciario”, dijo en conferencia de prensa el fiscal Iván Velásquez Gómez, titular de la CICIG.

Pero Lima habló vía telefónica con la agencia noticiosa The Associated Press y dijo que los señalamientos son invento de las autoridades, porque en la prisión en la que se encuentra no ha permitido que los funcionarios extorsionen a los reos, ni otros crímenes. “Ellos tienen una venganza conmigo, porque yo no permití que en este lugar entraran un reo que ellos querían asesinar”, indicó Lima, quien dijo a la AP que teme por su vida, pues podría ser trasladado a otra prisión donde podrían asesinarlo y negó las propiedades que le adjudican. “Desde que soy caballero cadete he tenido solvencia económica, toda mi familia ha sido finquera, desde hace 100 años, no de ahorita”, agregó.

Según la fiscalía, el teléfono celular del capitán Byron Lima Oliva tiene ilimitado acceso a Internet, dicen el MP y la CICIG en la investigación sobre el caso por traslado de reos que el militar lograba por medio de sus conexiones con las altas autoridades del Sistema Penitenciario. Lima Oliva también era privilegiado con salidas fuera de prisión para desarrollar diversas actividades, con la autorización de los altos funcionarios penitenciarios, y al menos otras 12 personas habrían participado del esquema de lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo y activo. Según las pesquisas,  el capitán Lima negociaba los traslados de reos por cifras que llegaron hasta los US$12 mil (unos Q96 mil). Además se dice que Édgar Camargo, exdirector del SP, recibía US$2 mil (unos Q16 mil) por cada hecho. Las investigaciones comenzaron cuando la posesión de bienes inmuebles de Lima empezó a crecer. Según los investigadores, el militar “vendía” beneficios en prisión que iban desde el ingreso de celulares, aparatos electrodomésticos, comida y traslado de reos en vehículos de su propiedad, hasta visitas conyugales a cambio de dinero y bienes que compartía con otras personas, entre ellas Camargo. El capitán Lima Oliva también utilizaba el teléfono móvil para mostrar por la red social de Facebook todas sus actividades comerciales y de relaciones públicas, porque fotografiaba los eventos de la Cooperativa Torre Fuerte, que funciona desde hace cinco años y de la cual es presidente, así como a las personas que lo visitaban en la prisión, entre quienes se menciona a políticos.

El Editorial de elPeriódico de hoy, titulado Golpe de la CICIG, principia diciendo: “La semana pasada, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), después de una acuciosa y documentada investigación penal, reveló la red de negocios ilícitos del reo Byron Lima Oliva. Según informaciones de prensa, la utilización del smartphone de Lima Oliva fue determinante para que la CICIG pudiera acceder a sus comunicaciones y vinculaciones. Conforme el resultado de las investigaciones, Lima Oliva negociaba traslados de reos hasta por US$12 mil, equivalente a Q94 mil”.

El citado Editorial concluye: “Sin perjuicio de esto, la CICIG, bajo la conducción de Iván Velásquez, se apuntó un hit en el desmantelamiento de redes de crimen organizado al haber detectado y documentado la red criminal de Lima Oliva. Inequívocamente, estos trabajos justifican la existencia de la CICIG, ya que ponen en evidencia el apoyo eficaz que está brindando al Ministerio Público. Ojalá que el Gobierno y el Congreso así lo entiendan y que prorroguen el mandato de la CICIG por otros dos años, contados a partir de septiembre del año entrante”.

No obstante, el presidente Pérez Molina declaró que el año próximo no será solicitada a la ONU una nueva ampliación del contrato con la CICIG. Y es que en realidad ha tomado siete (7) años de mantener a la CICIG, con el nefasto español Carlos Castresana, el costarricense Francisco Javier Dal’Anese Ruiz y ahora con el colombiano Iván Velásquez Gómez, para que ésta logre desarticular alguna red criminal o poder paralelo. Pero no se pueden olvidar los abusos de poder y las intromisiones de Castresana en el caso del auto-crimen o suicidio de Rosenberg, ni cómo el tico Dal ‘Anese se tomaba el trabajo o el abuso de convocar a los embajadores acreditados en el país para pedirles que asistieran al juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt “para presionar a los jueces”. ¡Siete años han necesitado para descubrir solamente las actividades de un militar preso en la cárcel preventiva de “Pavoncito”! Poca cosa, realmente, en siete años para ese organismo de la ONU.

Capitán primero Byron Miguel Lima Oliva

Una estructura criminal que operaba desde la prisión preventiva denominada Pavoncito, y que era dirigida por el  capitán Byron Lima Oliva, en colaboración con los más altos funcionarios del Sistema Penitenciario, fue desarticulada después de una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con la colaboración del Ministerio Público (MP) sin haber participado para nada en la operación el ministerio de Gobernación, probablemente para impedir las posibles fugas de información, como ha ocurrido en anteriores oportunidades.

En 15 allanamientos que se llevaron a cabo fueron capturados siete presuntos integrantes de la red delictiva de Lima Oliva: Édgar Josué Camargo Lieres, en residencial “El Gozo”, zona 11 de Mixco; Edy Fisher Arbizu, detenido en la 20 calle 3-08, zona 3; Carlos  Heraldo Cermeño Espino, en el condominio “El Gozo”, zona 11 de Mixco; José René  Ávila Mazariegos, en la 9a. avenida y 2a. calle, Ciudad Real 1, zona 12 de Villa Nueva; Martín Arévalo Godoy, en la 3a. calle 3-89, residenciales “Las Sabanas”, zona 17; Cristian René Picón y Alejandra Saraí Reyes, compañera de vida de Byron Lima Oliva, en la zona 10.

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación

El mismo Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, reconoció que “Lima ha sido un problema porque yo sé todo lo que este señor maneja desde dentro de la cárcel”. Pero ha quedado claro que la operación fue realizada exclusivamente por la CICIG y el MP y que el ministro López Bonilla fue ajeno a la operación, contrario a lo que Lima Oliva parece creer, motivo por el cual en sus primeras exaltadas declaraciones a los medios de comunicación despotricó contra su colega y ex profesor en la Escuela Politécnica, a quien acusó, entre otras cosas, de ser el verdadero cabecilla de la supuesta estructura criminal, lo cual el ministro López Bonilla ha desmentido categóricamente y en forma reiterada por todos los medios a su alcance. Lima Oliva acusó de “traidor” a López Bonilla porque dijo que antes le catalogaba como un amigo, pero el ministro López Bonilla respondió que Lima Oliva podrá decir que es su amigo, pero él no es amigo de Lima. López Bonilla declaró que él se enteró de que se estaba desarrollando la operación cuando Camargo le llamó por teléfono para informarle que su casa estaba siendo cateada y le iban a detener. Por otra parte, es absurdo que un reo –como es el caso del capitán Lima Oliva– lance tan graves acusaciones contra el ministro de Gobernación. Por otra parte, López Bonilla se ha desempeñado muy bien en ese cargo y está considerado como el mejor funcionario del actual gobierno, y no es sensato pensar que un presidiario va a poder desprestigiarle con sus acusaciones.

Detienen a director de Presidios El director de presidios Edgar Josué Camargo fue detenido en un allanamiento en el condominio “El Gozo”, en Colinas de Minerva, zona 11 de Mixco, en base a una orden de captura emitida por el Juzgado B de Mayor Riesgo por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero.

Camargo y Lima Oliva fueron compañeros cadetes en la Escuela Politécnica y se graduaron juntos. Camargo se hizo cargo de la Dirección de Presidios en febrero de 2013, tras la remoción de José Luis González Pérez, quien fue destituido luego de que Lima Oliva fue capturado junto a dos particulares y seis guardias afuera de la carcel “preventiva” denominada Pavoncito, violando procedimientos administrativos del centro.

Silvia Chavarría, subdirectora de Presidios, se hizo cargo temporalmente de la institución, según confirmó el viceministro de Gobernación Edi Juárez. Camargo fue enviado a los tribunales donde el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo de la investigación, quien le hizo saber los cargos en su contra. Lima Oliva fue trasladado a la cárcel militar de la zona militar Mariscal Zavala. La fiscal general Thelma Aldana explicó a los periodistas que la estructura corrupta del capitán Lima Oliva tendría al menos 15 años funcionando. El operativo fue dirigido por la fiscalía especial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) también realizó allanamientos en la vivienda de Byron Disrael Lima Estrada, padre del capitán Lima Oliva, ubicada en la colonia “Lourdes”, en la zona 17.

Byron Lima Oliva celebrando el Día del Cadete con su joven y bella compañera de vida Alejandra Saraí Reyes Ochoa.

Las autoridades capturaron también a Alejandra Saraí Reyes Ochoa, compañera de vida de Lima Oliva, sindicada de lavado de dinero. Otro de los detenidos es Edy Fisher Arvizú, quien fungió como subdirector operativo de Presidios pero dejó el cargo en febrero pasado acusado de incumplimiento de deberes. Según las pesquisas, Lima Oliva logró desde la cárcel, desde hace 15 años, acumular una considerable fortuna  en dinero y en bienes raíces tales como residencias en la playa, en San Marino, Puerto de San José, Escuintla, y en la capital vehículos de lujo y blindados, además de fondos  en cuentas bancarias, de acuerdo con el comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG. En ese sentido, las pesquisas del órgano internacional, en conjunto con los ministerios Público y de Gobernación, lograron determinar que Lima Oliva tiene  poder dentro de la prisión, según revelaron las autoridades en conferencia de prensa. El comisionado Velásquez Gómez  expuso que se conoció y documentó la actividad de una red criminal en la que Lima Oliva participa como eje central.

El capitán Lima Oliva fue condenado primero a 30 años de prisión por “ejecución extrajudicial”, en la muerte del  obispo Juan José Gerardi Conedera, ocurrida el 26 de abril de 1998, razón por la cual está preso  en el centro de reclusión “preventiva” Pavoncito y “representa para muchos de los reos la verdadera autoridad”, dijo el comisionado Velásquez. Durante la investigación se logró determinar que, en el 2013 y el 2014, Lima Oliva, en colaboración con Édgar Camargo, director del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizu, subdirector de Presidios negociaba el traslado de otros reos a otras prisiones. Para lograrlo tenía personas afuera de la cárcel que lo ayudaban a ejecutar el plan y también le servían como testaferros. A Camargo, considerado hombre de confianza del ministro de Gobernación, se le imputan los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita  y conspiración para el lavado de dinero; mientras que a Fisher Arbizu, se le imputa solamente el delito de incumplimiento de deberes. Al convicto Lima Oliva se le imputan nuevos delitos, como   tráfico de influencias, asociación ilícita, lavado de dinero  y uso de terminales móviles dentro de prisión. Al caso  fueron ligados  siete reclusos más, a quienes se les abrirá proceso penal, lo que hará un total de 15 implicados.

Byron Lima Oliva es conducido esposado a la cárcel del cuartel Mariscal Zavala 

Lima Oliva y otros nueve sindicados fueron enviados a la cárcel de la zona militar Mariscal Zavala, mientras que Camargo quedó recluido en un hospital privado de la zona 10 debido a problemas de hipertensión y diabetes. Alejandra Saraí Reyes Ochoa, conviviente del capitán Lima, fue trasladada a la cárcel para mujeres Santa Teresa, en la zona 18. Thelma Aldana, Fiscal General de la Nación, refirió  que existe en Presidios un grupo de personas concertadas para ejercer control e influencia en esa institución, con diversos fines delictivos.

En esta foto, lamentablemente movida, el actual Presidente de la República, general retirado Otto Fernando Pérez Molina junto con el hoy privado de libertad Byron Lima Oliva.

El presidente Otto Pérez Molina  afirmó que la captura de Camargo “es un buen paso y demuestra que nadie está por encima de la ley”. Por cierto que Lima Oliva se expresó muy bien del general Pérez Molina, a quien, a pesar de todo, dice que respeta y le sigue considerando su amigo. 

Lima Oliva celebra el Día del Cadete, en compañía de algunos compañeros

Fuera de sí, Lima Oliva acusó de traidores a los del Partido Patriota porque dijo que había colaborado en la campaña electoral del general retirado Otto Pérez Molina con camisetas color naranja maquiladas por privados de libertad en la cárcel denominada Pavoncito.

“No solo contribuí con camisetas, sino también entregué a López Bonilla dinero, mucho dinero, para la campaña electoral. Dinero que empresarios que querían contribuir aportaron a través mío, se lo entregué a López Bonilla, porque él fue el jefe de campaña del partido”, dijo Lima.

Los directivos del Partido Patriota no han negado esa colaboración de Lima Oliva para la campaña electoral del actual mandatario. El fiscal colombiano Adán Velásquez dijo que, según la investigación, Lima Oliva tiene varias propiedades, entre ellas una casa en la playa, y vehículos Porsche, Jaguar y una camioneta Land Rover blindada. “Y eso ¿qué pecado es?”, dijo Lima a la AP al explicar que esos bienes siempre los ha tenido. “El mismo ministro de Gobernación ha estado en mis casas de playa”, comentó Lima. Se cree que la influencia del reo rondó incluso los altos círculos de poder. Se ha jactado en el pasado de tener amistad con el presidente de la República, el general retirado Otto Pérez Molina, y reconoció que incluso aportó a su campaña electoral no solo confeccionando muchos cientos de camisetas color naranja, el color del oficialista Partido Patriota, sino también con fuertes cantidades de dinero.

Estos son algunos de los bienes del capitán Byron Lima Oliva que han sido incautados y la CICIG propone que les sea aplicada la Ley de Extinción de Dominio. Vehículos: 1 Suburban, 1 Land Rover, 2 Range Rover, 1 Land Crusier, 1 Camioneta BMW, 2 Camiones y 1 Motocicleta BMW.

El capitán Byron Lima Oliva estaba a punto de optar por salir de prisión, pues según la ley ya ha cumplido la mitad de la pena de 20 años por “complicidad” en el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998. El plazo para pedir su excarcelación iba a comenzar el 12 de septiembre, pero el panorama ha cambiado y ahora podría enfrentar varios años más de cárcel.

El intrincado caso del asesinato del obispo Gerardi

Juan José Gerardi Conedera, Obispo auxiliar de la Diócesis de Guatemala. 

Entre las 10 y 10 y 30 de la noche del 26 de abril de 1998, el obispo auxiliar de la Diócesis de Guatemala, Juan José Gerardi Conedera, fue cruelmente asesinado a golpes en la cabeza y en la cara con un objeto contundente que se cree que pudo haber sido un pesado bloque de ladrillo de cemento para construcción que apareció ensangrentado junto al cadáver, adentro de su residencia, la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, en pleno centro de la ciudad, 6ª avenida entre 2ª y 3ª calles de la zona 1, a una cuadra de la Casa Presidencial y a tres cuadras del Palacio Nacional de la Cultura y de la Plaza de la Constitución. Dos días antes había presentado oficialmente, en solemne acto que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana, el informe Guatemala, nunca más, del proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que él personalmente dirigió y reportó en cuatro tomos un grueso volumen de testimonios de supuestas violaciones de derechos humanos producidos por el Ejército Nacional, como represión, en el transcurso del conflicto armado interno que tuvo más de tres décadas de duración.

El 24 abril de 1998, la Iglesia Católica de Guatemala presentó en la Catedral Metropolitana de Guatemala el informe de la Recuperación de la Memoria Histórica “¡Guatemala, nunca más!”. El obispo Gerardi, su principal promotor y animador, fue también su principal presentador. “Conocer la verdad duele pero es, sin duda, una acción altamente saludable y liberadora”, dijo.

En el último de sus días, Gerardi dijo que se sentía más feliz que nunca. Cenó con su familia y comentó que ya podía morir en paz porque había concluido el REMHI. El informe del proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, “Guatemala Nunca Más”, supuestamente documenta y demuestra las atrocidades cometidas por el Ejército durante el conflicto armado interno que duró 36 años y provocó la muerte y desaparición de millares de guatemaltecas y guatemaltecos, especialmente civiles, indígenas y pobres. Pero no menciona las atrocidades cometidas por las fuerzas guerrilleras subversivas contra los indígenas que colaboraban con el Ejército. En resumen, es obvio que el documento fue elaborado con la intención de condenar al Ejército y victimizar a los subversivos que pretendían adueñarse del país para establecer un régimen comunista satélite de Cuba.
El entonces Fiscal General, licenciado Héctor Hugo Aguilera, fue de los primeros en acudir al lugar del crimen y encontró el cadáver del obispo Gerardi tirado en la puerta de su automóvil y bañado en sangre por un golpe contundente que recibió en la cabezacon un ladrillo de cemento para construcción.
El licenciado Héctor Hugo Aguilera fue sustituido como Fiscal General de la Nación pocos meses más tarde por el licenciado Adolfo González Rodas, quien de inmediato asumió la investigación y, entre otras cosas, trajo de España al médico antropólogo y escritor José Manuel Reverte Coma para que dictaminara sobre la posibilidad de que el perro de raza pastor alemán, de nombre Balú, propiedad del sacerdote Orantes, pudo haber mordido en la cabeza al obispo Gerardi, porque parecía que tenía marcados los colmillos en el cráneo, y Reverte opinó que, en efecto, estaban marcados los colmillos de Balú en el cráneo del obispo. A mí me lo aseguró personalmente el doctor Reverte una vez que el Fiscal General González Rodas lo trajo a mi casa. Sin embargo, aparentemente nadie lo creyó y se convirtió en motivo de burla de parte de los medios de comunicación y de la opinión pública en general, por lo que pronto fue olvidado.

Sacerdote Mario Orantes

El sacerdote Mario Orantes, vicario de la iglesia San Sebastián, informó que descubrió el cadáver de Gerardi después de la media noche del 26, cuando vio luz encendida en el garage, pero que inicialmente no reconoció al obispo por estar tendido boca abajo y tener el rostro desfigurado, posteriormente avisó al Canciller de la Curia Arzobispal, monseñor Efraín Hernández, a la PNC, a los bomberos y a la familia de Gerardi. Después que las autoridades trasladaron el cadáver de Gerardi a la morgue, Orantes ordenó lavar el área para limpiar las manchas de sangre, con lo cual contaminó la ecena del crimen. 

La madrugada del 27 de abril de 1998 realizó las primeras investigaciones el fiscal de turno del Ministerio Público, Otto Daniel Ardón Medina. En investigaciones posteriores se descubrió que durante la mañana de ese día, la escena del crimen fue contaminada al desaparecer objetos y rastros. Funcionarios del MP pisotearon la sangre. El área de 24 metros cuadrados rodeada  con cinta protectora fue continuamente violada hasta por un fotógrafo del servicio de Inteligencia MilitarSegún declaraciones de empleados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), presentes en el lugar, el fiscal del MP no protegió la escena del crimen. Las huellas no fueron recogidas con instrumentos especiales para superficies rugosas. El ladrillo de cemento, presunta arma del delito, fue manipulada sin guantes. Durante la mañana llegaron a la escena del crimen Manuel Comte Cojulún, Comisario de la PNC y Ramiro Florián, Coordinador del Servicio de Investigación Criminológica (SIC), también se hicieron presentes: el Fiscal General de la República, licenciado Hector Hugo Pérez Aguilera, el Director de MINUGUA Jean Arnault, el Fiscal del MP Otto Ardón, y personal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), entre quienes se encontraba Edgar Gutiérrez, quien pocos años más tarde fue jefe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) y después ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Alfonso Portillo y fue quien solicitó a la ONU la conformación de la CICIG. Pero ni a él ni a su papá se les pudo comprobar la supuesta “complicidad” ni. mucho menos, se descubrió quién fue el autor material del asesinato de quien supuestamente fueron cómplices.

El capitán Byron Lima Oliva era miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP) del presidente Álvaro Arzú Irigoyen mientras que su papá, el coronel Byron Disraeli Lima Estrada, había sido jefe de la G-2 (Inteligencia Militar). Y cuando se supo que ocurrió el crimen, a solo dos cuadras de distancia, fueron enviados a investigar lo que ocurría. Por lo que cuando llegó la Policía aún se encontraban en la escena del crimen y se les ordenó retirarse.

Finalmente, el coronel Lima Estrada y el capitán Lima Oliva, así como el especialista Villanueva fueron condenados por jueces obviamente parcializados en base a un supuesto “testigo”. El 28 de abril de 1998, indigentes que pernoctan en los alrededores del parque San Sebastián expresaron su temor pues la noche del lunes 27 de abril desconocidos a bordo de un pick up hicieron disparos al aire. También indicaron que la noche del crimen un Mercedes Benz blanco daba vueltas por el sector con varios individuos a bordo. Un taxista que recorría las calles cercanas a la iglesia de San Sebastián la noche del crimen declaró que también  vio un auto blanco. La Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) intervino en el caso para darle protección al presunto testigo clave conocido con el nombre de Walter Rubén o “El Chamuco” quien dijo que había reconocido al asesino del obispo. El testigo clave dormía frente al portón del garage donde Gerardi guardaba su automóvil y se dedicaba a lavar carros y narró a fiscales del Ministerio Público que le preguntó a un sujeto que no portaba camisa, por qué la puerta estaba abierta a esa hora de la noche, el hombre le contestó que la cerraría, y luego se marchó, pero regresó diez minutos después a la escena del crimen y luego se marchó en un automóvil rojo. Al principio parecía que el malechor se hizo pasar por indigente, y del testigo clave se supone que era un informante encubierto del EMP que posteriormente se conocería como Rubén Chanax Sontay, quien fue convertido en “testigo protegido” y enviado a Canadá en calidad de refugiado político. Este “testigo” declaró que había visto al coronel Lima Estrada y al capitán Lima Oliva rondando por los alrededores y que en un establecimiento cercano a San Sebastián habían expresado su alegría por el asesinato de Gerardi. La declaración de un indigente bastó a los jueces para condenarles.

Rigoberta Menchú, premio Nóbel de la Paz, acusó directamente al Ejército de Guatemala, y el gobierno de Francia advirtió a las autoridades  guatemaltecas que congelaría más de mil millones de dólares destinados  para la consolidación de los acuerdos de paz si no se esclarecía el asesinato. A criterio del entonces Alcalde capitalino y más tade presidente de la República, Oscar Berger Perdomo, “los asesinos deberían pagar con pena máxima sin importar el sector de donde vengan”.

El 28 de abril de 1998, el Presidente de la República, Álvaro Arzú, se reunió con los miembros de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), para informar que había nombrado una Comisión de Alto Nivel específica para investigar el caso y pidió a los obispos que se integraran a ella. Los obispos se niegan. La comisión quedó integrada por: el Ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, el canciller Eduardo Stein, Marta Altoaguirre de COPREDEH, y Emilio Saca, secretario privado de la presidencia. Sectores políticos de izquierda reaccionaron con dudas sobre el trabajo de la comisión. La embajada de Estados Unidos de América ofreció apoyo con agentes del FBI, quienes investigaron el crimen y dieron su opinión.

Aunque aun no había sido ubicado, los investigadores del caso dijeron a los periodistas que “el sujeto de la fotografía robot había sido plenamente identificado”.Aunque el móvil del hecho no fue el robo, quiso dársele apariencia de delincuencia común y no de un crimen político, el 30 abril de 1998 con refuerzo de cuatro agentes del FBI es capturado en un mercado popular de  la capital el primer sospechoso, Carlos Enrique Vielman, de 24 años de edad. El Ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, describió a Vielman como un hombre de 1,55 metros de estatura, sin oficio fijo, alcohólico y con  antecedentes criminales por violación.”Realiza distintos trabajos para sobrevivir; ha trabajado en zapatería y hoy estaba en un puesto del mercado”, afirmó el ministro, portavoz de la Comisión de Alto Nivel integrada por orden del presidente Alvaro Arzú para esclarecer el caso. Mendoza dijo que el detenido guarda “bastantes elementos de similitud” con la foto robot elaborada gracias a la descripción hecha por dos testigos, principalmente en la nariz, la boca y el pelo.

Mientras Vielman estuvo en prisión, su abogado defensor, Mario Menchú, solicitó su libertad, pero también se dedicó a declarar a los medios una y otra vez que el caso Gerardi era un “crimen pasional”, insinuando que el sacerdote Mario Orantes es homosexual y estaba implicado en el asesinato. Inicialmente se insinuó una relación entre el obispo y el sacerdote, pero después de practicarse al cadáver un examen de “flacidez anal”, se excluyó toda evidencia de relación sexual o violación. Entonces surgió la versión de que la noche del 26 de abril, Gerardi encontró al sacerdote Mario Orantes en situación  comprometedora sexualmente con otra persona, y en un paroxismo de cólera, Orantes lo asesinó, versión que para algunos investigadores parecía más lógica.

Según Edgar Gutiérrez, esta hipótesis corría ya en Catedral a los nueve días del asesinato. Un artículo en la revista norteamericana New Yorker afirmó que la Inteligencia Militar presentó esta versión al gabinete político de Arzú en los días siguientes al asesinato. Varios periódicos afirmaron que el Viceministro de Gobernación, Salvador Gándara la propagó en ambientes diplomáticos, aunque posteriormente lo desmintió. El abogado defensor de Vielman, Mario Menchú, afirmó en junio que el crimen había tenido móviles pasionales y el abogado Fernando Linares Beltranena lo apoyó en su columna de opinión. Esta hipótesis nunca se demostró,  sin embargo, la ODHAG la rechazó y el gobierno finalmente la desechó.

El 8 de junio de 2001 el coronel Byron Lima Estrada y su hijo Byron Lima Oliva fueron condenados originalmente a 30 años de cárcel inconmutables por “complicidad en la ejecución extrajudicial del obispo Juan José Gerardi”. Los jueces fueron Eduardo Cojulun, Jazmin Barrios y Amanda Victoria Guzman, integrantes del Tribunal Tercero de Sentencia, condenaron a 30 años de prisión inconmutables al coronel Byron Disrael Lima Estrada, al capitan Byron Miguel Lima Oliva y al oficial especialista Jose Obdulio Villanueva, por ser coautores responsables de la ejecución extrajudicial del obispo Juan José Gerardi Conedera. Sentenciaron a 20 años de prision al Sacerdote Mario Orantes por ser complice de la ejecucion extrajudicial. Pero en julio de 2012 recibió libertad anticipada por buen comportamiento. En julio de 2012 el coronel Byron Disraeli Lima Estrada recibió libertad anticipada por trabajo, buena conducta y estudio en prisión. El sacerdote Orantes solicitó la reducción de la pena el 23 de noviembre de 2012, la cual le fue confirmada por la Sala Tercera del ramo Penal el 26 de noviembre de 2012.

En resumen, hay razones para creer que realmente no fueron los autores materiales del asesinato del opispo Gerardi Conedera el coronel Byron Disraeli Lima Estrada, ni su hijo el capitán Byron Miguel Lima Oliva, ni el especialista José Obdulio Villanueva ni, mucho menos, que la Institución Armada haya sido la autora intelectual. Porque es lógico pensar que si el Ejército hubiese querido asesinar al obispo Gerardi, lo habría hecho de otra manera, a balazos en alguna calle de la ciudad o con un bien planificado “accidente” de un camión que chocara contra su automóvil, y no matarle en su propia casa y a golpes con un ladrillo de cemento. Opinión de la cual muchos participamos. Mientras que hay otros que sospechan que el crimen pudo haber sido fraguado por ex guerrilleros a quienes Gerardi ya no les servía de nada vivo una vez que había entregado el REMHI. Y, en cambio, les sería más útil como víctima. A pesar de que había colaborado con los guerrilleros cuando fue obispo en el departamento de el Quiché, y contribuyó a fraguar, junto con el infausto embajador español Máximo Cajal y López, la trágica “Operación Subida” o “toma pacífica” de las oficinas de la embajada de España por unos miembros del CUC encabezados por Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, armados con bombas molotov y dirigidos por estudiantes universitarios de la universidad de San Carlos que eran marxistas-leninistas miembros de la guerrilla urbana. El caso es que jamás hubo pruebas fehacientes para determinar quiénes mataron al obispo Juan José Gerardi y por ello hay quienes creen que los Lima y Villanueva fueron usados como chivos expiatorios y que la verdad de lo ocurrido la conoce el sacerdote Mario Orantes, pero nunca ha dicho qué pasó.

Twitter@jorgepalmieri