Por una votación de 3 a 2 de los cinco magistrados que la integran, la Corte de Constitucionalidad (CC) concedió amparo provisional al recurso de amparo presentado por la abogada Karen Fischer Pivaral en favor del presidente Otto Pérez Molina, para que se interrumpa la actividad de la Comisión Pesquisidora, integrada por sorteo en el Congreso de la República, para dilucidar si se debe o no retirar el derecho a antejuicio al presidente Pérez Molina como consecuencia de la demanda del diputado Amilcar Pop, secretario general del partido Winaq, quien acusa al presidente de haber cometido cuatro delitos relacionados con los dos escándalos millonarios de corrupción, desarticulados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) durante los últimos dos meses y que causaron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, primero el de “La Línea”, organización criminal encabezada por el militar retirado Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, organización que, supuestamente, era la que controlaba a la SAT para hacer negocios millonarios por medio de la defraudación aduanera, y después en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por sus negocios ilícitos con la empresa farmacéutica denominada Pisa.
Por estos casos hay 44 sospechosos en prisión preventiva, entre los que se cuentan funcionarios y particulares, entre ellos el conmilitón y hombre de confianza del presidente Pérez Molina, el militar retirado y abogado Juan de Dios Rodríguez, ex secretario general de la presidencia de la república y después presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La licenciada Karen Fischer Pivaral se apuntó un éxito al obtener el amparo provisional que deja en impasse la actuación de la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió suspender provisionalmente el trámite de antejuicio contra el presidente Pérez Molina, promovido por el diputado Amílcar Pop, secretario general del partido Winaq, y que actualmente se encontraba en manos de la Comisión Pesquisidora del Congreso, presidida por el diputado Baudilio Hichos, quien pocos días más tarde se vio obligado a renunciar por graves denuncias de corrupción en su contra. Por lo cual ésta tuvo que suspender su actividad investigadora.
El diputado Pop envió su demanda a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde el pleno de magistrados resolvió por unanimidad cumplir estrictamente con lo que estipula la Ley de Antejuicios, que consiste en limitarse a comprobar si la denuncia no es política, ilegítima o espuria y, de no serlo, trasladar el caso al Congreso de la República, donde la Comisión Permanente convocó a una sesión extraordinaria para sortear con una tómbola la conformación de una Comisión Pesquisidora integrada por un presidente, un secretario y tres vocales, recayendo la presidencia en el diputado del partido Líder Baudilio Hichos. Y los demás miembros de dicha comisión son los diputados Fernando García y Armando Chun Chanchavac, ambos del partido Lider, Hugo Morán del partido Creo y Mario Linares del partido denominado Patriota.
En la Corte de Constitucionalidad votaron a favor de suspender las diligencias relacionadas c0n el antejuicio los magistrados Roberto Molina Barreto, María de los Ángeles Araujo y Héctor Hugo Pérez Aguilera. Mientras que votaron en contra de otorgar un amparo provisional los magistrados Mauro Roderico Chacón Corado y Héctor Efraín Trujillo Aldana, en calidad de suplente de la magistrada Gloria Porras, actual presidente de la CC, quien por esos días se encontraba fuera del país, en una comisión en Costa Rica. O sea que la resolución no fue por votación unánime, sino dividida. Y, obviamente, no tuvo carácter estrictamente jurídico, como se debía, sino fue de carácter político. Como han sido la mayoría de resoluciones que han emanado de la CC.
Uno de los principales argumentos que esgrimieron en sus votos razonados estos dos magistrados es que la abogada Fischer no tiene legitimación para actuar en favor del presidente Pérez Molina, debido a que el agravio no fue directo ni personal contra ella, sino fue contra el presidente Pérez Molina, por lo que él debió presentar un recurso de amparo o contratar a un abogado para que lo hiciera por él. En cambio, el mandatario desautorizó un recurso de amparo oficioso que presentó a su favor el abogado Elías Corominal, funcionario del Registro de la Propiedad sin haberle consultado previamente.
Hasta ayer por la noche la CC aún no había informado por escrito sobre los razonamientos jurídicos de los votos en favor. Sin embargo, el secretario de la CC informó a los medios de comunicación y a la opinión pública que los argumentos sobre los cuales los tres magistrados lograron detener todos los efectos, trámites y actuaciones para retirarle la inmunidad al presidente Pérez Molina, están basados en una supuesta omisión de los artículos 4 y 16 de la Ley de Antejuicios, de parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al momento de trasladar el expediente al Congreso para su continuidad. Lo cual no es verdad, de acuerdo a la ley de Antejuicios, la cual habría hecho bien en consultar cuidadosamente la abogada Fischer antes de emitir esa perversa acusación contra la CSJ.
“En alguna medida, la CC advirtió que al disponer la remisión de las actuaciones al Congreso para la continuación de las diligencias de antejuicio, la CSJ no observó lo previsto en los artículos 4 y 16 de la ley en materia de Antejuicio”, argumentó. Y agregó: “los aspectos fácticos sobre los cuales decidió la Corte radican en que se está haciendo una continuación de esas diligencias contra el funcionario, sobre la base de una sindicación de comisión de delitos que se formuló contra terceras personas”.
El Artículo 4 de la Ley de Antejuicios indica que “…la denuncia podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público, y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas”. Y la CSJ argumenta que la demanda no obedece a ninguna de esas características, por lo que se limitó a enviar el caso al Congreso de la República en vista de que la demanda no tenía ninguna de estas tres características.
El magistrado Héctor Trujillo afirmó en su voto razonado: “La postulante carece de legitimación para promover amparo, toda vez que es presupuesto esencial de procedencia de esta acción constitucional la existencia de un agravio personal y directo, pues nadie puede hacer valer como propio un derecho ajeno, ya que al único que puede afectarle la decisión de la CSJ de dar curso a las diligencias de antejuicio es al Presidente de la República”. Al mismo tiempo, explicó que “si bien en otros casos como los procesos de las comisiones de postulación se han admitido los amparos, se debe a que dicha ley establece que cualquier ciudadano tiene la facultad de fiscalizar la elección de los funcionarios que allí se regula”.
Hasta ahí las cosas iban bastante mal para el prestigio de la CC, porque era obvio que el amparo provisional había sido una resolución política y no jurídica. Y, entre otras cosas, además porque la abogada Fischer carecía de legitimación porque no era ella la persona implicada directamente en el caso, sino el presidente Pérez Molina, quien, en todo caso, debió de haber sido él quien presentara el recurso de amparo en su favor. Y no lo hizo. Por el contrario, poco antes el abogado Elías Corominal, funcionario del Registro de la Propiedad, presentó un recurso en la misma forma, para favorecer a Pérez Molina, pero el mandatario lo desautorizó y por ende fue rechazado por la CC.
Magistrado Roberto Molina Barreto
Pero las cosas se pusieron aún peor cuando el magistrado Roberto Molina Barreto se presentó una noche en el programa periodístico de televisión denominado A las 8 y 45 de canal Antigua para tratar de convencer (en vano) a los entrevistadores y a la audiencia nacional de que la decisión de otorgar el amparo provisional no solo había sido legal, sino también conveniente para el país, porque de lo contrario “se pondría en peligro la institucionalidad nacional”, como si la institucionalidad nacional estuviese personalizada en el presidente Otto Pérez Molina y no estuviese previsto en la Constitución Política de la República la forma para resolver casos como este.
Por otra parte, existe el valor entendido entre los jueces de no resolver los problemas legales de manera mediática, por lo cual el magistrado Molina Barreto debió abstenerse de hacer esas declaraciones mediáticas, como no sea por un mero vano afán de protagonismo, de lo cual él ha demostrado de sobra que es partidario.
La guinda en el pastel la vino a poner la presidenta de la CC, magistrada Gloria Porras, al regresar de su viaje a Costa Rica porque de inmediato externó públicamente su desagrado por la resolución y su opinión de que ésta no había sido jurídica, sino política. “Se está decidiendo políticamente un asunto que debía resolverse jurídicamente”, declaró. Y ese mismo día convocó a los magistrados a una sesión plenaria, pero esta no pudo realizarse por la ausencia de la ciudad del magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera. Entonces, convocó de nuevo para una sesión plenaria al día siguiente (ayer martes).
De nuevo votaron 3 a 2
Por fin se reunieron y volvieron a dividirse en el pleno de la misma forma (3 a 2) cuando votaron para abrir a prueba el expediente del antejuicio: los magistrados Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y María de los Ángeles Araujo votaron a favor de abrirlo, mientras que la magistrada presidenta Gloria Porras y el magistrado Mauro Chacón votaron en contra, y razonaron su voto expresando su desacuerdo por la decisión de sus colegas de abrir a prueba el caso durante ocho días para que ambas partes –el diputado Pop y la abogada Fischer– expongan sus razones. Con lo cual el presidente Pérez Molina pasa a ser tercero en discordia.
En conferencia de prensa, la magistrada Porras expuso: “Considero que se está decidiendo políticamente un asunto que debería resolverse jurídicamente”. Y agregó que jamás había tenido un pleno para discutir in trámite, pero ayer fue expuesta una gran cantidad de argumentos, lo cual la sorprendió en su función de presidenta. “Para mí, con voto razonado, no procedía abrir a prueba”, expresó y agregó: “¿Cuál es el agravio que se está reclamando en este momento?”. Y en el transcurso de la conferencia de prensa expresó:”Considero que es relevante poner atención a los argumentos de quienes votaron a favor en la primera decisión, y los argumentos que se plantearon en esta segunda votación”. Pero todo parece aclarar cuál es la intención de abrir a prueba el caso durante ocho días cuando se supo que el ponente de la próxima decisión será nada menos que el mismo magistrado Molina Barreto, quien será el que exprese las razones por las que ha vuelto a votar de esa manera. No hay que olvidar que el ya controvertido embajador de los Estados Unidos de América, Todd Robinson, así como otros embajadores de países amigos (aunque ninguno de ellos ejerce la misma influencia), han manifestado su apoyo a que el general retirado Pérez Molina termine su período presidencial el 14 de enero. Con lo cual le estarán dando la puntilla a toda posibilidad que otro militar retirado vuelva a desempeñar la Presidencia de la República. Lo cual podrá llegar a ser un final feliz para nuestro país, cuya triste historia ha estado plagada de sucesivos mandatarios militares que han constituido gobiernos que han sido sonados fracasos o dictaduras.
Como si todo eso no fuese suficiente para señalar cuál es la verdadera intención de los tres magistrados que han hecho equipo de 3 a 2 para votar de la misma forma, dijo también que la ley es clara y se debe efectuar un análisis de la legitimación de la persona que interpone el amparo, en este caso la abogada Karen Fischer. Y adelantó que “con este antecedente se podría hacer lo mismo cada vez que otro funcionario público sea antejuiciado, y podrá detener el proceso utilizando el beneficio de una investigación penal, que es lo que se está visualizando en este caso”.
También refirió que el presidente Pérez Molina aparece ya como tercero en interesado, cuando es él quien debió de haber planteado su recurso de amparo por ser el agraviado directo, y no la abogada Fischer a título personal, porque no es la agraviada ni ha establecido que actúa en su nombre. Mientras que otros juristas se manifiestan que es obvio que lo único que se persigue es perder el tiempo suficiente para que Pérez Molina termine el período presidencial para el que electo hace casi cuatro años, o sea hasta que llegue el 14 de enero del año próximo, cuando ya solo la Historia le va a poder juzgar a sus anchas. Y creo que el veredicto de la Historia no le será favorable a este pobre general retirado que terminará su carrera con tanto desprestigio y repudio.
Pero si alguna duda quedase de que el propósito de los magistrados que votaron en favor de conceder el amparo provisional a la abogada Fischer para suspender la actividad de la Comisión Pesquisidora que iba a opinar que se debe quitar el derecho de antejuicio al presidente Pérez Molina, y trasladar el caso al pleno de diputados, ha trascendido que el magistrado Roberto Molina Barreto será también el encargado de elaborar la ponencia para la sentencia definitiva sobre el amparo planteado por Fischer, la cual deberá ser discutida por el pleno. O sea que ya se sabe cuál será la resolución definitiva: será confirma en definitiva la resolución temporal.
Sin la menor vergüenza, la Corte de Constitucionalidad va a volver a demostrar que se presta a finalidades políticas para favorecer a ciertos altos funcionarios públicos, aunque para ello se desprestigie ese alto organismo constitucional. Así como también quienes votaron en ese sentido.
¿Cómo fue que se orquestó esta operación en la CC? En la popular sección denominada “El Peladero” de elPeriódico del domingo pasado se publicó una nota en la que se dijo que la señora Rosa Leal de Pérez, esposa del presidente Pérez Molina, pidió a su amigo “el farmacéutico” (parece ser que refiriéndose al farmacéutico Rodolfo Luna del Pinal) para que reuniese en su casa a los tres magistrados con el presidente y sus abogados para explicarles las razones políticas por las cuales debían votar en favor de conceder el amparo solicitado por la abogada Fischer en favor del mandatario. A mí no me consta que esto sea verídico, pero se dice que hasta hay un video en el cual se ve la caravana de los automóviles oficiales y sus guardaespaldas cuando llegaban a la residencia del industrial farmacéutico. Con lo cual se insinúa que ahí llegaron a algún “arreglo”. Pero, sinceramente, yo no lo creo. Sospecho que se trata de un chisme, de un infundio sin fundamentos.
En lo personal, tengo mucho respeto y completa confianza en la honorabilidad e idoneidad de mi amigo el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera y no creo que él haya podido ser capaz de prestarse a algún tipo de “arreglo” que no sea estrictamente legal y positivo para el país. Y prefiero creer que lo mismo se debe decir de los otros dos magistrados que votaron en favor del amparo provisional a la licenciada Karen Fischer y en favor del presidente Pérez Molina. Y que su propósito no fue para amparar a la corrupción y a la impunidad, como cree el diputado Amilcar Pop. Y probablemente creen también muchas otras personas.
Pero el caso puede llegar a producir que cuando se reforme la Constitución de la República, entre otras cosas se anule la existencia de la Corte de Constitucionalidad, que originalmente se suponía que debía dedicarse exclusivamente a temas de carácter constitucional pero paulatinamente se ha venido involucrando en muchas otras cosas fuera de lo estrictamente constitucional. Ya solo falta que intervenga en divorcios y en otras cosas por el estilo. Por eso es que a la CC se la llama “corte celestial”. Porque todo lo quiere resolver y sus fallos son inapelables. Como son los fallos de Dios. Por eso hay personas que creen que en Guatemala deberíamos imitar a Costa Rica y El Salvador, donde la Corte Suprema es en verdad la suprema corte y no hay ninguna otra corte por encima de ella. Y para tratar los asuntos constitucionales hay una sala en la cual hay magistrados que se dedican a esos temas. Porque no me parece sensato que en Guatemala tengamos una Corte Suprema de Justicia supeditada a otra corte superior, lo cual significa que, después de todo, nuestra CSJ no es tan “suprema” que digamos, porque hay otra corte por encima de ella.
Finalmente, el título de esta columna obedece a que, en una corrida de toros, se llama puntilla a la pequeña espada o puñal con el que se remata a un toro moribundo después de haber recibido una estocada que no ha sido suficiente para que muera. Pero con esta operación final el toro muere sin remedio. Por extensión se emplea también para expresar lo que constituye el final de la ruina de una persona o cosa en mal estado. Espero que se entienda. En mi opinión, este episodio puede llegar a ser como una puntilla para la ya desacreditada Corte de Constitucionalidad. Aunque su desaparición vaya a ser para bien de Guatemala. El magistrado Roberto Molina Barreto y los otros dos magistrados que le han acompañado en votar con él en este caso –Héctor Hugo Pérez Aguilera y María de los Ángeles Araujo– serán señalados como los responsables en los anales de la historia patria. Por lo cual probablemente se les tendrá que agradecer por la desaparición de la CC para que la CSJ pueda ser en verdad suprema y no haya ninguna corte por encima de ella. ¡Ojalá que algún día así sea!
Twitter@jorgepalmieri