Archive for Diciembre 1st, 2016

LAS REFORMAS EN EL CONGRESO

Jueves, Diciembre 1st, 2016

Gracias al canal de televisión Antigua, pudimos ver lo que ocurrió en el hemiciclo del Congreso de la República el lunes 28 de noviembre, durante el debate para la aprobación en tercera lectura de las propuestas enmiendas a la Constitución de la República. Y vimos cómo fue francamente bochornoso el comportamiento del presidente de la Junta Directiva, diputado Mario Taracena Díaz-Sol, quien insistió en exigir que votaran a los miembros de la bancada del partido FCN-Nación, diputados Herber Armando Melgar Padilla y Édgar Ovalle, diciéndoles a manera de reproche que en vano el Presidente de la República, Jimmy Morales, anda blasonando aquí y en el exterior de que está a favor de las reformas constitucionales, al extremo que llegó hasta el chantaje para obligar a los diputados a votar en favor de algunas de las reformas, tales como la llamada “legislación indígena.” al acusarles de pertenecer “a la mafia de las aduanas”. Y dirigiéndose a la barra, integrada por varios alcaldes indígenas de los cantones de Totonicapán y otros departamentos, les señaló cómo ese diputado se negó a votar en favor de la propuesta “legislación indígena”.Mario_TaracenaDiputado Mario Taracena Díaz-Sol, presidente de la Directiva del Congreso. Su comportamiento fue verdaderamente bochornoso. Para no calificarle con más dureza.

Felicito a los 14 valientes diputados que se atrevieron a rechazar la pretendida imposición de parte de la embajada de los Estados Unidos de América, de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), licenciada Thelma Esperanza Aldana de López, del jefe de la Comisión Internacional Contre la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez y del Procurador de los Derechos Humanos Jorge de León Duque, y votaron en contra del llamado “derecho indigena”.  Estos dignos diputados son: Álvaro Enrique Arzú Escobar, del partido Unionista, Delia Emilda Bac Alvarado de Monte, del Bloque Alianza Unionista, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, del partido FCN-Nación, Julio Francisco Lainfiesta Rímola, del partido Unión del Centro Nacional, Fernando Linares Beltranena, del partido de Avanzada Nacional, (PAN) Herber Armando Melgar Padilla, del partido FCN-Nación, Juan José Porras Castillo, del partido Visión con Valores, Vivian Beatriz Preciado Navarijo, del bloque Alianza Ciudadana, Óscar Armando Quintanilla Villegas, del bloque Alianza Ciudadana, María Cristina Quinto García, del partido FCN-Nación, Aníbal Estuardo Rojas Espino, del partido Visión con Valores, María Eugenia Tabush, del partido Visión con Valores,  Germán Estuardo Velásquez Pérez, del partido Patriota y Eduardo Zachrisson Castillo, del partido de Avanzada Nacional. Pronto veremos si les retiran la visa de los Estados Unidos de América, o se les investiga por algún motivo, a manera de represalia.

 

skipy01Licenciado Fernando Linares Beltranena, diputado por el  PAN.

En especial, felicito cordialmente al diputado Fernando Linares Beltranena, quien dirigió un brillante discurso acerca de los inconvenientes que serían aprobar precipitadamente –y sin haber llenado los requisitos de que fuesen discutidas en el pleno del Congreso, pasaran primero a una comisión para su estudio–, y que sería mejor que sean debidamente estudiadas lentamente las propuestas de los llamados “Reformistas”. Sin embargo, el presidente de la Junta Directiva, Mario Taracena Díaz-Sol, le calló una vez a solicitud del diputado de la UNE Orlando Blanco Lapone, y dos veces posteriores por iniciativa propia. Fue evidente que Linares Beltranena les dijera lo que pretendían autorizar como enmiendas constitucionales. Y que les molestaba el contraste entre el licenciado Fernando Linares Beltranena y ellos.  Parece que se les llama “Reformismas” no solo porque insisten en que se hagan inmediatamente las reformas a la Constitución, sino también porque reciben consignas de la avenida Reforma.

Fue muy interesante ver la presencia de la licenciada Thelma Esperanza Aldana de López, Fiscal General de la República, acompañada del Jefe de la CICIG, el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez y del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque.

img-20161128-wa0014Momento en el que hizo su ingreso al Congreso de la República la Fiscal General de la República, licenciada Thelma Esperanza Aldana de López, y era recibida personalmente en la puerta por el diputado Mario Taracena Díaz-Sol. Con lo cual se hizo caso omiso de la separación de poderes que estipula la Constitución de la República.

img-20161128-wa0013Con el debido respeto a sus altas investiduras, ¿qué tienen que hacer en el Congreso de la República, durante una sesión plenaria en la que se discutían las reformas constitucionales, el Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, la Fiscal General, licenciada Thelma Esperanza Aldana de López y el jefe de la CICIG, el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez? ¿Es que no saben que hasta el momento siguen vigentes los pesos y contrapesos de la República que estipula la Constitución vigente? La separación de poderes es un principio básico en la democracia de una República.

img-20161128-wa0015La Fiscal General Thelma Aldana hablando con un grupo de diputados que probablemente ya se habían comprometido a aprobar las reformas a la Constitución de la República, entre cuyos puntos importantes de enmiendas están el derecho a antejuicio de los diputados y alcaldes, que les quitaban las propuestas reformas, la llamada “justicia indígena” y, punto muy importante, la creación del Consejo Nacional de Justicia, que en tal caso habría de ser el encargado de los nombramientos de magistrados a la Corte Suprema de Apelaciones y a Fiscal General de la República, quitándoselo de las manos a los decanos de Derecho de las universidades, a los grupos empresariales,  y al Colegio de Abogados.

¡Menos mal que el entrometido embajador afroamericano Tod Robinsson no se encuentra en el país, porque si estuviese habría estado también de metiche en el Palco Diplomático del Congreso! ¿Qué carajos tenía que hacer la Fiscal General de la República parlamentando (¿o qué?) con los diputados cuando se iba a entrar a las votaciones? Tal parece que a la licenciada Thelma Esperanza Aldana de López se la ha subido a la cabeza el éxito que ella y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, han obtenido al meter a la cárcel a tantas personas a pesar de que se les negó el principio de inocencia que establece el Estado de Derecho.  ¿Y el Procurador de los Derechos Humanos qué tenía que hacer allí? ¿Y el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), qué tenía que hacer en ese recinto? ¿Pretendían acaso fiscalizar cómo iban a votar los diputados que se habían comprometido con ellos y con la embajada de los Estados Unidos de América, razón por la cual son llamados “Reformistas”?

Pero volviendo a la intromisión en el Congreso de la República del Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, una estrategia típica de quienes impulsan la iniciativa de reforma constitucional que se discute en el Congreso de la República, es señalar falsa e injuriosamente a otros, de la comisión de los actos condenables que ellos mismos realizan. De esa manera desorientan a la opinión pública con información sesgada de hechos trascendentales que ocurren en el país.

Otra de sus estrategias repetitivas, consiste en acusar a otros de violar la ley para ocultar a los suyos de semejantes atrocidades.

Los vociferantes impulsores de la iniciativa de reforma constitucional que ha principiado a discutirse -artículo por artículo- en el Congreso de la República, afirman que fuerzas obscuras son las que impidieron la fracasada aprobación arbitraria y coaccionada de su propuesta, y ellos naturalmente se consideran integrantes de las fuerzas blancas o a lo mejor transparentes.

Pero esta vez no pudieron ocultarse. No les quedó más opción que irse a sentar a un palco del salón de discusiones del pleno y tener a sus grupúsculos de indoctrinados y ¿pagados?sirvientes, impidiendo el discurso de los diputados que argumentaban contra su descabellada propuesta.

Como pudo observarse en las transmisiones de televisión gracias a canal Antigua, esas turbas eran manipuladas por el no menos desvergonzado Presidente de la Junta Directiva del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, a cuyas señales de abucheo obedecían.

Pero al terminar la sesión –cuando fue levantada por el presidente de la Junta Directiva en vista de que en vano esperaron largo tiempo a ver si llegaban a obtener los 105 votos de rigor y solamente obtuvieron 103 (o sea que les faltó 2 votos), a petición del jefe de la bancada oficial, diputado Javier Hernández, quien solicitó que se pospusiera la discusión para cuando se vuelvan a abrir las sesiones el 14 de enero del 2017, a pesar de que todavía faltaban 22 artículos por discutir. Cuando el diputado Taracena ya no será presidente de la Junta Directiva, sino lo será el diputado Óscar Stuardo Chinchilla Guzmán del partido Compromiso Renovación y Orden (CREO) y el bloque del FCN-Nación sea quien domine el ritmo de trabajo.

El principio de legalidad contenido en el artículo 154 de la Constitución Política de la República, establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, que están al servicio del Estado y no de partido político alguno.

Este principio se explica doctrinariamente afirmando que los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que les está expresamente permitido por la ley y que lo que no les está autorizado por ella les está tácitamente prohibido.

El principio contrario, es el principio de libertad de acción que está contenido en el artículo 5º de la Constitución, dirigido a regir a los particulares, el cual establece que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, que nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella.

Doctrinariamente, este principio se explica afirmando que las personas particulares -es decir quienes no son funcionarios públicos- no pueden hacer lo que está expresamente prohibido por la ley, pero tienen tácitamente permitido hacer todo lo que esta no prohíbe.

La Ley Orgánica del Ministerio Público y la de la Procuraduría de los Derechos Humanos, tienen taxativamente enumeradas las funciones de quienes representan a esas entidades –el Fiscal General de la República y el Procurador de los Derechos Humanos- y dentro de ellas no está la elaborar o contribuir a elaborar iniciativas de reforma constitucional, hacer públicamente propaganda para su aprobación, ni acudir a las sesiones plenarias del Congreso de la República tratando de amedrentar con su figura de autoridad a sus Diputados, lo cual constituye un acto arbitrario e ilegal.

Esa conducta tipifica el delito de abuso de autoridad, cuya comisión ha quedado plenamente evidenciada con la conducta pública de estos funcionarios el día de ayer y debieran ya estar sindicados de su perpetración y haberse iniciado de oficio su persecución penal.

Por otro lado, el artículo 137 de la Constitución Política de la República, prescribe que el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos.

 El lunes 28 de noviembre, en el Congreso, como lo ha venido haciendo desde hace tiempo -y así lo han publicado extensamente los medios de comunicación- el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez, estuvo también tratando de presionar o intimidar a los diputados para que se plieguen a su petición política de aprobación de esa condenable iniciativa de reforma constitucional, a pesar de que debiera saber –y probablemente sabe pero no le importa- que por su condición de extranjero no puede hacerlo.

Este personaje indudablemente, participa de la filosofía de que la corrupción hay que combatirla aunque para hacerlo haya que violar la ley, es decir de que es lícito combatir el delito aunque para ello implique la comisión de otros delitos. En otras palabras: que el fin justifica los medios… aunque estos sean ilícitos.

Esta posición ideológica es ilegal e indiscutiblemente inmoral, manifiestamente violatoria del Estado de Derecho y del régimen de legalidad, tanto en Guatemala como en cualquier otro país del mundo.

¿Hasta cuando los guatemaltecos diremos ¡basta! a esos violadores impunes de la Constitución de la República y la ley?

Esta fue la primera significativa derrota de la Fiscal General de la República, Thelma Esperanza Aldana de López, y del comisionado de la CICIG, el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez.

Twitter@jorgepalmieri.com