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PONER LAS COSAS EN CLARO

Miércoles, Marzo 29th, 2017

Iván Velásquez Gómez, comisionado de la CICIG

Thelma Esperanza Aldana Hernández de López, Fiscal General de la Nación

No se puede negar que el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez, al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscal General de la Nación, Thelma Esperanza Aldana Hernández de López, han obtenido la simpatía y el aplauso de muchos sectores nacionales e internacionales por su exitosa lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país, aunque hasta la fecha no han ganado ningún caso de importancia; y que han sabido moverse dentro y fuera de Guatemala para obtener apoyo de instituciones y personas. Por lo que quienes criticamos algunas de sus acciones o métodos corremos el riesgo de ser mal interpretados, en el mejor de los casos, o ser satanizados como aliados de la corrupción y de la impunidad.

Hagamos un poco de historia: el 7 de enero del 2003 se suscribió un Convenio entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para el Establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), mediante el cual se solicitaba a Naciones Unidas que la CICIACS fuese establecida en nuestro país, con el objeto de apoyar los órganos legalmente establecidos en Guatemala en la persecución penal de personas responsables de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Este es el único –repito, el único– caso en el mundo en el que un país libre y soberano delega su soberanía a una entidad de Naciones Unidas.

El izquierdista militante Edgar Gutiérrez, era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Alfonso Portillo Cabrera, cuando hizo la gestión en Nueva York para la creación de la CICIACS. Y el 7 de enero de 2004 se firmó el Convenio en dos copias, una en español y otra en inglés. Pero la Corte de Constitucionalidad (CC) no lo autorizó porque opinó que violaba la Constitución Política de la República. Por lo cual se le hizo enmiendas al Convenio para la creación de la CICIG y el 12 de diciembre de 2006 el Secretario General de las Naciones Unidas y un representante del Gobierno de Guatemala, bajo el Presidente Óscar Berger Perdomo, representado por el vicepresidente Eduardo Stein Barillas, firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que prácticamente tuvo el mismo contenido inaudito en un país que se cree libre y soberano, porque delega su soberanía en una entidad de Naciones Unidas. Y el primer comisionado fue el jurista y fiscal español Carlos Castresana Fernández, quien empleó métodos ilegales, tales como los testigos falsos, como en el caso Rosenberg. Por cierto que el autor de semejante marrullería todavía trabaja en la CICIG y anda tan campante como Johnny Walker.

Carlos Castresana fue destituido por el secretario general de la ONU, Ben Ki-Moon, supuestamente por faltas a la moral y la ética, y reemplazado por el Fiscal General de Costa Rica Francisco Dall’Anese Ruiz, quien tampoco tuvo ningún éxito. Hasta que vino el Fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez, quien en estrecha colaboración con la Fiscal General de Guatemala, licenciada Thelma Esperanza Aldana Hernández de López, obtuvieron varios éxitos, primero con la renuncia y encarcelación de la Vicepresidente de la República, Roxana Baldetti Elías, después la renuncia y encarcelación del Presidente de la República, general retirado Otto Fernando Pérez Molina, acusado de numerosos casos de corrupción. Por lo cual ambos fueron enviados a prisión “preventiva”, donde permanecen desde hace varios años sin que se les haya abierto juicio. No obstante lo cual, algunas de sus bienes y propiedades ya les fueron expropiadas por el fiscal de extinción de dominio y trasladados al Estado.

Durante largo tiempo tanto el Comisionado Iván Velásquez Gómez como la Fiscal General Thelma Esperanza Aldana Hernández de López se convirtieron en los funcionarios más destacados y aplaudidos del país. El primero, colombiano nacido en Medellín y estudió leyes en la Universidad de Antioquia. Fue litigante y director del Colegio Antioqueño de Abogados, COLEGAS, desde donde adelantó campañas contra el entonces denominado Estatuto de defensa de la justicia que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos. Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde le correspondió adelantar investigaciones relacionadas con torturas llevadas a cabo por organismos como la Unidad Antisecuestro, UNASE; ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerza pública y abusos contra la población civil cometidos por tropas en sus acciones antiguerrilla. Fue nombrado por la ONU como Comisionado de la CICIG, a pesar de que tuvo un controvertido historial en su tierra natal. Y la segunda guatemalteca, nacida en Gualán el 27 de septiembre de 1955, es una abogada y notaria guatemalteca, que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala desde el 13 de octubre de 2009. Fue electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia para el período 2011-2012 el 13 de octubre del 2011. Es egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en Derecho Procesal Penal. Fue elegida por las comisiones de postulación y en mayo de 2014 fue nombrada por el presidente Otto Pérez Molina para dirigir el Ministerio Público (MP).

Ambos han sido muy aplaudidos por la opinión publica, sobre todo por los medios de comunicación nacionales y extranjeros, por haber encarcelado a numerosas personas destacadas en la vida política y económica del país. Y, lamentablemente, la característica de envidia mueve a muchas personas a aplaudir y alegrarse de que metan a la cárcel a quienes son exitosos, ya sea en lo político como en lo económico. De modo que merecieron que el autor de este blog les felicitara y aplaudiera un par de veces. Pero, eventualmente caímos en cuenta de que se estaba violando la Constitución y las leyes al combatir a los presuntos delincuentes. O sea que los que más tendrían que velar por el cumplimiento de la ley para combatir la corrupción y la impunidad, eran los primeros en violar la Constitución Política de la República y las leyes del país.

Sin embargo, todas las personas que han sido sindicadas de haber cometido algún delito eran de inmediato detenidas y encarceladas “preventivamente” largo tiempo, difamadas y desprestigiadas porque los medios de comunicación, la prensa escrita y televisión, se han encargado de publicar escandalosamente su supuesta deshonra sin que antes hayan sido juzgados y vencidos en juicio, ni se les haya otorgado el principio constitucional de presunción de inocencia. Así que los sindicados de haber cometido cualquier delito tienen que demostrar su inocencia, en vez de que el MP  les demuestre su culpabilidad, como lo manda la ley.

Mientras tanto, el comisionado Iván Velásquez se ha venido convirtiendo, paulatinamente, en la persona más poderosa en el país. Al extremo de haber cateado la Casa Presidencial pretextando ir en busca del hijo menor del presidente de la República, Jimmy Morales, y haber capturado con exceso de fuerza y engrilletado como delincuente al hermano mayor del mandatario, Sammy Morales, por una simpleza que no merecía tanto escándalo, sobre todo porque ellos no eran funcionarios públicos y el hecho ocurrió dos años antes de que Jimmy Morales fuese Presidente de la República. Pero fue obvio que la CICIG y el MP lo hicieron como una especie de reto absurdo e innecesario al presidente. Y encima de todo, se ha hecho una campaña internacional para tratar de obligar al presidente Morales de prorrogar el plazo del comisionado Velásquez al frente de la CICIG y aún de la propia CICIG que, si somos ecuánimes, tendremos que reconocer que se ha convertido en un dolor para Guatemala. Un “pain in the ass“, como dicen los norteamericanos. Porque en la actualidad es país está paralizado, colapsado, no se mueve nada en ningún sector, porque nadie se atreve a hacer nada por temor a que la CICIG y el MP puedan considerarlo un delito.

En resumidas cuentas, estas son algunas explicaciones ineludibles para que los lectores puedan comprender el valor jurídico de disposiciones concretas del Convenio de la CICIG y del Código procesal Penal, es necesario explicarles lo siguiente:

  • El principio de SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, regulado en los artículos 44,175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala: este principio dice que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o sobre cualquier tratado.
  • El principio del DEBIDO PROCESO contenido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que las personas deben disfrutar sus derechos y que no puede privárseles de ellos sino después de haber sido CITADO, oído y vencido en juicio, y haberse dictado en su contra una sentencia condenatoria, en un procedimiento en que se hayan llenado todos los requisitos necesarios para que puedan haberse defendido de la acusación.
  • El principio de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que una persona no puede considerarse culpable de una acusación sino hasta que haya una sentencia firme en su contra.

Para ordenar la detención de una persona de acuerdo con el artículo 6º. de la Constitución Política de la República de Guatemala debe existir un delito o falta y la orden debe ser librada con apego a la ley por autoridad judicial competente.

El articulo 255 del Código procesal Penal que regula la citación de un sindicado dice “Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado se dispondrá su citación o conducción.

Sin embargo, los Juzgados del Ramo Penal, presionados por la CICIG  y el Ministerio Público, ignoran esta disposición y NO CITAN A LOS SINDICADOS, sino que de una vez ordenan su captura o aprehensión y conducen con grilletes a los detenidos, como si fuesen comprobados delincuentes.

El propósito de ordenar la captura y no citarlos es evidentemente mediático y político, persigue por un lado el escándalo y el escarnio del sindicado y por otro amedrentar a todos los ciudadanos mostrando lo terrible que puede ser la detención con lo cual amilanan a cualquiera que tengan en la mira para obligarlo a “colaborar”.

Generalmente, los capturadores se hacen acompañar de elementos de la prensa con los que ya están en connivencia, para publicitar la detención del sindicado violando ambos la prohibición del artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala que prohíbe a las autoridades policiales presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a una persona que antes no haya sido indagada por tribunal competente. Con lo cual desprestigian de por vida a los capturados.

Violan también el artículo 4º. de la Constitución Política de la República porque mancillan la dignidad del aprehendido engrilletándolo de forma violenta y abusiva sin necesidad alguna, especialmente cuando se trata de personas de la tercera edad, mujeres o de personas que resulta evidente que no ofrecen ningún peligro para los captores y a quienes bastaría hacerles saber el motivo de su detención para que les acompañaran voluntariamente.

No existe ninguna norma legal que autorice este procedimiento, se respaldan simplemente diciendo que son “protocolos” de seguridad y no distinguen entre los autores de crímenes violentos y aquellos cuya sindicación es puramente patrimonial, tratando como criminales a quienes no merecen ese trato innecesario.

Lo más grave es que el MP y la CICIG solicitan las órdenes de aprehensión en los albores de la investigación, cuando no cuentan con los elementos necesarios para vincular al proceso a los investigados y presionan a los jueces a decretar la prisión preventiva cuando aún no concurren motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida cometió o participó en el delito que se investiga, en violación del artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Esto, desgraciadamente para los sindicados, se hace evidente cuando después de transcurrido el período de investigación, los fiscales acusadores piden que se les amplíe el plazo fijado en la ley para formular los cargos, lo cual es prueba evidente de la debilidad de sus acusaciones y la pobreza de las investigaciones.

Cuando los autos de prisión son apelados, los Tribunales de Segunda Instancia, amedrentados sus magistrados con la amenaza de ser investigados por cualquier motivo, si dictan resoluciones contrarias a los intereses de los acusadores, dejan a los procesados en completo estado de indefensión.

Hay casos verdaderamente patéticos de estas violaciones que, incluso, le han costado la vida a los potenciales aprehendidos, como por ejemplo la captura del ex ministro Pavel Centeno, quien terminó muerto de un balazo en la cabeza y se dijo que su muerte fue por suicidio, en donde después de planteada la acusación contra los responsables del trágico fin, la Fiscal General pidió que no se procesara a Iván Velásquez porque goza de inmunidad diplomática, violando el principio de primacía constitucional y particularmente los artículo 153 y 204 de la CPRG, el segundo que dice que “Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución Política de la República de Guatemala prevalece sobre cualquier ley o tratado” (En este caso el Convenio de la CICIG como único caso en el mundo) y el primero que prescribe que “El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República”.

Está también el caso del coronel Juan Chiroy Sal, sindicado del delito de incumplimiento de deberes, quien ha estado detenido por más tiempo que aquel que tiene asignado la pena del delito, y quien no ha sido sometido a juicio, porque el MP y la CICIG prolongan ilegalmente su detención y los magistrados alineados con ellos no revocan su prisión provisional.

Es de todos conocidos el caso del coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón, quien fue condenado a 120 años de prisión en un proceso en donde se violó flagrantemente el debido proceso, sindicándolo no por hechos que el hubiera cometido en los personal sino por gente que estuvo bajo su mando, siendo subteniente hace 33 años. Se le sindicó de haber violado 11 mujeres durante seis meses, las cuales trabajaban en el cuartel, pero cada una de las noches de esos seis meses regresaban a dormir a su casa y se presentaban al día siguiente para volver a ser violadas y no obstante ninguna quedó embarazada.

Se le sindicó también de haber asesinado tres mujeres, pero el MP y la CICIG presentaron un documento para otro propósito, en el cual constaba que las tres mujeres habían sido asesinadas por la guerrilla y el juez se negó a considerar el documento al valorar la prueba en la sentencia. También por inaudito que parezca, se le negó el derecho a repreguntar a los testigos presentados en su contra.

Pero eso si, el embajador de Estados Unidos de América, el afroamericano Todd Robinson estaba sentado en primera fila junto al comisionado de la CICIG el colombiano Iván Velásquez, la Fiscal General Thelma Aldana y el Procurador de los Derechos Humanos Deleón Duque. La Juez fue Jasmín Barrios a quien el Departamento de Estado le había otorgado un premio dos años antes por la sentencia que anuló la CC en el caso del inexistente genocidio en Guatemala, anulación que tuvo como motivo haber violado la Juez los derechos del procesado.

Es de conocimiento público que el embajador Robinson incluso llegó personalmente al Congreso de la República a exigir el nombramiento de la licenciada Gloria Porras para magistrada de la CC, con amenazas de cancelar las visas a los diputados y utilizar la CICIG para perseguir a quienes no apoyaran su “propuesta”. El mismo Presidente del Congreso Mario Taracena Díaz-Sol, tuvo el descaro o el cinismo de admitir ante la prensa escrita y televisada que obedecía órdenes en inglés, emanadas de la veinte calle de la zona diez donde tiene su residencia el Embajador de Estados Unidos de América.

El colmo de las violaciones constitucionales y legales por el MP y la CICIG se dio con motivo de la pretendida reforma constitucional que se discute en el Congreso, en donde, como se ha publicado hasta la saciedad, usurparon el derecho de iniciativa usando de testaferros a los diputados de la UNE a quienes manipulan bajo amenaza de procesarlos por los delitos de financiamiento ilícito electoral, el Transurbano, Odebrecht y otros, razón por la cual estos diputados avalan incondicionalmente la discutida reforma constitucional.

Estos personajes llegaron al extremo descarado de presentarse personalmente al palco diplomático del Congreso a “supervisar” que diputados votaran a favor de su proyecto de reformas, como fue evidenciado por los medios. Esta conducta constitutiva de delitos continúa impune.

Qué decir de los supuestos “delitos” que le inventaron al hijo y al hermano del Presidente de la República para coaccionar al mandatario para que apoye la reforma constitucional cuando, como se ha comprobado hasta la saciedad, que no eran funcionarios públicos, que no hubo daño al fisco ni lucro de los sindicados, y que estos hechos sólo merecían una sanción administrativa para los funcionarios del Registro de la Propiedad.

Las detenciones masivas de implicados en supuestos delitos llenan las cárceles del país, por lo que han tenido que transformar en cárceles los cuarteles militares, pero las pruebas de la investigación no se presentan aún, ni una sola condena de importancia se ha producido durante los ocho años que tiene la CICIG de operar en el país; pero los escándalos como el asesinado de Rodrigo Rosenberg que se hizo pasar como suicidio por el comisionado Castresana, las falsas acusaciones contra los funcionarios del Gobierno de Berger en el caso Pavón, armadas con testigos falsos por el comisionado D’Allanese, y las actividades ampliamente señaladas a Iván Velásquez siguen como evidencia de lo nefasto de esta intervención extranjera en la justicia de Guatemala.

Hay que señalar que la vinculación de Iván Velásquez con organizaciones guerrilleras de las FARC de Colombia y su sindicación de presentación de testigos falsos contra funcionarios del Gobierno del ex Presidente Uribe, por lo cual éste le ha calificado de “nefasto”, explican por qué sus acciones en Guatemala nunca se han encaminado contra algún personaje o partido político de la izquierda y sólo se procesa a miembros de ejército y a gente que no es de izquierda.

Comprendo que hay personas de buena fe que tienden a creer lo que a simple vista pareciera ser lo que ellos esperarían que fuera. Es normal que sea así, de lo contrario la vida sería muy complicada. Esto lo saben muy bien los políticos, especialmente los demagogos. Esta es la razón por la cual en toda la historia del mundo, los gobernados siempre terminan desilusionados de sus gobernantes.

De allí la verdad acicateante de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Pero también se ha hecho evidente que el poder también idiotiza y quien lo ejerce cree que lo ejercerá para siempre y que como consecuencia de su alta investidura puede hacer lo que le dé la gana sin que algún día pueda deducírsele responsabilidad alguna.

La razón por la que muchos detentadores del poder logran temporalmente sus propósitos de engatusar a la población, es la permeabilidad de algunos medios de comunicación, desgraciadamente a veces la mayoría, que se benefician de los fondos masivos que se destinan a mantener la ilusión de que quienes gobiernan son personas nobles, a quienes únicamente les interesa la realización de los más altos valores morales y el bienestar de los ciudadanos.

Sólo los ciudadanos muy avezados llegan tempranamente a convencerse de que es una obligación moral exigible sin condiciones, desconfiar de cualquier forma de ejercicio del poder, y que esa es la razón de la existencia de la Constitución y las leyes del país. De estos ciudadanos, sólo unos pocos tienen el incentivo para contrastar la conducta de los funcionarios y empleados públicos con las normas que rigen la vida del Estado.

Lo expresado es más que una verdad evidente en Guatemala, en donde explotando la desesperación ciudadana de haber soportado una corrupción galopante durante tantos gobiernos, el embajador de Estados Unidos de América, el Comisionado de la CICIG, en complicidad con la Fiscal General de la República, el Procurador de los Derechos Humanos y algunos peones colocados en los Tribunales de Justicia, han sembrado la mas grande vorágine de violación de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República.

En los recientes artículos he señalado actos concretos, públicamente realizados por estos personajes, que son una prueba evidente de tales violaciones.

Las pocas personas cuya voz se han alzado para señalar estos atropellos, han sido objeto de injusta satanización, desafortunadamente, no sólo por los perpetradores de estos hechos, sino también por personas de buena fe que no se han preocupado de informarse y descubrir las verdades que se esconden atrás de la manipulación mentirosa de la información por bien orquestadas campañas de parte del comisionado Iván Velásquez y la CICIG.

Hay una tendencia psicológica que explica la actitud del pensamiento indolente, tendencia que consiste en aceptar lo que se denomina “falacia de autoridad”, que no es otra cosa que creer acríticamente, que si una persona que detenta el poder hace algo, ese algo debe ser correcto, y si dice algo, ese algo debe ser verdad.

Esto es así porque en la mente de estas nobles personas, tales personajes, por ser “importantes”, necesariamente tienen que ser correctos y es imposible que puedan mentir. Esa es una de las mayores tragedias de los ingenuos.

Estaremos irremediablemente perdidos, si los guatemaltecos inteligentes, no despiertan de ese marasmo político, instilado por la manipulación de las instituciones, y por los medios de comunicación incondicionales de la izquierda, quienes sin duda alguna continuarán indefinidamente con los atropellos a la dignidad de las personas, al debido proceso judicial, a la presunción de inocencia, violaciones que hasta la saciedad he denunciado en mis artículos, señalando concretamente algunas de las muchas transgresiones a esas garantías constitucionales.

Además, hay guatemaltecos malinchistas que, lamentablemente, se rinden ante el avasallador extranjero. Y así vemos que hay en Guatemala numerosas personas que opinan que el Presidente de la República no podría dar por terminado el contrato –que termina en septiembre– del fiscal colombiano Iván Velásquez como comisionado de la CICIG, aduciendo que quien lo nombró fue el Secretario General de las Naciones Unidas y que solamente él podría destituirle.

Si alguno de los hechos que yo he venido denunciando últimamente están reñidos con la realidad, estoy en la disposición de admitir públicamente mi equivocación, pero si lo que han expresado es la verdad, por cruda y dolorosa que sea, como generalmente son todas las verdades importantes, invito a los guatemaltecos que se pongan la mano en la conciencia y se unan al esfuerzo por hacer de Guatemala una patria de hombres dignos y valientes, que defiendan sus derechos y no agachen la cabeza ante los abusos del poder. Con mayor razón cuando este poder es extranjero y pisotea impunemente nuestra dignidad y soberanía, como es este caso. Espero no haber arado en el mar.

Yo no tengo nada personal contra el comisionado colombiano Iván Velásquez Gómez, quien por mi parte ya es hora de que se vaya del país, ni mucho menos contra nuestra compatriota Thelma Esperanza Aldana Hernández de López, quien tengo entendido que pretende que en las próximas elecciones generales será candidata a la Presidencia de la República. Que lo sea, si es su deseo y tiene el respaldo popular, no solo el del embajador de Estados Unidos de América, el afroamericano Todd Robinson y el de la CICIG. Pero creo que lo que les  he venido diciendo la descalifica para llegar a aspirar a ese cargo.

Twitter@jorgepalmieri.com