Es francamente insoportable que algunos españoles descendientes de los sanguinarios soldados que vinieron a estas tierras a privar de la libertad y a apropiarse de su riqueza de sus pobladores todavía tengan hoy el descaro y el cinismo de pretender ejercer jurisdicción en estos países que ya no forman parte de sus colonias como en los tiempos de Carlos V, sino ahora son libres y soberanos. Ayer recibí por correo electrónico una copia que me envió una persona que llevo muy dentro de mi corazón de la Proposición ?no de ley? sobre ?Respeto, cumplimiento y seguimiento de los Acuerdos de Paz y de los Derechos Humanos en Guatemala? que el día de mañana, miércoles 30 de mayo, será presentada y debatida en el Congreso de los Diputados españoles y -dice ella- que “con toda seguridad” será aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados; y agrega con una suprema ingenuidad que ?Esta iniciativa del PSOE, en principio cuenta con el apoyo de los grupos más significativos y supone un importante respaldo para las personas e instituciones que en Guatemala defienden la Democracia, la Justicia, la Verdad y la Reparación?. ¡Qué equivocada está! No comprende hasta qué punto ésta es una intromisión de España en los asuntos internos de nuestro país soberano.
No satisfechos con los incontables actos de genocidio contra la variedad de razas indígenas que vivían en estos territorios y el insaciable derramamiento de sangre que cometieron los soldados españoles durante la mal llamada ?conquista? por la cual se apropiaron de toda la riqueza que había en estas tierras, y la doble moral de la que hicieron gala al tratar de hacer pasar por benefactor de los indios a un comprobado delincuente inmoral como fray Bartolomé de las Casas que engañaba a los nativos para imponer con maña la corona de España y la cruz de Cristo, todavía pretenden seguir ejerciendo influencia en los países que antes fueron sus colonias. ¡Pero ya basta! Es hora de que los guatemaltecos que tengan un poco de sangre en la cara ?no en las manos como ellos- rechacen esos abusos.
Dios sabe que yo no podría jamás defender a una persona como el general Efraín Ríos Montt y a sus congéneres, pero tampoco puedo estar de acuerdo con que los jueces españoles pretendan ejercer su jurisdicción en Guatemala. Porque para eso están los tribunales y los jueces guatemaltecos. ¡Que se vayan al carajo! No necesitamos que los jueces españoles vengan a meter sus narices en nuestra justicia, por más que haya indígenas con insaciable sed de venganza, como Rigoberta Menchú que, evidentemente, nunca supo o ya ha olvidado los numerosos actos de genocidio que cometieron los “conquistadores” españoles contra sus ancestros y sigue postrada de rodillas ante las autoridades españolas, con lo cual pone en evidencia su vocación al sometimiento.
Desde hace cierto tiempo las cortes españolas han venido tratando de ejercer jurisdicción en todas partes del mundo para juzgar ?y condenando a priori- a ciertas personas que han jugado papeles trascendentales en la historia de sus países. Y así hemos visto cómo trataron de extraditar a España al ex dictador de Chile general Augusto Pinochet cuando se encontraba en un hospital en Londres. Y hemos visto en qué forma primero el magistrado Baltasar Garzón, juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, y luego el magistrado Pedraz han venido investigando los supuestos delitos cometidos por funcionarios públicos de los países latinoamericanos para impedir que la subversión comunista pudiese adueñarse del poder y convertirse en satélite del régimen dictatorial de Fidel Castro, como en el caso de nuestra patria.
Debemos recordar cómo el juez Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex-dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes de lesa humanidad, básandose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile. Garzón ha manifestado reiteradamente su deseo de investigar también al ex-secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en relación con la instauración de las dictaduras de la década de 1970 en América Latina en lo que se llamó la Operación Cóndor.
Asimismo, el oportunista Garzón abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de genocidio contra funcionarios argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de 1976-1983. En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión. En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo.
En enero de 2003, el magistrado Garzón criticó acremente al gobierno de Estados Unidos por la detención de sospechosos de al Qaeda en la bahía de Guantánamo, Cuba. También hizo una campaña intensa contra la guerra de Irak de 2003 y ordenó el arresto de Osama bin Laden, jefe de la red islámica terrorista Al-Qaeda. En España investigó por corrupción al antiguo alcalde de Marbella y dueño del Club Atlético de Madrid. Sus investigaciones contra el terrorismo contribuyeron también a denunciar las acciones del Ministro de Interior del PSOE, con relación a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada “guerra sucia” contra el terrorismo. Este fue uno de los factores que llevó a la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 1996. Garzón también ha investigado a la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y lo que considera su entorno. En octubre de 2002 suspendió durante tres años las operaciones del partido Batasuna, considerando que formaba parte del entramado de ETA. Así mismo, ha investigado a otras organizaciones del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y a sociedades y organizaciones cuya vinculación con el MLNV no está clara, como el coro musical Euskaria, alegando que forman parte de diversos frentes del entramado de ETA.
Los críticos de Garzón señalan que el magistrado parece demasiado ansioso de llamar la atención pública y afirman que esto le puede haber llevado a hacer investigaciones apresuradas terminando en veredictos de exoneración. Sus críticos utilizan frecuentemente para describirle el término “juez estrella”. En 1993, tras varios contactos con miembros relevantes del PSOE, como Felipe González, Garzón tomó la decisión de abrir un paréntesis en su carrera en la judicatura y adentrarse en la política con la alegada intención de poner fin a la corrupción que parecía haberse instalado bajo el manto del gobierno socialista. Su deseo de verse libre de ataduras de partido y de ser únicamente dependiente de Felipe González, a quien él consideraba por entonces principal valedor de ese deseo de regeneración democrática, su ambición, para sus detractores, le llevaron a solicitar su inclusión en las listas electorales como número dos por Madrid, justo detrás del presidente González, a pesar de que, siendo natural de Jaén, lo lógico habría sido presentarse como número uno por esa provincia. Pero ese año decidió abandonar la política que, según sus críticos, fue motivada más bien por un inconfesado deseo de convertirse en ministro cuya posterior frustración provocó su pronta salida del PSOE.
Este es el texto del malhadado proyecto ?no de ley? que va a presentar y a discutir mañana en la Cámara de diputados el diputado socialista Juan Moscoso del Prado Hernández en nombre de lel Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Juzguen los lectores esta intolerable intromisión española en los asuntos internos de nuestro país:
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el respeto, cumplimiento y seguimiento de los acuerdos de Paz y de los Derechos Humanos en Guatemala, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Durante el conflicto armado de Guatemala, que terminó con los Acuerdos de Paz de 1996, 200,000 personas fueron victimas de ?desapariciones forzadas?, el 10% de la población fue desplazada y se erradicaron comunidades indígenas enteras. Según las acusaciones en curso y los datos documentados en su día por la Organización de Naciones Unidas y por la Conferencia Episcopal de Guatemala, el 83% de las víctimas eran de la etnia maya. Estos hechos y otros igualmente atroces, de los que todavía estamos recibiendo nuevos y sobrecogedores testimonios, como el realizado por el sacerdote español Luís Gurriarán, superviviente de las masacres, siguen impunes.
Entre las víctimas de tales actuaciones criminales, ?tendentes a minimizar a la etnia maya?, como consta en los autos la Audiencia Nacional Española, hay menos ocho españoles, entre ellos cinco misioneros que ?denunciaban dichos hechos y prestaban auxilio a los campesinos, intentando preservar su dignidad y evitar que las atrocidades cayeran en el olvido?.
Continúan en absoluta impunidad estos ocho crímenes, cuyas víctimas tampoco deben caer en el olvido: José María Gran, Juan Alonso, Andrés Lanz y Faustino Villanueva, Misioneros del Sagrado Corazón; Carlos Pérez, jesuita; Jaime Ruíz del Árbol, Luís Felipe Sanz, y María Teresa de Villa, fallecidos en el asalto a la Embajada española en 1980.
Las personas acusadas de planear y perpetrar estos actos jamás han sido procesadas y alguna sigue ejerciendo altas responsabilidades políticas. Diez años después de los Acuerdos de Paz, continúa sin aplicarse el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, según ha hecho constar el Parlamento Europeo en reciente resolución; los responsables de los crímenes nunca han pedido perdón/han reconocido su responsabilidad públicamente y aún hoy se desconoce el paradero de la mayoría de las personas desaparecidas.
El juez titular del Juzgado Central No 1 de la Audiencia Nacional española dictó el 7 de julio de 2006 una orden internacional de arresto contra siete altos cargos, civiles y militares, acusados de ?terrorismo, torturas, delitos contra la integridad moral, asesinato, detención ilegal, incendio y allanamiento de oficina pública?. A resultas de la citada orden fueron detenidos dos de los encausados, que permanecen en dependencias penitenciarias guatemaltecas. Previamente, el juez se desplazó a Guatemala para realizar una indagatoria, que fue denegada tras los recursos presentados por la defensa ante la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
En el consejo de Ministros del 22 de Diciembre de 2006, el gobierno español, a petición de las autoridades judiciales, adoptó un acuerdo ?Por el que se solicita a las autoridades de Guatemala la extradición de Ángel Aníbal Guevara Rodríguez; Benedicto Lucas García; Donaldo Álvarez Ruíz; Germán Chupina Barahona; Pedro García Arredondo; José Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores por delitos de terrorismo, torturas, delitos contra la integridad moral, asesinato detención ilegal, incendio y allanamiento de oficina pública?.Dicha solicitud está aún pendiente.
Vistas las resoluciones sobre Guatemala, (de 18 de mayo de 2000, 14 de Junio de 2001, 11 de abril de 2002, 10 de abril de 2003, 7 de julio de 2005 y 25 de octubre de 2006) del Parlamento Europeo, Vistos el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Visto el compromiso decidido y permanente de esta Cámara con el cumplimiento de los acuerdos de paz y los derechos humanos,
En la convicción de que el buen fin de estas actuaciones no sólo contribuirá a hacer Justicia sino también a la definitiva consolidación de la democracia en Guatemala, país con el que España tiene lazos históricos, culturales y políticos tan sólidos como ineludibles, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
?El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Que su ámbito de actuación colabore con todos los medios a su alcance, con las gestiones en curso para esclarecer las violaciones de derechos humanos en Guatemala y para lograr que los responsables de dichos actos sean conducidos ante la Justicia tal como demanda el Parlamento Europeo.
2) Solicita al Gobierno que urja y apoye a las autoridades guatemaltecas en la adopción de medidas concretas encaminadas a facilitar la lucha contra la impunidad y el trabajo de los tribunales de Justicia.
3) Expresa su máximo respeto y consideración a la memoria de todas las víctimas de esta guerra, compartiendo el dolor de sus allegados y descendientes.
4) Manifiesta su apoyo a las autoridades y al pueblo de Guatemala en sus esfuerzos por conseguir la correcta aplicación del Estado de Derecho y un desarrollo económico, social y político que redunde en beneficio de la paz y de la reconciliación histórica.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 25 de abril de 2007
Ante una intromisión extranjera tan insoportable como ésta, de parte del reino de España, corresponde ahora al Congreso de la República de Guatemala plantear una reivindicación por el genocidio y las masacres cometidas en nuestro territorio por el sanguinario capitán Pedro de Alvarado durante la mal llamada ?conquista? y las incontables violaciones a los Derechos Humanos durante el período colonial en el cual habían encomiendas y se trataba a los indígenas como si fuesen bestias de carga, para que los tribunales y jueces guatemaltecos ordenen la captura y extradición de unos cuantos altos funcionarios españoles.